Por un estilo de militancia

Colectivo UniNomade 2.0  

La naturaleza, en su modo constituyente, de la acción del capital financiero se está desplegando completamente:  en la medida que subsume industria, servicios y trabajo social en general, es inmediatamente política y ejercita una governance financiera sobre la nueva composición social del trabajo, transformando los gobiernos en órganos de ejecución de su comando directo. El ataque de todo aquello cuanto quedaba en el terreno del welfare, de las conquistas alcanzadas por las luchas en los decenios precedentes, se presenta de manera explícita, sin siquiera esconderse tras alguna retórica constitucional, como comando de los mercados financieros, a los que hay que adaptarse sin remedio.

En esta situación, el primer despojo es, obviamente, cualquier reclamo a la concertación, -en pie sólo en sueños y cada vez más nostálgico, de algún sector de la socialdemocracia europea, que todavía trata de referirse a un “modelo alemán”,  en crisis en la propia Alemania. El intento de experimentar una salida liberal a la crisis del neoliberalismo exige abandonar los ritos de la mediación, cerrados los espacios del compromiso impuesto a los recalcitrantes, sin que signifique mostrar una adecuada dosis de cinismo “pedante”.

Es en este marco europeo que el gobierno Monti intenta aprobar la reforma del mercado laboral. El ataque al artículo 18[i] y la posterior reducción de las ayudas sociales adquieren un alcance absolutamente político, frente al que las dificultades del sindicato parecen evidentes. La FIOM[ii] se presenta desde hace tiempo como el último bastión de la “defensa del trabajo”, pero toda la CGIL[iii] tiene que ser consciente que podría significar un gran riesgo no reaccionar. No hay literalmente espacio para retroceder: como si no estuviese bastante claro, lo han gritado a viva voz las barricadas, las huelgas espontáneas, las movilizaciones a la que han convocado los propios trabajadores, más allá de la afiliación sindical. “En defensa del artículo 18”, se ha dicho y escrito, pero puede verse fácilmente que, más allá del derecho mismo a la protección, hay una espontanea e instintiva defensa de la vida entera, una resistencia general al chantaje de la austeridad y del endeudamiento. “Ni un paso atrás”, es lo que han dicho – e impuesto al sindicato – los trabajadores.

No hay duda de que en la FIOM, en primer lugar, por su composición obrera, aunque probablemente no sólo en la FIOM, existe, en esta fase, disponibilidad y generosidad militante, capacidad instintiva para advertir la necesidad de la resistencia. Precisamente por esto, es necesario ver con claridad el problema fundamental. ¿Existe, realmente, la posibilidad, más allá de la retórica, de pasar a la "apertura" de formas de renta básica, hacer de la renta incondicionada y universal la prioridad programática central, y asumirla como dispositivo de recomposición de las luchas, como instrumento para la reapropiación de todo cuanto expropia la renta financiera, como la piedra angular de un nuevo welfare ,que libere la vida del chantaje de los dispositivos del endeudamiento?

Está clara y explicitada, con extrema decisión, la alternativa que hoy se le presenta al sindicato. Puede limitarse a asumir la batalla por el artículo 18 como su última línea de defensa y entregarse a un rápido agotamiento de su misma razón social. Esa trinchera es, de hecho, la trinchera del viejo modelo fordista, totalmente sobrepasada por las transformaciones postfordistas,  superada por la total socialización de la actividad productiva, por la coincidencia de producción y vida, incapaz de por sí de recomponer la heterogeneidad constitutiva del trabajo vivo. O bien, el sindicato se decide a comprender de una vez, con un retraso muy serio, que el único terreno de ataque es la afirmación de la riqueza productiva de la totalidad de la cooperación social, de la construcción de un welfare del común, de la renta garantizada universal e incondicional, del pleno acceso libre y gratuito a los servicios, de la liberación del chantaje de la deuda en nombre del derecho a la insolvencia.

Ante un ataque que afecta a la producción social en su totalidad, no es posible simplemente limitarse a la defensa de las garantías elaboradas dentro de la tradicional producción fordista. Quién quiera defender el trabajo, hoy, no puede sino defender la producción social en su totalidad. Si hoy la empresa se extiende más allá de sus fronteras tradicionales, cada vez menos organizando los medios de producción y cada vez más apropiándose del valor producido por la cooperación social, por la fuerza y ​​la riqueza de la inteligencia de toda la sociedad, es allí, en toda la sociedad, donde se implanta la resistencia. La defensa del "trabajo", si no radica en la defensa de toda la producción social, si no sabe conectar las luchas salariales "dentro" de la empresa con las luchas de toda la subjetividad social por "fuera" de la empresa, es, por otra parte, hoy, literalmente incomprensible. Un ejemplo clamoroso de esta imposibilidad lo han ofrecido, a pesar de sí mismos, algunos torpes “laboristas” de la sedicente "izquierda" del PD[iv], cuando han tenido explicar su negativa repentina a participar en la manifestación nacional de la FIOM contra la reforma del mercado de trabajo, manifestación de la cual decían compartir los objetivos, pero no participar con las delegaciones NO TAV[v]. Sus explicaciones han parecido, literalmente, incomprensibles, y no tanto por la evidente torpeza política, como por el hecho de que la conexión de las luchas sobre el trabajo y el salario con aquellas para el autogobierno de los territorios y la autogestión de los bienes comunes son ahora ya evidentes para todos, inmediatas. El "afuera" y el "adentro" están conectados dentro de las luchas que animan toda la vida de la cooperación social.

Es entonces totalmente inútil imaginar el sindicato como el instrumento de defensa de las relaciones salariales tradicionales, cuando el propio "trabajo" coincide con la producción social en el sentido más amplio. El corporativismo comienza hoy a ser un no-sentido, pura mistificación que la Fornero[vi] quiere organizar, es con rigor represivo cómo funciona el sindicato a la alemana. Por el contrario, cuando la empresa se convierte en social, también el sindicato debe devenir social y abrirse a la política, a toda la sociedad. La relación salarial vuelve a ser un dispositivo constituyente en una sociedad welfarizada, donde sólo una eficaz redistribución de las rentas y una forzosa re-apropiación de los ingresos podrán garantizar las condiciones generales de una mayor libertad e igualdad e ir más allá del neoliberalismo. El salario más que nunca se convierte en un elemento de negociación social, la lucha salarial asume cada vez más caracteres políticos. Si queremos reencontrar esquemas de lucha eficaces, es evidente que hay que volver a conectar la lucha económica y la lucha política al menos en la misma medida, sería deseable todavía más, de cuanto ha hecho el capital, sin temer ser llamados reformistas.

Lo hemos dicho claramente, interviniendo acaloradamente durante la pseudo-negociación entre el Gobierno y los interlocutores sociales, o, para decirlo más claramente, entre el gobierno y aquellos "interlocutores" que él mismo ha elegido, dejando fuera una vez más de la "negociación" a todo el trabajo precario, a todas las figuras completamente ajenas a las representaciones tradicionales cada vez más vacías de sentido: mantenerse en la simple línea "defensiva" del welfare tradicional sólo lleva a la derrota, no teniendo este modelo ya ninguna capacidad de hacer frente a las transformaciones productivas. Sin embargo, la FIOM y CGIL parecen incapaces de imaginar un horizonte que vaya más allá: el resultado es que toda la batalla se ha jugado sobre el artículo 18, y como mucho sobre la promesa del infame "paquete" de dinero para las "ayudas" sociales. Sin embargo, la construcción de un welfare del común no tiene nada que ver con la lógica de las "ayudas", sino con la construcción de niveles de renta cuanto menos decentes, de acceso a los servicios, de espacios de auto-gobierno, como los movimientos por los bienes comunes reclaman y diferentes experimentos de autogestión están experimentando. En consecuencia, la lucha a asumir como central debería ser ahora -y los movimientos precarios comienzan a destacarlo con inteligencia- más, si cabe, que la del artículo 18, esa indecente “garantía” que es el ASPI[vii], que certifica claramente la generalización de la precariedad, como dispositivo de control y condicionamiento de la vida, para toda la fuerza de trabajo.

Así pues, un programa definido por una renta incondicional, welfare universal, por la reapropiación efectiva, más allá de lo público y lo privado, de los servicios y los bienes comunes. Y, junto al programa, un salto organizativo urgente, que inserte inmediatamente al sindicato en el terreno político, allí donde no pueda darse separación alguna entre acción política y acción sindical. Durante muchos años nos hemos preguntado si existían las condiciones para crear "cámaras de trabajo[viii] y no trabajo" (metropolitanas, sociales, recompositivas de la red de la producción difusa). Parecía un discurso extraño. Sin embargo han sido años que, desde el punto de vista capitalista (y los sindicatos de la patronal), se ha razonado sobre los yacimientos territoriales de trabajo y sobre la necesidad de estructurarlos de manera adecuada –no se da productividad, desde el punto de vista del capital, si no se consigue organizar las coordenadas sociales, productivas, ocupacionales, etc…, de territorios homogéneos (o por homogeneizar). Occupy y los indignados, muy lejos en general de cualquier cultura obrerista, comienzan a desarrollar proyectos de resistencia de este tipo –porque sólo sobre terrenos así recompuestos existe resistencia hoy en día. Ellos proponen la recomposición de las luchas obreras, de las luchas por la vivienda, la educación, la salud, interviniendo en la gestión de las escuelas y centros sanitarios en general, llevando a cabo experimentos para reorganizar el mercado de trabajo, etc.. No decimos que esto haya creado nuevas instituciones ni que vaya a crearlas, pero es una premisa muy importante: una experimentación de rebelión total contra los dispositivos de la acumulación financiera y de liberación de la potencialidad constituyente de la cooperación social, que puede hacer converger, rápidamente, a la fuerza obrera con la cognitiva y precaria, generando verdaderamente una inédita composición política de clase. No es que no existan diferencias y dificultades, sería irresponsable no verlo. Pero la fuerza de este programa común, radicada en toda la riqueza de la cooperación social, y la creación de organizaciones también comunes, que superen la lógica, cuanto menos insuficiente, de las simples alianzas, puede vencer las tristes tentaciones corporativas. Y sin duda es posible dirigirse con estas cuestiones también a los militantes de los centros sociales, de los movimientos estudiantiles y, en general, a los grupos autónomos de intervención política, para construir un estilo de militancia que pretenda generalizar la renta básica, directa e indirecta, gestión y autogobierno de los bienes comunes, en todos los compartimentos del trabajo social.

Es necesario dirigirse con este estilo de militancia y con esta precisión programática a cuantos estén en el sindicato en disposición de escuchar, a los itinerarios organizados dentro de la composición precaria, pero a todos con extrema velocidad. Porque el próximo ataque (siempre al grito de "los mercados financieros así lo quieren!", el gran objetivo, ya se perfila en el horizonte, y no se necesita mucho para adivinar que lo sufrirá el empleo público y, más en general, el trabajo ligado a los servicios colectivos y al welfare. Y, nuevamente,  la defensa será difícil, si no imposible, si no se ha sido capaz de organizar, mientras tanto, las redes de la producción social, las alianzas de usuarios y trabajadores, que transformen la defensa en proyectos para la reapropiación de lo "público" y para la transformación autogestionaria de los servicios. Porque, igual que hoy, no sirve atrincherarse tras el artículo 18 ni defender la antigua Constitución "basada en el trabajo," mañana será una derrota segura sostener la defensa de lo "público" o, peor aún, del "estado". Vencerá quién, en la lucha, sepa transformar lo público en común. Así como hoy resiste y vence sólo quien no se limita a defender sectorialmente y corporativamente el buen trabajo antiguo, sino que afirma, más allá del chantaje y la explotación, la autonomía y la fuerza de la cooperación social en su conjunto.

[i] El artículo 18 de la normativa laboral exige al empresario readmitir al trabajador y pagarle una importante indemnización en caso de despido improcedente. Una normativa cuya modificación es prioritaria para Monti.

[ii]  Federación del metal de la CGIL, es el sindicato de clase más combativo.

[iii] La CGIL es la mayor confederación sindical italiana que en 1950 dio lugar a las escisiones de la democristiana CISL y la socialdemócrata UIL.

[iv] El Partido Democrático es un partido político italiano de centro izquierda. El PD es un partido surgido de los tres principales partidos políticos de la historia republicana, el Partido Comunista Italiano, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista Italiano, heredando la cultura socialdemócrata y socialcristiana.

[v]  No TAV es un movimiento italiano contrario a la realización de la nueva línea ferroviaria Torino-Lyon.

[vi] Elsa Fornero es una economista y docente italiana, titular desde el 16 de noviembre de 2011 del Ministerio de Trabajo y Política de su país en el gobierno técnico liderado por Mario Monti. Preside el Cerp, un prestigioso think tankeuropeo relacionado con el Estado del bienestar y trabajó para Intesa Sanpaolo.

[vii] L'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi) es una forma de protección prevista por la ministra Elsa Fornero.

[viii] La Camera del Lavoro nació a finales de la década del siglo XIX, como un medio de defensa contra la explotación y el desempleo en el norte de Italia en el periodo de depresión económica de 1887-1897 como la emanación de los líderes del Partito Operaio Italiano que se convierte entonces en Génova en el Partito dei Lavoratori Italiani, y después Partito Socialista Italiano. En su concepción inicial, las Camere del Lavoro reunían a todos los sindicatos mediante una estructura política democrática compartida prestando servicios a comunidades, sindicatos y trabajadores. Ideológicamente, muchos de sus fundadores eran sindicalistas, anarquistas, socialistas y los implicados en el movimiento cooperativo. Con el ascenso de los socialistas (y más tarde comunistas) se fundó la Confederazione Generale del Lavoro, actual CGIL.

Trad.: Cesar Altamira

Fuente: http://uninomade.org/per-uno-stile-di-militanza/

Los lugares de la lucha de clases: para hacer co-investigación.

Por COLECTIVO UNINOMADE de ITALIA

1) Es aquí y ahora, en la crisis, que se reabre el campo de la investigación militante sobre el capitalismo y la subjetividad del conflicto. En el capitalismo cognitivo, financiero y  globalizado, el conflicto se produce en el heterogéneo terreno de la expropiación del común. Se produce, antes bien sobre el territorio, que en las empresas. Sin embargo, los límites establecidos por las luchas durante 2011 (en términos de fuerza vulnerante) también colocaron en la agenda un excedente de conocimiento "situado", respecto a los modos en que ocurre la producción y captura de la riqueza social, y como se transforman en la crisis. De esta manera, se exponen posibles puntos de ruptura a los dispositivos de expropiación. En otras palabras, se trata de analizar como "trabaja el capital", y cómo se trabaja contra él, a partir de los reservorios (las empresas) donde se condensa y es extraído el valor.

Para la izquierda partidaria y el sindicato, el discurso sobre la empresa queda encerrado, por un lado, en la crítica a los excesos de las finanzas con relación a la economía real. Y, por otro lado, a los pactos neocorporativos de los años 1970 y los acuerdos empresariales de los años 1990. Especularmente, del lado del trabajo, el discurso oscila entre la defensa acrítica de la ocupación productiva (como el empleo), y la necesidad de una mejor reglamentación en lo referente a la flexibilización laboral,  para mitigar el impacto de los despidos y del desempleo (siendo que no tenemos la menor intención de despreciar la resistencia que oponen los trabajadores formales) Sin embargo, es innegable que el doble chantaje al trabajador –sea a través de la eliminación de la producción formal, sea a través de la situación de precariedad- son aspectos cruciales para comprender como hoy el “trabajo” está restringido a seguir al “capital”. 

Esta lectura parcial de la izquierda- además de quedar reducida políticamente a un reclamo moral en nombre de fuerzas progresivas inexistentes- parece manifestarse como interior al modelo de crisis,  que ambiciona nada la restauración del antiguo capitalismo basado en el nexo entre la ganancia y la producción de la riqueza social (“capitalismo productivo”), base en otras épocas del tradicional capitalismo industrial. Ese nexo fue desestructurado por las rebeliones de los obreros, de las mujeres y de las nuevas generaciones producidas en los años 60`s que no estaban más dispuestos a reproducir la división social y de género en el trabajo, división sobre la que se apoyaba el modelo de producción capitalista fordista.

    

A partir de estas premisas, se comprende intuitivamente, porque se ha vuelto necesario incorporar en estos últimos años las nuevas coordenadas de conflicto metropolitanas del trabajo cognitivo y su producción estructural excedente, respecto a sus tradicionales centros de organización. No se trata de negar la permanencia de formas innovativas de explotación (incluso en el ámbito del trabajo intelectual), ni de promover la esquemática división entre el trabajo industrial fordista y el postfordista. Se trata, más bien, de poner en el centro del análisis la potencia del trabajo vivo cooperativo en el nuevo capitalismo, tanto dentro como afuera de la empresa, antes que la subordinación del trabajo con relación al capital. Potencia que se asienta en la relevancia alcanzada por la acumulación cognitiva basada en la inalienable cualidad del trabajo (el saber, la experiencia, la habilidad, la afectividad, la capacidad para comunicar, cooperar, imaginar) En el capitalismo contemporáneo conviven y se alimentan recíprocamente, aunque no sin “conflictos internos”, formas de acumulación financiera, cognitiva e industrial (e incluso proto industrial)  que deben ser investigadas a partir de su interrelación y de su articulación jerárquica. Indicar su presencia simultánea sin mencionar las relaciones de poder, significa de hecho renunciar a individualizar puntos de crisis y centros de comando que no pueden ser diluidos en un (inexistente) capitalismo “líquido y horizontal”.     

Aquí reside la actualidad de las formas de investigación sobre las formas de producción/valorización y sobre la subjetividad del trabajo vivo. Para nosotros la empresa no puede ser pensada como el bastión contra la financiarización de la economía, ni tampoco, por otro lado, como  forma exclusiva convencional de la organización y comando del trabajo. La empresa, en el capitalismo cognitivo, es, antes que nada, una forma de generación y de corrupción del común, citando a Commonwealth. Este punto nos parece importante: para muchas personas las empresas serían los únicos lugares donde cooperar con otros y participar de proyectos colectivos, escapando así a una situación individual de aislamiento. Más precisamente, serían los únicos lugares que permitirían un acceso, aunque distorsionado, al común.   

 2) Pero, ¿Qué son hoy las empresas reales? Atravesadas por una nueva economía del tiempo (que derriba la frontera entre tiempo de vida y tiempo de trabajo) y del espacio (con la puesta a producir  de la metrópoli y de los territorios), por la fusión entre ganancia y renta, como por la proliferación de luchas, ante el agotamiento del nexo fabrica-sociedad, las empresas parecen disolverse como centros de principal productor del valor y lugar de los conflictos. Aunque esto no signifique ceder ante un pensamiento de la indistinción. La "fábrica metropolitana" del capitalismo financiero, cognitivo y globalizado precisa, antes que nada, ser investigada en su materialidad. No se la puede imaginar como una superficie lisa, sin obstáculos o rugosidades, que subsuman la cooperación social, sin actores sociales que se encuentran en condiciones desfavorables, sin que existan procesos de subsunción de la cooperación social, manejados por los canales financieros, por las marcas, y por las redes comerciales. Esos conglomerados deben ser investigados, caso por caso, e interpelados como  ámbitos de identificación de puntos de la crisis y de ruptura. En ese nivel de indagación y análisis, por otra parte, se puede plantear la perspectiva de una huelga precaria.

Pero atención, no se trata de restablecer la jerarquía conceptual entre la fábrica y la sociedad, entre fronteras que fueron sobrepasadas y desestructuradas por las luchas obreras y proletarias de los años sesenta y setenta, cuando la emergencia de una nueva composición de clase asumió la heterogeneidad y las diferencias como trazo constituyente e irreducible. Aunque en el momento de responder a esas luchas, la sociedad fue convertida en una matriz de empresas, será en su interior, donde se rediseñarán nuevos espacios, incluso flexibles y transitorios, de producción y de captura del valor con diferentes grados de intensidad. No se trata repetita iuvant, del centro de una mitológica economía real. Por el contrario, en los flujos dominantes de la financiarización real, la empresa puede funcionar como punto donde se produce y se condensa el valor. Es éste, por el contrario, un potencial punto de aplicación de la fuerza con vistas a revolucionar el proceso de valorización. Más allá de las contradicciones y ambigüedades que exigen otros puntos de profundización, nos parece que las recientes luchas como las de los transportistas demuestran el carácter neurálgico de específicos ganglios productivos donde, como en el caso de la logística, se combinan conocimientos complejos, organizaciones flexibles y una explotación ergonómica y mental.  

Por lo tanto, por más potentes que sean los dispositivos de sometimiento ( de endeudamiento individual o colectivo, de deslocalización, de chantaje sobre la precariedad y ausencia de renta, de amenazas de despidos) y aquellos dispositivos patológicos interiorizados en el trabajo vivo, luchamos por visibilizar proyectos de apropiación del común que no enfrentan este nudo, es decir aquellas nuevas formas de extracción del valor. Aclaremos: en la medida que la producción deviene común el emprendedor schumpeteriano desaparece: ahora el capital debe capturar en el valle lo que cada vez menos consigue hacerlo aguas arriba. Aquí es, desde el punto de vista de una autonomización tendencial de la cooperación social, donde se observan las mutaciones relativas de la forma-empresa: en su significación más amplia, ella deviene máquina organizada para la captura de la valorización social, para la governance de la economía de la educación y de las redes, que remunera a los "capturados" de manera directa (salario adecuado, gratificación, opción para las acciones, bonos) e indirecta (prestigio, status, y más en este sentido) Sin romper esa máquina, las instancias de liberación, éxodo y socialización se exponen a ser reabsorbidas continuamente. La ruptura de la máquina de captura resulta ser el pasaje fundamental, aunque no suficiente, para la apropiación del común y, en consecuencia, crear una nueva institucionalidad.    

3) Esa tendencia debe ser situada en la materialidad de los procesos impuestos por el devenir de la crisis. Nos obliga nuevamente a focalizarnos en la trama de la acumulación financiera, cognitiva e industrial como modos peculiares de extracción del plusvalor y de la explotación. Sea para comprender la actual configuración productiva, sea para captar las transformaciones. Sobre todo, para individualizar en la reestructuración del capitalismo los terrenos posibles de respuesta y de contrasubjetivación.

Un primer campo de investigación a encarar está referido a la producción de los servicios colectivos y del welfare (seguridad social, bienestar social). No sólo porque han sido objetos de recortes, sino también en virtud de los procesos de privatización realizados y pretendidos. Configúranse hoy como importantes terrenos de conquista por parte de los inversores financieros e industriales. Los sectores de la salud, de la educación, de los servicios personales, están hoy entre los pocos que, también en crisis  en los EEUU y en Europa, muestran un crecimiento en el número de empleados. Junto a los servicios públicos locales, han sido objeto de interés  y de planes de inversión.

¿Cuál será la respuesta de los trabajadores, una vez enfrentados a la previsible reestructuración capitalista? ¿Será la defensa de los derechos y prerrogativas sociales y de utilidad pública (aquellas que la prensa neoliberal denominan descaradamente privilegios)? O, nos preguntamos, en ese pasaje, frente a las formas de resistencia y conflicto (sobre las cuales podemos apostar) ¿se abre un espacio de experimentación de una alternativa de producción basada en el común?  Apostar entonces a una alianza entre los trabajadores y usuarios de los servicios que dé respuesta a los fatídicos preguntas de qué, cómo y para quien producir.

Investigar esas transformaciones en los servicios del welfare y en los servicios colectivos nos ayuda también a esclarecer el problema de la relación entre lo privado, lo público y lo común. Desde este ángulo se puede fácilmente observar como lo “público” no es solamente hoy un lugar de poder constituido que rechaza toda apertura hacia el común, sino que, en realidad, ya se encuentra enteramente privatizado por dentro. Lo hemos resaltado, a propósito de la escuela y de la universidad, -en una crítica desde dentro de los movimientos-, como posiciones invocadas para la poco probable preservación del status quo. El modelo anglo sajón de universidad empresa nos muestra como el proceso de mercantilización del sistema de educación va más allá de todo estatuto jurídico y termina por incomodar la distinción entre público y privado, forjando un nuevo paradigma para la organización y captura del trabajo. Piénsese en este sentido en la salud, como  servicio propio del welfare state. Los hospitales se ven obligados a reorganizarse según el paradigma del costo beneficio, racionalidad de gestión competitiva propia del mercado. Así como este servicio, muchas actividades socio asistenciales se encuentran externalizadas (es decir consideradas parte de la esfera privada social), o sea solventadas por familias e individuos que, en esas esferas, aceptan hacerse cargo sin recibir nada a cambio, sufriendo así una disminución de su salario total. ¿Qué es lo público hoy sino ese nuevo gerenciamiento público, es decir poderes constituidos del estado y del mercado? Podremos entonces decir que en la disolución de la dialéctica entre lo público y lo privado, la alternativa ya no se presenta entre lo común y lo público, sino entre lo común y lo privado, siendo lo público una variante de lo privado. Consecuentemente, el hecho que las luchas puedan ser leídas en términos de transición, sólo es posible si se elimina la idea de la política de dos tiempos -(situación revolucionaria y post revolucionaria)- tal como ha sido entendida tradicionalmente, para repensarla de manera inmediata y completamente en términos de potencia constituyente de los movimientos y del trabajo vivo contemporáneo.   

4) En este escenario nos debemos preguntar no sólo cómo es producido y capturado el común, sino también sobre aquello que impide su organización colectiva. Debemos así poner en el centro de la investigación los procesos de subjetivación. ¿Qué significa, desde esta perspectiva, sustentar que la empresa es actualmente la organización de captura del común? Existe, ante todo, dispositivos de diferenciación de las modalidades de inclusión en el mercado y de los esquemas redistributivos que operan sobre una base discriminatoria etaria, racial, y de género. En segundo lugar, existen distintos modelos de empresas de captura estructurados por la necesidad simultanea de estimular y segmentar la cooperación social. Por lo tanto, desde la empresa antropogenética (producción del hombre por el hombre) pasando por las instituciones bancarias y financieras, hasta la web 2.0, el común se presenta como el último recurso de base y, al mismo tiempo, como la amenaza mortal del capitalismo contemporáneo. Para quebrarlo, sin serruchar la rama sobre la que se apoyan, las empresas adoptan formas organizativas acordes a las patologías del trabajo cognitivo. Nos parece útil leer en esos términos, en lugar de los tradicionales tópicos de la ideología, el profesionalismo y la meritocracia, como economías discursivas que se basan en la materialidad de lo real para mistificar la lucha de clases, causando efectos enfermizos. Y esto no es mera metáfora: las formas cada vez más difusas de depresión y ciclotimia representan menos la reproducción o el retorno de modelos tayloristas, que el sufrimiento específico e histórico propio del trabajo cognitivo, marcado por la obsesión del desempeño, de la competencia, de la subordinación y/o complicidad con los aparatos de captura. Aquí se abre un nuevo campo de investigación y un extraordinario desafío para la medicina del trabajo. En esta reflexión no puede ser excluida la tensión a la privatización de lo social rescatada por los conceptos claves del biopoder neoliberal: el capital humano, el recurso humano, el empoderamiento, el riesgo etc. Ese régimen semántico, aparentemente neutro, hace de la racionalidad de la empresa algo que excede su campo  y que se impone tout court, como modelo cognitivo y régimen de verdad para la sociedad.    

Finalmente el bloque del común está apoyado en lo que podemos llamar mecanismos de prescripción de la subjetividad. En la máquina de captura, la ética del trabajo -progresivamente consumida en las luchas y en los procesos de precarización- se vuelve una ética de la responsabilidad social. En las empresas del welfare esto es inmediatamente palpable: ¿como hace un acompañante social, una enfermera, un trabajador de una cooperativa social, para entrar en huelga?. ¿Deben rechazar sus propias funciones, sabotear a la máquina y ser estigmatizados por el público? Entonces, ¿cómo evitar la auto censura en su propia interioridad individual? Esa responsabilidad social es extendida hasta convertirse en un mecanismo de chantaje generalizado: lo vemos en las movilizaciones de los investigadores, preocupados por no perjudicar su trabajo, o en la de los precarios sobrecargados por la responsabilidad de ser ellos mismos emprendedores de sí mismos, de su propia condición precaria, además de ser productores de servicios para otros. Aclaremos: es evidente que el específico rechazo al trabajo del obrero masa ya no es repetible frente a las transformaciones productivas de las últimas décadas, como lo indica la explosión de la forma salario al estar fuera del horizonte de las luchas. Ya que en el momento en que la entera composición del trabajo vivo es socialmente explotado, ¿cual pasa a ser entonces la forma de rechazo históricamente determinada que puede ser hoy practicada?, sobre todo, como rechazo de la organización de la captura, y de la socialización de la "responsabilidad", o sea del "interés general" del capitalismo en crisis.           

 Se debe destacar que la ruptura de la estructura de captación del valor significa crear nuevas instituciones de cooperación social. Destruir los dispositivos de endeudamiento significa, por ejemplo, reapropiarse de la renta social; preguntarse sobre qué cosa significa hoy construir los soviets en el sistema bancario y en las empresas financieras.  

5) El problema ahora no es restaurar sino en realidad llevar hasta su disolución al pacto de fidelidad entre capital y trabajo. Si los sindicatos no perciben esto, están condenados a continuar-consciente o inconscientemente- subordinados a las iniciativas de las empresas, es decir presos de una resistencia marginal o sectorial, de poco vuelo. Los acontecimientos del último año y medio marcado por el rol de agente de la governance de la crisis asumido por la dirigencia de la CGIL (NT: como la CGT) y la previsible derrota definitiva de la FIOM (NT: Federación industrial obreros metalmecánicos, UOM en el caso argentino), parecen significativos. ¿Cómo romper entonces los dispositivos de inclusión diferenciada, de patologización y chantaje del trabajo vivo contemporáneo? ¿Cómo practicar formas de huelga metropolitana y no exclusivamente corporativas, capaces de actuar en el cruce entre empresa y producción biopolítica? ¿Cómo pensar una huelga del transporte donde los trenes y ómnibus funcionen normalmente de manera gratuita para todos; ¿una huelga donde los hospitales dejen de exigir el pago o el plan de salud?; ¿donde la educación ya no esté en manos de la gestión pública y repensada al interior mismo de la cooperación de los saberes vivos? ¿No es esto acaso a lo que aluden las hipótesis de la huelga precaria? Fueron importantes las anticipaciones que hemos venido cultivando desde mitad de los años 90 y que hoy están siendo retomadas y desenvueltas en la construcción de las instituciones del común. Esto puede llevarnos a culminar, mediante la apropiación de las mecanismos y reservas de condensación del valor, en un aspecto constituyente, que los movimientos de "indignados", "occupy" y "no Tav" delinean.

En otras palabras, la cuestión no es  una alianza entre distintos movimientos o entre bloques sociales que presupongan un mecanismo de representación definitivamente agotado. Se trata, en su lugar, de apostar colectivamente a la posibilidad de revertir los procesos de subjetivación que se determinan en la tensión entre la producción el común y la captura empresaria. Para evitar equívocos, reafirmamos que no estamos de hecho sustentando una mitológica centralidad de la empresa en la lucha de clases en estos días. Por el contrario, se trata de la multiplicación de las fábricas de la subjetividad, de individualizar los campos de sedimentación y acumulación de autonomía, sus trazos de generalización, los elementos paradigmáticos o peculiares el respeto a la composición del trabajo vivo, los puntos en los que son perjudicados los patrones. Toda investigación por fuera de este campo es hacer sociología del capital: otros, probablemente lo harán mejor, ciertamente, para el enemigo. Si nos interesa pensar en la empresa como formas de subjetivación y de captura de la cooperación social, es porque entendemos que también en este espacio vive la posibilidad de una subjetivación autónoma, que contenga en su núcleo la potencialidad de desarticular el rol empresario, por así decirlo, de la cooperación social. Hacer investigación significa entonces, situarse en condiciones de estar en los campos de posible conflicto; y aquí está la apuesta, si se quiere organizar el discurso del conflicto, hacer saltar las válvulas que contengan la emergencia de la composición política del trabajo vivo, abriendo espacios constituyentes. Significa liberar las fuerzas subjetivas y políticas autónomas hoy bloqueadas por los cepos de la representación, interna y externa a los movimientos. Es además, a través de una investigación y un trabajo de organización que se puede pensar en unificar las luchas de los pobres, de los grupos empobrecidos de la clase obrera, y de la llamada clase media. Es ahí, en las luchas, donde la investigación se vuelve co-investigación. O sea, dispositivo de lucha que unifica lo que queda de la clase obrera y los otros sectores pauperizados de la sociedad. Es sobre todo en las estructuras, en los espacios y sobre el territorio del welfare metropolitano que esto se vuelve posible. Muchas de las derrotas recientes en toda Europa derivan de la ruptura de esa relación entre los pobres y la clase trabajadora. He ahí porqué la co-investigación es práctica militante y revolucionaria de lo que hemos llamado una política de composición. Esto significa también compartir lo que Romano Alquati llamaba el "mediano alcance", es decir los tiempos, los espacios y los niveles donde la apuesta teórica se vuelve discurso político.

    

Trad: César Altamira   

fuente: http://uninomade.org/i-luoghi-della-lotta-di-classe-per-fare-conricerca/

               http://uninomade-la.blogspot.com.ar/2012/04/los-lugares-de-la-lucha-de-clases-para.html

Megaminería, Bienes comunes y Kirchnerismo

César Altamira

1-Capitalismo cognitivo.

Las últimas luchas latinoamericanas no sólo han sido protagonizadas por nuevos actores sociales -indígenas, campesinos y precarios e informales urbanos- reemplazando a los obreros industriales, sino que han adoptado modalidades y comportamientos diferentes a los desempeñados por el viejo movimiento obrero. En el marco de un proceso de modificación de los espacios de lucha (de la fábrica a la ciudad o metrópoli), los movimientos han sido capaces de construir registros políticos consistentes en establecer economías para producir parte de los valores de uso que necesitan. Incluimos en esta perspectiva no sólo las fábricas recuperadas y los talleres productivos de alimentos, sino también la producción de servicios vinculados a la salud, la educación, la cultura, el ocio, y una infinidad de iniciativas colectivas. Espacios de producción y reproducción de la vida cotidiana que han ganado centralidad como nunca antes. Son iniciativas surgidas al calor de los últimos ciclos de lucha que persisten tozudamente arraigadas en territorios de pobreza, en espacios que resisten el despojo. Pero, ¿qué tipo de construcción social es ésta? ¿Son  anticipaciones alternativas y resistentes al capitalismo de nuevo tipo, intentos de construcción de un común por parte de las comunidades indígenas, de las vecindades, de las poblaciones asentadas en los barrios y periferias de las grandes ciudades, de los movimientos de ciudadanos que resisten las políticas de privatización de los recursos naturales? Las últimas luchas en Argentina han sido espejo de las luchas latinoamericanas. Múltiples figuras, diversas entre sí, estudiantes, inmigrantes, precarios y  pobres, campesinos indígenas y trabajadores informales tercerizados fueron actores de la resistencia en las últimas semanas de noviembre y diciembre de 2010. Ocupaciones de tierra  en Capital Federal, -Parque Indoamericano, Barracas, Retiro, Villa Lugano, Quilmes-, invasiones de tierra por poblaciones del Norte argentino en Jujuy y Salta en 2011. Y últimamente las variadas resistencias de pueblos y ciudades del interior del país, ante el avance de la mega minería. Uso de códigos y jergas a veces incomprensibles, intraducibles, propios muchas veces de una cotidianeidad precaria y acostumbrados a la represión y a la muerte. Luchas biopolíticas ante una precariedad ontológica. Luchas por la defensa y búsqueda de calidad de vida y por la gestión comunitaria de los recursos naturales. ¿No son éstos, intentos de construcción de un común en los márgenes precarios de la vida sugiriendo y proponiendo nuevas conceptualizaciones?

En el  capitalismo cognitivo la producción de valor se funda en la producción material e inmaterial, con insumos muchas veces intangibles, difícilmente mensurables y cuantificables que dependen directamente del uso que se haga de las facultades relacionales, emocionales y cerebrales de los seres humanos. La actividad  productiva se realiza en red, asentada en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación lingüística y de la información, con estructuras jerárquicas ahora extendidas en el territorio, asociadas a subcontrataciones fundadas en relaciones de cooperación y comando. Una división del trabajo cognitiva, basada en la utilización y acceso diferenciado  a formas de conocimientos diversas, una alta movilidad del trabajo, en la que predominan la contratación individual, fragmentada  y fuertemente precarizada que constituye la base de la nueva relación capital trabajo. En este capitalismo de nuevo tipo el proceso central de  valorización del capital se juega en la expropiación del común y en intentos por transformar el conocimiento en una mercadería ficticia. Se trata de un concepto fundante que da cuenta de las transformaciones, tensiones y antagonismos que modelan y alcanzan nuestro presente. La clave para entender la producción económica hoy es lo común, ya como fuerza productiva, ya como la forma en que se produce la riqueza.

El concepto de común remite al resultado de la producción  social, esto es ideas, conocimiento, imágenes y afectos. La producción biopolítica, ya que es la vida la que es puesta a trabajar ahora,  abre las puertas a una ontología asociada al común. Por lo que el marco central de la lucha política en el capitalismo cognitivo será el llamado a la subjetividad, el de la generación y potencialidad, como poder constituyente, de los múltiples productores diseminados.

Nos encontramos frente a una nueva composición del trabajo, en proceso de formación, que reacciona frente al comando del capital. Son bioluchas que se desarrollan en el terreno de la bioproducción combinando cultura y naturaleza, tiempo de vida y tiempo de trabajo. Se trata de un nuevo ciclo de luchas cualitativamente diferente a los ciclos de luchas obreras anteriores. Caracterizado ahora por una instancia democrática que los subtiende, por demandas de organización de base, de coordinación transversal de la acción reivindicativa política, como expresión radical de una igualdad reconocida. Si las viejas luchas obreras contenían la ambigüedad de una relación dialéctica con el capital y con las reglas de la organización capitalista del trabajo, desarrollándose al interior y contra el modo de producción, donde la autonomía de clase se formaba a partir de antinomias siempre presentes y no resueltas entre la instancia del poder y la comprensión de las necesidades del desarrollo, hoy esa dialéctica se ha roto. Las luchas se sitúan por fuera del modo de producción y contra él. La autonomía es ahora un presupuesto, no un fin. Cada una de esas luchas expresa un poder constituyente que se desarrolla como condición misma de la lucha a partir del interés económico inmediato hacia un proyecto de sociedad. Las características transversales de los ciclos de lucha presentes y su desarrollo fluctúan entre momentos de agudos conflictos y otros de largos procesos de sedimentación ontológica de los resultados organizativos alcanzados.  En épocas de hegemonía del trabajo inmaterial es posible comprender empíricamente cómo los procesos sociales, sea que se trate de construcción de respuesta o de alternativa, no se encuentran ya ceñidos a los antagonismos entre patrones y obreros, sino más bien a procesos de constitución de subjetividades, a alternativas de organización independiente de los trabajadores, donde la identificación de los antagonismos parece estar referenciada más en la identificación de los movimientos y en el significado y  contenido de los nuevos poderes constituyentes. 

Estas singularidades que resisten incorporan la producción de subjetividad como invención de sí, sujeto que resiste en las propias mallas del poder (Foucault) Si el producto de esta resistencia es el común, no puede pensarse el común como un a-priori, como una condición de posibilidad de la acción política, sino más bien como el resultado de esa acción, diferente a las diferencias que lo han construido.

Estos movimientos en lucha, tercerizados precarios, estudiantes secundarios, okupas urbanos en la búsqueda de terrenos para su vivienda, ciudadanos ambientalistas, se construyen de conjunto, aunque en algunos casos diferidos en el tiempo, sin alcanzar a unificarse, bajo consignas y reivindicaciones comunes tras el reclamo del derecho incondicional a una vida cultural, política y socialmente digna, a una ciudadanía digna, a una vida sin contaminación acorde al "buen vivir". A partir de estas luchas es posible pensar la recomposición de clase y la organización del común como conceptos potentes. La práctica de estos sujetos, no idénticos, diversos, no busca participación política tradicional a la sombra de alguna representación aglutinante  o de la voluntad general. La propuesta de estos movimientos sociales y políticos no es la de tomar el poder y comenzar un proceso de transformaciones que conduzca al “desarrollo”, sino la socialización de prácticas vitales distintas a las promovidas por la modernidad.

Bien podemos decir que el común, como tal, es la respuesta a la mirada hobessiana paranoica. El placer que significa compartir físicamente espacios e ideales, no puede ser de ninguna manera despreciado como motor de una transformación virtuosa de la convivencia. Es necesario extremar su potenciación y con ello su participación democrática, aunque no resulte fácil dar cuenta del común que sustenta diferencia. Sin embargo nuestro objetivo en estas líneas no es abordar el común como organización, ni tampoco como espacio de cooperación, principal fuente de explotación por el capital, sino más bien, el de plantear algunos aspectos que se relacionen con el común como los recursos naturales y su tratamiento en la nueva era cognitiva.  

Los llamados bienes comunes han ido modificando su composición y estructura con el desarrollo del capitalismo. A los bienes ligados a la sobrevivencia y al consumo primario -aire, agua, bosques vestimenta, sociabilidad, vivienda-, vinculados directamente al accionar humano, se han agregado nuevos bienes comunes que hoy se encuentran en las raíces, no tanto de la subsistencia y del consumo  de base, sino más bien del propio proceso de producción y acumulación. Pertenecen a estos en primer lugar el territorio metropolitano, geográfico y virtual, y, consecuentemente, su ambiente ligado al lenguaje y al conocimiento.    

Los movimientos sociales, los habitantes de aquellas localidades afectadas por lo que consideran un mal uso de los recursos naturales, como el caso de los recursos acuíferos, han enfrentado y resistido su desigual captación, a pesar de su abundancia, en defensa de la vida, con estrategias que han trascendido el marco local, para ingresar de lleno en el cuestionamiento de pautas incorporadas en la globalización capitalista, promoviendo políticamente su equitativa distribución.

2-Bienes comunes y recursos naturales.

Se puede afirmar que la modernidad nació asociada a la violenta mercantilización de los bienes comunes, en especial de la tierra,- Gaia  o pachamama-, con la ejecución de los cercamientos (enclosures) ingleses y la conquista de los territorios. A partir de ese momento la cultura política de la Ilustración eliminará los bienes comunes como categoría jurídica- política confinando su reconocimiento a la época premoderna y medioeval. En ese contexto, el común se despegará de toda vinculación con lo público y lo privado. Los enclosures ingleses así como la marca alemana y toda otra variante de propiedad común serán considerados residuos anacrónicos, propios de tiempos pretéritos.  Resulta importante recordar cómo fue que se formaron, en el curso de la modernidad, las hoy dominantes categorías de lo público y lo privado. Ambas fueron elaboradas a partir  del concepto del trabajo desarrollado por el individuo. La definición de privado en Locke deriva de la apropiación individual a partir del trabajo realizado por el individuo, y su forma jurídica consolidada resultará ser la propiedad privada. Por su parte, el concepto de público se constituye alienando lo propio siguiendo paradójicamente un curso similar. La propiedad pública surgirá, en clave rouseauniana, como necesidad de concebir un sistema político capaz de contrarrestar las desigualdades generadas por la propiedad privada. La propiedad pública nace así como propiedad que no pertenece a nadie y que, por lo tanto, pertenece a todos. Dicho de otra manera, pertenece al estado. Si la propiedad privada puede ser vista como la apropiación del común por un individuo, la propiedad pública deberá ser vista como la propiedad común en manos del estado, como el control del estado sobre el común; verdadera confiscación y creación, por lo tanto, de una nueva alienación. Lo público, como forma de propiedad, no deja de identificarse con lo privado como propiedad y, por tanto, con las formas más profundas y tradicionales de la ideología liberal. El concepto de común se contrapone precisamente al concepto de privado, así como a esa paradójica subsunción de lo privado en la llamada propiedad pública. El concepto de común se basa en un dispositivo de gestión democrática radical de todo aquello que constituye el tejido de la actividad social. Es decir, gestión de actos  recíprocos  entre los individuos, de la cooperación de las singularidades y de la libertad de los productores. El común, en ese sentido, debe ser entendido como la negación de lo propio, en la medida que solo la cooperación de las singularidades constituye lo social y que solo la gestión del común garantiza su renovación continua. En este abordaje el tradicional reformismo, que supone la reapropiación progresiva de la riqueza por los individuos aislados y/o los grupos a través de una continua mediación en las relaciones del capital, no tiene razón de ser.

A diferencia de la propiedad privada y de la propiedad pública, los bienes comunes no pueden concebirse como meros objetos tangibles del mundo externo, ni abordados siguiendo la lógica mecanicista y reduccionista propia del Iluminismo que separa el sujeto del objeto, el ser del tener. No pueden ser asociados a la idea moderna de mercancía, en la medida que existen sólo en cuanto representan e intervienen en acciones cualitativas. Así considerados, los bienes comunes son incompatibles con toda idea de concentración del poder, ya que su existencia se asocia a una comunidad de grupos sociales o individuos ligados en red, que privilegian modalidades de colaboración y participación vinculadas al interés del conjunto, excluyendo toda jerarquización asociada al poder particular existente en los integrantes del ecosistema. De esta manera, la gestión de los recursos naturales, (correspondería mejor calificarla como recursos de sobrevivencia) entendida como gestión del común, no puede formar parte de compromisos o negociación alguna, ni ser emprendida como una obligación ineluctable.

 Plantear, como lo hacen las Asambleas Ciudadanas, que el agua es un bien común significa entender su uso en términos opuestos a todo proceso de privatización y de explotación minera. Sin embargo, oponerse a la privatización no supone retornar a la gestión pública burocrática, autoritaria y corrupta. Reconocer un recurso como bien común implica igualmente rechazar que sean los aparatos estatales quienes los administren, ya que tanto la lógica privatista propia del individualismo posesivo, como la gestión estatal se encuentran ambas alineadas con un criterio tecnocrático y cuantitativo de la acumulación.

Se requiere avanzar en un camino que permita institucionalizar, como institución del común,  una gestión y gobierno participativo, cooperativo, capaz de incorporar, mediante nuevos instrumentos, originales comunidades de usuarios y trabajadores en esa perspectiva. Esto exige romper con aquel análisis rígido y reduccionista (propiedad privada vs propiedad pública) y con aquella práctica social vinculada a la concentración del poder propia de la estructura de la propiedad privada (mercado) y de la propiedad estatal (soberanía estatal).  En efecto, mientras las estructuras privadas concentran el poder de decisión y/o de exclusión en el sujeto propietario titular o en algún consejo administrador, las estructuras públicas agrupan el poder de exclusión o inclusión en el vértice de una jerarquía soberana asociada a la soberanía territorial y a su administración política. Los bienes comunes, el común, así abordados, expresan, por el contrario, un tipo de propiedad antagónica al par público-privado, estado-mercado. Si partimos de la necesidad de preservar cuanto se pueda y en las mejores condiciones los bienes comunes, en sustitución del proceso de acumulación motorizado por los beneficios, entonces, el dogma desarrollista explosionará rápidamente.

Vale aclarar que nuestro planteo está lejos de las ideas, sustentada por algunos ecologistas y ambientalistas, que proponen el "retorno a la naturaleza" en la medida que esta consigna, asentada en la domesticación integral de la naturaleza, resulta ser simétrica a aquella que promueve su explotación indiscriminada. Debemos ser capaces de crear y producir nuevos valores asentados en una fuerza organizativa apta para alcanzar un nuevo tipo de producción que trascienda el desarrollo capitalista.

Los bienes comunes son la base de una auténtica democracia participativa fundada en el empeño y la responsabilidad de cada uno para alcanzar los intereses de todos en el largo plazo. Significa la construcción de altas barreras a la entrada de toda privatización del agua, la tierra o los minerales, sin delegar o transferir su gestión a la estructura del estado o cualquier órgano delegativo fundado en la representación política.

Sólo sobre esta base será posible una revolución cultural que conjugue el común y lo configure como categoría política y jurídica. La propiedad privada individual y la soberanía territorial del estado descansan sobre la operación cartesiana de la modernidad que escinde el  sujeto del objeto, cuya contrapartida es la de un ser humano separado de la naturaleza, de la res extensa separada de la res cogitans. Luchar contra el capitalismo en la actualidad, exige construir y pergeñar otro rumbo diferente a la perspectiva industrialista, extractivista, urbana y monetarista que está dirigida a la acumulación y la obtención de ganancias. Algunas propuestas latinoamericanas, como aquella del "buen vivir", el ayllú, recogen precisamente esta perspectiva, promoviendo una alternativa al desarrollismo lanzado por los diferentes gobiernos progresistas latinoamericanos. Las juntas vecinales del Altiplano, de La Paz, que alcanzaron un rol clave en los procesos de lucha bolivana tienen la impronta del Ayllú como estructura de organización social. El Ayllú como centro de la cosmovisión aymara, donde el individuo es abordado como humano desprovisto de efectos personales jugó un rol central como bastión de prácticas no depredadoras, no consumistas; promoción de nuevos sentidos políticos y articulaciones de la diversidad de proyectos antisistémicos; espacio donde se funden la producción y la reproducción de la vida en un solo proceso con capacidad de autorregulación y de proyección en el futuro. La resistencia y cultura de los pueblos andinos se convierte así en un verdadero laboratorio político que proyecta la constitución del común.

Defendiendo la creación de una armonía social, los pueblos indígenas latinoamericanos han incluido elementos que transcienden la dimensión económica, como es la relación con la naturaleza, la solidaridad con los otros, la pertenencia comunitaria, la necesidad de encontrar espacios de participación para la formulación de nuevas políticas y promoción de los derechos humanos etc. El propósito de un auténtico desarrollo reside en la gradual y democrática construcción de aquellas condiciones materiales y espirituales que permiten alcanzar el alli káusai, o sea, el Buen Vivir. Esta noción ha estado invisibilizada por hombres y mujeres de “izquierda”, pensadores e intelectuales, que observan con desprecio dicha propuesta, mientras apoyan  “el gran salto” desarrollista que finalmente consolida la continuidad de las relaciones de producción y del modo de producción capitalista.  Esa intelectualidad acrítica no percibe que el desarrollo significa aumento de la explotación y acumulación del  capital, proceso que incorpora incrementos de las diferencias, de la violencia, de la depredación, de la jerarquización social. El Buen Vivir, como concepto plural y en construcción, fluye como debate teórico, aunque avanza también en las prácticas de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales, así como en la construcción política, como en las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador. Más allá de la diversidad de posturas al interior del Buen Vivir, aparecen elementos unificadores que son clave, tales como el cuestionamiento al desarrollo entendido como progreso o el reclamo de otra relación con la Naturaleza. El Buen Vivir no es, entonces, un desarrollo alternativo más dentro de una larga lista de opciones, sino que se presenta como una alternativa a todas esas posturas.

Se sigue pues que el común no es sólo un recurso-objeto, curso de agua, bosque o glaciar-, sino también una categoría del ser, del respeto, de la inclusión y de la calidad. Es una categoría auténticamente relacional, hecha de la relación entre los individuos, comunidad, campesinos, indígenas  y ambiente. Es categoría ecológica cualitativa y no económica cuantitativa, entendida como propiedad y soberanía estatal. Lo que muchas veces se asocia con el estereotipo del “retroceso” al primitivismo, debe verse como un principio de asociación colectiva para organizar la vida, que no ha perdido vigencia, y que ha sido parte consustancial de la resistencia de los habitantes originarios del continente, en la que la igualdad, el cuidado del entorno vital y la sencillez han sido el rasgo característico.

El agua es un bien común porque se encuentra libre en la naturaleza, compartiendo  con el aire el  ámbito imprescindible y necesario que reclama el derecho a la vida. La reconstitución de cualquier orden ecológico exige como primer paso alcanzar la conciencia del valor del bien común.  Este paso exige superar la oposición estructural a la que estamos familiarizados: la lógica mecanicista y reduccionista de la modernidad propia de la propiedad privada y el estado y su reemplazo por una lógica funcionalista, holística, participativa y crítica del común. En este contexto la conciencia del bien común y la consiguiente transformación del sujeto no pueden ser producidas por el mercado sino que deben estar asentadas en una revolución en la motivación del propio sujeto. Distante de la lógica mercantilista que origina una motivación consumista alineada con la ideología dominante, el diálogo crítico y participativo de base promueve una transformación cualitativa mediada por la misma percepción del bien común. La generación de una conciencia crítica del tipo de la indicada con relación a los bienes comunes exige la construcción de una cultura crítica común que debe ser ejercida para promover una auténtica participación política de la ciudadanía.  La incompatibilidad entre el modelo de desarrollo dominante, la estructura jurídico política que lo sustenta y la sobrevivencia de vida en el planeta, cuestiona la compatibilidad entre la estabilidad moderna y la tutela del común, mientras vuelve imperioso y urgente el alcanzar una democracia participativa de la que los movimientos constituyan la experiencia elocuente más vital. Sólo ejerciendo una auténtica democracia participativa capaz de difundir el riesgo de superviviencia en el planeta podrá producirse un auténtico cambio.

Es posible entonces establecer  una relación entre la gestión del común y la producción del común en la medida que la producción del común puede ser abordada como el conjunto de prácticas sociales y procesos colectivos de subjetivación portadores de otra forma de comunidad política. Los movimientos sociales surgidos a la sombra de las luchas ambientales, en particular contra el desarrollo de la megaminería, disputando la reapropiación de los recursos naturales y de los mismos servicios urbanos como el servicio del agua, no pueden encuadrarse en normas y procesos de la governance del común, atados a compromisos entre actores locales, ya que se han concatenado en el devenir de la conflictividad por fuera de toda esfera institucional. Debemos en todo caso avanzar en el estudio y abordaje de la temporalidad propia y la singularidad que alcanzan estos movimientos contestatarios. Nuestra reflexión sobre la gestión del común no puede limitarse a la simple reivindicación de la nacionalización de los recursos naturales anclada en el mero cuestionamiento de lo privado y la consolidación del estado.  Las luchas de resistencia ambientales, las que desarrollan y promueven los pueblos mineros del interior, las que impulsan las Asambleas Ciudadanas, son todas luchas de resistencia biopolítica  que cuestionan el corazón mismo del modelo de desarrollo productivo kirchnerista, que se encuentra próximo a las viejas concepciones cepalinas: sustitución de importaciones, mercado interno y apropiación del estado de las rentas extraordinarias generadas por la explotación intensiva de los recursos naturales,- soja y megaminería-. Rentas que servirán ya para financiar obra pública, ya para pagos de deuda externa ya para la importación de los bienes necesarios para el "armado" de los bienes finales y su posterior exportación, en tiempos de globalización, como es el caso de la producción de automóviles.

3- Extractivismo, versión moderna del desarrollismo

El llamado extractivismo, que incluye la explotación minera y petrolera, tiene una larga historia en América Latina. Se caracteriza por la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales que se exportan como commodities y dependen de economías de enclave, localizadas, como los campos petroleros o las minas, o bien ser espacialmente extendidas, como el monocultivo de soja. La importancia adquirida por el extractivismo ex­portador en estos últimos años en Sudamérica se debe a la alternativa elegida por los fondos de inversión y hedge funds inclinados ahora hacia las materias primas. Se potencian debido a los cambios producidos en el flujo de las inversiones extranjeras volcado ahora hacia los países menos desarrollados. Por lo demás el extractivismo profundiza las formas de desigualdad ya existentes a escala local, provincial y nacional mediante la expoliación económica, la devastación institucional, la destrucción de territorios y depredación de bienes naturales y la fragmentación y control social. Todos hechos incontestables de la realidad que vivimos y que remiten y actualizan la triste historia colonial del continente.

En efecto, el porcentaje de productos primarios sobre las exportaciones totales supera el 90% en Venezuela, Ecuador y Bolivia, y es más del 80% en Chile y Perú; en el Brasil de Lula creció hasta llegar al 60% (según datos de CEPAL). En este sesgo el papel clave lo juegan la minería, los hidrocarburos y los monocultivos de exportación.  Las exportaciones provenientes de mineras y canteras de los países del MERCOSUR ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), pasó del orden de los 20.000 millones de dólares en 2004, a un pico de más de 58.000 millones en 2008 para bajar a cerca de 42.000 millones en 2009 (datos de CEPAL).  En Argentina, la profundización del modelo condujo a que en el período 2003-2006,  el número acumulado de proyectos mineros creciera por encima del 800%, y las inversiones acumuladas aumentaron un 490%, manteniéndose las ventajas para la inversión y las modestas regalías -del 3%, según la legislación promovida durante el neoliberalismo de Menem-. La normativa neoliberal vigente asegura estabilidad fiscal por treinta años, impidiendo modificar la carga tributaria en las explotaciones mineras, con deducibles muy generosos (hasta el 100% del monto invertido, incluyendo desde las obras de infraestructura hasta los gastos de comercialización, aún si éstos ocurrieran en otros países), exoneraciones de aranceles y tasas aduaneras y libre transferencia de sus ganancias, entre otros aspectos. Por si fuera poco, el cálculo del valor del mineral extraído lo realizan las propias empresas, y el Estado no lo fiscaliza adecuadamente (una situación que también se ha denunciado en Brasil), por lo que esas corporaciones terminan haciendo pagos casi voluntarios. Para el caso de la mina El Veladero, explotada por la Barrick Gold, el valor estimado del mineral extraído y procesado hasta el 2007 era del orden de los 12 mil millones de dólares, mientras que las regalías que recibirá el gobierno provincial donde se localiza el emprendimiento alcanzarán un total de 70 millones de dólares, pagados a lo largo de 20 años.

El extractivismo juega un papel importante en el nuevo modelo de acumulación: no sólo se observa una adhesión manifiesta de los gobiernos, sino que éstos pretenden profundizarlo y transformarlo en uno de los motores que asegure el crecimiento económico y el  sostenimiento financiero del Estado. Nos encontramos frente a una sobreexplotación  de los recursos naturales no renovables y a la expansión de la frontera hacia territorios considerados anteriormente improductivos. Por su magnitud, la megaminería a cielo abierto (open pit) que al utilizar técnicas de lixiviación o flotación con sustancias químicas contaminantes requiere enormes cantidades de agua y energía, tiende a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones, desplazando economías regionales preexistentes y “liberando” territorios que, de ahí en más, permanecen presos de la lógica económica del gran capital. Asistimos a profundas transformaciones de la ciudadanía, a la territorialización de los conflictos y a la violación de derechos ambientales y colectivos, amparados por una normativa nacional e internacional que incluyen también los derechos de los pueblos originarios. Para este extractivismo moderno los altos precios son una oportunidad que no se puede desaprovechar. Y, como este nuevo extractivismo contribuye a financiar los programas sociales, clave  para el calificativo de gobiernos progresistas, obtiene una legitimidad política insospechada. El “relato” oficial, que procura presentar al extractivismo como soporte de un modelo de crecimiento y generación de empleo, conforma una pieza clave en la búsqueda de apoyo y consenso social favorable que garantice su aplicación.

Por lo demás, ¿no estamos viviendo acaso un nueva acumulación originaria del capital, de la llamada acumulación primitiva de capital, entendida ésta, no como punto de partida de un proceso progresivo, lineal que iniciado desde condiciones primitivas evoluciona hacia mayores y crecientes estadios de desarrollo, sino más bien como circunstancia que posibilita la producción de las condiciones materiales de explotación de la fuerza de trabajo? “Actualidad del origen” dice Etienne Balibar, ante la persistente desposesión y explotación producida por el capital en tiempos de globalización. Actualidad del origen que reproduce la explotación del trabajo propio de la historia temprana del capital. El capitalismo construyó el proceso de acumulación originaria expropiando la propiedad común de las tierras comunales, los llamados enclosures,  lanzando al mercado laboral a todos aquellos que, de una forma u otra, se encontraban ligados a la tierra, gestando de esa manera los primeros proletarios. Los enclosures del pasado remiten al común de nuestros días, es decir a expropiación de la cooperación social, a la privatización del conocimiento a través de las patentes, a lala privatización de los recursos naturales, a la mercantilización de la producción y reproducción de la vida, a través de la privatización de la salud, de la educación, de la vivienda etc. En fin, el duro proceso de separación del trabajador de sus medios de producción y su expropiación. La cooperación determinada a nivel social se confunde con la tierra de los enclosures, y los derechos de propiedad deben ser concebidos en ese contexto como movimientos de los enclosures. En tiempos biopolíticos, propios de los nuevos procesos de valorización, ya no es la vida la que hace posible la producción, sino que ella es la materia prima de la producción;  es ella la que debe ser explotada, sometida, captada porque es ella la que vale. Ya no será posible distinguir entre vida individual y vida social, entre producción y formas de vida. La vida, como instrumento de trabajo, se confunde igualmente con las tierras comunales y su producción y reproducción debe ser mercantilizada. Procesos todos que exigen la segmentación y jerarquización de la fuerza de trabajo a través de las diferencias de raza y de género como una de las condiciones de existencia. En estos aspectos sustantivos está anclada la llamada “acumulación por desposesión”. Donde la política y la vida marchan de conjunto.

El extractivismo vigente configura la versión postmoderna sudamericana del desarrollismo. Asentado en la idea de un progreso lineal y en la inevitabilidad del capitalismo, el desarrollismo latinoamericano  recoge igualmente  la influencia de la corriente cepalina y del dependentismo clásico. Se presenta como un híbrido contemporáneo, resultante de las condiciones culturales y políticas propias de América del Sur al recoger las ideas eurocéntricas del progreso, arraigadas en la cultura latinoamericana dominante, asumiendo la influencia cepalina tras el impulso al incremento de las exportaciones y la captación de la inversión extranjera, y la influencia dependentista en el fortalecimiento del mercado interno. En este análisis, son las riquezas ecológicas las que posibili­tan fuertes expansiones económicas. Los llamados gobiernos progresistas de América Latina, al consolidar sus prácticas extractivis­tas,  son portadores de mitos que afianzan una inserción comercial subordinada de estos países en el mercado mundial. En efecto, las nuevas administraciones progresistas no han cuestionado la nueva arquitectura comercial;  por el contrario, varios de ellos la han acentuado, incluyendo reclamos de una mayor liberalización comercial global (donde los ejemplos más claros son Argentina y Brasil). Estos aspectos permiten afirmar que el moderno extractivismo es funcional a la globalización comercial – financiera manteniendo una inserción internacional de América del Sur fuertemente primarizada. En este devenir los gobiernos objetan toda protesta social que cuestione esta política, negándose a reconocer las causas de la protesta, minimizándola o acusando a sus líderes de encubrir otros intereses. En particular se combate a los grupos indígenas, campesinos y ciudadanos ambientalistas de las poblaciones afectadas  culpándolos de “impedir” el desarrollo y generar perjuicios para el conjunto del país.

Debemos reconocer sin embargo que la nueva izquierda latinoamericana, a pesar de ser heredera de estas ideas, ha remodelado este legado a partir de una hibridación de sus luchas políticas con la caída del Muro, con las demandas de los sectores populares y de los pueblos indígenas y con los efectos de las políticas neoliberales. La izquierda latinoamericana, fiel a su pasado desarrollista-cepalino, mantiene su apego a tres grandes mitos: el del progreso social, el de la dominación de la naturaleza sustentada en la separación hombre-naturaleza y el del nacionalismo estatal. El crecimiento económico basado en la explotación de los recursos naturales encuentra hoy su sostén oficial en el aporte financiero que el sector realiza al estado, costeando los programas sociales y permitiendo a los gobiernos del cono sur legitimarse políticamente al rodearse de un halo progresista. En efecto, a diferencia del periodo neoliberal, el estado disputa hoy la captación de excedentes con los grandes capitales, proyectando en esta disputa la ilusión de un desarrollo independiente asentado en la consolidación de una soberanía reforzada  por las nacionalizaciones por concretar.  Reaparece así, como en el período de entreguerras,  la ilusión de un nacionalismo que evoca, en tiempos de globalización e interdependencia, aquellos nacionalismos latinoamericanos que se propusieron de manera fallida alcanzar la independencia económica y el desarrollo nacional. Ideología nacionalista ligada a una lectura dependentista cuya ruptura (la de la dependencia) remite a la posibilidad y virtud de un crecimiento económico nacional y social autónomo, al que deben subordinarse el conjunto de las aspiraciones nacionales: de clase, género, étnico, cultural, democráticas etc. Hoy como ayer, nos repiten, el agente social y político de esa ruptura histórica es el estado y, eventualmente, aquellos aparatos paraestatales patrióticos, como el ejército y los partidos, únicas fuerzas capaces de quebrar la acción destructiva y condicionante del mercado global y la penetración extranjera apoyado en un “desarrollo hacia adentro”.

Superar esa política exige cuestionar la idea de progreso lineal,  y modificar simultáneamente las políticas sociales, pasando de un asistencialismo focalizado, condicionado a ciertas obligaciones del beneficiario que generan retribuciones en dinero, el workfare, como es el caso del Plan Argentina Trabaja (PAT), a otro universalista, sin exigencias de contraprestaciones. Exige también trascender la idea de la recreación de un nacionalismo progresista fuera de lugar y anacrónico en tiempos de globalización asentado en el crecimiento de un mercado interno y en un supuesto fortalecimiento del estado cuya soberanía está en crisis y con una capacidad de negociación a nivel global disminuida, posible solo de alcanzar algún grado de efectividad asociado a los bloques regionales. Más allá del relato oficialista,  que se obstina en afirmar las bondades de un crecimiento asentado en las indulgencias del mercado interno, lo cierto es que el pivote del crecimiento alcanzado en los últimos años  se encuentra antes bien en el mercado exterior que en los impulsos que hubiera podido generar el mercado interno.  

Por lo demás la dinámica de las luchas tiende a ampliar y radicalizar la plataforma reivindicativa a través de la incorporación de temas que cuestionan el modelo de desarrollo hegemónico así como la mercantilización de los bienes comunes. Y en este devenir la resistencia se articula con comunidades de vecinos, organizaciones ambientalistas, estudiantes y académicos universitarios. Toda una amalgama social heterogénea que plantea una disputa epistémica y política.   

4- Kirchenrismo y producción del común.

Algunas reflexiones sobre cómo el kirchenrismo obtura la producción del común.

1- La cooptación de los movimientos sociales por el kirchnerismo ha coartado la producción de un común político, derivando toda potencialidad de los movimientos a un activo apoyo acrítico al gobierno, muchas veces condicionado por los planes de ayuda social recibidos. Los movimientos terminan encorsetados en la producción y reproducción de una maquinaria institucional verticalista sin precedentes que atenta contra su propia existencia, mientras vacía y debilita todo proceso de autonomía política. La producción del común exige deconstituir cualquier subjetividad sumisa, domesticada o sometida, así como la constitución de subjetividades de resistencia y de emancipación abiertas a diversos posicionamientos propios de sujetos liberados individual y colectivamente.

2- La muletilla política repetida por el oficialismo de "modelo de acumulación con inclusión social" se ha convertido en ideología de estado justificando toda búsqueda de acumulación de poder institucional mientras ha oficiado de sostén al alumbramiento de espacios intelectuales devenidos en apoyatura intelectual acrítica del oficialismo, dominados más por una actividad y obsesión mediática, que por una práctica política "desde abajo".

3-Resulta claro que la criminalización de la protesta se ha convertido en una política represiva del gobierno nacional profundizada con la nueva Ley Antiterrorista, enviada por el ejecutivo y aprobada recientemente. En ese contexto asistimos a un desplazamiento en las listas electorales propuestas en las últimas elecciones de integrantes de los movimientos sociales, incluso de aquellos afines con el gobierno, cuyos espacios han sido ocupados por jóvenes leales e incondicionales, practicantes de un centralismo y subordinación al poder político que evoca más a la Guardia Republicana de Sadam Hussein que a la juventud movilizada y contestataria de los 70´s, a pesar de que su nombre evoca tiempos de rebeldía e insubordinación juvenil. Este fenómeno es paradigmático de la concepción kirchnerista de construcción de poder alejado de toda comunicación con los sectores productivos del abajo, indicativo también de la apuesta que hace a la constitución de una burocracia orgánica de estado, situando en los intersticios estatales institucionales su principal envite. Contingencias políticas de este tipo alejan la propuesta oficial a toda gestión y/o producción del común. Toda perspectiva de construcción del común desde los movimientos sociales exige reconfigurar sus capacidades de resistencia y convocatoria autogestionaria de los sujetos y subjetividades que los conforman, interpelantes de las instituciones, las leyes, los ordenamientos jurídicos, políticos y sociales así como de las limitaciones económicas impuestas por las realidades económicas concretas.

4-La política del gobierno con  relación a los movimientos ambientalistas se encuadra en esta perspectiva en la medida que toma distancia de toda idea que signifique adjudicar a los movimientos sociales locales cualquier intervención en la gestión de los recursos naturales, obturando la posibilidad que estos actores sociales avancen en una transformación subjetiva política promovida y gestada desde las luchas de resistencia contra el extractivismo. Por lo que lejos de promover la ampliación de cualquier influencia política de los movimientos sociales a nivel local, o provincial, clausura su influjo anteponiendo las políticas institucionales bien provinciales, bien nacionales. En ese momento termina ahogando toda influencia y contagio político de los movimientos convirtiéndolos en meros espectadores pasivos en la toma de decisiones. La ideología estatal, nacional y popular se presenta como una ideología esencialmente conservadora y retardataria alejada de toda perspectiva progresista a pesar de actos tales como los del matrimonio igualitario, la AUH y la inclusión de las amas de casa en las políticas de previsión social. En este sentido el gobierno está lejos de la construcción de un discurso político capaz de incluir al conjunto de los actores sociales en un proceso de transformación.

5- Con relación a la megaminería, el gobierno ni siquiera ha promovido formas jurídicas usuales, como las del derecho al agua, que se revelan como forma básica primaria de la defensa del común. En efecto, el gobierno no sólo ha dado la espalda a esa política, sino que paralelamente ha confrontado con dicha consigna jurídica, como fue el caso del veto a la ley de glaciares justificando el uso indiscriminado de un bien común, cada vez más escaso y necesario para la vida y reproducción de las poblaciones, como el agua. La utilización intensiva del agua en los mega emprendimientos  mineros ha llevado a los movimientos vecinales y ciudadanos que se oponen a este tipo de explotación a levantar como consigna "el agua vale más que el oro". En ese aspecto la política kirchnerista no se ha traducido en formas efectivas de organización para su gestión eficaz, ni tampoco derivado hacia el reconocimiento del uso común de los bienes y de los servicios, ni mucho menos fomentado la producción de subjetividad política orientada hacia tal fin. Por el contrario, en los últimos tiempos se desarrollaron conflictos entre las comunidades comunales y provinciales con los gobiernos provinciales y con el propio gobierno nacional que reclaman la propiedad de los recursos naturales donde habitan frente a la inescrupulosa explotación promovida por las empresas mineras.

6-Si bien en nuestro caso, no nos enfrentamos a intentos y búsquedas de retornos a formas de "vida originarias" (como es el caso de numerosas poblaciones andinas) respetuosas de la naturaleza, nos encontramos ante formas modernas de gestión de los recursos naturales ancladas en la continuidad de prácticas políticas pasadas como el desarrollismo, el clientelismo, el estatismo y la exclusión de la participación social. La producción del común tropieza con una política oficial que se limita a promover en el imaginario la simple inversión de las categorías coloniales y de su valor, inversión que no permite pensar más allá de las categorías coloniales, coexistiendo de esa manera con el mantenimiento práctico del capitalismo y sus políticas.  

7-Si partimos de la base que la paradoja del común reside en el difícil pasaje de la gestión del común a la producción de un común como verdadero regulador de una transformación política queda claro que la política kirchnerista no se plantea transferir el proceso de transformación social del estado a la comunidad política, sea a través de prácticas colectivas, sea mediante el impulso de procesos de subjetivación. Por el contrario, su perspectiva política e ideológica es la del reforzamiento del estado en todos sus frentes posibles de intervención social dejando de lado toda posibilidad, por mínima que ella fuera, de coparticipar la gestión con los movimientos. En esta perspectiva, ilusoriamente, el kirchnerismo alienta un discurso de reconstrucción del estado de bienestar, más allá de la persistencia y fortaleza de una salud privatizada, que goza de buena salud; de la permanencia de una lógica privatista en el sistema previsional, a pesar de su estatización; de la subsistencia de una política asistencialista focalizada, alejada de todo universalismo; de las limitaciones que  muestra la política de planes de vivienda social y de la obstinada negación a una informalidad y precariedad laboral que persiste obcecadamente a pesar de las tasas de crecimiento alcanzadas, demostrativa de que esa informalidad-precariedad ha venido para quedarse. Si el neoliberalismo arrojó al terreno del libre cambio los bienes primarios y de pública utilidad mediante su privatización, cualquier intento de construcción de un nuevo welfare, hoy adaptado a la construcción de un hipotético welfare del común debe incorporar como primera medida el libre acceso a los bienes comunes materiales.