Texto completo del discurso del comandante Iván
Márquez de las FARC-EP en la instalación la mesa de diálogo en Oslo
Nuestro sueño, la paz con justicia social y
soberanía
“La paz que hemos querido nosotros, por la
cual hemos luchado por mucho tiempo, ha sido siempre buscando que en este
paísse acaben las desigualdades que son tan poderosas…”
Manuel Marulanda Vélez
Señoras
y señores
Amigas y
amigos de la paz de Colombia
Compatriotas
Hemos
venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo desde el trópico
remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del
mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos.
Venimos a
esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia
por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el
protagonista principal. En él reposa la fuerza irresistible de la paz. Ésta no
depende de un acuerdo entre voceros de las partes contendientes. Quien debe trazar
la ruta de la solución política es el pueblo y a él mismo le corresponderá
establecer los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones.
Tal
emprendimiento estratégico no puede concebirse como un proceso contra reloj. La
pretendida paz exprés que algunos promocionan, por su volátil subjetividad y
por sus afanes, sólo conduciría a los precipicios de la frustración. Una paz
que no aborde la solución de los problemas económicos, políticos y sociales
generadores del conflicto, es una veleidad y equivaldría a sembrar de quimeras
el suelo de Colombia. Necesitamos edificar la convivencia sobre bases pétreas,
como los inamovibles fiordos rocosos de estas tierras, para que la paz sea
estable y duradera.
No somos
los guerreristas que han querido pintar algunos medios de comunicación, venimos
a la mesa con propuestas y proyectos para alcanzar la paz definitiva, una paz
que implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas
socioeconómicas radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad
verdaderas. Venimos aquí con el acumulado de una lucha histórica por la paz, a
buscar, codo a codo con nuestro pueblo, la victoria de la solución política
sobre la guerra civil que destroza a Colombia. No obstante, nuestra
determinación tiene la fortaleza para enfrentar a los guerreristas que creen
que con el estruendo de las bombas y de los cañones pueden doblegar la voluntad
de quienes mantenemos en alto las banderas del cambio y la justicia social.
En
nuestra visión, colocar sobre la mesa el asunto del desarrollo agrario integral
como primer punto del acuerdo general remite a asumir el análisis de uno de los
aspectos centrales del conflicto. El problema de la tierra es causa histórica
de la confrontación de clases en Colombia. En palabras del comandante Alfonso
Cano “las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza
sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y
revolucionaria; también como respuesta campesina y popular a la agresión
latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos colombianos
usurpando tierras de campesinos y colonos…”
Aquello
que fue causa esencial del alzamiento armado y de una heroica resistencia
campesina, a lo largo del tiempo se ha agudizado. La geofagia de los
latifundistas acentuó la desequilibrada e injusta estructura de la tenencia de
la tierra. El coeficiente GINI en el campo alcanza el 0,89. ¡Espantosa
desigualdad! Los mismos datos oficiales dan cuenta de que las fincas de más de
500 hectáreas corresponden al 0.4% de los propietarios que controlan el 61.2%
de la superficie agrícola. Se trata de una acumulación por desposesión, cuya
más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y
fuego a través de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y
desplazamiento forzoso, crímenes de lesa humanidad, acentuados durante los 8
años de gobierno de Uribe, todos ellos componentes del terrorismo de Estado en
Colombia.
Para las
FARC, Ejército del Pueblo, el concepto TIERRA está indisolublemente ligado al
territorio; son un todo indivisible que va más allá del aspecto meramente
agrario y que toca intereses estratégicos, vitales, de toda la nación. Por eso
la lucha por el territorio está en el centro de las luchas que se libran hoy en
Colombia. Hablar de tierra significa para nosotros hablar del territorio como
una categoría que además del subsuelo y el sobresuelo entraña relaciones socio-
históricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento de patria,
que concibe la tierra como abrigo, y el sentido del buen vivir. Al
respecto debiéramos interiorizar la profunda definición del Libertador Simón
Bolívar sobre qué es la patria, nuestro suelo, nuestro territorio: “Primero el
suelo nativo que nada -nos dice-, él ha formado con sus elementos nuestro ser;
nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país; allí se
encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra
existencia y los que nos han dado alma por la educación; los sepulcros de
nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo; todo nos recuerda
un deber, todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas; allí fue
el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras
primeras sensaciones y de cuanto nos ha formado. ¿Qué títulos más sagrados al
amor y a la consagración”?
Partimos
de esta visión para alertar a Colombia toda: la titulación de tierras, tal como
la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa; encarna una suerte de despojo
legal a través del cual se busca que el campesino, una vez con el título de
propiedad en sus manos, no tenga otra salida que la de vender o arrendar a las
trasnacionales y conglomerados financieros, a los que sólo les interesa el
saqueo exacerbado de los recursos minero-energéticos que están debajo del
suelo. Dentro de su estrategia está la utilización del suelo para extender las explotaciones
forestales y las inmensas plantaciones, no para resolver el grave problema
alimentario que padece nuestro pueblo, sino para producir agro-combustibles que
alimentarán automóviles. En el mejor de los casos, la gente del campo quedará
con una renta miserable, pero alejada del terruño y confinada en los cinturones
de miseria de las grandes ciudades. Al cabo de 20 o 30 años de contrato nadie
se acordará del verdadero dueño de la tierra. Lo aseguramos sin vacilación: la
bancarización de la tierra derivada de la titulación, acabará “tumbándole” la
tierra al campesino. Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y
al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación
minero-energética y forestal.La naturaleza como fuente de información genética
no puede ser convertida en botín de las trasnacionales. Nos oponemos a la
invasión de las semillas transgénicas y a la privatización y destrucción de
nuestra biodiversidad y a la pretensión de hacer de nuestros campesinos pieza
del engranaje de los agro-negocios y sus cadenas agroindustriales. Están en
juego la soberanía y la vida misma.
En estos
términos, la titulación no es más que la legalidad que pretende lavar el rostro
ensangrentado del despojo que durante décadas ha venido ejecutando el
terrorismo de Estado. Para una trasnacional es más presentable decir “tengo un
título minero” a que se le sindique de haber financiado grupos paramilitares y
desterrado a una población para hacer viable su proyecto extractivo. Dentro de
esta dinámica en Colombia el régimen asesina no sólo con sus planes de guerra,
con sus paramilitares y sicarios, sino también con sus políticas económicas que
matan de hambre. Hoy hemos venido a desenmascarar a ese asesino metafísico que
es el mercado, a denunciar la criminalidad del capital financiero, a sentar al
neoliberalismo en el banquillo de los acusados, como verdugo de pueblos y
fabricante de muerte.
No nos
engañemos: la política agraria del régimen es retardataria y engañosa. La
verdad pura y limpia, como dice el Libertador Simón Bolívar, es el mejor modo
de persuadir. La mentira sólo conduce a la agudización del conflicto. El fin
último de tales políticas, en detrimento de la soberanía y del bienestar común,
es dar seguridad jurídica a los inversionistas, liberalizar el mercado de
tierras y lanzar el territorio al campo de la especulación financiera y
mercados de futuro. Independientemente de que exista o no la insurgencia
armada, ésta política multiplicará los conflictos y la violencia.
Acumulación
por desposesión y nueva espacialidad capitalista, eh ahí la fórmula del
proyecto político-económico de las élites neoliberales haciendo chorrear sangre
a la patria de la cabeza a los pies.
Es a esto
a lo que nos resistimos. Las FARC no se oponen a una verdadera restitución y
titulación de tierras. Por años hemos luchado, como pueblo en armas, por una
reforma agraria eficaz y transparente, y es precisamente por ello que no se
puede permitir que se implemente el despojo legal que el gobierno proyecta con
su ley de tierras. Por medio de la violencia del Plan Colombia y el proyecto
paramilitar, se preparó el territorio para el asalto de las trasnacionales. La
ley general agraria y de desarrollo rural, es esencialmente un proyecto de
reordenamiento territorial concebido para abrirle campo a la economía
extractiva en contra de la economía campesina, en desmedro de la soberanía
alimentaria y del mercado interno, al superponer el mapa minero-energético
sobre el espacio agrícola. Ni siquiera se tiene en cuenta la promoción de una
agroecología que permita una interacción amigable con la naturaleza.
Por otro
lado, la restitución de tierras tiene que aludir a las tierras que les
arrebataron violentamente a los campesinos, indígenas y afro descendientes, y
no a baldíos distantes de sus sitios raizales de existencia, también codiciados
hoy por las multinacionales. Pero resulta que este es un problema que tiene que
ver con todo el pueblo colombiano y que de hecho está salpicando de conflictos
todo el territorio. Hay una profunda inconformidad del país nacional con el
hampa financiera que se está apropiando de la Orinoquía. Ahora han aparecido
unos tales “nuevos llaneros” que de llaneros no tienen nada, como los magnates
Sarmiento Angulo y Julio Mario Santodomingo (hijo), los terratenientes Eder del
Valle del Cauca, el señor Efromovich, el ex vicepresidente Francisco Santos
(gestor del paramilitar Bloque Capital), los hijos de Uribe Vélez, entre otros
filibusteros, que ningún derecho tienen sobre esas tierras y que sólo quieren
clavar sus garras en el petróleo, el oro, el coltán, el litio, explotar grandes
proyectos agroindustriales y la biodiversidad de la altillanura. Abordar el
asunto agrario es discutir con el país sobre estos problemas. Que hablen los
verdaderos llaneros, esos de piel tostada por el sol de los bancos de sabana;
esos que por siglos han convivido en armonía con los morichales y el vuelo de
las garzas y de los alcaravanes; esos de pies descalzos que con su histórica
bravura empuñaron las lanzas para darnos la libertad.
El pueblo
tiene la palabra: Ahí está la patriótica resistencia de los trabajadores
petroleros contra la canadiense Pacific-Rubiales en Puerto Gaitán, cuyo
escenario de saqueo fue preparado con sangre por los paramilitares de Víctor
Carranza. Diariamente el vampiro trasnacional se lleva más de 250 mil barriles
de petróleo, mientras le succiona la sangre a más de 12 mil 500 trabajadores
tercerizados que como esclavos tienen que trabajar 16 horas diarias por 21 días
continuos por una semana de descanso. Su situación laboral es más atroz que la
impuesta por los enclaves bananeros de los años 20.
Ahí está
la resistencia de los pobladores del Quimbo, donde el gobierno pretende sacar a
patadas a la gente que ha vivido allá más de un siglo, destruyendo así sus trayectorias
culturales, de vida, y su entorno ambiental. ¿Vamos a dejar acaso que se hiera
de muerte al río de la patria que es el Río Grande de la Magdalena, sólo para
construir una represa que generará energía para la exportación y no para
resolver la demanda interna de millones de colombianos que no tienen acceso a
la energía eléctrica? Para el gobierno están primero las ganancias de la
trasnacional EMGESA que la suerte de las familias que quedarán desarraigadas.
Ahí está
la resistencia de los pobladores de Marmato (Caldas), gente humilde que siempre
ha vivido de la explotación artesanal aurífera y que ahora la trasnacional
MEDORO RESOURCES quiere borrar del mapa para convertir esa aldea en la mina de
oro a cielo abierto más grande del continente. Recordemos aquí, que hasta la
iglesia colombiana ha acompañado esa justa lucha en la que el sacerdote José
Idárraga, líder del Comité Cívico Pro defensa de Marmato, fue acribillado por
los esbirros de las trasnacionales.
Ahí está
la formidable resistencia indígena y campesina en el Cauca en defensa de su
territorio y de sus culturas ancestrales, y la de sus hermanos afrocolombianos,
guardianes patrióticos de la soberanía del pueblo sobre el Pacífico y nuestras
selvas.
Insisten
las castas dominantes en destrozar el páramo de Santurbán, riqueza de
biodiversidad y de aguas que sacian la sed de ciudades importantes como
Bucaramanga y Cúcuta. Por la codicia del oro pretenden destruir la alta montaña
y la pureza de las aguas del río Suratá. La dignidad de los hijos de José
Antonio Galán, el comunero, ha movilizado la resistencia, unificando incluso al
pueblo llano con el empresariado local, que ha comenzado a entender, que esta
es una lucha de toda Colombia.
¿Cómo
vamos a permitir que por complacer la voracidad por el oro de la ANGLO GOLD
ASHANTI se le entregue a esta multinacional el 5% de nuestro territorio? El
proyecto extractivo de esa empresa en La Colosa (Cajamarca) dejará una gran
devastación ecológica y privará de agua a 4 millones de colombianos que
dependen de sus fuentes hídricas.
La
locomotora minera es como un demonio de destrucción socio-ambiental que si el
pueblo no la detiene, en menos de una década convertirá a Colombia en un país
inviable. Frenemos ya las locomotoras físicas del Cerrejón y de la Drummond que
durante las 24 horas del día saquean nuestro carbón, asperjan polución al paso
de sus interminables vagones, dejándonos, como dice el cantautor vallenato,
Hernando Marín, sólo socavón y miseria. Frenemos a la BHP BILLITON, a
XSTRATA y la ANGLO AMERICAN, que para extraer 600 millones de toneladas de
carbón que yacen bajo el lecho del río Ranchería, pretenden desviar su curso,
lo que disminuirá el caudal de sus aguas en un 40% generando devastación
ambiental y destrucción irreparable al tejido social de los pueblos Wayúu.
Hay que
poner fin a esa monstruosidad que son los contratos a 20 y 30 años que
privilegian los derechos del capital en menoscabo del interés común.
Y claro,
se escuchan a los portavoces del gobierno y la oligarquía proclamando el
crecimiento de la economía nacional y sus exportaciones. Pero no, en Colombia
no hay economía nacional. Quienes exportan el petróleo, el carbón, el
ferroníquel, el oro y se benefician con ello, son las multinacionales. La
prosperidad, entonces es de éstas y de los gobernantes vendidos, no del país.
Este no
es un espacio para resolver los problemas particulares de los guerrilleros, sino
los problemas del conjunto de la sociedad; y dado que uno de los factores que
más impacta negativamente a la población es la subscripción de los Tratados de
Libre Comercio, éste es un tema que tendrá que abordarse indefectiblemente.
Pobre Colombia obligada a competir con las trasnacionales con una
infraestructura arruinada por la corrupción y la desidia.
Entonces
la paz… sí. Sinceramente queremos la paz y nos identificamos con el clamor
mayoritario de la nación por encontrarle una salida dialogada al conflicto
abriendo espacios para la plena participación ciudadana en los debates y
decisiones.
Pero la
paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación
de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y
militares. Sí, la paz no es la simple desmovilización. Decía el comandante
Alfonso Cano: “Desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es
rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario que
cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales, es una indignidad que
lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro
compromiso y propuesta bolivariana”. Necesariamente tendremos que abocar las
causas generadoras del conflicto y sanear primero el cangro de la
institucionalidad. Claro, desde el punto de vista estrictamente económico, para
una trasnacional es más fácil saquear los recursos naturales del país sin la
resistencia popular y guerrillera. Apoyados en ejercicios sencillos de
matemática, podemos afirmar que la guerra es insostenible para el Estado, por
las siguientes consideraciones:
En
Colombia hay un régimen jurídico que se acompaña con la protección militar de
las inversiones. De unos 330.000 efectivos de las Fuerzas Militares, 90 mil
soldados son utilizados para cuidar la infraestructura y las ganancias de las
multinacionales. El enorme gasto que esto representa, aunado al costo de la
tecnología empleada, pone en evidencia los límites de la sostenibilidad de la
guerra. Nosotros hacemos un llamado sincero a los soldados de Colombia, a los
oficiales y sub oficiales, a los altos mandos que aun sientan en su pecho el
latir de la patria, a recobrar el decoro y la herencia del ideario bolivariano,
que reclama a los militares emplear su espada en defensa de la soberanía y las
garantías sociales. Qué bueno sería protagonizar el surgimiento de unas nuevas
Fuerzas Armadas. No más sumisión a Washington, no más subordinación al Comando
Sur y no más complacencia con la expansión de bases militares extranjeras en
nuestro territorio.
Esa es la
hoguera que arde en nuestro corazón; por eso no pueden ser más que un agravio
los llamados instrumentos jurídicos de justicia transicional que apuntan a
convertir a las víctimas en victimarios. Que se tenga presente, que el
alzamiento armado contra la opresión es un derecho universal que asiste a todos
los pueblos del mundo, que ha sido consagrado en el preámbulo de la declaración
de los derechos humanos aprobada por la ONU en 1948, y que además es un derecho
consignado en muchas constituciones de las naciones del mundo. No somos causa
sino respuesta a la violencia del Estado, que es quien debe someterse a un
marco jurídico para que responda por sus atrocidades y crímenes de lesa
humanidad como los 300 mil muertos de la denominada época de la violencia en
los años 50, que responda por los 5 mil militantes y dirigentes de la Unión
Patriótica asesinados, por el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente
del Estado, por el desplazamiento de cerca de 6 millones de campesinos, por los
más de 50 mil casos de desaparición forzada, por las masacres y los falsos
positivos, por las torturas, por los abusos de poder que significan las
detenciones masivas, por la dramática crisis social y humanitaria; en síntesis
que responda por el terrorismo de Estado. Quien debe confesar la verdad y
reparar a las víctimas son sus victimarios atrincherados en la espuria
institucionalidad.
Somos una
fuerza beligerante, una organización política revolucionaria con un proyecto de
país esbozado en la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, y nos anima
la convicción de que nuestro puerto es la paz, pero no la paz de los vencidos,
sino la paz con justicia social.
La
insurgencia armada motivada en una lucha justa no podrá ser derrotada con bombarderos
ni tecnologías, ni planes por muy sonoros y variados que sean sus
denominaciones. La guerra de guerrillas móviles es una táctica invencible. Se
equivocan aquellos que embriagados de triunfalismo hablan del fin del fin de la
guerrilla, de puntos de inflexión y de derrotas estratégicas, y confunden
nuestra disposición al diálogo por la paz con una inexistente manifestación de
debilidad. Nos han golpeado y hemos golpeado, sí. Pero con el romancero español
podemos decir: “por fortuna os vanagloriáis porque vuestras armas están
bruñidas; en cambio mirad las mías, qué amelladas están, porque hieren y han
sido heridas”. Así son los avatares de la guerra. El Plan Patriota del Comando
Sur de los Estados Unidos ha sido derrotado y la confrontación bélica se
extiende hoy con intensidad por todo el territorio nacional. No obstante en
nosotros palpita un sentimiento de paz fundado en el convencimiento de que la
victoria siempre estará en manos de la voluntad y la movilización de nuestro
pueblo. “Este es un mensaje de decisión, decía hace poco Alfonso Cano: aquí en
las FARC nadie está amilanado, ¡estamos absolutamente llenos de moral, de moral
de combate!”.
Presidente
Santos, fundemos la paz tomando como base los anhelos de la nación.
Convocamos
a todos los sectores sociales del país, al Ejército de Liberación Nacional,
ELN, a los Directorios de los partidos políticos, a Colombianas y Colombianos
por la Paz, organización que liderada por Piedad Córdoba trabajó denodadamente
por abrir esta senda, a la Conferencia Episcopal y a las iglesias, a la Mesa
Amplia Nacional Estudiantil (MANE), a la Coordinadora de Movimientos Sociales
de Colombia (COMOSOCOL), a los promotores del Encuentro por la Paz de Barranca,
a los indígenas, a los afro-descendientes, a los campesinos, a las
organizaciones de desplazados, a la ACVC, a la Asociación Nacional de Zonas de
Reserva Campesina (ANZORC), a las centrales obreras, a las mujeres, al
movimiento juvenil colombiano, a la población LGTBI, a los académicos, a los
artistas y cultores, a los comunicadores alternativos, al pueblo en general, a
los migrados y exiliados, a la Marcha Patriótica, al Polo Democrático, al
Congreso de los Pueblos, al Partido Comunista, al MOIR, a la Minga Indígena, a
los amantes de la paz en el mundo, para que llenen de esperanza este intento de
solución diplomática del conflicto.
Simón
Trinidad ya manifestó desde la cárcel imperial de Florence (Colorado), donde
está condenado injustamente a 60 años de presidio, su total disposición para
participar en los diálogos por la paz de Colombia. En un acto de sensatez la
Fiscalía colombiana ha dicho que él tiene todo el derecho a hacer parte de la
delegación de las FARC en la mesa de conversaciones y el Consejo Superior de la
Judicatura ofreció la tecnología y la logística para que eso sea posible. El
gobierno de los Estados Unidos haría un gran aporte a la reconciliación de la
familia colombiana, facilitando la participación de Simón, de cuerpo presente
en esta mesa.
Finalmente
queremos expresar nuestra eterna gratitud a los gobiernos y pueblos de Noruega,
Cuba, Venezuela y Chile, que desplegaron sus esfuerzos mancomunados desde
Escandinavia, desde el Caribe, desde la cuna de Simón Bolívar y desde el
indómito Arauco de Neruda y Allende, para que el mundo pueda contemplar el
prodigio de la nueva aurora boreal de la paz. También resaltamos la
contribución del CICR como garante del traslado de voceros de las FARC desde
agrestes regiones colombianas bajo el fuego.
Rendimos homenaje a nuestros caídos, a nuestros prisioneros de guerra, a nuestros lisiados, a la abnegación de las Milicias Bolivarianas, al Partido Comunista Clandestino y al Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, y junto a ellos al pueblo fiel que nutre y acompaña nuestra lucha.
Sin aún
comenzar la discusión, no coloquemos como espada de Damocles, a pender amenazas
sobre la existencia de esta mesa. Sometamos las razones de cada una de las
partes contendientes al veredicto de la nación, a la veeduría ciudadana. No
permitamos que los manipuladores de opinión, desvíen el rumbo de esta causa
necesaria que es la reconciliación y la paz de los colombianos en condiciones
de justicia y dignidad. La gran prensa no puede seguir actuando como juez
inicuo frente al conflicto, porque como decía Cicerón, “un juez inicuo
es peor que un verdugo”. De los esfuerzos de todos y de la solidaridad del
mundo, depende el destino de Colombia. Que la oración por la paz de Jorge
Eliécer Gaitán ilumine nuestro camino:“Bienaventurados los que entienden que
las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de
rencor y exterminio. ¡Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la
bondad de las palabras la impiedad para los hombres del pueblo, porque ellos
serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia!”.
Damos la
bienvenida a este nuevo emprendimiento por la paz con justicia social. Todos,
por la solución incruenta del conflicto colombiano.
¡Viva
Colombia/ Viva Manuel Marulanda Vélez/ Viva la paz!
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
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