miércoles, 30 de enero de 2013


La renta básica como remuneración de la vida productiva.


 

ANDREA FUMAGALLI

1. Introducción: la vida puesta en valor.

 
La idea de una renta desligada del trabajo no es reciente. Ella data del período de formación de los Estados nacionales en Europa, cuando la presencia de una organización estatal capaz de gestionar los derechos del señoraje sobre la emisión de la moneda y garantizar la integridad de las fronteras nacionales, permitió la posibilidad de aplicar políticas económicas redistributivas. Pero será con la llegada del sistema capitalista de producción que la propuesta de una renta de ciudadanía tome vigor al interior de aquella corriente de pensamiento referenciada en el  socialismo utópico y libertario. Extrayendo fuerzas de la separación entre derechos de ciudadanía y condición laboral, sancionada por la revolución francesa, pondrá fin, al menos desde un punto de vista formal y jurídico, a formas de coacción sobre el trabajo no remunerado (de servidumbre y esclavitud) Es en este contexto que en la lengua italiana se empieza a hablar del rédito de ciudadanía[1] destinado a definir la garantía de la continuidad de una renta independientemente de la condición laboral orientada al disfrute pleno y consciente de la ciudadanía nacional.

Hoy, en el contexto definido de capitalismo cognitivo[2], se vuelve necesario hablar más bien de renta de existencia, para subrayar, por un lado, que la vida misma se ha convertido en un ámbito de valorización y acumulación capitalista, y por otra, que el concepto de ciudadanía nacional, en un marco de globalización y de migraciones, requiere una profunda revisión y ajuste.

En el debate francés, algunos de los autores prefieren utilizar a tal fin la expresión ingreso social garantizado (RSG, revenue social garantie), [3].

En la lengua inglesa, esta cuestión terminológica pierde de importancia en el mismo momento en que se habla, indistintamente, de ingreso básico (basic income)

 

                                                                          * * * * *

 En el capitalismo conocimientos no existe actualmente ninguna norma distributiva sea directa o indirecta. El desmantelamiento del welfare keynesiano en formas de workfare se ha visto acompañado por una disminución del vínculo entre crecimiento de la productividad material y crecimiento del poder adquisitivo de las rentas del trabajo. Este resultado es el fruto tanto del  proceso de financiarización que del peso creciente del conocimiento como factor de acumulación.

En el primer caso, los mercados financieros tienden cada vez más a asumir el papel del  seguro social privado, siguiendo coordenadas y dinámicas individualizadas e inestables [4]. En el segundo caso, el peso creciente del conocimiento y de la producción inmaterial en el proceso de acumulación hacen más problemática una medición de las ganancias de productividad, cada vez más dependientes de factores sociales y no atribuibles ya a individuos singulares.  El welfare se individualiza, mientras que la productividad se socializa: asentada en esta paradoja se deriva la creciente inestabilidad del capitalismo cognitivo así como la crisis de los mecanismos de redistribución que originan nuevos factores endógenos de contradicciones. Al respecto, basta destacar los siguientes:
 
-           producción y cooperación social vs individualización de la relación de trabajo y jerarquía.

Es sobre esta doble dialéctica que se exterioriza la producción de plusvalía, se registra el proceso de explotación del capitalismo cognitivo y se consuman las nuevas formas de enajenación. Es aquí donde se define la nueva relación capital – trabajo y sus manifestaciones reales. De un lado la solicitud de participación, de relación y de comunión asociados a los intentos productivos de la empresa; por otro lado, la precariedad de la relación individual, la inquietud, la incertidumbre y la frustración sicológica y existencial en la que se deriva.
 
-          Tiempo de trabajo vs tiempo de vida, producción vs reproducción.

 La superposición entre tiempo de vida y tiempo de trabajo y, por consiguiente entre producción y reproducción, es la fenomenología concreta de la supremacía del trabajo abstracto sobre el trabajo concreto en el capitalismo cognitivo.
 
-           Explotación del común vs expropiación privada.

 La puesta en valor de todas las facultades humanas y de la inherente industria social que se despliega en el trabajo concreto deviene trabajo abstracto en el momento mismo en que el resultado que esta industria produce, recibe remuneración monetaria dentro de la estructura propietaria (en la que existe la propiedad individual) del accionar común.
 
-          Workfare vs commonfare.

  En el ámbito social, la condición de precariedad generalizada y existencial se traduce en una filosofía de comportamiento individual, que basa su legitimidad en "hacer por sí mismos y contra los demás" y en el desmantelamiento de toda forma de protección social supra individual. En el mismo momento en que cualquier servicio social (de la salud, la seguridad, la seguridad y defensa personal) es demandado a sí mismo, el individualismo como filosofía social pasa a ser hegemónico, precisamente en el momento en que la producción se socializa.
 
Para aliviar la inestabilidad estructural del actual capitalismo cognitivo, se requiere, al menos desde u pounto de vista teórico, repensar la definición de las variables redistributivas de modo que estén más a tono con con la producción del valor y acumulación del actual capitalismo cognitivo.
 
En lo que se refiere a la esfera del trabajo, hay que reconocer que en el capitalismo cognitivo la remuneración del trabajo se traduce en la remuneración de vida: por lo tanto aquello que en fordismo era el salario, hoy en el capitalismo cognitivo pasa a ser ingreso de existencia (basic income) y el conflicto que se abre ya no es más la lucha por los altos salarios (para decirlo en términos keynesianos) sino, más bien, la lucha por una continuidad de los ingresos prescindiendo de toda actividad laboral certificada por cualquier relación de trabajo. Después de la crisis del paradigma fordista-taylorista, la división entre tiempo de vida y tiempo de trabajo ya no es fácilmente sostenible. Los sujetos más explotados en el mundo del trabajo son aquellos cuya vida es puesta enteramente a trabajar. Esto ocurre, en primer lugar, en aquellos trabajos que se realizan en el sector de servicios y en aquellos sujetos a una prolongación del horario de trabajo, sobre todo en el caso de la fuerza de trabajo migrante. Gran parte de la actividad laboral realizada  en las actividades del sector terciario no ocurre en el lugar de trabajo. El salario es la remuneración del trabajo y el ingreso individual es la suma de todos los ingresos que se derivan de vivir y de las relaciones en un territorio (trabajo, familia, subvenciones, posibles rentas, etc. , etc. ) y que determinan el estándar de vida. Mientras hay separación entre trabajo y vida, hay también una separación conceptual entre salario e ingreso individual; pero cuando el tiempo de vida deviene el mismo que el tiempo de trabajo, se desvanece la diferencia entre ingreso y salario.
 
De hecho, el  tendencial solapamiento entre trabajo y vida, por lo tanto entre salario e ingreso no es  considerado aún en el ámbito de la regulación institucional. El ingreso de existencia (basic INCOME) puede representar un elemento de regulación institucional adecuado a las nuevas tendencias de nuestro capitalismo. Nos Introduce –como veremos más adelante –en el l tema de cómo distribuir la riqueza social que se deriva de la cooperación y la productividad social que se ejerce en un territorio (que hoy es privativa de los beneficios y de las rentas mobiliarias e inmobiliarias). Desde este punto de vista, el ingreso básico (basic income)no es definible como un instrumento asistencial, sino, más bien, como remuneración de la cooperación productiva. En otras palabras, el ingreso básico (basic income) es un instrumento distributivo y no redistributivo. En este contexto, los conceptos de salario e ingreso aparecen como complementarios y no conflictivos.

 
 2. Las distintas concepciones del "basic INCOME"

  Según las diferentes interpretaciones de la fase capitalista, se tienen distintas acepciones del concepto de ingreso desligado del trabajo, o basic INCOME. Tres son las líneas de pensamiento principales, que atraviesan transversalmente todas las posiciones teóricas, políticas y económicas, favorables o críticas al sistema capitalista de producción. La primera es la propuesta o enfoque neo-liberal y hace referencia principalmente al pensamiento de Milton Friedman[5]. Este enfoque se basa en idea de "impuesto fiscal negativo”. En este contexto, las funciones económicas y sociales del Estado son reducidas al mínimo: el impuesto fiscal negativo desempeña la única función redistributiva admitida, para aquellos ingresos que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza relativa, obteniendo del Estado la cuota de ingreso faltante sin pagar impuestos. Esta medida, que garantiza un mínimo de renta a quien no los posee, va pari passu con el desmantelamiento del Estado social. Con excepción de la justicia y de la defensa, todos los servicios sociales se privatizan y los dejan a merced de las jerarquías impuestas por el libre mercado.

El segundo enfoque teórico hace referencia al enfoque social-liberal, o sea al conjunto de formulaciones teóricas que se basan en la primacía del mercado, para el que los posibles efectos distorsionadores serán reglamentados o por la autoridad o por mínimas intervenciones del welfare[6]. Reconoce que el proceso de desmantelamiento del welfare state combinado con una excesiva flexibilización del mercado de trabajo puede tener efectos negativos en el plano redistributivo, ejemplificados tras un aumento de la pobreza y en el fenómeno de los working poor. En este caso, como en el anterior, en lugar de ingreso de existencia sería más correcto hablar de ingreso mínimo. Con esta expresión, se entiende el desembolso, bajo la forma de subsidio, aunque incondicional, de un ingreso para todos aquellos que, independientemente de la condición profesional (desempleados o no), se encuentren por debajo de la línea de pobreza relativa. Una versión más edulcorada  es la que se conoce con el nombre de salario garantizado [7]. A diferencia de la fórmula del ingreso mínimo, el salario garantizado es asegurado sólo para un período de tiempo limitado y sólo alcanza a los desempleados y de manera condicional. En Italia, durante el Gobierno de centro-izquierda desde 1997 al 2001, se experimentó con la Ley Turco sobre el ingreso de inserción, que garantizaba un apoyo a los ingresos familiares para las familias que estuvieran por debajo de la línea de pobreza, por una duración máxima de 24 meses y a condición de que hubiera un compromiso concreto de búsqueda de un trabajo o de realización acorde a una frecuencia de cursos de reciclaje profesional, para mantener el subsidio.

 La tercera idea del ingreso de ciudadanía hace eje en el hecho de que todo individuo, independientemente de su condición (género, religión, edad, la condición profesional y/o de ingreso), tiene derecho, en cuanto ser humano, a un ingreso incondicional y no perecedero, como parte de la riqueza social. Esta orientación, que se basa en primer lugar sobre bases ético-filosóficas, se está promoviendo en Europa por la red europeo para el basic INCOME (bien), 8 y en EEUU por la USBIG (United States Basic Income Guarantee). El exponente más  influyente de este enfoque es, sin duda, Philippe van Parijs[9]. La justificación de un ingreso básico (basic INCOME) se basa, en primer lugar, en la necesidad de considerar el género humano como una estructura social "cooperante», en la que todo individuo genera  su aporte que, como tal, debe ser reconocido y le da derecho a una porción, también mínima, de la riqueza social producida. El derecho al ingreso es así un derecho inalienable primario, es decir hace parte de esos derechos que definen la esencia misma de la vida humana. En el plano más estrictamente filosófico, el ingreso de ciudadanía está también justificado como especie de reembolso debido a la expropiación “social” que la difusión de la propiedad privada ha generado en el curso de la historia humana. La distribución de la propiedad privada no ha sido el resultado de un proceso igualitario sino que se ha basado y se basa en formas de opresión y de jerarquías sociales. El basic INCOME puede ser considerado desde este punto de vista como  una especie de indemnización frente a la expropiación originaria[10]

Analicemos estas tres líneas de pensamiento a la luz de las transformaciones producidas  por la transición al capitalismo cognitivo.

 El enfoque neo-liberal así como el social liberal entienden el ingreso de ciudadanía como mero subsidio, para más, condicionado. En el caso neo-liberal, a cambio de erogar ingresos para los más necesitados, se tiene la casi total privatización de los servicios sociales y, de hecho, la desaparición del Estado como agente económico activo y el restablecimiento del libre mercado como único marco de regulación económica eficaz. En el caso social-liberal, la garantía del ingreso es una forma de subsistencia, justificado por el fracaso parcial de la economía de mercado, sobre todo en lo que respecta los efectos de redistribución. En las distintas fórmulas con que esta subsistencia ha sido formalizada en algunos países europeos, se trata siempre de un subsidio que, de algún modo, debe ser "ganado", a través de mean tests, es decir, la "prueba de los medios», y que, sin embargo, tiene una valencia temporal y provisoria para facilitar el acceso al mercado del trabajo. En cuanto mera subsistencia, el ingreso de ciudadanía en la versión social-liberal es, sin embargo, dependiente de las condiciones existentes en el mercado del trabajo y del nivel salarial existente. Quién lo percibe debe someterse a una serie de obligaciones (aceptación de propuestas de trabajo, siempre que sean adecuadas a las competencias adquiridas, –como sucede en Bélgica, Francia, Dinamarca– y/o a la frecuencia de cursos de reciclaje y formación profesional). El nivel del ingreso pagado corre el riesgo de ser así competitivo con los niveles salariales y, como el caso francés lo muestra, su reducción puede tener efectos negativos sobre los niveles salariales.

Si en el caso neo-liberal, la propuesta de ingreso de ciudadanía es contraria y sustitutiva de la idea del Welfare State, en el caso social-liberal, ésta conduce a formas de disciplinamiento y control del mercado del trabajo (en particular la oferta) con posibles efectos calmieranti sobre los salarios. Se mueve así  en la perspectiva del workfare.

 Por último, en ambos casos, es más apropiado hablar realmente de ingreso de ciudadanía, en la medida que la propuesta está inmersa en un contexto de soberanía nacional, a cuyo interior buena parte de los inmigrantes no son tomados en consideración, en la medida quie no son aún ciudadanos legalmente constituidos, sobre la base del estructura legislativa existente[11].

 El enfoque social-liberal es el que en los últimos años ha recibido el mayor interés por parte de los políticos y académicos. La atención se ha de hecho concentrado sobre los efectos de la introducción del ingreso de ciudadanía en el mercado de trabajo y sobre cuan alto debría ser su nivel. Los estudios de Bowles (1992), Van der Linden (1997), Kesenne (1993), Groot (1999) y Serati (2001) han señalado en particular la posible existencia de un trade-off entre ingreso de ciudadanía y tasa de actividad, si éste se sitúa por arriba de la línea de pobreza relativa. Atkinson (1995) y Atkinson y Morgensen (1993) por su parte han estudiado el problema de la financiación. Utilizando los instrumentos teóricos del enfoque keynesiano bastardo[12], los principales resultados afirman que el ingreso de ciudadanía produce efectos positivos sólo si no es demasiado elevado y no superior al umbral de la pobreza relativa ; y funciona como un perfecto sustituto de los subsidios al desempleo, a fin de permitir un financiamiento sostenible.

 En el mismo momento que se considera al ingreso de ciudadanía como mero subsidio, dentro de un marco nacional, direccionado en su mayoría  (y condicionado por ello) hacia la inserción laboral, de hecho se mueve en el ámbito reformista, dentro de una concepción socio-económica que sigue siendo todavía fordista-keynesiano.

Diferente en parte es la posición de Van Parjis, Guy Standing y del Bien. En primer lugar, el énfasis se coloca sobre el carácter individual y universal del ingreso de ciudadanía. Se trata de una medida que vale en sí mismo y para sí y no es un instrumento para alcanzar un fin determinado (pleno empleo o inserción laboral). Su justificación reside por tanto en el plano de la justicia social y asume las formas de una indemnización para la existencia de una desigual distribución de la riqueza. Sin embargo, este marco, cuando se desarrolla en el plano económico, recae en la idea que el ingreso de ciudadanía es asimilable a una nueva y más moderna forma de asistencia, pilar portadora de un welfare más adecuado a las formas modernas de producción.

La idea de ingreso de existencia, en cambio, hace eje en  el concepto de "remuneración" o "reconocimiento" y no de intervención asistencial (subsidio, transferencia, etc. ). La lógica que justifica la existencia por tanto es completamente invertida. En el contexto actual del capitalismo cognitivo la riqueza se distribuye entre aquellos que ponen en valor la vida (todas y todos los residentes, nadie excluido, independientemente de la ciudadanía, etc. ), por un lado, y aquellos (una cuota menor) que extraen valor de la apropiación privada de los bienes comunes (explotación de los derechos de propiedad intelectual, en el territorio, sobre los flujos financieros, etc. ) o que obtienen beneficios de la actividad productiva y terciaria.

 En otras palabras, el ingreso de existencia no es otro hoy que la contrapartida del salario en la época fordista.

Como escribe C. Vercellone, el ingreso de existencia debe considerarse:

"como un ingreso primario, es decir como un salario social ligado a una contribución productiva hoy no remunerada y no reconocida" 13.

Esto deriva – lo repetimos – de las transformaciones cualitativas que han afectado el modo de trabajar en el paso del capitalismo fordista al capitalismo cognitivo.

Contrariamente a los enfoques en términos de fin del trabajo, la crisis actual de la norma fordista  del empleo está lejos de significar una crisis del trabajo como fuente principal de la producción de riqueza. Al contrario:

"El capitalismo cognitivo no es solo una economía intensiva en el uso del saber, sino que  constituye al mismo tiempo y quizás aún más que en el capitalismo industrial, una economía intensiva en trabajo, aunque esta dimensión nueva del trabajo escapa ya a su medida oficial, y no  puede ser del todo asimilada a las formas canónicas del trabajo asalariado" [14].

Esta transformación encuentra su origen principal en la forma como el desarrollo de una intelectualidad difusa y la extensión de la dimensión cognitiva del trabajo han conducido tanto a nivel de la fábrica como de la sociedad, a la afirmación de una nueva preponderancia del saber vivo y movilización del trabajo, respeto a los saberes incorporados en el capital fijo y en la gestión y organización empresarial. De aquí deriva también la crisis del "régimen temporal" que en la época fordista distinguía claramente entre el tiempo de trabajo directo, efectuado durante la  jornada oficial de trabajo, considerado como el único tiempo productivo, y los otros tiempos sociales dedicados a la reproducción de la fuerza de trabajo, considerados como improductivos.

En otras palabras, la valorización en el capitalismo cognitivo no se basa sólo en la utilización del trabajo humano (manual y intelectual) aplicado a las máquinas, asentada en la división taylorista del trabajo, sino, y cada vez más, en el uso de ese capital llamado intangible (educación, formación, salud, I&D) incorporado en lo esencial al cerebro de los hombres (capital humano). Se deduce que las condiciones de la reproducción y la formación de la fuerza de trabajo se han convertido directamente en productivas y que la fuente de la riqueza de las naciones se encuentra cada vez más por fuera del sistema de empresas.

 A la división taylorista se añade así una división cognitiva del trabajo basada en la creatividad y capacidad de aprendizaje de los trabajadores mediante el intercambio relacional de conocimiento y conocimiento. En esta perspectiva, el tiempo de trabajo inmediato dedicado a la producción horaria oficial de trabajo no es otro que una fracción del tiempo social de producción. Por su misma naturaleza, el trabajo cognitivo se presenta como la combinación compleja de una actividad de reflexión, de comunicación y de producción de saber que se desarrolla tanto aguas arriba como fuera del trabajo inmediato de producción. El ingreso de existencia es tan simple como la remuneración de este excedente de trabajo que deriva del mero hecho de "vivir».

Es un instrumento redistributivo inmediato entre aquellos que explotando este excedente de trabajo vivo no remunerado obtienen porciones crecientes de riqueza para uso privado y aquellos (la mayoría) que no pueden alcanzar  a esta riqueza. Desde que el proceso de trabajo coincide de manera creciente con la propia existencia de los seres humanos, el ingreso de existencia es al mismo tiempo medida de bienestar y aguja de la balanza del conflicto redistributivo. La esfera de la producción (donde se determina la remuneración del trabajo vivo) y la esfera de distribución no pueden ser objeto de una escisión.

 

3. Definición de renta de existencia.

 

El ingreso de existencia es un objetivo instrumental que puede representar uno de los ejes centrales para la solución de las principales contradicciones internas del capitalismo cognitivo de doble naturaleza.

Es al mismo tiempo una medida subversiva y reformista, sin embargo poco compatible con las que parecen ser hoy las estrategias dominantes tanto de las empresas como de las políticas económicas a nivel europeo y/o italiano. Pero esto lo debatiremos más adelante. Desde un punto de vista definitorio, por ingreso de existencia se entenderá el desembolso de una cierta suma monetaria a plazo regular y perpetua capaz de garantizar una vida digna, independientemente de la prestación laboral efectuada. Este desembolso debe tener dos características fundamentales: debe ser universal e incondicional, es decir, debe entrar en el círculo de los derechos humanos. En otros términos, el ingreso de existencia debe ser dado a todos los seres humanos de manera no discriminatoria (de sexo, raza, religión, de ingresos). Es suficiente, para tener derecho, el solo hecho de "existir". Por eso es mejor la denominación de "ingreso de existencia" o "basic income” antes  que “ingreso de ciudadanía", que requiere aclarar que el concepto de ciudadanía no está sometido a ninguna forma de inclusión o condición (es decir, no obliga a asumir compromisos y/o comportamientos particulares). Los dos atributos – universal e incondicional – evacúan la posibilidad de múltiples equívocos. El concepto de ingreso entra exclusivamente en el ámbito de la distribución de los recursos, una vez dado el nivel de riqueza global, es decir, es un instrumento del bienestar. Todas las propuestas de tipo distributivo que hacen referencia a la condición profesional (estado de desempleo o/o de precariedad insuficiente para garantizar un ingreso mínimo) o a la obligación de asumir compromisos de tipo contractual, o a la obligación de asumir alguna prestación laboral, (como el ingreso mínimo de inserción en Francia), son discriminatorias y no conformes al estatuto de «derecho inalienable individual".

 El ingreso de existencia es la variable redistributiva más adecuada del capitalismo cognitivo. En el mismo momento en que la vida no sólo está sometida por el trabajo, sino que es puesta a trabajar, pasa a ser obligado necesario y justo remunerar la existencia.

El caso es que ahora la jornada de trabajo efectivo y real tiende cada vez más a "desbordar» la jornada de trabajo contractual eliminando la distinción entre trabajo y no trabajo, o, como hemos dicho antes, entre los ingresos y salario. Debemos partir de aquí. El ingreso de existencia está definido por dos componentes: la primera es una componente estrictamente salarial, sobre la base de la prestación de vida que inmediatamente se traduce en prestación laboral  (tiempo de trabajo certificado y remunerado, pero también el tiempo de vida utilizado para la formación, la actividad relacional y la actividad reproductiva); la segunda es un componente de ingreso (adicional al primero) que es el fruto de la distribución para cada individuo de la riqueza social fruto de la cooperación y de la productividad igualmente social del territorio (y que hoy es del todo privativo de los beneficios y las rentas mobiliarias e inmobiliarias)

Desde este punto de vista, el ingreso de existencia no es sólo una ampliación, una subsistencia o un instrumento contra la pobreza; puede cumplir también la tarea de reducir la pobreza [15] pero en el actual contexto productivo, el  ingreso de existencia es, sobre todo, la remuneración de una actividad laboral ya previamente llevada a cabo.

En el marco del capitalismo cognitivo, por tanto, el ingreso de existencia asume simplemente la tarea de contribuir a remunerar la entera y efectiva actividad social de trabajo. Desde este punto de vista, el ingreso de existencia entra en ese sistema de justa cooperación social propuesto por Rawls[16], a propósito del planteamiento  cooperación a reciprocidad y, asimismo, sobre la misma línea sin de ese contrato de solidaridad mutua que puede ser hecho posible precisamente tras la introducción de una renta de esistenza[17]. Desde este punto de vista, la renta de existencia aparece como una medida puramente reformista. Al contrario, puede también funcional al proceso de acumulación. En efecto, no sólo es una remuneración de vida laboral ya realizada, pero también es un factor de desarrollo de las actividades conocimientos-cerebrales que son hoy cada vez más centrales para la estructura productiva, para los niveles de competitividad, que una miope política salarial o de reducción de costes o de dumping social impide que se desarrolle. Si se quiere aumentar la actividad de I+D y de innovación, si se quiere aumentar la competitividad de las producciones a mayor contenido de conocimiento y por tanto evitar la competencia de los países emergentes, si se quiere que la propia realidad económica sea capaz de intervenir sobre la definición de paradigma y de las trayectorias tecnológicos dominantes, pasa a ser cada vez más necesario desarrollar el capital humano y favorecer la producción de general intellect la renta de existencia, en teoría, puede desempeñar así una función de estabilización de los ingresos, reducir la incertidumbre, incrementar los procesos de aprendizaje y en última instancia favorecer acumulación capitalista, según el siguiente esquema: renta de existencia à crecimiento general intellect aumento productividad à crecimiento acumulación sin embargo Casi todas las partes sociales son contrarias hasta la introducción: los sindicatos porque aún no han comprendido a fondo las transformaciones del trabajo, temen la desaparición de su base de rapprentanza y, sobre todo, están vinculados a una concepción del trabajo asalariado fundamentalmente etica[18]. Las asociaciones empresariales, a diferencia del comportamiento conservador la mayor parte de los sindicatos, consideran la introducción de la renta de existencia como potencialmente peligroso para el mantenimiento del mando en el trabajo. Y en efecto, desde su punto de vista, no tienen todos los injusticias. La introducción de la renta de existencia, en efecto, puede ser considerado un potencial contropotere[19] que mina el actual sistema de subordinación de la multitud precaria. Garantizar un ingreso estable y continuado a independientemente de la prestación laboral significa reducir el grado de ricattabilità de los trabajadores individuales/sondas, ricattabilità impuesto dall'individualismo contractual y por la necesidad del trabajo para poder vivir. También significa poder ejercer el "derecho de elección del trabajo" (en lugar del tradicional "derecho al trabajo", cualquiera que éste sea), elemento que podría socavar la base los cimientos del control jerárquico y social del capitalismo conocimientos. Al mismo tiempo, la sustracción parcial o total, según los contextos, a la ricattabilità del necesita puede potencialmente favorecer un proceso de recomposición de la multitud precaria. Decimos «potencialmente», puesto que esta concentración parcelaria no es automática pero depende de las subjetividad de individuos involucrados. El resultado que causaría sería en todo caso una menor disponibilidad aceptación par de cualquier condición laboral. En segundo lugar –y este es un factor aún más pertinente, aunque más subestimarse –la existencia de una renta de existencia exigiría que una cuota (más o menos amplia) de la riqueza social producida por el general intellect y la estructura cooperativa productiva debe volver a los mismos "productores". Esto significa una reducción de los márgenes de beneficio, es decir, el valor añadido generado por explotación de la cooperación social y de los bienes comunes, a menos que los aumentos de productividad inmaterial, generadas por las nuevas condiciones laborales más estables, ciertas y satisfactorias (desde el punto de vista renta) no sean capaces de compensar esta reducción. Introducir una renta de existencia en el capitalismo conocimientos puede ser considerado similar a los aumentos salarios actualidad del capitalismo sistema-industrial.

Ahora, en ", el aumento salarial o una política de altos salarios, según la feliz expresión de Keynes, podía tener dos efectos: poner en crisis el sistema productivo si este aumento no era soportable la estructura de los costes y las condiciones tecnológicas existentes, y por lo tanto sentar las bases para una superación del mismo sistema capitalista, o bien, por otra parte, garantizar un crecimiento de pleno empleo con ingresos y beneficios crecientes. El pacto social sistema había precisamente el fin de favorecer la segunda alternativa dentro de un mecanismo regular y de control garantizado por el Estado-nación.

 A diferencia de un aumento salarial, la introducción de una renta de existencia, sin embargo, no conseguiría sólo sobre los costes de las empresas, por el momento que éste se vería abonada a nivel territorial, nacional o supranacional por las autoridades públicas. En otras palabras, la financiación de la renta de existencia depende de la estructura fiscal existente. En el capitalismo conocimientos, un nuevo pacto social podría, pues constar de una renta de existencia de ser compatible con un vínculo fiscal todo por definir y que no provocar una modificación excesiva de las relaciones de mando y de jerarquía en el mercado del lavoro[20]. Pero nada puede garantizar todo esto: en efecto, el papel potencial de contrapoder monetario ( es decir, la independencia del chantaje renta) y de contrapoder productivo-cultural (es decir, la posibilidad de elegir y no sufrir su actividad laboral y de recuperará de parte de la producción social que se ha contribuido a crear) depende de la percepción y por las subjetividad que constituyen la multitud precaria y, por tanto, por definición no son controlables. Desde este punto de vista, la renta de existencia es subversivo e incide en el informe de explotación y la producción de plusvalía del capitalismo conocimientos. * * * * * sobre la base de lo observado, se puede hablar de renta de existencia sólo si se está en presencia de al menos cuatro requisitos mínimos esenciales. El primer requisito es deseo, tras el hecho de que el trabajo conocimientos tiende individual, aunque luego hace referencia a un bien común como el conocimiento. El segundo parámetro es que la renta de existencia debe ser concedida a todos aquellos que operan en un territorio, independientemente de la ciudadanía, el sexo, la religión:residenzialità. El tema es delicado, porque hace referencia al concepto de ciudadanía, basado respecto a la idea de ius solos o ius sanguinis. En Italia y en buena parte de Europa el concepto de ciudadanía está basado en el ius sanguinis, para que un hijo de inmigrantes otan en Italia no ha automáticamente la ciudadanía italiana en cuanto el derecho de sangre prevalece sobre el derecho de suelo. Se deduce que el requisito de la ciudadanía debe ser sustituido por la de residenzialità. El tercer parámetro es dell'incondizionalità, porque si la renta de existencia es la restitución o el reembolso, el resarcimiento de una actividad laboral ya gasto, no requiere en cambio ninguna otra contrapartida. Desembolsando de una renta de existencia no es una medida asistencial. El cuarto parámetro es que la renta de existencia se financia en base a la fiscalidad social progresiva. Este es el punto principal, ya que, como hemos visto– por las formas de financiación depende la naturaleza compatible o no compatible de los ingresos de existencia en un marco de capitalismo conocimientos. En otros términos, se pide que la suma que financia el ingreso de existencia no debe resultar de cotizaciones sociales, sino más bien por el pago de los impuestos directos y por los ingresos fiscales generales del Estado, relativas a los distintos activos de renta, cualquiera que sea su procedencia. Este recurso a la fiscalidad general puede ser llevado a cabo en distintos niveles administrativos, de aquel supranacional al municipal, en función del territorio y de la Comunidad de referencia. En efecto, es a nivel local que, una vez establecidos los criterios general fiscalidad directa, se pueden aplicar políticas fiscales de tipo federal, capaz de aprovechar las tipologías de riqueza que los distintos ámbitos territoriales generan. La financiación de la renta de existencia, en efecto, debe hacer las cuentas con los niveles de riqueza que en un primer nivel los distintos territorios son capaces de producir. A este proceso redistributivo puede, en segundo lugar, competir un segundo proceso de redistribución sobre la base de transferencias monetarios por las zonas más ricas a las más pobres. Sería deseable que este proceso de redistribución ocurriera a nivel europeo y no nacional, lo que haría necesario implantación de una armonización y de una política fiscal común a nivel de la misma Europa que, a día de hoy no existe.

Se hace necesaria una reforma fiscal adecuada al espacio público y social europeo, que sea capaz de aprovechar los nuevos activos de riqueza y donde en forma progresiva. Las principales zonas metropolitanas, es decir, aquellas que constituyen el centro neurálgico del proceso de acumulación europeo, una cuota que varía entre el 35% al 50% del valor añadido deriva por la explotación de las que son las variables centrales del capitalismo conocimientos, o conocimiento (propiedad intelectual), territorio (renta a localización), información, actividades financieras y de la gran distribución comercial. En los principales países, y en particular en Italia, las bases imposición fiscal todavía hacen referencia al paradigma productivo del capitalismo industrial-sistema: en otras palabras, la propiedad de los medios de producción de la gran empresa y el trabajo asalariado subordinado. De ahí que parte creciente de la riqueza generada por actividad intelectual o tiene un tratamiento fiscal particular (como en el caso de los activos financieros) y escapa a cualquier criterio de progresividad o consigue eludir en buena parte cualquier obligación fiscal (como la propiedad intelectual), [21]. Y es precisamente conjugando principios justos de fiscalidad progresiva, y relativa a todas las formas de riqueza a nivel nacional y europea con intervenciones "lo" en el plano de la especialización territorial que se pueden encontrar los recursos necesarios para garantizar que los frutos de la cooperación social y del común puedan ser socialmente redistribuidos.

                                                                 * * * * *

 El ingreso de existencia es un instrumento y no simplemente un fin. Utilizando el lenguaje de la política económica, podemos decir que es un objetivo intermedio. La introducción de una renta de existencia, de manera gradual hasta alcanzar universalidad, es condición necesaria porque: se creen las bases para el desarrollo de contratos de solidaridad mutua y el desarrollo de formas alternativas de organización y autorganiz-ción productiva y social; se favorezcan procesos de concentración parcelaria y de comunicación internos a la multitud precaria; aumentos la posibilidad de aumentar el poder contractual a nivel individual dentro de las relaciones de trabajo; aumenten los grados de discrecionalidad y de libertad en la gestión de su tiempo de vida, reduciendo la dependencia de las actividades puramente productivas, con efectos positivos sobre las actividades de reproducción, de integración y de informe social y cultural. En otras palabras, la renta de existencia abre espacios al trabajo creativo, penalizando o reduciendo el poder del trabajo abstracto sobre la vida de las personas. Pero para lograr estos objetivos, lo repetimos, la renta de existencia es sólo condición necesaria pero no suficiente, en cuanto tales objetivos dependen también y sobre todo la subjetividad de individuos en carne y huesos y las formas de representación que la multitud precaria es capaz de presentar. Es decir, es necesario que nos sea un humusculturale y político que empuje hacia la dirección deseada. Esta humus también depende del tipo de políticas de bienestar y comunitarias que l'autorganizzazione la multitud es capaz de suceder.

 

* Publicado en: Aa.Vv , renta para todos. Una utopía concreta para era global, a cargo del B. I. N. , Manifestolibri, Roma, 2009. © Universidades de Pavia, Bin-Italia, UniNomade.

 

 Agradezco a los expresado Dead para el soporte psichedelico.

[1] Véase. A. Fumagalli, M. Lazzarato (a cargo de), monos blancas, Derivas escalas, Roma, 1999. 2] Al respecto, se remite a C. Vercellone (a cargo de), capitalismo conocimientos, Manifestolibri, Roma, 2006, A. Fumagalli, tiene y capitalismo conocimientos. Hacia un nuevo paradigma de acumulación, Carocci,Roma, 2007, Y. Moulier-Boutang, las crony cognitif. Estará integrada la nouvelle gran trasformation et ses enjeux, y. Amsterdam, Paris, 2007,

[3] por ejemplo, C. Vercellone y J. Monnier, «work and Social Protection in the tomar from Industrial to Cognitivas Crony», en V. Cvijanović , A. Fumagalli, C. Vercellone eds. (2008), Cognitivas Crony and its Reflections in South-Eastern Europe, Peter Lang y., London, 2009, forthcoming.

[4] a este respecto, véase. A. Fumagalli, S. Mezzadra (a cargo de), crisis economía global, sombras Tribunal, Verona, 2009.

[5] Véase. M. Friedman, 1962, Crony and Liberté, Chicago, University of Chicago Press.

[6] para uso dell'attributo «social-liberal", véase. R. Bellofiore R. , J. Halevi, tendencias del capitalismo contemporáneo, desestructuración del trabajo y límites del 'KEYNESISMO' , en Cesaratto S. y Realfonzo R. (a cargo de), rive gauche, Manifestolibri, Roma 2006, pp. 53-80.

 [7 Véase. Comisión Delors, 1993 y relación Supiot, 2003. Se trata de una medida que ya está en vigor en muchos países europeos, como por ejemplo, Francia, donde rige el sistema sus (Revenue minimum d'insertion).

8 A partir de 2005, con siglas bien llamamos el Basic Income Earth Network, e así por fronteras europeos.

9 Se vea al respecto el reciente libro publicado en italiano, P. van Parijs, Vanderbought,mínima renta universal, Egea, Milán, 2006.

[10], sobre este punto, véase. C. del Bo, renta de base, ahora, Pavia, 2005.

 [11], es bien sabido que en los últimos años, tanto en Europa como en Estados Unidos, se introdujeron restricciones pasa de ciudadanía, cada vez más basada en la idea de ius sanguinis. [12], con la expresión haya bastardo, aún por Joan Robinson en los años 50, se entenderá la transposición del pensamiento keynesiano dentro de esquemas y modelos de equilibrio económico general. Se ratta de interpretación que desde el punto de vista metodológico es muy engañoso respecto al verdadero pensamiento de Keynes.

 13 Véase. C. Vercellone, "el precio justo de una vida productiva", el manifiesto, 22 noviembre 2006

[14], Véase. C. Vercellone, ibidem.

[15], y es principalmente en esta acepción que formas de renta de existencia, acondicionadas, basadas en la estructura familiar, entran a formar parte de las fuerzas progresistas o están presentes en muchos países europeos. Para un análisis de estas cuestiones, se puede resultar útil consultar el sitio: www.or -win.it (puesto a disposición por la región Friul Venecia y Julia) o Aa.Vv., Ingreso garantizado y nuevos derechos sociales, consejería al trabajo, igualdad de oportunidades y políticas juveniles la región de Lazio, Roma. 2006.

16 Véase. J. más, una teoría de la justicia, Feltrinelli, Milán, 2004.

17 Sobre las razones filosóficas-políticas que justifican la renta de existencia, véase. P. van Parijs, Y. Vanderborght, renta mínima universal, Egea, Milán, 2006, es también útil la consulta de C. del Bò, introducción al Basic Income, universidad, como, 2004.

18 Numerosas son las declaraciones en este sentido que unen los distintos sindicatos europeos, los partidos de izquierda y también influyentes periódicos. Basta analizar los congresos del CES (Confederación Europea de Sindicatos), o de los sindicatos franceses y alemanes para tener una confirmación. También en Italia, la situación no cambia. Lo mismo ocurre para esa región de izquierda radical, impersonificata por los partidos troszkisti, de Attac y de Le Monde Diplomatique en Francia y por la izquierda Cgil, por el Rpc y por el manifiesto en Italia. Con alguna excepción, en todo caso notable, también el sindicalismo de base y las formaciones políticas más antagonistas son en principio contrarios a la renta de existencia, considerarlo una maniobra demasiado reformista que no va a dañar en su esencia la relación de sruttamento capital-trabajo. Por el contrario a favor claramente la introducción de un basic corresponderá los grupos más movimentasti que operan en algunos centros sociales Italia o en algunas revistas europeas, tales como Moltitudes en Francia y Posse en Italia. Sólo recientemente, por ejemplo,la consigna "derecho a la renta" ha sido plenamente aceptada dentro dell'euromayday, la manifestación más visible del empleo precario europeo, que se celebra el 1 de mayo de cada año. En este contexto, es de fundamental importancia el nacimiento en el transcurso del año 2009 asociación Basic Income Network – Italia.

[19] Para un análisis más profundo, me permito de aplazar a A. Fumagalli, «doce tesis sobre la renta de ciudadanía" en A. Fumagalli, M. Lazzarato (a cargo de), monos blancas. Renta de ciudadanía y desempleo de masa, Derivas escalas, Roma, 1999, pp. 13-44.

[20] Sobre este punto, se remite a A. Fumagalli, A. negros, "John Maynard Keynes, capitalismo conocimientos, basic INCOME, no copyright: ¿es posible un nuevo "new deal?" inquaderni de Economía Política, Departamento de Economía Política y M. Q. , Universidad de Pavia, enero de 2008: www.eco.unipv.it

[21] sólo a título de ejemplo, en la zona metropolitana milanese, el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, además de no ser progresiva en función del destino uso, ha visto un aumento per cápita por los 360 euros de 1995 a los 375 euros del 2003, frente a un rendimiento inmobiliario en términos de valor al metro marco de las zonas urbano de aproximadamente el 40%. La introducción del trabajo interino, que ha provocado la legitimación por parte de las empresas de intermediación de mano de obra (el trabajo como mercancía de intercambio), no ha provocado la introducción de un impuesto sobre el valor añadido (IVA) que sí se continuamente pagará para cualquier otra transacción comercial. En cuanto a las actividades financieras, los relativos ganancias no entran en la acumulación de las rentas de las personas físicas. La explotación de las externalidades de territorio (que hacen, por ejemplo que un centro comercial se posiciones donde existe ya una logística del transporte y la movilidad) tampoco son tomadas en cuenta. Y los ejemplos podrían seguir.

 

 

 

Traducción: César Altamira

Del sitio italiano Uninomade 2.0 http://www.uninomade.org/il-reddito-di-base-come-remunerazione-della-vita-produttiva/

viernes, 25 de enero de 2013


Un desafío a la civilización que debemos rechazar


La intervención francesa en Malí refleja una crisis política que tiende a generalizarse en el África sahariana y subsahariana luego de la “Primavera Árabe” del Magreb. “Se ha puesto de manifiesto el lado peligroso de la Primavera Árabe”, titula el New York Times, y agrega: “tenía razón el coronel Gadafi cuando preveía que si él caía la gente de Bin Laden llegaría por tierra y por mar a ocupar las orillas del Mediterráneo.
Pero, ¿es realmente esto lo que impulsa a rebelarse a los nuevos guerrilleros en los desiertos del Norte de África o es más bien una pobreza cada vez más feroz y la siempre destructiva lógica de los gobiernos de la ex Francáfrica? Las zonas rurales de los países del Sahel han permanecido a su pesar en los últimos años en una profunda situación de miseria, lo que nutre el éxodo poblacional y la desestabilización de las grandes ciudades. Frente a esto las estadísticas macroeconómicas, muestran la existencia de un “falso” desarrollo vinculado a la actual carrera por el extractivismo minero hacia aquellos territorios ricos en tales recursos: Malí, por ejemplo, es el tercer productor mundial de oro, rico en uranio y se prevé que muy rico en hidrocarburos. El yihadismo entra en esos territorios no en razón de su fanatismo y nos los somete sobre la base de la “barbarie terrorista” (como cuentan a la opinión pública occidental) sino porque en esos países continúan disolviéndose las instituciones, debido a su fragilidad económica y civil. Por tal motivo el éxito de los “invasores” que no son tales está casi asegurado.
Malí no es más que otro país del Sahel –los demás también se hallan en parecidas situaciones críticas-, la duda sobre la profundización de la crisis en cada uno de ellos solo depende de algunos elementos casuales que aún contiene el “dominó” recientemente iniciado. En Malí, en una época “escaparate de la democracia”, el gobierno se hallaba desde hacía tiempo en crisis, asfixiado por la corrupción, los repetidos golpes de Estado y la rebelión popular tuareg en el norte. Los tuaregs quieren la independencia de Azawad (vasta región desértica del norte de Malí). Esta revuelta ha encontrado la oportunidad de triunfar porque con la caída del régimen del coronel Gadafi, muchos mercenarios tuaregs han regresado a su país con armas (en grande y sofisticada cantidad) y equipajes (logísticas regionales y alianzas con parte del ejército maliense) tomados. Hay que tener presente que la intervención francesa (y de la OTAN) en Libia produjo en aquel país la implosión de un millar de fracciones locales, ideológicas, étnicas y que después de Gadafi no ha habido ninguna autoridad capaz de ostentar legítima fuerza.
La rebelión armada tuareg ha encontrado además un fuerte y probablemente decisivo apoyo en grupos salafistas y yihadistas que ya en 2002, al terminar la guerra civil argelina, habían instalado las bases de Al Qaida en el Magreb. Desde hace alrededor de diez años estos grupos han venido construyendo (aprovechando la “industria de los secuestros” y del apoyo a los “traficantes” ilegales de ese amplio territorio) bases y redes de apoyo a la guerrilla. El peligro era evidente. Desde hace unos tres o cuatro años está en marcha una cooperación bilateral Francia-EE.UU. para combatir lo que algunos llamaban el “eje Kandahar-Dakar”. Recientemente el New York Times ha revelado que el Departamento de Estado había invertido cerca de 500 millones de dólares en esa región en esa estrategia antiterrorista. Ya a comienzos de 2012, el comando estadounidense AFRICOM debió comprobar que una buena parte de las adiestradas tropas malienses se habían unido a la revolución en el norte del país.
Ahora hemos asistido a la intervención francesa en respuesta al urgente pedido del gobierno de Bamako (mejor dicho de lo que queda) formalmente apoyado por una extensa coalición de países africanos y de gobiernos europeos. Pero la guerra francesa parece que ya puede extenderse como una mancha de aceite a una gran cantidad de países vecinos. Los sucesos argelinos de la última semana, en los que la delicadeza de las intervenciones de aquel gobierno y de su ejército han producido centenares de asesinatos, solo constituye el principio de este amargo desarrollo.
Por ahora, se consuelan la prensa y la opinión pública francesa, no se trata aún de una guerra de usura (como la iraquí o la afgana) cuyos protagonistas se mueven “en medio de las poblaciones“ sino más bien de una guerra clásica en el puro desierto, de posiciones y de movimientos. No tardarán mucho en cambiar las cosas. Podrá resultar fácil a los franceses, junto a las tropas de otros países africanos (que permanecerán bajo el comando francés mientras se mantenga la reticencia estadounidense a tomar parte en el cambio), lograr la victoria en el terreno. Pero luego, ¿cómo gobernar en el desierto una paz que no será tal, frente a una “guerra nómada” que está comenzando, a una histeria frente a eventuales ataques terroristas en la Francia continental y sobre todo frente a la memoria de la vergüenza colonial y del despotismo postcolonial mantenido por la potencia francesa? Pero sobre todo, ¿cómo tener en cuenta –en la situación actual y en la postbélica– aquellos aspectos que nos permitimos llamar “aspectos buenos” de la Primavera Árabe, o mejor dicho de aquella “Primavera Africana” que parecía que comenzaba a apuntar también en el Sahel? Es inútil –y lo decimos por segunda vez– culpar al extremismo de un islamismo salafista radical cuando se está sofocando la única alternativa verdadera que actualmente podría concretarse: la maduración –ya iniciada en esos territorios– de élites jóvenes, democráticas, anticapitalistas. Es necesario atacar las causas socioeconómicas de esta crisis.
Si se escucha a los expertos, estos dicen que para desarrollar un programa de reconstrucción y de desarrollo sería necesario intervenir en estos territorios en los sectores agrícolas, de reforestación, de cría de animales, en el mejoramiento de las rutas y del transporte, el acceso al agua, la promoción de la energía solar y eólica, etc. Y luego habría que relanzar los programas de producción de algodón y de cereales en esas regiones… En síntesis todo, en verdad todo. Finalmente y especialmente “las poblaciones deberían beneficiarse de los ingresos de los réditos procedentes de la minería como son los del oro, primer producto de exportación”.
¿No les parece cómica esta conclusión? Y en la risa no es evidente el cinismo, mínimamente hipócrita, que se desprende de la insistencia en la misma execrable sed de dinero que conduce a nuestros gobiernos liberales a combatir a los terroristas en las despiadadas tierras desérticas del Sahara y del Sahel como bienes a distribuir entre los enemigos (porque resulta bien difícil diferenciarlos de los pobres campesinos o de los proletarios metropolitanos ahora sublevados). Y todavía más, ¿no les parecen lágrimas de cocodrilo -y en Italia todos las confunden- las que lloran nuestros demócratas? ¡Es el pesado fardo de nuestra civilización el que nos empuja a intervenir! ¡Es sacra obligación de la soberanía, ejercida ahora en nombre de Europa! ¡Manténgase atentos a estas estupideces, hasta los EE.UU. han dejado de repetirlas luego de las terribles derrotas en Medio Oriente! Reconozcamos más bien que solo modificando radicalmente nuestra conciencia política, rompiendo radicalmente con formas de gobierno funcionales al capital, podremos volver a orientarnos correctamente. En el marco de la globalización no se puede razonar como lo hacen los Parlamentos de los países de Europa y el Parlamento Europeo, votando hombres y medios a favor de la intervención francesa (y particularmente odiosa ha sido en Estrasburgo la actitud belicosa de los Verdes europeos).
Gilles Keeper -tal vez el mayor experto en temas árabes conocido en Occidente- destaca que “lo que está en juego en Malí es un desafío a la civilización en la época de la globalización. El Sahel es al mismo tiempo la víctima por excelencia y el lugar de la incandescencia”. Añadimos: la resistencia y la guerrilla antiimperialista en aquel desesperado lugar desposeído y devastado constituyen luchas anticapitalistas y no quisiéramos vernos obligados a reconocer que los islámicos tienen razón.

Traducción de Susana Merino.
Publicado originalmente en http://www.uninomade.org/mali-una-sfida-di-civilta-da-rifiutare/

jueves, 24 de enero de 2013


Modelo de welfare y servicios sociales en la crisis sistémica del capitalismo cognitivo *

Carlo Vercellonei

La crisis actual es una crisis sistémica del capitalismo cuya resolución exige un proceso de transformación social capaz de redefinir radicalmente las reglas de distribución y las normas y la finalidad social de la producción. Esta crisis es expresión de la contradicción estructural entre la lógica de un capitalismo cognitivo financiarizado y las condiciones sociales e institucionales necesarias para el crecimiento de una economía fundada en el conocimiento así como de la indispensable preservación del equilibrio ecológico del planeta.

Algunos observadores hicieron inicialmente una apuesta donde el fracaso sin apelación de un modelo de crecimiento dirigido por las finanzas de mercado y por las políticas neo-liberales de reforma del Estado social abriría las puertas a un nuevo New-Deal. El capital, en su propio interés, habría estado obligado en definitiva a tomar conciencia de la necesidad de un nuevo compromiso capital-trabajo, capaz de conciliar capitalismo, conocimiento y economía del conocimiento, resolviendo al mismo tiempo los desequilibrios inherentes a las desigualdades en la distribución de la renta, escasez de la demanda e inestabilidad de las finanzas. Las razones que justifican un fuerte escepticismo con respecto a esta tesis nos parecen ampliamente confirmadas a partir de la evolución de la crisisii. Pero el redescubrimiento de las virtudes de las políticas keynesianas se detuvo ante el umbral de una serie de medidas urgentes que permitieron salvar el capital, socializando las pérdidas y evitando que la economía mundial desembocara en una espiral deflacionista similar a la de 1929. Para el resto todo debe volver como antes, o casi como antes. El mismo regreso con fuerza de la intervención del Estado está hoy cada vez más claramente puesto al servicio de la continuidad de las políticas neoliberales, de desmantelamiento de los sistemas de bienestar, de privatización de los servicios públicos y de precarización de la fuerza del trabajoiii.

Prueba de ello es el modo en como la misma transformación del endeudamiento privado en deuda pública que se hizo necesario para evitar el colapso del sistema de crédito y relanzar la economía, pasa a ser hoy el eje de una nueva y violenta ola especulativa de los mercados financieros y el pretexto para imponer políticas de drásticos recortes del gasto público. Después de haber tomado como rehén, bajo la amenaza de un colapso de todo el sistema de crédito, a los bancos centrales y a los gobiernos, obteniendo concesiones asombrosos e incondicionales, el capital, revitalizado por la segura impunidad y eficacia de las amenazas que puede producir, toma hoy nuevamente de rehén al conjunto de la sociedad a fin de dictar, sin condiciones, una nueva aceleración del proceso de expropiación del común y de expansión sorda de la burbuja parasitaria. Hay que señalar que esta evolución de las políticas económicas no sólo es socialmente injusta sin que corre el riesgo de avivar ciertas causas de la crisis relacionadas con la escasez de demanda. Ella es también profundamente miope desde el punto de vista de la eficiencia económica a largo plazo en lo relativo a las condiciones socio-institucionales que garanticen el desarrollo de una economía basada en el conocimiento. Se abre así una nueva fase de la crisis en la que, como observa Frédéric Lordon, "el contraste entre capital y trabajo nunca no ha sido tan claroiv. Una nueva etapa de la crisis, con un marcado ascenso del desempleo y del encadenamiento de políticas de austeridad que despertarán conflictos sociales cada vez más agudos y condiciones de una profunda inestabilidad política; configuración donde el caso de Grecia y las divisiones que suscita en Europa no son más que el primer terreno de experimentación. Su apuesta a ganar remite cada vez más a una alternativa tan simple como radical: la de la lógica de un capital incapaz de reformarse a sí mismo y que parece enceguecido, como la aristocracia del ancien régime, de su sola voluntad para preservar en el corto plazo la renta y la fuerza colectiva de un proletariado precario y cognitivo capaz de elaborar un modelo de desarrollo de salida del capitalismo en crisis.
En este contexto, el objetivo de este artículo es de mostrar que, contrariamente al credo neo-liberal, los gastos y los servicios sociales del Welfare no pueden ser considerados, de manera restrictiva como un coste cuya financiación dependería de un giro efectuado por la riqueza creada por el sector privado (pensado erróneamente como el único sector productivo de riqueza). Gastos y servicios colectivos del Welfare deberían ser reconocidos como los factores motores de una dinámica de desarrollo basada en producciones intensivas en conocimiento y de una economía en que la principal fuerza productiva esté representada por la calidad intelectual de la fuerza de trabajo (o como es costumbre decir, tras la ambigua expresión, por el capital humano).

El artículo se desarrollará en dos partes. En la primera parte, presentaré una serie de hechos de realce que ponen de manifiesto en el plano macroeconómico y social el papel clave de las instituciones del Estado social, su génesis, desarrollo y la reproducción de una economía basada en el conocimiento (EBC)
En la segunda, estas consideraciones generales serán confirmadas y precisadas mediante una comparación internacional entre el modelo nórdico y el modelo anglosajón neoliberal de bienestar. Esta comparación hace surgir una correlación positiva fuerte entre el nivel de desarrollo de las instituciones del Estado social y el de una EBC; esto nos proporcionará al mismo tiempo otro enseñanza crucial para una política de bienestar: un débil nivel de desigualdad social y de género es un factor eminentemente favorable para la adopción de formas de organización del trabajo más avanzadas y para la capacidad competitiva de un sistema económico. En conclusión, mostraremos cómo alrededor de las cuestiones centrales de los servicios colectivos y del salario social se define la alternativa entre dos modelos polares de desarrollo y de regulación de una economía basada en el conocimiento.

  1. El papel motor de las instituciones del Estado de bienestar-Welfare State- en el desarrollo y la reproducción de una economía basada en el conocimiento.

Para analizar la función crucial desempeñada por las instituciones del Welfare-State en el desarrollo y la reproducción de una Economía basada en el conocimiento, hay que partir de un de importancia frecuentemente evocado por la teoría económica de una Economía basada en el conocimiento (EBC). Se trata de la dinámica histórica a través de la cual la parte de capital llamado intangible (I+D, programas informáticos, software, pero sobre todo educación, formación y salud) ha superado la parte del capital material en el stock global de capital y es ahora el factor principal del crecimiento económico y de la competitividad. La interpretación de este hecho de importancia tiene cuatro significados principales y estrictamente articulados no solo para comprender mejor el papel de los servicios sociales y colectivos del Welfare, sino también el sentido profundo y encubierto de las políticas que proponen su privatización.

El primer significado es que la tendencia al aumento de la parte del capital intangible está estrechamente vinculado al desarrollo de los servicios colectivos y las prestaciones del Estado social. Son estos servicios colectivos los que han permitido el desarrollo de una escolarización de masa y una formidable elevación del nivel medio de formación de la fuerza de trabajo. Es lo que mostró la formación de lo que podemos definir una intelectualidad difusa o una inteligencia colectiva: eso es lo que explica en efecto, la parte más significativa del aumento del "capital llamado intangible", que representa hoy el elemento esencial del crecimiento y la competitividad de un territorio.

El segundo significado es que el llamado capital intangible corresponde, por tanto, esencialmente, a las calidades intelectuales y creadoras incorporadas en la fuerza laboral. A pesar de la distorsión introducida en términos como capital intelectual, capital intangible o capital humano, no se trata de capital sino de la expresión de una fuerza social y cooperativa de trabajo cognitivo e inmaterial en la producción de valor y de riqueza. De ello se deduce, a nivel de las empresas como de la sociedad, la afirmación de un nuevo primado del conocimiento vivo movilizado por el trabajo, con relación a los conocimientos muertos incorporados en el capital fijo y en la organización gerencial de las empresas. Dos tendencias muestran el alcance y la puesta en juego de esta transformación en una economía basada en el conocimiento. Por un lado, en el plano micro-económico, la importancia de las actividades y las formas de organización del trabajo basadas en una división taylorista, pierden su centralidad y se encuentran relegadas a una lógica de la competencia basada en los precios. En una economía basada en el conocimiento –donde la fuente de creación del valor se sitúa cada vez más por fuera de las esferas de la producción directa – este papel central está cada vez más vinculado a las actividades basadas en una división u organización cognitiva del trabajo. En este marco, la eficiencia productiva no se basa más sobre la reducción de tiempos operativos necesarios para cada una de las ocupaciones. Ella se basa en el conocimiento y la polivalencia de una fuerza de trabajo capaz de maximizar el aprendizaje y la adaptación a una dinámica de cambio continuo, enmarcada en una lógica de la competencia basada en la calidad y la innovación.

Por otro lado, en el plano macro-económico, esto significa que las condiciones de la reproducción y la formación de la fuerza de trabajo se han convertido directamente en productivas y, parafraseando a Adam Smith invirtiendo la conclusión, la fuente de la riqueza de las naciones se encuentra hoy cada vez más por fuera del sistema de las empresas. En otros términos, el factor principal de la competitividad y de la fuerza lde atracción en un territorio, depende cada vez más de los llamados factores colectivos de la productividad (nivel general de la educación y de formación de la fuerza de trabajo, calidad de las infraestructuras y de la investigación, etc). Ahora, estos factores colectivos de la productividad son producidos principalmente por los servicios públicos y colectivos del estado bienestar y explotados gratuitamente por las empresas, en particular por las multinacionales, que se benefician de este modo de una renta, sin haber contribuido de ninguna manera a su constitución. Observamos también de manera inmediata que estas constataciones tienen una implicancia extremadamente importante para una política de desarrollo territorial y de bienestar. Uno de las enseñanzas más importantes que nos ha facilitado el análisis de la dinámica del capitalismo cognitivo es que es más conveniente dar prioridad a una política de inversión y de prestaciones sociales centradas en las personas y en el desarrollo de los factores colectivos de la productividad, que una política de facilitaciones fiscales y sociales y de subvenciones “hundidas” en las empresas. ¿Por qué? Por el hecho de que, en la nueva división internacional del trabajo, es la presencia y el desarrollo de una plataforma de trabajo altamente calificada lo que constituye, en última instancia, el factor esencial de la localización en el largo plazo, sobre un territorio, de las empresas y las actividades productivas intensivas en conocimiento, mayormente creadoras de valor agregado. Los territorios especializados en actividades de tipo taylorista o, en cualquier caso, vinculados a una competencia basada en los costes, son sometidos a una fuerte movilidad del capital. En este caso, como ha ocurrido recientemente en Francia,-donde han surgido conflictos sociales causados por la multiplicación de despidos "producidos por la Bolsa" o por las deslocalizaciones de las instalaciones productivas que también producían beneficios- las empresas siguen en efecto, a menudo estrategias depredadoras, estrategias que las conducen a abandonar un territorio tan pronto como llega a su término el período en el que se benefician de diferentes formas de subsidios fiscales y sociales, o cuando en otro territorio se opera una política de dumping fiscal y social más atractiva.

El tercer significado es que, contrariamente a una idea extendida, los verdaderos sectores motores de una economía basada en el conocimiento no se encuentran en los laboratorios privados de I&D. Este papel motor es desempeñado por lo que se puede llamar la producción colectiva del hombre por el hombre (salud, educación, investigación pública y universitaria, etc. ), facilitada tradicionalmente por las instituciones del estado de bienestar según una lógica no mercantil. Este elemento es sistemáticamente dejado de lado por los economistas mainstream y de la OCDE, y esta omisión es tanto más sospechosa cuando se asiste a una extraordinaria presión para privatizar estas instituciones. La explicación de esta forma está vinculada al papel estratégico que tiene cada vez más para la valorización del capital el control biopolitico y la colonización mercantil de las instituciones del Estado de bienestar. Salud, educación, formación y cultura no sólo forman los modos de vida y las normas de consumo, sino que también representan una parte creciente de la producción que hasta ahora, al menos en Europa, está principalmente garantizada por fuera de la lógica del mercado. En particular, conviene observar en este sentido como en los países de capitalismo avanzado frente a fuertes tendencias estancacionistas, los únicos sectores donde, en el contexto de la crisis, se registra un crecimiento constante y fuerte de la demanda social, son precisamente los de la salud y la educación. Estos factores, mucho más que cualquier otro tema relativo a una supuesta eficacia superior de una gestión fiscalista, permiten explicar la presión extraordinaria ejercida por privatizar los servicios colectivos del Welfare.

Ciertamente, la extensión de la lógica mercantil en estos sectores es teóricamente posible. Sin embargo, la salud, la educación y la investigación corresponden al mismo tiempo a los sectores clave de una EBC y a las actividades en las que la lógica de la mercantilización no se puede aplicar si no al precio de desigualdades insostenibles y de una drástica disminución en la eficacia social de estas producciones. También en este caso, como para los bienes del conocimiento, la subordinación de estos sectores a la lógica mercantil y del beneficio no puede conducir más que a una escasez artificial de los recursos en función de la demanda solvente y a una desestructuración de las fuerzas creadoras de la base del desarrollo de una economía basada en el papel motor del saber y de su difusión. Tenemos aquí una de las manifestaciones más significativas de la crisis de la ley del valor. Su permanencia se apoya mucho más en una pura lógica rentística de la explotación vaciada de todos aquellos elementos progresivos (el desarrollo de las fuerzas productivas como instrumento de reducción de la escasez) que, en ciertos aspectos, habían caracterizado, en el capitalismo industrial, la producción de mercancías materiales standardizadas.

En particular, tres factores vuelven, en el plano macro-económico y social, totalmente improductivas la extensión de la racionalidad capitalista basada en el beneficio en la etapa de la producción del hombre por el hombre. El primero está vinculado al carácter intrínsecamente cognitivo y afectivo de estas actividades donde el trabajo no consiste en actuar sobre la materia inanimada, sino sobre el hombre mismo en una relación de coproducción de servicios (que debe garantizar al mismo tiempo un principio de igualdad basado en los derechos de ciudadanía). Por ejemplo, en el trabajo de cuidado o de formación, los criterios de eficacia económicos y sociales no pueden ser puramente cuantitativos, sino que deben tomar en cuenta toda una serie de variables cualitativas que la contabilidad analítica empresarial es incapaz de incorporarlas sino como costes o tiempos muertos improductivos. El segundo factor está ligado a las profundas distorsiones que la aplicación del principio de la demanda solvente introduciría en la asignación de los recursos y en el derecho al acceso a estos bienes comunes. Por definición, las producciones del común se basan sobre la gratuidad y el libre acceso. Su financiación no puede por lo tanto estar asegurada más que mediante el precio colectivo y político representado por la fiscalidad, por las contribuciones sociales o por otras formas de mutualización de los recursos. El tercer factor está vinculado al hecho que, ni en salud ni educación, por ejemplo, no existe en realidad la figura mítica del consumidor que llevaría a cabo sus opciones sobre la base de un cálculo racional de costes/beneficios dictado por la búsqueda de la máxima eficiencia de la inversión en capital humano. No es cierto que sea éste el criterio principal (afortunadamente) que anima el estudiante en su búsqueda del saber. Menos aún en el caso del enfermo que, en la mayor parte de los casos, es víctima de un estado de angustia que lo vuelve incapaz de alcanzar una elección racional y lo predispone más bien a todas las trampas de una lógica mercantil donde el vender esperanzas e ilusiones es un medio para obtener beneficios.

El cuarto significado es que finalmente la salud, la educación, la investigación, la cultura no orientan sólo las normas de consumo y los modos de vida. Estas actividades constituyen también un reservorio de trabajos altamente calificados donde pueden desarrollarse formas inéditas de autogestión del trabajo, basadas en la coproducción de servicios que implique estrechamente a los usuarios y conduzca a la elaboración de criterios radicalmente alternativos de medición y de definición de la riqueza.
Todas estas razones explican la apuesta fundamental representada por la confrontación entre la estrategia neoliberal de expropiación rentística del común y un proyecto de resocialización de la economía basado en la reconquista democrática de las instituciones del Estado de bienestar y un modelo alternativo de desarrollo basado en la centralidad de la producción del hombre por el hombre.

  1. Las enseñanzas de la confrontación internacional: modelo nórdico y modelo anglosajón de Welfare.

Un enfoque comparativo a nivel internacional permite corroborar esta presentación teórica general del papel estratégico del estado de bienestar en un EBC con otros elementos empíricos. Numerosos hechos indicativos muestran que los países que disponen de los sistemas de bienestar y de servicios sociales más desarrollados son también los más competitivos en una EBC.

Basado en esta comparación internacional resulta, en particular, como veremos, la superioridad del modelo nórdico de estado de bienestar y de EBC respecto al modelo neo-liberal anglosajón, según una dicotomía que permitiría abordar a los otros países en función de su proximidad con respecto a uno de los dos modelos. Pero no es este el objeto de nuestro artículo.
Nos limitaremos aquí a extraer de esta comparativa algunos elementos útiles para reforzar las "armas de la crítica" contra las políticas de ataque a las estructuras del welfare state, intentando al mismo tiempo deducir algunas indicaciones útiles para definir estrategias de éxodo del "capitalismo cognitivo en crisis". Centrando nuestra atención sobre algunos parámetros estructurales relativos tanto a la eficiencia económica como a la justicia social, un primer elemento surge inmediatamente. Donde los sistemas de bienestar son más avanzados, como en los países nórdicos, podemos constatar dos características que se sitúan en contraste neto con el modelo neoliberal anglosajón:

- En la estructura del empleo se observa una parte netamente más elevada de los servicios sociales que representan entre el 30% y el 35% de los puestos de trabajo (alrededor de 10 puntos más que en los Estados Unidos);
- el porcentaje de los servicios comerciales a la persona (empleados domésticas y cuidado de niños ) y de los servicios comerciales (tipo McDonald's y Wall-Mart pero más en general restaurantes, hotelería) que desempeñan un papel central del empleo en los países anglosajones y donde se concentra la mayor parte del trabajo precario, atípico, "no calificado" o infrarremunerado tiene un peso mucho más débil en los países nórdicos ( incluso frente a otros países como Francia e Italia).

Estas dos características de la estructura de los servicios en los países nórdicos– importancia de los servicios sociales y débil impacto relativo de los servicios más precarios– están además estrechamente vinculadas a cinco otros parámetros esenciales para el desarrollo de una EBC capaz de conciliar, en el sentido de Keynes, un más alto nivel de eficiencia económica y de justicia social y de género.

  1. La importancia de los servicios sociales (ofrecidos por el Estado, por las Regiones, por las entidades locales, e incluso también por el llamado tercer sector) parece impedir la dualidad del mercado laboral y las fuertes desigualdades en la distribución de los ingresos, propios del modelo anglosajón, donde dominan los servicios mercantiles y sobre todo, los servicios comerciales a la persona.
  2. La calidad y extensión de los servicios colectivos y sociales (educación, salud, pero también guarderías, asistencia a domicilio a personas mayores y discapacitados, formación permanente) asegurados sobre la base de derechos universales, reduce considerablemente las desigualdades de género. La tasa de actividad femenina es más elevada y sobre todo las mujeres sufren mucho menos que en otros modelos de bienestar de discriminaciones en términos de remuneración, calificación y carreras profesionales
  3. En los países donde los servicios sociales y no mercantiles representan un porcentaje más importante en la estructura del empleo el nivel de las remuneraciones así como la clasificación de la fuerza de trabajo es mucho más elevado en el conjunto de la economía. Se trata de lo que Jean Gadrey, oponiendo el sistema de Welfare nórdico al anglosajón, llama el modelo de la calificación profesional de masa v. Dos factores contribuyen a explicar esta configuración. El primero está vinculado directamente al hecho de que los servicios sociales y las actividades productivas del hombre por el hombre aseguradas por las instituciones del Estado de bienestar y del llamado tercer sector son, como hemos visto, por su naturaleza, actividades intensivas en trabajo cognitivo. El segundo remite a los efectos indirectos que el acceso universal a un conjunto de servicios y de prestaciones sociales produce sobre la calidad intelectual de la fuerza de trabajo y sobre una cultura igualitaria y de la cooperación que se desarrolla en el conjunto de las relaciones sociales y de las actividades productivas.
  4. Como lo demuestra el caso ejemplar de los países nórdicos, el nivel de desarrollo de las instituciones del Estado de bienestar está pues relacionado positivamente con la presencia en el mismo sector privado de un número mucho más elevado de empresas que adoptan formas de organización del trabajo más avanzadas y en ruptura con el modelo taylorista. A este respecto, los resultados de la tercera encuesta europea sobre las condiciones de trabajo en el sector privado y las empresas con más de 10 empleados tomada en marzo de 2000 por la Eurofound (Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo) son elocuentes, por lo que los responsables de investigación y de diferentes artículos dedicados al análisis de sus resultados evitan extrañamente mencionar esta correlación.

Esta investigación identifica cuatro principales modelos productivos o tipos de organización del trabajo:

  • el modelo del “aprendizaje discrecional" (Discretionary learning) que reune al conjunto de principios propios de una organización cognitiva del trabajo. Este modelo está en efecto caracterizado por altos niveles de autonomía procedimental de los trabajadores, la complejidad de las tareas en la base de una economía de aprendizaje dinámico y la eficacia basada en la calidad y la innovación;
  • el modelo de la producción “ágil” (lean production) que corresponde a los principios del modelo japonés y se caracteriza por formas de autonomía en el trabajo más limitadas, controladas y codificadas por normas temporales y de control de calidad;
  • el modelo taylorista;
  • por último, el modelo de organización del trabajo propiamente dicho "tradicional" o "de estructura simple" como el que, por ejemplo, se puede encontrar en el pequeño comercio.

El análisis de los resultados de esa investigación proporciona muchos elementos que confirman y precisan las tesis que hemos desarrollado aquí. En primer lugar, confirman en el plano general la tesis del papel cada vez más importante del trabajo cognitivo: el modelo de “aprendizaje discrecional” es de lejos el principal tipo de organización del trabajo en la Unión Europea donde incorpora, en promedio, el 39% de la fuerza de trabajo del sector privado (cf. Table 1 al final del texto). Este porcentaje sería por otro lado, sin duda, mucho más alto si la investigación hubiera cubierto el impacto cuantitativo y cualitativo de los servicios públicos y de los sectores del "no mercado". Su distribución geográfica es muy fuertemente desigual y aún podemos observar una correlación fuerte entre el nivel de desarrollo de las instituciones del Estado de bienestar y el de los modelos de organización del trabajo más avanzados.
El cuadro muestra en particular que esta forma de organización del trabajo está muy generalizada precisamente en los países nórdicos. El porcentaje de la fuerza de trabajo implicada en el modelo de aprendizaje discrecional supera el 50% en Dinamarca, Suecia y Holanda y el 47% en Finlandia. En Italia, la presencia de este modelo es en cambio inferior a la media europea, mientras permanece, en porcentaje, la forma mayoritaria de organización del trabajo.
Además del papel de los servicios sociales y del sistema de enseñanza superior, dos otros elementos del modelo de bienestar de países nórdicos contribuyen a explicar, con una correlación fuertemente positiva, estas performancesvi:
- un sistema de formación profesional permanente considerablemente desarrollado y que permite integrar, mucho más que en otros lugares, al conjunto de las categorías socio-profesionales en las formas de organización cognitiva del trabajo;
- un sistema de indemnización del desempleo basado en prestaciones elevadas y derechos objetivos que permiten a los trabajadores conciliar movilidad y seguridad de la renta. Se trata de un elemento central para favorecer a nivel social el proceso de producción de conocimiento que necesita de un horizonte de largo plazo y de una garantía de renta que permita a los trabajadores invertir en un proceso de formación permanente.

Por último, el cuadro pone indirectamente en evidencia un último elemento muy importante relativo a la relación entre el nivel de desarrollo de una EBC y el del Welfare State.
Se trata de un indicador (calculado por Lundvall & Lorenz) del nivel de exposición y por lo tanto de vulnerabilidad a la competencia internacional de los países emergentes y a los procesos de deslocalización de la producción. También hace ver claramente, para el conjunto de los países nórdicos, un índice de exposición y de vulnerabilidad a la competencia internacional muy inferior a la media. En definitiva, aunque otros elementos socio-económicos entran sin duda en juego, existe una correlación cierta entre el nivel de desarrollo del Welfare, difusión de las formas de organización del trabajo más avanzadas basadas en el trabajo cognitivo y capacidades competitivas de un país.

Conclusiones

En conclusión, los elementos de análisis aquí producidos permiten comprender mejor porqué, en el contexto de crisis actual, alrededor de la cuestión central de los servicios sociales y de los sistemas de bienestar, se define la alternativa entre dos modelos opuestos de regulación de una economía basada en el conocimiento. El primer modelo correspondería a una profundización de todas las políticas neoliberales de desmantelamiento del Welfare según una lógica, donde la extensión de la esfera mercantil debería ir pari passu con la desestructuración de las condiciones más esenciales del desarrollo hacia una EBC. La continuación de esta lógica condenaría a los países de la Unión Europea, y en particular a Italia, a un declive ineludible, y a una posición cada vez más periférica y de empleado en la nueva división internacional del trabajo. El segundo modelo estaría basado en una política de fortalecimiento de las instituciones del Estado de bienestar, consideradas en su doble aspecto de proveedor de servicios colectivos y de sistema de distribución de la renta. Éste podría constituir la vía maestra para hacer de la crisis una oportunidad de construcción de una dinámica de desarrollo alternativa basada en dos ejes principales. El primero se refiere a la prioridad de la inversión en los servicios sociales y en las producción del hombre por el hombre (salud, educación, formación permanente, investigación pública, etc. ) que garanticen, al mismo tiempo, la satisfacción de las necesidades esenciales, el crecimiento de una economía basada en el conocimiento y un modelo de desarrollo ecológicamente sostenible. El segundo eje remite a la multiplicación de formas garantizadas de acceso a la renta (en el caso de los estudiantes al trabajo interino) basadas en derechos objetivos y universales. Y esto según una perspectiva que podría suponer a largo plazo la instauración de un verdadero ingreso social garantizado incondicional (ISG). Estas formas de garantía de la renta no sólo tendrían un efecto positivo, con el fin de apoyar la demanda y atenuar los efectos de la precarización del trabajo, sino que permitirían conciliar movilidad, formación de la fuerza de trabajo y seguridad de la renta. Más aún, es necesario recordar y subrayar que la reivindicación de un ISG encuentra un doble fundamento basado en un reexamen del concepto de trabajo productivo en el capitalismo cognitivo. Este descansa tanto en la extensión de los tiempos sociales y de las actividades que, directa o indirectamente, participan en la creación de plusvalor, sobre la base que el trabajo puede ser productor de riqueza, es decir, de valores uso creados fuera de la esfera de mercado, aunque sea improductivo para el capital. En esta perspectiva, la propuesta de ISG permitiría recomponer al conjunto de la fuerza de trabajo alrededor de una nueva componente socializada del salario reforzando su poder contractual, restando al capital una parte del valor, capturado mediante la renta. Al mismo tiempo, el debilitamiento de la coacción monetaria sobre la relación salarial, favorecería el desarrollo de formas de trabajo que escaparían a la lógica mercantil del trabajo subordinado y promoviendo la transición hacia un modelo no productivista, basado en la primacía de formas de cooperación no mercantil en relaciones de servicio y en actividades intensivas en conocimiento. Desde este punto de vista el ISG debería ser pues considerado, simultáneamente, como un rédito primario para los individuos y una inversión social de la sociedad del conocimiento.



Table 1. National Differences in Forms of Work Organisation.


Percent of employees by country in each organisational class



Discretionarylearning
Lean production 
Tayloristorganisation
Traditionalorganisation

Austria
47.5
 21.5
13.1
18.0
96.7
Belgium
38.9
25.1
13.9
22.1
101.2
Denmark
60
21.9
6.8
11.3
87.4
Finland
47.8
27.6
12.5
12.1
94.6
France
38.0
33.3
11.1
17.7
99.2
Germany
44.3
19.6
14.3
21.9
99.5
Greece
18.7
25.6
28.0
27.7
114,.8
Italy
30.0
23.6
20.9
25.4
107,.6
Ireland
24.0
37.8
20.7
17.6
106,.5
Luxembourg
42.8
25.4
11.9
20.0
98.6
Netherlands
64.0
17.2
5.3
13.5
86.8
Portugal
26.1
28.1
23.0
22.8
109,.6
Spain
20.1
38.8
18.5
22.5
109,.2
Sweden
52.6
18.5
7.1
21.7
94.0
UK
34.8
40.6
10.9
13.7
98.7
EU
39.1
28.2
13.6
19.1
100
Fonti: Third Working Condition survey. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2000.Per l’indice d’esposizione : Bengt-Åke Lundvall & Edward Lorenz “On the Role of Social Investment in the Learning Economy: A European Perspective”, 2009.



i El artículo que presentamos es en gran medida la transcripción de una intervención en el Coloquio Internacional “Políticas públicas y derechos fundamentales entre Europa y las regiones” desarrollado en Napoles el 27 de febrero de 2010. Agradezco a Stefano Lucarelli por sus observaciones que han permitido mejorar la versión de este trabajo.

ii Sobre este punto me permito reenviar a C. Vercellone, “Crisis de la ley del valor y devenir renta del beneficio. Apuntes sobre la crisis sistémica del capitalismo cognitivo” en A. Fumagalli, S. Mezzadra (recop.) “Crisis de la economia global”, Ombre Corte-Uninomade, Verona pp. 71-10

iii La nueva ley de salud aprobada en los EEUU no modifica la valoración de la fuerza de esta tendencia general. Extendiendo a treinta y dos millones de estadounidenses la posibilidad de acceder a una cobertura médica, la ley no hace más que atenuar ligeramente el retraso notorio del sistema de salud americano con respecto al modelo europeo. Se trata, por otro lado, de un simple compromiso con el sistema de seguridad social privado que permanece como el pilar del sistema de salud americano. Bajo la presión de una violenta campaña de los medios financiada por la seguridad social privada (que el mismo Obama había cándidamente salvado de la bancarrota, sin reclamarles ninguna contrapartida política o económica) la reforma, de hecho, ha sido amputada de aquello que en el origen era el aspecto más radical e innovativo: la opción que habría instaurado un sistema de salud pública disponible para todos y en competencia con la seguridad social privada.

iv F Lordon, “La absoluta urgencia de un contra shock” Le Monde Diplomatique, Marzo 2010.

v J. Gadrey “Modele nordique vs. Modele anglo-saxon”, L’economie politique, Nº 19, Julio 2003. Sobre la confrontación entre los dos modelos de servicios y de Welfare, ver también del mismo autor, “Socio economique des services”, La Decouverte, 2003.

vi Como muestran B-A- Lundvall & Ed. Lorenz en un artículo significativamente titulado: “Sobre el rol de la inversión social en una economía de conocimient: una perspectiva europea” en N. Morel, B. Palier, J. Palme (recop) “What future for social investment”, Institute for Futures Studies, Digaloo, Estocolmo, 2009 http://www.framtidsstudier.se/filebank/files/20091022$140156$fil$L14XjdAIt31VUstBnU0K.pdf.

Para un análisis detallado de los resultados de la indagación ver también Ed. Lorenz y A. Valerye, “Les formes d’organisation du travail dans les pays de l’union europeene”, Documento de Trabajo Nº 32, Centro de Estudios sobre el empleo, junio 2004, http://www.osl.upf.edu/pdfs/travail.pdf

Traducción: César Altamira

*Del sitio italiano Uninomade 2.0 http://www.uninomade.org/modelli-di-welfare-capitalismo-cognitivo/