Colombia: entre la geografía de la desposesión y la mesa de Oslo.

 

                Todo indica que el anuncio y las conversaciones iniciadas en Oslo entre las FARC y el gobierno colombiano de Santos constituyen un acontecimiento histórico de consecuencias aún no previsibles y de enormes potencialidades. La posibilidad de concluir con la guerra prolongada que ha vivido Colombia desde hace ya casi 40 años abre a su vez la posibilidad de terminar con el terrorismo de estado, las persecuciones, las desapariciones así como la criminalización de las protestas sociales apoyadas por la oligarquía agraria y las clases dominantes  nacionales. Es también una oportunidad para las resistencias sociales tras demandas de larga data, así como la puesta en escena de alternativas democráticas y populares largamente promovidas y defendidas. El horizonte democrático abierto incorpora también la posibilidad de que la izquierda se libere de la tentación de las armas, recupere iniciativa política, ahora a la intemperie, y encare la batalla por una democracia radical en línea con lo que demanda el nuevo sujeto político plural y alternativo.

 

La insurgencia no está derrotada militarmente aunque ha sufrido golpes significativos. En esta medida se inicia el cuarto diálogo histórico entre las FARC y el Estado colombiano. Se ha dicho en el acuerdo previo que ninguna de las partes se va a levantar de la mesa, pero los antecedentes indican que el gobierno colombiano rompió las tres experiencias anteriores y no sería raro que lo volviera a hacerlo, aunque existen hoy algunos condicionantes políticos regionales y económicos nacionales que imponen su concreción.

 

                No ha sido fácil llegar a este punto, más aun cuando el proceso está lleno de contradicciones entre un gobierno que, respondiendo al establishment y a los intereses de los grandes propietarios agrícolas ganaderos, apuesta a un rápido proceso que conduzca a la "dejación de las armas" por parte de la guerrilla. Las Farc, como se explicita en el discurso de Iván Marquez, son partidarios de una paz con justicia social y democratización de la sociedad. Un logro importante que no puede dejarse de lado son los cinco puntos puestos en la mesa de discusión: desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y verdad.  En otras palabras el proceso abierto plantea la posibilidad de erradicar las causas económicas, políticas y sociales del conflicto así como la eventualidad de alcanzar un nuevo contrato social que rompa con el statu quo imperante y construya una democracia diferente. En esta disputa es donde pretenden colarse las organizaciones sociales urbanas, campesinas e indígenas planteando sus reivindicaciones sectoriales. Al decir de los analistas políticos se respira un nuevo ambiente político en el marco de las contradicciones capital trabajo y de la aceleración de las luchas de resistencia desde abajo ante una economía de mercado que sigue haciendo estragos en la población. El proceso de paz es también la derrota política de los sectores más belicistas y reaccionarios de la sociedad colombiana, entre ellos el ex-presidente Uribe, hoy sin poder suficiente para seguir jugando las cartas de la guerra. 

 

                En este momento Colombia es el tercer país del mundo en recibir ayuda financiera de los EEUU para la guerra, solo superada por Israel y Egipto. Incluso en algunos rubros se encuentra en primer lugar, por ejemplo, en términos de preparación de la oficialidad media y alta en contrainsurgencia. En los últimos diez años algunos estudiosos calculan que solo en los dos mandatos de Alvaro Uribe (2002-2010), el Estado colombiano gastó U$S 100.000 millones en la guerra. Eso ha mantenido el curso de la guerra que el Estado colombiano no puede ganar en términos militares de manera directa, habiendo recurrido a una política de ablandamiento de la insurgencia y de sus bases sociales mediante bombardeos y con la guerra interna en todos los niveles, buscando crear las condiciones que obliguen a dialogar a una insurgencia contenida y debilitada.

 

En el discurso inicial Iván Marquez, vocero de la guerrilla, señaló que era necesario examinar dos de las llamadas locomotoras de la administración Santos: el desarrollo rural y la gran minería. La primera hace a la enorme desigualdad en la posesión de la tierra con solo dos millones de hectáreas para la agricultura en un país que importa 10 millones de toneladas en alimentos y ha producido cuatro millones de desplazados por la guerra. Y la gran minería, que según Márquez, operada por las multinacionales mineras, reciben más de 30 millones de hectáreas de las 114 millones que posee el país para una explotación que no se compadece con el medio ambiente. Toda una radiografía política de los límites del acuerdo. Si Uribe representa a los latifundistas del campo, Santos se muestra más cercano a los intereses agro-mineros y financieros.

               

                Recuperando la vieja inversión trontiana, las conversaciones de paz lanzadas por el gobierno colombiano deben ser interpretadas como la consecuencia directa de las luchas de resistencia de los campesinos, indígenas y movimientos estudiantiles y urbanos colombianos, FARC incluidas, desarrolladas en los últimos tiempos. No se trata de una concesión del presidente colombiano Santos ni de Obama; mucho menos de los sectores más guerreristas y reaccionarios colombianos. Se trata de un proceso que tiene sus antecedentes más inmediatos en la larga marcha sobre Bogotá iniciada por los indígenas nasa desde el Cauca conocida como la Minga[1] Social y Comunitaria de 2008, en las iniciativas ciudadanas y sociales de la Marcha Patrótica de 2010, en el Congreso de los Pueblos de 2011, en las luchas urbanas y estudiantiles desplegadas en las más importantes ciudades colombianas; en fin en los múltiples solicitudes por la Paz promovidas desde hace ya largo tiempo. Estamos frente a un proceso que excede largamente a la lucha de las FARC. La insurgencia armada y la rebeldía social y política no armada han sido una respuesta político-social a la cruel realidad nacional, a la guerra sucia integral; guerra de Estado, de la clase dominante, del poder imperial y las mafias asociadas a esas fuerzas.

 

                Al compás de las conversaciones y de las resistencias urbanas y territoriales, se plantea también la posibilidad para una reconfiguración de la izquierda colombiana. Colombia se encuentra frente a la oportunidad inédita de incorporar al proceso lanzado las demandas que históricamente acompañaron los movimientos por la paz así como las de aquellos movimientos y organizaciones populares que desde hace años demandan la finalización del conflicto armado. Se trata de uno de los países más desiguales e injustos del mundo. Esa desigualdad está vinculada principalmente con la distribución de la propiedad territorial. Un exiguo porcentaje de grandes propietarios, 0,4 %, acaparan el 64% de la tierra de un país donde miles de campesinos no tienen acceso a la tierra por haber sido despojados de ella. Este es el punto neurálgico del conflicto colombiano. Se puede afirmar que la guerra prolongada ha sido una guerra librada en torno de la propiedad de la tierra, a su defensa por los grandes terratenientes apoyados por el Estado que han formado ejércitos particulares conocidos a nivel internacional con el nombre de paramilitares, cuya función ha sido defender los intereses de los grandes propietarios. Estos, junto al Estado colombiano y la asesoría directa de EE. UU., han formado este ejército paralelo. Simultáneamente el logro de la paz significará para los 3 millones de trasplantados, debido a la guerra, la posibilidad del regreso a sus tierras originarias.

 

                Debemos reconocer también que la sociedad colombiana ha cambiado en estos últimos treinta años, dejando de ser aquella sociedad con fuerte predominio agrícola campesina para pasar a ser una sociedad con fuerte concentración urbana de la mano del  crecimiento de las nuevas chimeneas urbanas adaptadas a la globalización imperante. Y donde también se manifiesta aquella crisis de la política cuestionadora de la representatividad política: ya no gobiernan ni los conservadores ni los liberales, tradicionales partidos en decadencia que han diluido lentamente su influencia. Igual camino sigue el Partido de la U al que pertenece Uribe y Santos. En ese contexto han crecido los movimientos sociales urbanos cuya principal demanda ya no es la tierra, sino la vivienda, la salud, la educación, el transporte público; en fin, una vida urbana digna. Se trata de sectores que a pesar de no verse directamente afectados por la guerra, en razón de su actividad urbana, desean igualmente el fin del conflicto.

 

La Mesa de Oslo se ajusta a una iniciativa que debilita las posiciones guerreristas nacionales del ex-presidente Uribe y sus aliados, y que, al mismo tiempo, revaloriza los espacios de democracia y de resistencia en la región. No solo se trata de la posibilidad de integración  de las FARC a una vida política "de cielo abierto" sino también del protagonismo que las diferentes organizaciones sociales campesinas, indígenas podrían asumir en el proceso de paz abriendo el camino hacia una democracia radical.

 

                Así en los últimos años, al lado de las seculares reivindicaciones salariales, de estabilidad laboral, de acceso a la tierra y por mejores servicios públicos domiciliarios y sociales, se han sumado otras demandas como la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la paz, el debate sobre el modelo económico, las políticas de recursos naturales y de privatizaciones, y algunas peticiones que reclaman especificidades étnicas, generacionales y de género. Lo anterior significa que Colombia sigue siendo un país en donde la gente resiste a las carencias materiales y sobre todo a la pésima distribución del ingreso, habiendo incorporado en forma creciente a la agenda de sus luchas demandas políticas o culturales, algunas de las cuales se explican por la guerra interna, mientras otras responden a fenómenos locales y globales de modificación de las necesidades y derechos, y por ende de las identidades colectivas.

 

                En ese contexto resultan lógicas las presiones de los distintos movimientos sociales que pujan legítimamente por participar en la mesa de negociaciones, más allá de la insurgencia armada, volviendo la mesa de negociaciones incluyente, con participación de quienes desde diversos escenarios y regiones han venido contribuyendo al objetivo de la paz; consensuando entre ellos las propuestas y temáticas concretas, lo que se ha dado en llamar una “agenda social”, expresión de las reivindicaciones de los diferentes sectores sociales. En los últimos tiempos se nuclearon en lo que se dio en llamar la Ruta Social Común para la Paz donde participan y apoyan movimientos de víctimas, las organizaciones estudiantiles, sectores de los trabajadores, Colombianos y Colombianas para la Paz, la Marcha Patriótica, la Red de Iniciativas de Paz desde la Base, el Congreso de los Pueblos, la Coalición de Movimientos Sociales de Colombia. Un variopinto de organizaciones sociales. El Gobierno ha propuesto que la integración de los movimientos al diálogo se realice a través del Consejo Nacional de Paz,  figura institucional, no autónoma y supeditada al poder, donde incluso están representados los empresarios.

 

                Pero el gobierno colombiano está interesado también en impulsar la paz presionado por dos circunstancias fundamentales, una regional y otra nacional. En los últimos años el ambiente geopolítico de América del Sur ha cambiado sustancialmente con el fortalecimiento del UNASUR, la creación del CELA, la integración latinoamericana de Cuba, así como la impronta particular que le da Chavez a la región, confirmada por su última reelección. En ese contexto el gobierno más derechista del continente se ve obligado a generar políticas de nuevo tipo que allanen el camino en términos de las alianzas, pactos y acuerdos económicos que se están firmando en América Latina. Las clases dominantes colombianas no quieren quedar al margen de los procesos de integración y ven que la guerra es un obstáculo en términos regionales.

 

Un segundo determinante, es el bloque de países del Pacífico latinoamericanos con los cuales los Estados Unidos tienen TLC vigentes (México, Colombia Perú y Chile) creado por la diplomacia estadounidense como contrapeso al bloque de países democráticos y progresistas de América Latina. Se trata de países con los que el Estado colombiano está también por firmar Tratados de Libre Comercio (TLC). Sin embargo hay otros TLC, también importantes, en curso con EEUU, Unión Europea, Costa Rica y Corea del Sur. Los países contraparte de estos tratados exigen un ingreso seguro a los territorios para realizar nuevas inversiones extractivistas. La persistencia de la guerra y la presencia de la guerrilla en estas geografías del suelo colombiano ahuyentan toda inversión posible. Esto explica la necesidad de diálogos de paz. El tiempo dirá si esta vez las conversaciones llegan a buen puerto.

 

Aunque Colombia no ha sido un país minero de la magnitud de Chile o aun de Perú, sus clases dominantes, fiel a su pasado dependiente y colonial recrean en estos días toda su aptitud rentística a partir de los proyectos oficiales de convertir a Colombia en un nuevo país minero. En efecto, el gobierno ha puesto en marcha una búsqueda territorial con el objeto de localizar las existencias minerales para luego otorgarles a las multinacionales la licencia para su  explotación de las riquezas minerales. Esta determinación ha derivado en un loteo minero del territorio a la búsqueda de carbón, níquel, oro, coltán, petróleo y toda reserva productiva que pudiera existir. 

 

El presidente Santos anunció en la cumbre internacional ambiental Río+20 Santos la creación de áreas estratégicas mineras en más de 17 millones de hectáreas en gran parte de la Amazonia donde viven 56 de los 102 pueblos indígenas que hay en Colombia, muchos de ellos con poblaciones diezmadas. En la parte amazónica donde se hará la reserva minera hay 70 resguardos indígenas. Según Julio César Estrada de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía, los indígenas no están preparados para la entrada de la minería a gran escala al territorio porque con la minería “llegan las rupturas entre la comunidad indígena y también la prostitución, el alcoholismo y la drogadicción”.

 

En todos los casos el gobierno exalta la importancia de la inversión de capital extranjero para permitir el “desarrollo” de los territorios y para que sus habitantes salten del “atraso” a la “civilización”.  La política neo desarrollista colombiana sigue a las políticas desarrollistas latinoamericanas, aún las de los propios gobiernos progresistas. 

 

Pero las inversiones extranjeras en explotaciones naturales, suelo, minería, petróleo así como las licencias ecológicas necesarias conducirán inevitablemente al tema de la propiedad del suelo, y es aquí donde los movimientos campesinos e indígenas pueden plantar una resistencia constituyente que vaya más allá de la simple propiedad privada reconocida en la Constitución. Su productividad política será tal si son capaces de provocar practicas instituyentes asociadas al reconocimiento de las otras formas de propiedad de la tierra como la indígena, la afro, la comunitaria, la pública, la mixta, la comunal, la municipal, la cooperativa , el subsuelo nacional, y que no están explicitadas en leyes específicas o reglamentos de la Constitución, aunque reconocidas en la Constitución del 91. Que violenten la constitución formal recreando caminos de una constitución material de nuevo tipo en oposición toda práctica gubernamental alejada de la dinámica constituyente de los movimientos. Esta apuesta política no solo cuestiona el núcleo duro de la política agraria, sino que simultáneamente puede convertirse en una consigna aglutinadora de los movimientos campesinos e indígenas que deberán tender puentes de acercamiento con los movimientos urbanos si se trata de presionar y resistir las políticas de exclusión.

 

El desafío es romper el encorsetamiento que plantea el gobierno asumiendo con audacia y movilización el nuevo proceso de paz en el supuesto que sólo la presión de la resistencia será la determinante para la magnitud de los cambios. La subjetividad colectiva no puede mantenerse impávida o indolente frente al proceso de paz. Las alternativas en juego son: o se alcanza la recomposición del régimen político imperante bajo la lógica imperial del capital, o los alcances de la paz afianzan la recomposición de una izquierda múltiple y plural capaz de construir nuevos espacios políticos de acuerdos y horizontes de lucha.    

 

César Altamira

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[1] La minga (reunión) es una vieja tradición indígena referida a una manera de participar y construir “caminar juntos, pensar juntos, construir juntos, unirse para defender los derechos legítimos y constitucionales de los pueblos es la razón de ser de la minga”.

 

Texto completo del discurso del comandante Iván Márquez de las FARC-EP en la instalación la mesa de diálogo en Oslo

Nuestro sueño, la paz con justicia social y soberanía

 

 “La paz que hemos querido nosotros, por la cual hemos luchado por mucho tiempo, ha sido siempre buscando que en este paísse acaben las desigualdades que son tan poderosas…”

Manuel Marulanda Vélez

 

 Señoras y señores

Amigas y amigos de la paz de Colombia

Compatriotas

 

Hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo desde el trópico remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos.

 Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el protagonista principal. En él reposa la fuerza irresistible de la paz. Ésta no depende de un acuerdo entre voceros de las partes contendientes. Quien debe trazar la ruta de la solución política es el pueblo y a él mismo le corresponderá establecer los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones.

Tal emprendimiento estratégico no puede concebirse como un proceso contra reloj. La pretendida paz exprés que algunos promocionan, por su volátil subjetividad y por sus afanes, sólo conduciría a los precipicios de la frustración. Una paz que no aborde la solución de los problemas económicos, políticos y sociales generadores del conflicto, es una veleidad y equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia. Necesitamos edificar la convivencia sobre bases pétreas, como los inamovibles fiordos rocosos de estas tierras, para que la paz sea estable y duradera.

No somos los guerreristas que han querido pintar algunos medios de comunicación, venimos a la mesa con propuestas y proyectos para alcanzar la paz definitiva, una paz que implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad verdaderas. Venimos aquí con el acumulado de una lucha histórica por la paz, a buscar, codo a codo con nuestro pueblo, la victoria de la solución política sobre la guerra civil que destroza a Colombia. No obstante, nuestra determinación tiene la fortaleza para enfrentar a los guerreristas que creen que con el estruendo de las bombas y de los cañones pueden doblegar la voluntad de quienes mantenemos en alto las banderas del cambio y la justicia social.

 

No se puede encadenar este proceso a una política enfocada exclusivamente en la obtención desaforada de ganancias para unos pocos capitalistas a los que no les importa para nada la pobreza que abate al 70% de la población. Ellos sólo piensan en el incremento de su botín, no en la reducción de la miseria. Más de 30 millones de colombianos viven en la pobreza, 12 millones en la indigencia, el 50% de la población económicamente activa, agoniza entre el desempleo y el subempleo, casi 6 millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzoso. De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la exploración petrolera, 11 millones a la minería, de las 750 mil hectáreas en explotación forestal se proyecta pasar a 12 millones. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millones. El área cultivable es de 21.5 millones de hectáreas, pero solamente 4.7 millones de ellas están dedicadas a la agricultura, guarismo en decadencia porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año. Más de la mitad del territorio colombiano está en función de los intereses de una economía de enclave.

 En nuestra visión, colocar sobre la mesa el asunto del desarrollo agrario integral como primer punto del acuerdo general remite a asumir el análisis de uno de los aspectos centrales del conflicto. El problema de la tierra es causa histórica de la confrontación de clases en Colombia. En palabras del comandante Alfonso Cano “las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria; también como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos…”

 

Aquello que fue causa esencial del alzamiento armado y de una heroica resistencia campesina, a lo largo del tiempo se ha agudizado. La geofagia de los latifundistas acentuó la desequilibrada e injusta estructura de la tenencia de la tierra. El coeficiente GINI en el campo alcanza el 0,89. ¡Espantosa desigualdad! Los mismos datos oficiales dan cuenta de que las fincas de más de 500 hectáreas corresponden al 0.4% de los propietarios que controlan el 61.2% de la superficie agrícola. Se trata de una acumulación por desposesión, cuya más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzoso, crímenes de lesa humanidad, acentuados durante los 8 años de gobierno de Uribe, todos ellos componentes del terrorismo de Estado en Colombia.

 

Para las FARC, Ejército del Pueblo, el concepto TIERRA está indisolublemente ligado al territorio; son un todo indivisible que va más allá del aspecto meramente agrario y que toca intereses estratégicos, vitales, de toda la nación. Por eso la lucha por el territorio está en el centro de las luchas que se libran hoy en Colombia. Hablar de tierra significa para nosotros hablar del territorio como una categoría que además del subsuelo y el sobresuelo entraña relaciones socio- históricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento de patria, que concibe la tierra como abrigo, y el sentido del buen vivir. Al respecto debiéramos interiorizar la profunda definición del Libertador Simón Bolívar sobre qué es la patria, nuestro suelo, nuestro territorio: “Primero el suelo nativo que nada -nos dice-, él ha formado con sus elementos nuestro ser; nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país; allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación; los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo; todo nos recuerda un deber, todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas; allí fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y de cuanto nos ha formado. ¿Qué títulos más sagrados al amor y a la consagración”?

Partimos de esta visión para alertar a Colombia toda: la titulación de tierras, tal como la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa; encarna una suerte de despojo legal a través del cual se busca que el campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga otra salida que la de vender o arrendar a las trasnacionales y conglomerados financieros, a los que sólo les interesa el saqueo exacerbado de los recursos minero-energéticos que están debajo del suelo. Dentro de su estrategia está la utilización del suelo para extender las explotaciones forestales y las inmensas plantaciones, no para resolver el grave problema alimentario que padece nuestro pueblo, sino para producir agro-combustibles que alimentarán automóviles. En el mejor de los casos, la gente del campo quedará con una renta miserable, pero alejada del terruño y confinada en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Al cabo de 20 o 30 años de contrato nadie se acordará del verdadero dueño de la tierra. Lo aseguramos sin vacilación: la bancarización de la tierra derivada de la titulación, acabará “tumbándole” la tierra al campesino. Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación minero-energética y forestal.La naturaleza como fuente de información genética no puede ser convertida en botín de las trasnacionales. Nos oponemos a la invasión de las semillas transgénicas y a la privatización y destrucción de nuestra biodiversidad y a la pretensión de hacer de nuestros campesinos pieza del engranaje de los agro-negocios y sus cadenas agroindustriales. Están en juego la soberanía y la vida misma.

 

En estos términos, la titulación no es más que la legalidad que pretende lavar el rostro ensangrentado del despojo que durante décadas ha venido ejecutando el terrorismo de Estado. Para una trasnacional es más presentable decir “tengo un título minero” a que se le sindique de haber financiado grupos paramilitares y desterrado a una población para hacer viable su proyecto extractivo. Dentro de esta dinámica en Colombia el régimen asesina no sólo con sus planes de guerra, con sus paramilitares y sicarios, sino también con sus políticas económicas que matan de hambre. Hoy hemos venido a desenmascarar a ese asesino metafísico que es el mercado, a denunciar la criminalidad del capital financiero, a sentar al neoliberalismo en el banquillo de los acusados, como verdugo de pueblos y fabricante de muerte.

 

No nos engañemos: la política agraria del régimen es retardataria y engañosa. La verdad pura y limpia, como dice el Libertador Simón Bolívar, es el mejor modo de persuadir. La mentira sólo conduce a la agudización del conflicto. El fin último de tales políticas, en detrimento de la soberanía y del bienestar común, es dar seguridad jurídica a los inversionistas, liberalizar el mercado de tierras y lanzar el territorio al campo de la especulación financiera y mercados de futuro. Independientemente de que exista o no la insurgencia armada, ésta política multiplicará los conflictos y la violencia.

Acumulación por desposesión y nueva espacialidad capitalista, eh ahí la fórmula del proyecto político-económico de las élites neoliberales haciendo chorrear sangre a la patria de la cabeza a los pies.

 Es a esto a lo que nos resistimos. Las FARC no se oponen a una verdadera restitución y titulación de tierras. Por años hemos luchado, como pueblo en armas, por una reforma agraria eficaz y transparente, y es precisamente por ello que no se puede permitir que se implemente el despojo legal que el gobierno proyecta con su ley de tierras. Por medio de la violencia del Plan Colombia y el proyecto paramilitar, se preparó el territorio para el asalto de las trasnacionales. La ley general agraria y de desarrollo rural, es esencialmente un proyecto de reordenamiento territorial concebido para abrirle campo a la economía extractiva en contra de la economía campesina, en desmedro de la soberanía alimentaria y del mercado interno, al superponer el mapa minero-energético sobre el espacio agrícola. Ni siquiera se tiene en cuenta la promoción de una agroecología que permita una interacción amigable con la naturaleza.

 Por otro lado, la restitución de tierras tiene que aludir a las tierras que les arrebataron violentamente a los campesinos, indígenas y afro descendientes, y no a baldíos distantes de sus sitios raizales de existencia, también codiciados hoy por las multinacionales. Pero resulta que este es un problema que tiene que ver con todo el pueblo colombiano y que de hecho está salpicando de conflictos todo el territorio. Hay una profunda inconformidad del país nacional con el hampa financiera que se está apropiando de la Orinoquía. Ahora han aparecido unos tales “nuevos llaneros” que de llaneros no tienen nada, como los magnates Sarmiento Angulo y Julio Mario Santodomingo (hijo), los terratenientes Eder del Valle del Cauca, el señor Efromovich, el ex vicepresidente Francisco Santos (gestor del paramilitar Bloque Capital), los hijos de Uribe Vélez, entre otros filibusteros, que ningún derecho tienen sobre esas tierras y que sólo quieren clavar sus garras en el petróleo, el oro, el coltán, el litio, explotar grandes proyectos agroindustriales y la biodiversidad de la altillanura. Abordar el asunto agrario es discutir con el país sobre estos problemas. Que hablen los verdaderos llaneros, esos de piel tostada por el sol de los bancos de sabana; esos que por siglos han convivido en armonía con los morichales y el vuelo de las garzas y de los alcaravanes; esos de pies descalzos que con su histórica bravura empuñaron las lanzas para darnos la libertad.

 El pueblo tiene la palabra: Ahí está la patriótica resistencia de los trabajadores petroleros contra la canadiense Pacific-Rubiales en Puerto Gaitán, cuyo escenario de saqueo fue preparado con sangre por los paramilitares de Víctor Carranza. Diariamente el vampiro trasnacional se lleva más de 250 mil barriles de petróleo, mientras le succiona la sangre a más de 12 mil 500 trabajadores tercerizados que como esclavos tienen que trabajar 16 horas diarias por 21 días continuos por una semana de descanso. Su situación laboral es más atroz que la impuesta por los enclaves bananeros de los años 20.

Ahí está la resistencia de los pobladores del Quimbo, donde el gobierno pretende sacar a patadas a la gente que ha vivido allá más de un siglo, destruyendo así sus trayectorias culturales, de vida, y su entorno ambiental. ¿Vamos a dejar acaso que se hiera de muerte al río de la patria que es el Río Grande de la Magdalena, sólo para construir una represa que generará energía para la exportación y no para resolver la demanda interna de millones de colombianos que no tienen acceso a la energía eléctrica? Para el gobierno están primero las ganancias de la trasnacional EMGESA que la suerte de las familias que quedarán desarraigadas.

 Ahí está la resistencia de los pobladores de Marmato (Caldas), gente humilde que siempre ha vivido de la explotación artesanal aurífera y que ahora la trasnacional MEDORO RESOURCES quiere borrar del mapa para convertir esa aldea en la mina de oro a cielo abierto más grande del continente. Recordemos aquí, que hasta la iglesia colombiana ha acompañado esa justa lucha en la que el sacerdote José Idárraga, líder del Comité Cívico Pro defensa de Marmato, fue acribillado por los esbirros de las trasnacionales.

Ahí está la formidable resistencia indígena y campesina en el Cauca en defensa de su territorio y de sus culturas ancestrales, y la de sus hermanos afrocolombianos, guardianes patrióticos de la soberanía del pueblo sobre el Pacífico y nuestras selvas.

 Insisten las castas dominantes en destrozar el páramo de Santurbán, riqueza de biodiversidad y de aguas que sacian la sed de ciudades importantes como Bucaramanga y Cúcuta. Por la codicia del oro pretenden destruir la alta montaña y la pureza de las aguas del río Suratá. La dignidad de los hijos de José Antonio Galán, el comunero, ha movilizado la resistencia, unificando incluso al pueblo llano con el empresariado local, que ha comenzado a entender, que esta es una lucha de toda Colombia.

 ¿Cómo vamos a permitir que por complacer la voracidad por el oro de la ANGLO GOLD ASHANTI se le entregue a esta multinacional el 5% de nuestro territorio? El proyecto extractivo de esa empresa en La Colosa (Cajamarca) dejará una gran devastación ecológica y privará de agua a 4 millones de colombianos que dependen de sus fuentes hídricas.

 La locomotora minera es como un demonio de destrucción socio-ambiental que si el pueblo no la detiene, en menos de una década convertirá a Colombia en un país inviable. Frenemos ya las locomotoras físicas del Cerrejón y de la Drummond que durante las 24 horas del día saquean nuestro carbón, asperjan polución al paso de sus interminables vagones, dejándonos, como dice el cantautor vallenato, Hernando Marín, sólo socavón y miseria. Frenemos a la BHP BILLITON, a XSTRATA y la ANGLO AMERICAN, que para extraer 600 millones de toneladas de carbón que yacen bajo el lecho del río Ranchería, pretenden desviar su curso, lo que disminuirá el caudal de sus aguas en un 40% generando devastación ambiental y destrucción irreparable al tejido social de los pueblos Wayúu.

 Qué asustadizo se ve al gobierno para defender la soberanía frente a la trasnacional BHP BILLITON que saquea en descarada actitud de lesa patria el ferroníquel de Cerro Matoso (Córdoba), y a la que sigue colmando de gabelas en detrimento de la soberanía, el bienestar social y el medio ambiente.

 

Hay que poner fin a esa monstruosidad que son los contratos a 20 y 30 años que privilegian los derechos del capital en menoscabo del interés común.

 

Y claro, se escuchan a los portavoces del gobierno y la oligarquía proclamando el crecimiento de la economía nacional y sus exportaciones. Pero no, en Colombia no hay economía nacional. Quienes exportan el petróleo, el carbón, el ferroníquel, el oro y se benefician con ello, son las multinacionales. La prosperidad, entonces es de éstas y de los gobernantes vendidos, no del país.

 

Este no es un espacio para resolver los problemas particulares de los guerrilleros, sino los problemas del conjunto de la sociedad; y dado que uno de los factores que más impacta negativamente a la población es la subscripción de los Tratados de Libre Comercio, éste es un tema que tendrá que abordarse indefectiblemente. Pobre Colombia obligada a competir con las trasnacionales con una infraestructura arruinada por la corrupción y la desidia.

 

Entonces la paz… sí. Sinceramente queremos la paz y nos identificamos con el clamor mayoritario de la nación por encontrarle una salida dialogada al conflicto abriendo espacios para la plena participación ciudadana en los debates y decisiones.

 

Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. Sí, la paz no es la simple desmovilización. Decía el comandante Alfonso Cano: “Desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales, es una indignidad que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro compromiso y propuesta bolivariana”. Necesariamente tendremos que abocar las causas generadoras del conflicto y sanear primero el cangro de la institucionalidad. Claro, desde el punto de vista estrictamente económico, para una trasnacional es más fácil saquear los recursos naturales del país sin la resistencia popular y guerrillera. Apoyados en ejercicios sencillos de matemática, podemos afirmar que la guerra es insostenible para el Estado, por las siguientes consideraciones:

 

El gasto militar en Colombia es de los más altos del mundo en proporción a su Producto Interno Bruto. Este alcanza el 6.4% cuando hace 20 años estaba por el orden del 2.4%; es decir, se ha triplicado, y eso es relevante. El gasto militar actualmente oscila entre 23 y 27 billones de pesos al año, descontando que Colombia es el tercer receptor de “ayuda” militar estadounidense en el mundo y que por cuenta del Plan Colombia recibe una financiación equivalente a 700 millones de dólares al año.

En Colombia hay un régimen jurídico que se acompaña con la protección militar de las inversiones. De unos 330.000 efectivos de las Fuerzas Militares, 90 mil soldados son utilizados para cuidar la infraestructura y las ganancias de las multinacionales. El enorme gasto que esto representa, aunado al costo de la tecnología empleada, pone en evidencia los límites de la sostenibilidad de la guerra. Nosotros hacemos un llamado sincero a los soldados de Colombia, a los oficiales y sub oficiales, a los altos mandos que aun sientan en su pecho el latir de la patria, a recobrar el decoro y la herencia del ideario bolivariano, que reclama a los militares emplear su espada en defensa de la soberanía y las garantías sociales. Qué bueno sería protagonizar el surgimiento de unas nuevas Fuerzas Armadas. No más sumisión a Washington, no más subordinación al Comando Sur y no más complacencia con la expansión de bases militares extranjeras en nuestro territorio.

 

Esa es la hoguera que arde en nuestro corazón; por eso no pueden ser más que un agravio los llamados instrumentos jurídicos de justicia transicional que apuntan a convertir a las víctimas en victimarios. Que se tenga presente, que el alzamiento armado contra la opresión es un derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, que ha sido consagrado en el preámbulo de la declaración de los derechos humanos aprobada por la ONU en 1948, y que además es un derecho consignado en muchas constituciones de las naciones del mundo. No somos causa sino respuesta a la violencia del Estado, que es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por sus atrocidades y crímenes de lesa humanidad como los 300 mil muertos de la denominada época de la violencia en los años 50, que responda por los 5 mil militantes y dirigentes de la Unión Patriótica asesinados, por el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado, por el desplazamiento de cerca de 6 millones de campesinos, por los más de 50 mil casos de desaparición forzada, por las masacres y los falsos positivos, por las torturas, por los abusos de poder que significan las detenciones masivas, por la dramática crisis social y humanitaria; en síntesis que responda por el terrorismo de Estado. Quien debe confesar la verdad y reparar a las víctimas son sus victimarios atrincherados en la espuria institucionalidad.

 

Somos una fuerza beligerante, una organización política revolucionaria con un proyecto de país esbozado en la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, y nos anima la convicción de que nuestro puerto es la paz, pero no la paz de los vencidos, sino la paz con justicia social.

 

La insurgencia armada motivada en una lucha justa no podrá ser derrotada con bombarderos ni tecnologías, ni planes por muy sonoros y variados que sean sus denominaciones. La guerra de guerrillas móviles es una táctica invencible. Se equivocan aquellos que embriagados de triunfalismo hablan del fin del fin de la guerrilla, de puntos de inflexión y de derrotas estratégicas, y confunden nuestra disposición al diálogo por la paz con una inexistente manifestación de debilidad. Nos han golpeado y hemos golpeado, sí. Pero con el romancero español podemos decir: “por fortuna os vanagloriáis porque vuestras armas están bruñidas; en cambio mirad las mías, qué amelladas están, porque hieren y han sido heridas”. Así son los avatares de la guerra. El Plan Patriota del Comando Sur de los Estados Unidos ha sido derrotado y la confrontación bélica se extiende hoy con intensidad por todo el territorio nacional. No obstante en nosotros palpita un sentimiento de paz fundado en el convencimiento de que la victoria siempre estará en manos de la voluntad y la movilización de nuestro pueblo. “Este es un mensaje de decisión, decía hace poco Alfonso Cano: aquí en las FARC nadie está amilanado, ¡estamos absolutamente llenos de moral, de moral de combate!”.

 

Presidente Santos, fundemos la paz tomando como base los anhelos de la nación.

 

Convocamos a todos los sectores sociales del país, al Ejército de Liberación Nacional, ELN, a los Directorios de los partidos políticos, a Colombianas y Colombianos por la Paz, organización que liderada por Piedad Córdoba trabajó denodadamente por abrir esta senda, a la Conferencia Episcopal y a las iglesias, a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), a la Coordinadora de Movimientos Sociales de Colombia (COMOSOCOL), a los promotores del Encuentro por la Paz de Barranca, a los indígenas, a los afro-descendientes, a los campesinos, a las organizaciones de desplazados, a la ACVC, a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), a las centrales obreras, a las mujeres, al movimiento juvenil colombiano, a la población LGTBI, a los académicos, a los artistas y cultores, a los comunicadores alternativos, al pueblo en general, a los migrados y exiliados, a la Marcha Patriótica, al Polo Democrático, al Congreso de los Pueblos, al Partido Comunista, al MOIR, a la Minga Indígena, a los amantes de la paz en el mundo, para que llenen de esperanza este intento de solución diplomática del conflicto.

 

Simón Trinidad ya manifestó desde la cárcel imperial de Florence (Colorado), donde está condenado injustamente a 60 años de presidio, su total disposición para participar en los diálogos por la paz de Colombia. En un acto de sensatez la Fiscalía colombiana ha dicho que él tiene todo el derecho a hacer parte de la delegación de las FARC en la mesa de conversaciones y el Consejo Superior de la Judicatura ofreció la tecnología y la logística para que eso sea posible. El gobierno de los Estados Unidos haría un gran aporte a la reconciliación de la familia colombiana, facilitando la participación de Simón, de cuerpo presente en esta mesa.

 

Finalmente queremos expresar nuestra eterna gratitud a los gobiernos y pueblos de Noruega, Cuba, Venezuela y Chile, que desplegaron sus esfuerzos mancomunados desde Escandinavia, desde el Caribe, desde la cuna de Simón Bolívar y desde el indómito Arauco de Neruda y Allende, para que el mundo pueda contemplar el prodigio de la nueva aurora boreal de la paz. También resaltamos la contribución del CICR como garante del traslado de voceros de las FARC desde agrestes regiones colombianas bajo el fuego.

Rendimos homenaje a nuestros caídos, a nuestros prisioneros de guerra, a nuestros lisiados, a la abnegación de las Milicias Bolivarianas, al Partido Comunista Clandestino y al Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, y junto a ellos al pueblo fiel que nutre y acompaña nuestra lucha.

 Sin aún comenzar la discusión, no coloquemos como espada de Damocles, a pender amenazas sobre la existencia de esta mesa. Sometamos las razones de cada una de las partes contendientes al veredicto de la nación, a la veeduría ciudadana. No permitamos que los manipuladores de opinión, desvíen el rumbo de esta causa necesaria que es la reconciliación y la paz de los colombianos en condiciones de justicia y dignidad. La gran prensa no puede seguir actuando como juez inicuo frente al conflicto, porque como decía Cicerón, “un juez inicuo es peor que un verdugo”. De los esfuerzos de todos y de la solidaridad del mundo, depende el destino de Colombia. Que la oración por la paz de Jorge Eliécer Gaitán ilumine nuestro camino:“Bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. ¡Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres del pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia!”.

 

Damos la bienvenida a este nuevo emprendimiento por la paz con justicia social. Todos, por la solución incruenta del conflicto colombiano.

 

¡Viva Colombia/ Viva Manuel Marulanda Vélez/ Viva la paz!

 

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP