jueves, 10 de mayo de 2012


Kirchnerismo:  ¿gobierno o governance?
 0.0
                Nos proponemos avanzar en la caracterización política del kirchnerismo y su proyecto; entender el llamado modelo y dar cuenta de la importancia de la narración oficial en la construcción del consenso alcanzado por el gobierno, así como la persistencia de lo viejo y el despuntar de lo nuevo en el peronismo gobernante. Discutiremos también algunas ideas difundidas en recientes análisis con relación al gobierno de los Kirchners que nos sirven de contrapunto; en especial los trabajos escritos por Mellino y por Mezzadra (este último en menor medida) difundidos en el sitio de la Uninomade 2.0 italiana, hace unos meses. Desgraciadamente, debemos aclarar, no se cuenta con la traducción española de dichos trabajos.
                La heterogeneidad propia de las sociedades latinoamericanas promovida en los últimos tiempos por las políticas neoliberales y el avance del capitalismo cognitivo, plantea la posibilidad de construcción de una governance post neoliberal. Sólo la posibilidad, la potencialidad de dicho evento. Es difícil avanzar en el análisis que pretende globalizar al conjunto de las sociedades latinoamericanas en función de sus heterogeneidades y diferencias manifiestas. La globalización del análisis, si bien tiene el encanto de la totalización, al mismo tiempo presenta el peligro de generar extrapolaciones erróneas, simplificadoras. Por ello es que en el trabajo que presentamos otorgamos una particular importancia a lo simbólico a los imaginarios sociales, a los tabúes surgidos de las prácticas históricas  en el país, a sus lealtades, fidelidades y tradiciones políticas donde abrevan las luchas del ayer y del presente. Sostenemos la hipótesis de que, a pesar de los profundos cambios operados en la sociedad argentina en los últimos veinte años, que la volvieron más heterogénea, más singular, menos fordista y más cognitiva, el kirchenrismo ha podido gobernar y alcanzar consenso político debido a formas de gestión que remiten más a la tradición y práctica de gobiernos republicanos, que al desarrollo de una governance postmoderna. Se trata de un fenómeno cuyas causas abrevan en la fuerte impronta que el peronismo ha dejado en la sociedad y en la historia política del país. Por ello no compartimos la tesis de Mezzadra acerca que nos encontramos frente a la crisis definitiva del estado de desarrollo. Debemos examinar esta categoría en el marco de la larga historia latinoamericana respecto a las concepciones desarrollistas y a las de la teoría de la dependencia. Sólo en ese marco nos parece apropiada analizarla. No parece que la productividad política del kirchnerismo se asiente en una discontinuidad con respecto al modelo nacional desarrollista, ni que la adhesión a dicha política sea pura retórica. Las nacionalizaciones promovidas (Correo Argentino, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas y últimamente Repsol-YPF), las apuestas a la revitalización del mercado interno, el impulso a las políticas de industrialización y de sustitución de importaciones relativizan por sí mismas dicho abordaje (Mezzadra). No son sólo gestos  declamatorios. Luego de la noche neoliberal reconocemos la existencia de un desarrollismo resucitado. Mixturado e impuro; de patas cortas, sin duda, pero desarrollismo al fin. Es cierto que el capitalismo cognitivo cuestiona y quebranta los conceptos de ciudadanía y representatividad política; que vuelve obsoleta la imagen del representado en y por el estado; que vuelve anacrónico reclamar derecho a los derechos sociales asentado en la relación salarial fordista. Sin embargo, a pesar de ello debemos reconocer que el kirchnerismo ha resultado exitoso en recrear en el imaginario social del nuevo siglo los recuerdos y nostalgias propios de la vieja época peronista. Mientras deja de lado las pesadas cargas de lo que “falta por hacer”: precariedad laboral, informalidad laboral, pobreza sostenida, un 75 % de la fuerza de trabajo fuera de las convenciones colectivas de trabajo, salarios que no alcanzan, salud privatizada etc. En ese fenómeno se asienta en todo caso la anomalía argentina, el hecho maldito del peronismo.       
0.1    Gobierno kirchnerista
El kirchnerismo se propuso obturar toda continuidad a la iniciativa y creatividad política que alumbró en el 2001; buscó recomponer de manera perentoria la crisis de representatividad que estalló para esa época. En efecto, no solo no incorporó el 19-20D como antecedente que permitiera iluminar una nueva etapa, sino que, por el contrario, consideró que su fortaleza política solo podía construirse dejando atrás ese acontecimiento, leído por el oficialismo  como el hecho maldito producido por el neoliberalismo, suceso anárquico que había desmadrado toda organización u organicidad política tras la consigna del “que se vayan todos”. Por ello es que, cuando en los últimos días de febrero de este año, en ocasión del accidente ferroviario que dejara 51 muertos, se volvió a corear la consigna de "que se vayan todos" el kirchnerismo estremeció de pánico. Debemos aclarar que esta consigna englobaba a la dirigencia de los partidos políticos,   de los sindicatos, banqueros y empresarios, pero no mucho más allá de estos. En discrepancia con aquellos análisis que ven en el 2001 la expresión más alta de las luchas contra el neoliberalismo, la gesta del 2001 debe ser entendida como la primera gran irrupción del nuevo sujeto político a que diera lugar las políticas neoliberales en Argentina, y, seguramente en Latinoamérica. Su potencialidad política solo puede medirse si se tiene en cuenta que por primera vez en la historia política del país, un gobierno elegido por el voto popular fue derrocado por una insurrección popular. Por ello, el kirchenrismo no se propuso negociar ni consensuar con esa subjetividad política emergente, sino, por el contrario, anularla, disolverla,  cuando menos devastarla y recrear, en su reemplazo, viejos o dóciles sujetos y construir nuevas subjetividades, manejables desde el poder político. En última instancia recuperar para el poder del estado, la soberanía cuestionada tras la crisis de representatividad que había  transparentado el 19-20D. Encarnar el Termidor del 19-20D.
                Frente a la crisis de la soberanía estatal agudizada con la globalización,  la teoría política moderna, ha incorporado el concepto de governance como tentativa de inscribir los conflictos sociales y los procesos administrativos tras mediaciones particulares, puntuales y singulares del poder soberano. Lejos de reducir la governance a una versión posmoderna de la razón de estado, la teoría intenta mostrar cómo el concepto de praxis de la governance explica la desaparición de la tradicional definición de gobierno.  Se trata de la construcción de nuevos caminos ante la crisis de la representación. La governance en ese contexto no se referencia en esquemas trascendentales ni estructuras fijas y predeterminadas, sino en formas aleatorias de gobierno que dominan por sobre la contingencia; lo que algunos han llamado el "constitucionalismo sin estado" (Teubner) La governance intenta entender al orden social sin representación, sin restaurar el régimen de representación, propio de los regímenes republicanos. En última instancia, no salda la crisis de representación sino que la gestiona. Es posible afirmar que la governance es un espacio abierto de lucha y conflicto entre el poder de la soberanía y el contrapoder de lo social (Negri-Hardt, Commonwealth)
                Sólo en este último sentido es posible hablar de una governance postneoliberal kirchnerista. Los planes sociales kirchneristas, como continuidad de los planes duhaldistas, persiguieron un objetivo central: contener el desempleo y la marginalidad urbana y del conurbano nacional, a la espera de la generación de nuevos empleos, y, paralelamente, desactivar la tensión social que pudiera sacar de cauce político y cuestionar los intentos oficiales por recuperar la legitimación política  perdida. La permanente invocación oficial a la reconstrucción del  imaginario político peronista asentado en la independencia económica, la soberanía política y la justicia social apuntala esta idea. Resulta por lo tanto inapropiado proyectar en el kirchnerismo (como apunta Mellino) la voluntad de construir una governance, como mecanismo político post soberano, capaz de producir un dispositivo de control y de captura de la fuerza inmanente que se expresara  el 19-20D.  El kirchnerismo se propuso superar la crisis de representatividad manifiesta. Y podemos decir que este objetivo, en gran parte cumplido, constituye uno de sus principales éxitos. El kirchnerismo representa el Termidor del 19/20D que expropia la política constituyente del 19-20D, presentada socialmente bajo el carácter de destituyente. Avalar la idea de una governance kirchnerista (Mellino) supone aceptar que el kirchnerismo, consciente o inconscientemente, se propuso la construcción de un nuevo tipo de gobierno que, incorporando su relación con los movimientos, fuera más allá del clásico concepto republicano. Esto es, reivindicar y apuntalar la construcción de un espacio productivo común asentado ahora en la productividad social y política de los movimientos de desocupados y pobreríos del conurbano, así como en la solidaridad y en el trabajo comunitario de larga tradición social en estos espacios sociales.
                La instancia de governance kirchnerista, si hubo algo que tendiera a ello, quedó reducida al corto tiempo llamado de la transversalidad. Esta construcción política fue propuesta por el oficialismo en sus comienzos pero rápidamente abandonada en 2005. No parece apropiado hablar de una ruptura o discontinuidad evidente con relación a gestiones políticas peronistas precedentes. Sí es posible hablar de modalidades y/o formas diferentes de construcción política y elección de interlocutores entre Néstor Kirchner (NK) y Cristina Fernandez de Kirchner (CFK).  Si con NK el gobierno se recostó en el Partido Justicialista y en la estructura partidaria del conurbano bonaerense (los llamados barones del conurbano), o en las clásicas estructuras sindicales (CGT y  Moyano), con CFK los aliados de la familia mutaron a La Campora, estructura política de jóvenes de elite, profesionalizada, vertical y de alto acatamiento al poder del gobierno, construida no desde los territorios sino desde las alfombras del poder. La Cámpora se ha visto catapultada en los últimos tiempos a la gestión de las políticas públicas (Aerolineas Argentinas, YPF, ex- COMFER, Autoridades legislativas naciones y provinciales, ANSES regionales, Directorios de empresas privadas con participación accionaria del ANSES, puestos en Ministerios Nacionales de segunda línea, numerosos nombramientos en el estado),  fenómeno que la acerca más a una burocracia orgánica de estado que a las formas históricas de gobierno peronista. En este aspecto radica la novedad del kirchnerismo, más concretamente la del 2º mandato de CFK. Por ello es que la construcción de una governance kirchnerista asociada a los movimientos sólo puede analizarse como expresión de deseos coligada a una benevolente lectura del oficialismo. Los movimientos fueron dejados de lado por el kirchnerismo a partir de 2005 y los dirigentes de los movimientos, cuando fueron incorporados a una tarea de gestión oficial, lo hicieron  formando parte de una política de cooptación del gobierno.
El llamado "retorno de la política" incorporado al discurso kirchnerista se asienta en la negación del 2001 como proceso de creatividad política y explosión de una nueva resistencia transversal que hibridizó los sectores medios pauperizados por la crisis,  los desempleados alcanzados por las políticas neoliberales y los nuevos trabajadores autónomos generados por la cognitivización del capitalismo. Para el kirchnerismo se trataba de encausar el proceso referenciándolo en el “glorioso” pasado peronista alejándolo de la propuesta anárquica que proyectaba un futuro incierto para el país. Si es posible hablar de un retorno de la política, éste se corporiza en la política destituyente del 19-20D, antes que en la política instituyente del kirchnerismo (recuperación de la trascendencia de la representatividad).    
1.0 Peronismo aggiornado al siglo XXI
¿Cómo podemos calificar al proyecto político kirchnerista? Básicamente el kirchnerismo se propuso recrear el movimiento peronista, aggiornándolo y modernizándolo de acuerdo a los nuevos tiempos. Adaptando las viejas banderas peronistas al siglo XXI: a) reemplazo de la soberanía política de los 50’s y 70`s, que diseñaba un enfrentamiento aislado del estado nación con el imperialismo estadounidense, por un regionalismo latinoamericano, apoyado ahora en la construcción de la UNASUR y en el fortalecimiento del MERCOSUR; el slogan político de “el nuevo siglo nos encontrará unidos o dominados” toma cuerpo en la regionalización latinoamericana;  b) sustitución de la exclusividad otorgada al “movimiento obrero organizado” como pivote del movimiento peronista, por una base ampliada que incorpora también  a la estructura partidaria del conurbano bonaerense (continuidad con la política duhaldista), así como a los movimientos sociales más afines: Movimiento Evita, Frente Transversal, Kolina, y sus destacamentos provinciales, la Jaurectche etc. y, como dato relevante, a los Movimientos de DDHH cooptados: MPM, Abuelas e HIJOS; c) valoración de la justicia social, ahora tras la continuidad de los planes sociales iniciados por el duhaldismo, como forma de paliar y superar la desigualdad social generada por el neoliberalismo; d) reindustrialización del país en la perspectiva de la independencia económica,  luego de la política de "valorización financiera" (sic)  y destrucción de  la industria nacional por el neoliberalismo, como forma de alcanzar el pleno empleo, integración al mercado mundial y superación de la pobreza; d) utilización de la renta diferencial de la tierra, de la renta petrolera y últimamente de la renta minera, como manera de subsidiar a la industria nacional (vía créditos de bajo interés, desarrollo de obras de infraestructura, etc.) así como sostén de los planes sociales, que permitan amortiguar la pobreza mientras el crecimiento, al incorporar nuevos sectores, se derrama sobre la sociedad.  Es lo que el discurso kirchnerista ha llamado modelo de acumulación con inclusión social. Quizás los intentos de revival remozado del peronismo, puedan sintetizarse en la imagen de Evita que, como trasfondo, acompaña casi permanentemente las ya frecuentes apariciones públicas de CFK por TV, pareciendo revelar una obstinada búsqueda  de asimilarse con quien fuera la "abanderada de los humildes".
1.1 Disciplinamiento y control
Toda realidad política, presenta sus aspectos contradictorios. Luego de lo dicho debemos reconocer que han habido puntos de ruptura con el viejo peronismo, fundamentalmente en la gestión de CFK. Algunos elementos ya los hemos mencionado. Así, las invocaciones de CFK a una solvente gestión profesional en la recientemente expropiada Repsol-YPF, como forma de administración eficiente y necesaria, dan cuenta de esta discontinuidad, en la medida que el peronismo nunca privilegió el concepto de eficiencia en el manejo de la res pública. Por el contrario, siempre antepuso la función de estado protector y de bienestar social a la de un estado eficaz en el manejo administrativo. Todo indica que estamos también ante la constitución de un estado que,  alejado del imaginario peronista de prioridades y acciones estatales de protección social, se muestra propenso a la construcción de un campo burocrático estatal atento a la gestión gubernamental y en línea con la construcción de un espacio de disciplinamiento de los sectores más díscolos de la sociedad. La ley antiterrorista, recientemente promovida por el ejecutivo, induce a pensar más bien en intentos de disciplinamiento del trabajo precario e informal de las capas más bajas de la sociedad, que en la construcción de un campo estatal  con sesgo fuertemente social. La criminalización de la protesta social, pretendiendo doblegar y poner en caja a los sectores de clase trabajadora post industrial, más reticentes a aceptar la precarización del trabajo asalariado (fábrica Kraft), marcan los límites que acepta el nuevo Leviatán a los que deberán ajustarse los "ciudadanos de bien".  La ley antiterrorista (adjetivación que parece toda una ironía en el lenguaje kirchnerista) satisface una exigencia del organismo internacional GAFI y cumple un doble papel de control. Son ellos la identificación de los activistas sindicales y el de disciplinamiento, en la medida que criminaliza la protesta social al penalizar a su dirigencia. La política del estado se mueve entonces, contradictoriamente, entre la transferencia de recursos y generación de programas hacia los de abajo, y la penalización  de los mismos individuos. La reiterada desacreditación de la protesta social por CFK con relación a las protestas de los trabajadores de Subterráneo de Bs. As., con relación a la lucha de los maestros y últimamente con relación a los cortes de rutas, es reveladora de la intolerancia para con quienes cuestionan al gobierno paso previo a la criminalización de la protesta. Este perfil de estado, que mixtura de manera sobredeterminada el disciplinamiento y el control, es indicativo de la anomalía argentina. Cuando mundialmente asistimos al debilitamiento de la sociedad disciplinaria y la consolidación de la sociedad de control, en nuestro país esa transición se presenta de manera dudosa, imprecisa, con retrocesos y  vacilaciones; distorsionada y de manera ambigua.  En esa perspectiva se enmarca también las políticas sociales del gobierno y la singularidad argentina. 
  1.2 Crecimiento, sintonía fina y workfare.
Debemos ser capaces de dejar de lado el cotillón que arropa el relato épico oficialista, de poder exponer sólo una delgada pátina de verosimilitud, para avanzar en un análisis del kirchnerismo que deje de lado toda adjetivación que eluda el análisis (complejo, difícil, entrecruzado, lo que falta etc.) así como los intentos de proyección de una historia pasada que no corresponde, a cuya sombra se intenta cobijar al gobierno del presente, mientras se acude en el análisis a categorías más adecuadas y próximas a las de los países capitalistas centrales que terminan dejando de lado la historia viva política de nuestro país. Es cierto que el kirchnerismo leyó correctamente algunas de las demandas del 19-20D, pero ello no autoriza a afirmar que transformó en política constituyente las exigencias insurreccionales (Mellino). Antes bien, todo indica que puso en marcha, deliberadamente, una política oportunista que le permitiera afianzarse y superar su pecado original: había asumido con el 22% de los votos (Menem, que se retiró de la segunda vuelta había obtenido el 24%). Por lo demás, debemos recordar que su ministro de economía hasta fin del 2005 fue R. Lavagna, el mismo ministro de Duhalde, quien dirigió las negociaciones de la quita de la deuda externa y marcó  las líneas directrices de la recuperación económica en el gobierno de NK apoyada en  el impulso del consumo, las retenciones, precios favorables de las commodities y la baja inflación, hasta su renuncia. Debemos reconocer que NK recompuso la Corte e impulsó una política de DDHH en oposición al duhaldismo precedente, ambas medidas verdaderamente progresistas en un país donde la Corte de Justicia había perdido toda credibilidad ante la llamada mayoría automática y donde el juicio y castigo al Terrorismo de Estado había quedado relegado al Juicio a la Junta de Alfonsín.
En su ascenso al gobierno el kirchnerismo  "tropieza" con una revolución en el agro que, iniciada tiempo atrás, había casi duplicado la producción agrícola y con una coyuntura de precios internacionales altamente favorable que cuestionaba, cuando menos, al famoso "deterioro de los términos de intercambio comercial" cepalino. El alineamiento casi automático con los "idus de marzo", (solo un imberbe lo hubiera dejado de lado) y la continuidad de la política iniciada por el tándem Duhalde-Lavagna hará el resto. El modelo se apoyaba en una tasa de cambio elevada, que recogía la devaluación postconvertibilidad  generadora de la fenomenal transferencia de ingresos del trabajo (L) al capital (K) y de un importante crecimiento del PBI. Las retenciones acordadas con el agro, e implementadas desde el gobierno de Duhalde, constituyen la otra pata del modelo. El doble superávit fiscal y comercial, se asentó en el crecimiento sostenido del precio de las commodities,  las retenciones que aseguraban el superávit fiscal y en la actividad económica apoyada en el consumo creciente impulsado por el gobierno que utilizaba la capacidad ociosa instalada sin necesidad de nuevas inversiones. El crecimiento de la economía a tasas casi insospechadas, la recuperación del empleo (donde el sector manufacturero se expandía a tasas del 7,5 % anual, mientras lo había hecho al 1,3 % en la convertibilidad) y un consumo en aumento fundado en la clase media y media alta, motorizado por salarios reales sostenidos, construyeron el apoyo al gobierno de NK. Sin embargo este crecimiento de la economía, empleo y consumo no puede soslayar el hecho de que mientras la economía creció un 58,5 % entre el 2001 y fines del 2008, los salarios reales crecieron un 8 % lo que evidencia la mencionada transferencia de ingresos del L al K que consolidaron la desigual estructura distributiva gestada en el neoliberalismo. La redistribución progresiva de ingresos (Asignación Universal por Hijo, extensión de la Jubilación a las “amas de casa”, política de subsidios en las tarifas de los servicios domiciliarios)  fue posible debido a los precios de la soja, que siguen teniendo altos niveles y permiten sostener un capitalismo agroexportador “voraz” que, si bien no puede asimilarse vis a vis con el modelo, como conducta extrema ha mostrado ser capaz de matar a quienes se le resisten (los Qom o Christian Ferreyra en Santiago del Estero).
Es posible hablar de síntomas actuales de agotamiento actuales de las condiciones internas que posibilitaron un crecimiento "fácil", en momentos en que ya nadie habla del "blindaje argentino" y cuando la situación fiscal se deteriora. La reindustrialización que el gobierno presentara como su prioridad estratégica se ha estancado. Ocupa incluso un lugar menor que en los años 80´s y 90´s. Tres ramas concentran el 75 % de la actividad manufacturera (automotriz, metalurgia y minerales no metálicos) y, a pesar de la recuperación de los puestos de trabajo, no se alcanzó a superar el nivel de empleo de 1997. Las cinco actividades que concentraban en los 90´s el 60 % de la producción, hoy alcanzan al 67 %.  El crecimiento de la economía en estos años se realizó sin modificar la estructura productiva, sobre la base del aprovechamiento de las condiciones expuestas, -precios de los productos de exportación en alza, política económica expansiva y recuperación de la tasa de ganancia que siguió al brutal ajuste del 2001. Sólo los precios del “yuyo verde” (como así nombrara CFK  a la soja) en alza le dan al modelo una ya cuestionada vitalidad. La caída del superávit comercial, la continuidad del perfil exportador de bienes primarios, la dependencia del crecimiento económico de la importación de bienes de capital e insumos (energéticos incluso), los elevadísimos subsidios a grandes empresas reflejan que no se logró modificar ni las funciones de producción ni el comportamiento de los agentes económicos. La Argentina repite así experiencias pasadas aprovechando condiciones coyunturales para recomponer la economía mientras se erosionan sus condiciones para un sostenimiento dinámico sin superar la frágil y subordinada inserción internacional.
El deterioro de las condiciones ha conducido a CFK al planteo de la sintonía fina, cuando el superávit fiscal que acompañara al modelo ha quedado atrás y reaparece el viejo desbalance que acosara a las finanzas públicas. Sin los auxilios del Banco Central y los intereses de los fondos depositados en el ANSES (organismo recaudador de los aportes previsionales de los activos y quien paga las jubilaciones) parece poco probable que cierren las cuentas fiscales. La magnitud del problema fiscal salió a flote con el plan de recorte de los subsidios a los concesionarios de los servicios públicos, cuyas transferencias habían crecido en forma exponencial desde 2003.  Y aquel justificativo oficial sobre estos subsidios -como forma de mantener el consumo con bajas tarifas en el periodo post convertibilidad- pierde consistencia cuando se hizo público que dichos subsidios auxiliaron a las clases altas, hipódromos, juegos, casinos, y todo tipo de actividad suntuaria. Asistimos en estos días , expropiación de YPF de por medio, al revival de aquella retórica nacionalista, continuidad de los recientes discursos contra el colonialismo británico anclado en Malvinas, que nos retrotrae al conocido Braden o Perón del 47, como si nada hubiera ocurrido en estos 50 años de historia política mundial. Nacionalismo y defensa de los recursos naturales conceptos que desaparecen cuando se trata de las explotaciones mineras, donde la alianza con las multinacionales brilla como el oro socavón adentro. Todo sea por la codificación del relato kirchnerista.  En los últimos tiempos ha conseguido consenso social debido a la construcción de un relato que suplanta la realidad, mientras se aparta del slogan tan caro al peronismo "la única verdad es la realidad". A pesar de que la expropiación de las acciones de Repsol ha transparentado el fracaso de la política energética del gobierno kirchnerista, el relato se mueve al compás del discurso nacionalista que busca ocultar esa frustración. "Soberanía energética", proclama el oficialismo, "los recursos naturales son nuestros" gritan los nacionalistas. Lo cierto es que tras el nacionalismo retrógrado se oculta la falsedad de una supuesta soberanía energética en la medida que no hay modificación con relación al marco regulatorio de la explotación petrolífera que asegura a las petroleras libre disponibilidad en boca de pozo del petróleo extraído, más aún cuando la producción de la empresa expropiada alcanza solamente al 30 % de la producción total.
Paralelamente, la sintonía fina apuesta al control salarial -tope en los aumentos pactados en las convenciones colectivas- como forma de contener la inflación, mientras se hostiliza y desacredita desde el gobierno la resistencia que se oponga a esa medida (calificación  como extorsivas a las medidas de huelga y/o manifestaciones en la vía pública). En los últimos días el kirchnerismo modificó la Carta del Banco Central, rémora de la convertibilidad y de las políticas neoliberales, adecuándola para ampliar préstamos, transferir fondos para el pago de deuda y tapar así los baches financieros. Medida progresista que otorga al Banco Central autonomía monetaria, pesifica la economía y recrea el crédito. Este política fue rechazada por el establishment que promueve los ajustes clásicos, aborda la emisión como causal inflacionaria y remarca un atraso cambiario que obligaría a devaluar, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de quienes menos tienen, al tiempo que critica el congelamiento de tarifas como algo antinatural.   
El kirchnerismo en la realidad ha construido un excelente workfare en reemplazo del welfare, continuando así las políticas de selectividad social propias del neoliberalismo, alejado de toda governance alineada con la productividad social. Pero no solo se trata de políticas sociales individualizadas bajo criterio del estado que selecciona las personas en situación de necesidad, sino que, simultáneamente, como es el caso de las mal llamadas cooperativas de trabajo en el Plan Argentina Trabaja, en el de los beneficiarios del Plan de Asignación Universal por Hijos, en el de las tarjetas SUBE para el transporte  y en varios planes asistenciales, los beneficiarios deben someterse a un fichaje que en los hechos funciona como un paso más en la política de control social alimentando el clientelismo político. Muchas veces se otorgan los subsidios o planes según criterios que resuelve la autoridad de turno.
Si bien CFK ha manifestado la intención de fundar una industria integrada mundialmente al estilo alemán, no existe plan oficial que permita afirmar que esta formulación no sea una simple expresión de deseos; por el contrario, el Plan Agroalimentario Nacional lanzado hace poco tiempo, proponiendo una meta de 157 millones de Tn de producción agrícola para el 2020 reafirma una política de integración mundial futura a través de los commodities.  Tampoco existen propuestas oficiales orientadas a la diversificación del aparato productivo que persigan la fabricación de productos de alta tecnología orientada al mercado mundial,  ni al  desarrollo del trabajo inmaterial, como supone Mellino.  Las torpes maniobras del Secretario de Comercio, Moreno, restringiendo las importaciones para mejorar el saldo de la balanza comercial, no puede ser interpretada como una política de sustitución de importaciones de alta tecnología; ni la distribución de las netbooks en las escuelas primarias puede ser  indicativa de políticas generadoras de desarrollo del trabajo inmaterial (Mellino). Calificarlas así nos parece un acto temerario. Desmesurado. En todo caso, sin dejar de valorizar la iniciativa oficial, esta decisión empalidece cuando nos enteramos que la fabricación y distribución de las netbooks son realizadas por Cirigliano, (concesionario del tren urbano que protagonizara el reciente accidente) empresario amigo, que hace pensar más en un negocio, que en el sustento de una política tecnológica de largo aliento[1] 
                Lejos del modelo del primer peronismo, hoy la gran mayoría de los trabajadores (75 %) no están encuadrados en organizaciones sindicales, ni amparados por convenios colectivos. Fenómeno novedoso del nuevo capitalismo que los gobiernos de los K no han tenido en cuenta. Son innumerables las referencias de CFK a la recuperación de las Convenciones Colectivas de Trabajo, como una de las grandes deudas saldadas por el gobierno con relación a los trabajadores, a pesar de que incorporan sólo al 25 % de la fuerza de trabajo, mientras se omite cualquier referencia al trabajo informal que aún persiste en niveles elevados (30 %).  Se suma a este cuadro de notable precariedad una desocupación que subsiste, acompañada de una inflación que, incluso los cálculos más optimistas, ubican este año en un 20 %.
Debemos evitar todo intento de quedar presos de aquellos análisis que, invocando la hegemonía política alcanzada por el kirchnerismo en las últimas elecciones -54%- nos relega casi a simples espectadores de un proceso de supuesta governance en curso. Esa lectura supone  una población homogéneamente encandilada por una política institucional que conduce a anular con los votos todo antagonismo social, maniatando los análisis a simples cuentas electorales. 
2.0 La narrativa kirchenrista
El kirchnerismo ha sido eficaz en la elaboración de un discurso oficial que construye consensos al proclamar haber saldado una serie de necesidades y demandas sociales insatisfechas, mientras subsisten fenómenos que dice haber superado (pobreza, indigencia, informalidad laboral etc.) Ha tenido la virtud de distorsionar los hechos de gobierno. "Asistimos a la construcción de un relato oficial, que por vía de la negación, ocultamiento o manipulación de los hechos, pretende investir de gesta épica el actual estado de cosas", dice acertadamente el documento liminar de Plataforma 2012[2]. Estamos frente a un gobierno que cuando ve afectado su caudal electoral o cuando se enfrenta a límites o carencia de recursos para administrar el conflicto, adopta dos caminos; o bien apela al imaginario simbólico de la experiencia política cultural argentina; o bien inmola en el altar del corto plazo las reformas estructurales que dice llevar adelante. La estatización de las AFJP puede analizarse bajo este razonamiento. Era absolutamente  imprescindible substraerle a los bancos el negocio financiero de las jubilaciones, aunque dicha medida no tuviera como contrapartida financiar la caja del gobierno (corto plazo), sino, en todo caso, garantizar el 82 % móvil de los jubilados y terminar con la lógica de la jubilación privada (reforma estructural). Es posible leer en igual sentido la reciente expropiación de REPSOL. Nada indica que la expropiación de YPF no convierta a dicha empresa en importadora de petróleo (corto plazo), mientras se permite que el resto de las empresas petroleras se apropien de la renta diferencial petrolera (reforma estructural).
La Ley de Medios ha funcionado también como otro de las grandes narraciones kirchneristas donde atrás de la supuesta democratización de los sistemas de información y comunicación que contiene, se oculta la construcción de una gran corporación mediática oficialista proclive a la construcción de un nuevo tipo de macartismo, eludiendo la posibilidad de la discusión política y el debate de ideas.
El kirchnerismo ha confiscado el discurso antisistema y antineoliberal, se ha apropiado de toda política progresista sobre todo en sus variantes más radicales[3], algunas de ellas producidas por la izquierda y los movimientos sociales, para convertirlo en un dispositivo político  de legitimación, disociando su práctica gubernamental de la ideología que dice representar, permitiéndole absorber, metabolizar y disolver muchas veces las resistencias sociales al interior de la propia institucionalidad estatal. Esta metabolización de la energía política de los movimientos sociales ha corrido en paralelo a su necesidad de denostar, difamar y tergiversar las ideas y posiciones de aquellos que oponen resistencia a su práctica política.  En esa perspectiva ha neutralizado la capacidad de reacción tanto de la derecha política cuanto de las organizaciones sociales. Por ello siempre está un paso delante de sus opositores. En virtud de que conoce de la inconformidad con el pasado (la larga noche neoliberal), es que puede remitir, en un juego de significados, toda crítica a su propia acción como tentativas de retorno al pasado y con ello legitimar su estrategia de poder: o con nosotros o contra nosotros.
 La narración kirchnerista se construye de manera casi invariable sobre la persistente provocación de que las opciones son el kirchnerismo  o los 90´s, el kirchnerismo o el pasado neoliberal, el kirchnerisnmo, vestido de ropaje nacional y popular, o la vuelta a las formas más salvajes de la dominación capital imperialista. Es en ese sentido que expresábamos el acercamiento a un extremismo de centro del kirchnerismo. No por el contenido de las medidas políticas tomadas, sino por la construcción y proyección de su relato.  En ese discurso todo está maquillado  por  enunciados vacíos de realidad y envueltos en grandes palabras. Debemos ser capaces de dejar de lado aquel discurso que proyecta la idea de que estamos viviendo gestas emancipadoras. Las cosas pueden y deben tener un nombre simple,  sin necesidad de grandes narrativas (soberanía nacional, emancipación nacional y popular, soberanía energética, liberación, patria) que fabrican una sociedad retórica que tuvo fecha de vencimiento hace ya unas cuantas décadas. La narrativa kirchnerista construye intocables, un relato mítico propio de una casta de sacerdotes a la que se le debe obediencia debida, un relato emancipatorio, liberacionista, misionero. Así, "los crecimientos nunca alcanzados en la historia económica del país", tienen héroes y heroínas: NK y CFK.  El kirchnerismo congela toda posibilidad que la sociedad se sienta partícipe. El discurso de realizaciones autocentradas remite a las prácticas de la representatividad y donde los avances político no serían el producto de las luchas y la resistencia social, sino de la bendición de un poder trascendente cuyo cuerpo central y único es el propio gobierno. Esta modalidad de construcción pretende desarmar y desarticular toda resistencia dese abajo al apostar a un mecanismo de delegación que fortalece la anomia social y proyecta en su imaginario la existencia de un gobierno que resuelve las cosas por si mismo, todopoderoso, al mismo tiempo que promueve una sensación de impotencia, de debilidad interna en las fuerzas sociales.
¿Cuál es el aspecto definitivamente atrasado y retrógrado del kirchnerismo? El de invisibilizar al sector social que creció a la sombra de las políticas neoliberales: el trabajo a domicilio, el taller artesanal informal que explota fuerza de trabajo inmigrante, precaria, clandestina e ilegal, la red de trabajadores autónomos precarios dependientes de las grandes fábricas modernas. En fin esa nueva composición de clase a la intemperie de toda reglamentación laboral y sometida a la peor de las condiciones laborales donde efectivamente el tiempo de vida y el tiempo de trabajo se superponen.
Todo parece indicar que en tiempos de globalización los éxitos alcanzados por el desarrollismo kirchnerista tienen plazos acotados. Quizás uno de los mecanismos que  mejor refleja esta limitación se condensa irónicamente en la fuerte dependencia extractivista (sojera y minera) del modelo revelando de manera infausta la dificultad para alcanzar una integración mundial diferente. En estos tiempos, los límites del modelo debemos buscarlos no tanto a las contradicciones y resistencias internas que genera, como fue en los 70`s cuando una dinámica de movilización de masas inédita acabara con él que funcionaba en aquella época (un fordismo trunco), sino fundamentalmente en las limitantes externas (globalización y transnacionalización de las economías nacionales).   

César Altamira


[1] Más allá de la propaganda y de los spots publicitarios del gobierno, en el 2003, año base que el kirchnerismo toma como comparativa, los gastos en Educación, Ciencia y Tecnología alcanzaron al 3,95 % del PBI; en 2009 al 6,45 % del PBI. Información en bruto que debe complementarse con otra adicional. Así, en el  2003 el gasto en educación fue el más bajo de la década, incluso por debajo del 2002. En el 2001, pico anterior, el gasto había alcanzado al 5,05 % del PBI. Por lo que el crecimiento real del gasto en educación durante el kirchnerismo ha sido mucho menor de lo que el gobierno difunde. Más aún, si se incorpora que en el rubro Educación en el año 2009 el gobierno incluyó el gasto originado en el programa “Futbol para Todos”. Tecnópolis es una síntesis perfecta de esta política del montaje: se trata de un show que más que mostrar nuestros adelantos tecnológicos trabaja como usina de nuevos mitos.
[2] Reunión de intelectuales críticos al gobierno de reciente formación, enero 2012, impulsada por las luchas últimas contra la megaminería, alternativa al grupo kirchnerista Carta Abierta nacido en julio de 2008 cuando el conflicto con el campo.
[3] El proyecto de Ley que perseguía la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de estado nunca fue impulsado por la bancada kirchnerista; resistiéndose a su tratamiento hasta el momento en que dicha medida ganara el consenso del parlamento. Recién en ese momento el kirchnerismo se adueñó del proyecto y lo hizo suyo como si hubiera estado siempre de acuerdo. Igual tratamiento tuvo la Asignación Universal por Hijo, de la que el kirchnerismo se adueñó de una manera descarada: cuando Diputados había dado la media sanción, el ejecutivo se adelantó mediante un decreto de necesidad y urgencia autoproclamándose el verdadero artífice de la medida.    


miércoles, 2 de mayo de 2012


El común y la expropiación de YPF         

                En Argentina, luego de la crisis e insurrección del 2001 que terminara definitivamente con las políticas neoliberales en el país, y, en particular desde el 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner (NK), se inauguró una etapa que despertó esperanzas de cambio. Las políticas económicas del gobierno de NK inicialmente, y luego las de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, revirtieron paulatinamente la tendencia neoliberal anterior. Cambio de rumbo que no solo se dieron en Argentina, sino también en la mayoría de los países latinoamericanos, con la especificidad propia de cada uno de ellos. Aunque, debemos reconocer en el marco de esa diversidad, que no se trata de un tránsito postcapitalista, sino, más bien, de avances de lo que se ha dado en llamar el progresismo político, con las ambivalencias y dificultades que este calificativo conlleva. No intentamos precisar este concepto sino  destacar el riesgo de que este progresismo quede atrapado en los límites y contradicciones de una modernización capitalista próxima al viejo desarrollismo, a la que el regreso del estado le resulta funcional. La gestión de los recursos naturales, si bien forman parte del común, al ser incorporados bajo la órbita del estado proyectan la fantasía de ser propiedad estatal escondiendo el ser propiedad de todos. Sin embargo, a pesar de ello, importa inicialmente que el estado ha recuperado espacios de gestión perdidos y que se proyecta  como un actor importante en la economía argentina, que ha impuesto una mayor vigencia de la política fiscal,  medidas de políticas sociales y de derechos humanos impensadas en otras épocas, mayor autonomía financiera internacional y un particular impulso a políticas de fortalecimiento de la región en su integración al mundo globalizado (UNASUR, MERCOSUR, CELAC, etc)

                En ese marco, la reapropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en poder de la multinacional Repsol es un avance. Sería de una ceguera inadmisible no registrar este cambio, aunque hay que observarlo con mucha cautela porque quienes apoyaron la privatización del petróleo en los 90´s, son quienes hoy se rasgan las vestiduras con la expropiación. Los funcionarios que intervinieron YPF son los que autorizaron las medidas necesarias para que Repsol pudiera  saquear las reservas petroleras. Si bien celebramos la medida, creemos que debe ser el puntapié inicial y no el cierre del debate energético, que se ha circunscripto hasta ahora a un abordaje económico, dejando de lado las cuestiones ambientales y sociales y quizás, el más importante, soslayando la gestión del  bien común, focalizándose únicamente en el por qué y el cómo. El por qué de la medida, según el proyecto de ley, propone alcanzar el autoabastecimiento energético y el equilibrio de la balanza comercial. El cómo, pareciera ser la explotación de los cuestionados yacimientos no convencionales (shale gas, ver documento http://www.opsur.org.ar/blog/2012/04/19/fractura-expuesta/)

                Las medidas desregulatorias y privatizadoras implementadas en la década de 1990 negaron el carácter estratégico de los hidrocarburos concibiéndolos como  commodities lo que -asociado a la frágil situación económica de las provincias- tendió a agigantar la capacidad de chantaje de las operadoras privadas. Para ejemplificar, cuando se prorrogó el vencimiento de la concesión de explotación del área “Loma La Lata-Sierra Barrosa”(2001),  la empresa Repsol-YPF contaba con una facturación anual de US$ 27.000 millones, mientras que los ingresos anuales de la provincia de Neuquén no excedían US$ 1.100 millones.

                Si bien Repsol se presenta  socialmente como una empresa productiva dedicada a la explotación del petróleo, tiene el grueso de su capital distribuido en las grandes Bolsas del mundo, sobre todo en sociedades fantasmas de paraísos fiscales y creció aceleradamente como empresa internacional a partir de los recursos extraídos del subsuelo argentino, que significaron la fuente de financiación principal para su conversión en la empresa que es hoy.  La composición accionaria de Repsol pone de manifiesto la permanente alianza-fusión y coexistencia entre el llamado capital financiero y el capital productivo, cuestionando la idea tan difundida de su oposición, uno como provechoso y el otro como parasitario.

                No se nos escapa que la medida de estatización rescata para el imaginario social símbolos muy sentidos por la sociedad -la idea de una empresa de bandera que fuera pionera en la explotación petrolera hasta su privatización, asociada al proceso de industrialización nacional y a  las figuras de Irigoyen, Mosconi, Perón, Illía etc. Estas ideas son también muy caras al movimiento piquetero iniciado en Cutralco, Provincia de Neuquen, seguido casi inmediatamente por las luchas en General Mosconi en Salta,  todos procesos de resistencia biopolítica, que fueron la respuesta al proceso de vaciamiento y masiva desocupación de YPF luego de la privatización. No puede pensarse la expropiación reciente de YPF sin analizar, conjuntamente, la lucha de los desocupados de Cutralco, General Mosconi, Zapla, primeras resistencias piqueteras que habrían de marcar el camino en una nueva modalidad de lucha en el país.

                 Sin embargo, se debe reconocer que con esta medida el gobierno recupera la iniciativa política y el control de la agenda pública, el manejo de los tiempos y la definición de los problemas teniendo en cuenta que  la realidad le había cambiado la agenda en los últimos meses. En efecto, a pesar del 54 % de votos de las elecciones últimas, la resistencia de los pueblos mineros contra la megaminería, la tragedia ferroviaria en la estación Once, así como las desatinadas menciones de CFK a las luchas de los docentes, a los cortes de ruta y a los llamados a la moderación salarial en aras de la competitividad, habían colocado al gobierno a la defensiva. En ese contexto se proyectaba una imagen de incertidumbre en cuanto al rumbo general de áreas sensibles para una sociedad experimentada y desconfiada. Todo parece indicar, luego de los anuncios de la expropiación y a partir del apoyo social recibido, que el gobierno apunta (lo indica el último acto en Velez) a la construcción de un movimiento asentado en tropa exclusiva,  controlada y de fidelidad absoluta, relegando, al menos por ahora, a un segundo plano, el peso del peronismo tradicional, su estructura partidaria y el sindicalismo que hasta estos días le resultaba fiel.

                Debemos igualmente advertir que esta medida fue impulsada por la fuerte caída de producción hidrocarburífera y su contrapartida, la importación de energía, que aumentó de manera explosiva de 4.500 millones de dólares en el 2010 a 9.400 en 2011. Alguna estimaciones valúan esas necesidades para el año en curso en no menos de 12.000 millones de dólares, cifra más que significativa para unas finanzas públicas que ya no nadan en la abundancia. La introducción de una gestión estatal de la empresa resulta una medida necesaria, si de lo que se trata es revertir la posibilidad casi inminente de una crisis energética en ciernes. Pero constituye tan solo un punto de partida para recuperar los recursos petroleros. Durante una década Repsol lideró el vaciamiento de pozos, reservas e instalaciones pre-existentes. Extrajo lo máximo posible sin invertir y expatrió ganancias en forma escandalosa. La expropiación de Repsol-YPF fue anunciado como un acto  de soberanía nacional. Sin embargo, como ha sido reconocido oficialmente, se mantiene como socios a la Banca Lazard, al grupo Petersen,  Goldman & Sachs mientras se busca nuevos socios para YPF en el club de empresas multinacionales de explotación y exploración del petroleo -la francesa Total, las norteamericanas ESSO y Chevron y la china SINOPEC- y se mantiene el 70 % de la producción  petrolífera y gasífera en manos de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales. 
               
                Lo sustantivo en las distintas variantes de política petrolera que impulsa el gobierno reside en la disputa por la apropiación de la renta diferencial petrolera valuada en cerca de 13000 millones de U$S anuales, diferencia entre el costo interno del barril de petróleo y el precio internacional. Tratándose de un recurso natural y por tanto de un bien común,  debe ser la sociedad, sin delegación de poderes en alguna representatividad, quien decida sobre la distribución de la renta petrolera. Las dudas permanecen planteadas, aun aceptando una decisión estatal, ya que permanecen vigentes tanto el marco regulatorio de explotación petrolífera -que autoriza a las empresas petroleras a la libre disponibilidad del crudo en boca de pozo, a la capacidad de manejarlo en forma desregulada- como la existencia de contratos terriblemente onerosos que fueron prorrogados por el propio NK en el 2007 antes de su vencimiento.

                Como dato regional todo indica que en los últimos tiempos ha surgido y se ha afianzado una nueva alternativa  en América Latina como proyecto de diálogo político que excluye a Canadá y a los EEUU. La última cumbre de presidentes en Cartagena demuestra que ya no habrá nuevas cumbres sin la presencia de Cuba. Habla de nuevos tiempos, aunque no quiere decir que esté asegurada la resolución de viejos problemas de la región sin la presencia de obstáculos y disidencias. Pone en evidencia los nuevos cambios políticos de la región, transformación que  motiva la necesidad de recrear y recuperar proyectos que profundicen la integración energética. Creemos necesario impulsar desde los destacamentos nacionales un debate profundo de ideas donde pensemos más en términos regionales que nacionales y emocionales. Que sin volver al pasado recree las condiciones de proyectos innovadores, creativos y emancipadores. Las dificultades que objetivamente se plantean a YPF para encarar las enormes inversiones que se requieren para alcanzar el autoabastecimiento hidrocarburífero potencian la necesidad de acuerdos regionales en esa materia promoviendo el aunar esfuerzos entre las grandes empresas petrolera latinoamericanas PDVSA, PETROBRAS de manera que la matriz energética pueda ocupar el lugar que la explotación del hierro y acero jugara en su momento con la Europa de los 50´s y 60´s.  El problema del petróleo ofrece una gran  oportunidad para pensar en forma regional  y en términos de un proyecto compartido latinoamericano,  no solo respecto del  autoabastecimiento  argentino.

            La IV Cumbre del BRICS realizada el 28 y 29 de marzo pasado en Nueva Delhi, puede representar una instancia de cambio global, con repercusión sobre América Latina,  indicador de un momento transformador:  los jefes de Estado de Brasil, Rusia, China, Sudáfrica e India decidieron impulsar la creación de un banco de desarrollo de los cinco países como reflejo del peso adquirido por el grupo en la economía mundial pero también como una reacción ante la negativa de los Estados Unidos y la Unión Europea de soltar el control del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La creación de un “banco del BRICS” permitiría a estos países contar con recursos para obras de infraestructura e instrumentos de crédito para afrontar crisis financieras como lo hace  Europa.

                Dos fueron los proyectos integradores propuestos  para impulsar  el MERCOSUR: el banco del Sur y el Gasoducto del Sur. Ambos entraron en un cono de sombra. La paralización del proyecto del  Banco del Sur respondió más a la rivalidad y competencia no resuelta entre Venezuela, Brasil y Argentina que a la existencia de obstáculos reales. Más allá de los escollos que significa la continuidad  del BANDES brasileño y del que Itamaraty no está dispuesto a desprenderse. Con relación al Gasoducto del sur, éste pareció entrar en desgracia frente a las  inconsistencias técnicas asociadas a su construcción. Por su parte Brasil sigue liderando políticamente el Mercosur mediante una  geopolítica articulada alrededor del impulso del bloque Sur-Sur, las alianzas con la China, India y Sudáfrica y los acuerdos comerciales con el grupo de los 20 (OMC). Con relación al Banco del Sur la predisposición mayor de los gobiernos coincidió con la ruptura de K con el FMI y el entierro del ALCA luego de la cumbre de Mar del Plata. Luego de ello el proceso de mayor independencia y la apuesta a una interdependencia se habrían debilitado, o al menos entrado en un impasse. Ecuador impulsa el CAN (Comunidad Andina de Naciones) junto con Perú, Colombia y Bolivia. 




Por la alternativa del común: ni privatistas ni estatistas.              

Plantear que el petróleo como recurso natural es un bien común significa entender su uso en términos opuestos a los de  privatización y  explotación. Aunque oponerse a la privatización no supone retornar a la gestión pública estatal-burocrática, autoritaria y corrupta.  Reconocer un recurso como bien común implica, desde la perspectiva a la que adherimos, rechazar que  los aparatos estatales sean quienes lo administren, ya que tanto la lógica privatista, propia del individualismo posesivo, como la gestión estatal se encuentran ambas alineadas con un criterio tecnocrático y cuantitativo de  acumulación, opuesto a la modalidad de recurso natural.

                La estatización funciona en el imaginario social como propiedad del estado que -como buen Leviatan-  vela por el bien común en su administración. No es percibida como delegación de la gestión de lo que es propiedad de todos, y que por lo tanto puede recuperarse en cualquier momento.  Por otro lado, la estatización tampoco garantiza la independencia política respecto a  las presiones y/o sugerencias del capital nacional e internacional,  como lo demuestran México o Arabia Saudita, donde las petroleras, a pesar de ser íntegramente estatales, desarrollan políticas fuertemente influenciadas por las grandes potencias mundiales capitalistas. La YPF estatal por su parte, antes de la privatización, vendía petróleo subsidiado a Esso y Shell y estaba sometida a especulación por parte de los sectores dominantes. Durante los ’70, a pesar del incremento de los precios internacionales, fue una de las empresas que tomó más deuda, evidenciando que la simple estatización no significa garantía de emancipación.

                Si miramos hacia la región observamos que la lucha por los bienes comunes, los recursos naturales,  está en el primer lugar de la agenda. Desde México hasta Chile, y Argentina pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil  los movimientos se encuentran en pie de guerra contra la explotación desmedida y rapaz. En nuestro país pareciera que las multinacionales mineras del noroeste se encuentran en una  encerrona capaz de ocasionarles una gran derrota. Son pequeños grupos y  asambleas ciudadanas  de pueblos y  lugares remotos de la cordillera, los que han logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Ello se debe al tesón y terquedad en la lucha, que en algún momento rinde frutos. Se trata de una acción política desplegada desde los márgenes, por los movimientos y a partir de la politización de sus diferencias sociales y culturales, o sea, de sus modos de vida. Una acción política de los excluidos y postergados que se relaciona con la crisis de representación, o, dicho de otra forma, con la presencia activa de los representados. Donde la representación creada por el capitalismo e integrada a la forma Estado, atraviesa una crisis profunda. Estamos en presencia de formas de acción política originadas desde abajo y a la izquierda, desde el sótano cuya consistencia es su no estatalidad: no solamente rechazan al estado sino  que su dinámica adquiere forma no estatales. Estos movimientos recorren su camino constituyendo por sí mismos un proyecto de sociedad.

Se requiere avanzar en la institución del común,  en línea con la gestión y gobierno participativo, cooperativo, capaz de incorporar, mediante nuevos instrumentos, originales comunidades de usuarios y trabajadores en esa perspectiva. Esto exige romper con aquel análisis rígido y reduccionista (propiedad privada vs propiedad pública) y con aquella práctica social vinculada a la concentración del poder propia de la estructura de la propiedad privada (mercado) y de la propiedad estatal (soberanía estatal).  Mientras las estructuras privadas concentran el poder de decisión y/o de exclusión en el sujeto propietario titular o en algún consejo administrador, las estructuras públicas agrupan el poder de exclusión o inclusión en el vértice de una jerarquía soberana asociada a la soberanía territorial y a su administración política. Los bienes comunes, el común, así abordados, expresan, por el contrario, un tipo de propiedad antagónica al par público-privado, estado-mercado.

                Si partimos de la necesidad de preservar en cuanto se pueda y en las mejores condiciones los bienes comunes, en sustitución del proceso de acumulación motorizado por los beneficios, entonces, el dogma desarrollista que los acompaña explosionará rápidamente. Debemos ser capaces de modificar nuestra comprensión anclada en conceptos binarios (público vs privado) y de una representatividad trascendente, regidos por los tiempos lineales de la producción capitalista que ya no condicen con los nuevos tiempos capitalistas. En última instancia, a partir de la propia práctica política de los movimientos ser capaces de pensar y actuar sin Estado. Ahí está nuestro desafío y nuestra alternativa a construir.

César Altamira