El
común y la expropiación de YPF
En
Argentina, luego de la crisis e insurrección del 2001 que terminara
definitivamente con las políticas neoliberales en el país, y, en particular desde
el 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner (NK), se inauguró una etapa que
despertó esperanzas de cambio. Las políticas económicas del gobierno de NK
inicialmente, y luego las de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), desligadas
de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, revirtieron paulatinamente la tendencia
neoliberal anterior. Cambio de rumbo que no solo se dieron en Argentina, sino
también en la mayoría de los países latinoamericanos, con la especificidad propia
de cada uno de ellos. Aunque, debemos reconocer en el marco de esa diversidad, que
no se trata de un tránsito postcapitalista, sino, más bien, de avances de lo
que se ha dado en llamar el progresismo
político, con las ambivalencias y dificultades que este calificativo conlleva.
No intentamos precisar este concepto sino destacar el riesgo de que este progresismo
quede atrapado en los límites y contradicciones de una modernización
capitalista próxima al viejo desarrollismo, a la que el regreso del estado le resulta funcional. La gestión de los recursos
naturales, si bien forman parte del común, al ser incorporados bajo la órbita
del estado proyectan la fantasía de ser propiedad estatal escondiendo el ser propiedad
de todos. Sin embargo, a pesar de ello, importa inicialmente que el estado ha
recuperado espacios de gestión perdidos y que se proyecta como un actor importante en la economía
argentina, que ha impuesto una mayor vigencia de la política fiscal, medidas de políticas sociales y de derechos
humanos impensadas en otras épocas, mayor autonomía financiera internacional y
un particular impulso a políticas de fortalecimiento de la región en su
integración al mundo globalizado (UNASUR, MERCOSUR, CELAC, etc)
En
ese marco, la reapropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en poder
de la multinacional Repsol es un avance. Sería de una ceguera inadmisible
no registrar este cambio, aunque hay que observarlo con mucha cautela porque quienes
apoyaron la privatización del petróleo en los 90´s, son quienes hoy se rasgan
las vestiduras con la expropiación. Los funcionarios que intervinieron YPF son
los que autorizaron las medidas necesarias para que Repsol pudiera saquear las reservas petroleras. Si bien celebramos la medida, creemos
que debe ser el puntapié inicial y no el cierre del debate energético, que se
ha circunscripto hasta ahora a un abordaje económico, dejando de lado las
cuestiones ambientales y sociales y quizás, el más importante, soslayando la
gestión del bien común, focalizándose
únicamente en el por qué y el cómo. El por qué de la medida, según el proyecto
de ley, propone alcanzar el autoabastecimiento energético y el equilibrio de la
balanza comercial. El cómo, pareciera ser la explotación de los cuestionados
yacimientos no convencionales (shale
gas, ver documento http://www.opsur.org.ar/blog/2012/04/19/fractura-expuesta/)
Las
medidas desregulatorias y privatizadoras implementadas en la década de 1990 negaron
el carácter estratégico de los hidrocarburos concibiéndolos como commodities lo que -asociado a la frágil
situación económica de las provincias- tendió a agigantar la capacidad de
chantaje de las operadoras privadas. Para ejemplificar, cuando se prorrogó el
vencimiento de la concesión de explotación del área “Loma La Lata-Sierra
Barrosa”(2001), la empresa Repsol-YPF
contaba con una facturación anual de US$ 27.000 millones, mientras que los
ingresos anuales de la provincia de Neuquén no excedían US$ 1.100 millones.
Si
bien Repsol se presenta socialmente como
una empresa productiva dedicada a la explotación del petróleo, tiene el grueso
de su capital distribuido en las grandes Bolsas del mundo, sobre todo en
sociedades fantasmas de paraísos fiscales y creció aceleradamente como empresa
internacional a partir de los recursos extraídos del subsuelo argentino, que
significaron la fuente de financiación principal para su conversión en la
empresa que es hoy. La composición
accionaria de Repsol pone de manifiesto la permanente alianza-fusión y coexistencia
entre el llamado capital financiero y el capital productivo, cuestionando la idea
tan difundida de su oposición, uno como provechoso y el otro como parasitario.
No
se nos escapa que la medida de estatización rescata para el imaginario social
símbolos muy sentidos por la sociedad -la idea de una empresa de bandera que
fuera pionera en la explotación petrolera hasta su privatización, asociada al
proceso de industrialización nacional y a las figuras de Irigoyen, Mosconi, Perón, Illía
etc. Estas ideas son también muy caras al movimiento piquetero iniciado en
Cutralco, Provincia de Neuquen, seguido casi inmediatamente por las luchas en
General Mosconi en Salta, todos procesos
de resistencia biopolítica, que fueron la respuesta al proceso de vaciamiento y
masiva desocupación de YPF luego de la privatización. No puede pensarse la
expropiación reciente de YPF sin analizar, conjuntamente, la lucha de los
desocupados de Cutralco, General Mosconi, Zapla, primeras resistencias piqueteras
que habrían de marcar el camino en una nueva modalidad de lucha en el país.
Sin embargo, se debe reconocer que con esta
medida el gobierno recupera la iniciativa política y el control de la agenda
pública, el manejo de los tiempos y la definición de los problemas teniendo en
cuenta que la realidad le había cambiado
la agenda en los últimos meses. En efecto, a pesar del 54 % de votos de las
elecciones últimas, la resistencia de los pueblos mineros contra la megaminería,
la tragedia ferroviaria en la estación Once, así como las desatinadas menciones
de CFK a las luchas de los docentes, a los cortes de ruta y a los llamados a la
moderación salarial en aras de la competitividad, habían colocado al gobierno a
la defensiva. En ese contexto se proyectaba una imagen de incertidumbre en
cuanto al rumbo general de áreas sensibles para una sociedad experimentada y
desconfiada. Todo parece indicar, luego de los anuncios de la expropiación y a
partir del apoyo social recibido, que el gobierno apunta (lo indica el último
acto en Velez) a la construcción de un movimiento asentado en tropa exclusiva, controlada y de fidelidad absoluta, relegando,
al menos por ahora, a un segundo plano, el peso del peronismo tradicional, su
estructura partidaria y el sindicalismo que hasta estos días le resultaba fiel.
Debemos
igualmente advertir que esta medida fue impulsada por la fuerte caída de
producción hidrocarburífera y su contrapartida, la importación de energía, que aumentó
de manera explosiva de 4.500 millones de dólares en el 2010 a 9.400 en 2011.
Alguna estimaciones valúan esas necesidades para el año en curso en no menos de
12.000 millones de dólares, cifra más que significativa para unas finanzas
públicas que ya no nadan en la abundancia. La introducción de una gestión
estatal de la empresa resulta una medida necesaria, si de lo que se trata es
revertir la posibilidad casi inminente de una crisis energética en ciernes. Pero
constituye tan solo un punto de partida para recuperar los recursos petroleros.
Durante una década Repsol lideró el vaciamiento de pozos, reservas e
instalaciones pre-existentes. Extrajo lo máximo posible sin invertir y expatrió
ganancias en forma escandalosa. La expropiación de Repsol-YPF fue anunciado
como un acto de soberanía nacional. Sin
embargo, como ha sido reconocido oficialmente, se mantiene como socios a la
Banca Lazard, al grupo Petersen, Goldman
& Sachs mientras se busca nuevos socios para YPF en el club de empresas
multinacionales de explotación y exploración del petroleo -la francesa Total,
las norteamericanas ESSO y Chevron y la china SINOPEC- y se mantiene el 70 % de
la producción petrolífera y gasífera en
manos de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales.
Lo
sustantivo en las distintas variantes de política petrolera que impulsa el
gobierno reside en la disputa por la apropiación de la renta diferencial petrolera
valuada en cerca de 13000 millones de U$S anuales, diferencia entre el costo interno
del barril de petróleo y el precio internacional. Tratándose de un recurso
natural y por tanto de un bien común,
debe ser la sociedad, sin delegación de
poderes en alguna representatividad, quien decida sobre la distribución de la
renta petrolera. Las dudas permanecen planteadas, aun aceptando una decisión
estatal, ya que permanecen vigentes tanto el marco regulatorio de explotación
petrolífera -que autoriza a las empresas petroleras a la libre disponibilidad
del crudo en boca de pozo, a la capacidad de manejarlo en forma desregulada- como
la existencia de contratos terriblemente onerosos que fueron prorrogados por el
propio NK en el 2007 antes de su vencimiento.
Como
dato regional todo indica que en los últimos tiempos ha surgido y se ha
afianzado una nueva alternativa en América
Latina como proyecto de diálogo político que excluye a Canadá y a los EEUU. La
última cumbre de presidentes en Cartagena demuestra que ya no habrá nuevas cumbres
sin la presencia de Cuba. Habla de nuevos tiempos, aunque no quiere decir que
esté asegurada la resolución de viejos problemas de la región sin la presencia
de obstáculos y disidencias. Pone en evidencia los nuevos cambios políticos de
la región, transformación que motiva la
necesidad de recrear y recuperar proyectos que profundicen la integración
energética. Creemos necesario impulsar desde los destacamentos nacionales un
debate profundo de ideas donde pensemos más en términos regionales que
nacionales y emocionales. Que sin volver al pasado recree las condiciones de
proyectos innovadores, creativos y emancipadores. Las dificultades que
objetivamente se plantean a YPF para encarar las enormes inversiones que se
requieren para alcanzar el autoabastecimiento hidrocarburífero potencian la
necesidad de acuerdos regionales en esa materia promoviendo el aunar esfuerzos
entre las grandes empresas petrolera latinoamericanas PDVSA, PETROBRAS de
manera que la matriz energética pueda ocupar el lugar que la explotación del
hierro y acero jugara en su momento con la Europa de los 50´s y 60´s. El problema del petróleo ofrece una gran oportunidad para pensar en forma regional y en términos de un proyecto compartido
latinoamericano, no solo respecto
del autoabastecimiento argentino.
La IV Cumbre del BRICS realizada el
28 y 29 de marzo pasado en Nueva Delhi, puede representar una instancia de
cambio global, con repercusión sobre América Latina, indicador de un momento transformador: los jefes de Estado de Brasil, Rusia, China,
Sudáfrica e India decidieron impulsar la creación de un banco de desarrollo de
los cinco países como reflejo del peso adquirido por el grupo en la economía
mundial pero también como una reacción ante la negativa de los Estados Unidos y
la Unión Europea de soltar el control del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional. La creación de un “banco del BRICS” permitiría a estos países
contar con recursos para obras de infraestructura e instrumentos de crédito
para afrontar crisis financieras como lo hace Europa.
Dos
fueron los proyectos integradores propuestos para impulsar
el MERCOSUR: el banco del Sur y el Gasoducto del Sur. Ambos entraron en
un cono de sombra. La paralización del proyecto del Banco del Sur respondió más a la rivalidad y
competencia no resuelta entre Venezuela, Brasil y Argentina que a la existencia
de obstáculos reales. Más allá de los escollos que significa la
continuidad del BANDES brasileño y del
que Itamaraty no está dispuesto a desprenderse. Con relación al Gasoducto del
sur, éste pareció entrar en desgracia frente a las inconsistencias técnicas asociadas a su
construcción. Por su parte Brasil sigue liderando políticamente el Mercosur
mediante una geopolítica articulada
alrededor del impulso del bloque Sur-Sur, las alianzas con la China, India y
Sudáfrica y los acuerdos comerciales con el grupo de los 20 (OMC). Con relación
al Banco del Sur la predisposición mayor de los gobiernos coincidió con la
ruptura de K con el FMI y el entierro del ALCA luego de la cumbre de Mar del
Plata. Luego de ello el proceso de mayor independencia y la apuesta a una
interdependencia se habrían debilitado, o al menos entrado en un impasse.
Ecuador impulsa el CAN (Comunidad Andina de Naciones) junto con Perú, Colombia
y Bolivia.
Por la
alternativa del común: ni privatistas ni estatistas.
Plantear que el
petróleo como recurso natural es un bien
común significa entender su uso en términos opuestos a los de privatización y explotación. Aunque oponerse a la
privatización no supone retornar a la gestión pública estatal-burocrática,
autoritaria y corrupta. Reconocer un
recurso como bien común implica, desde la perspectiva a la que adherimos, rechazar
que los aparatos estatales sean quienes
lo administren, ya que tanto la lógica privatista, propia del individualismo
posesivo, como la gestión estatal se encuentran ambas alineadas con un criterio
tecnocrático y cuantitativo de acumulación, opuesto a la modalidad de recurso
natural.
La
estatización funciona en el imaginario social como propiedad del estado que
-como buen Leviatan- vela por el bien
común en su administración. No es percibida como delegación de la gestión de lo
que es propiedad de todos, y que por lo tanto puede recuperarse en cualquier
momento. Por otro lado, la estatización
tampoco garantiza la independencia política respecto a las presiones y/o sugerencias del capital
nacional e internacional, como lo
demuestran México o Arabia Saudita, donde las petroleras, a pesar de ser íntegramente
estatales, desarrollan políticas fuertemente influenciadas por las grandes
potencias mundiales capitalistas. La YPF estatal por su parte, antes de la privatización,
vendía petróleo subsidiado a Esso y Shell y estaba sometida a especulación por
parte de los sectores dominantes. Durante los ’70, a pesar del incremento de los
precios internacionales, fue una de las empresas que tomó más deuda, evidenciando
que la simple estatización no significa garantía de emancipación.
Si
miramos hacia la región observamos que la lucha por los bienes comunes, los
recursos naturales, está en el primer
lugar de la agenda. Desde México hasta Chile, y Argentina pasando por Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil los
movimientos se encuentran en pie de guerra contra la explotación desmedida y
rapaz. En nuestro país pareciera que las multinacionales mineras del noroeste se
encuentran en una encerrona capaz de
ocasionarles una gran derrota. Son pequeños grupos y asambleas ciudadanas de pueblos y lugares remotos de la cordillera, los que han
logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Ello se
debe al tesón y terquedad en la lucha, que en algún momento rinde frutos. Se
trata de una acción política desplegada desde los márgenes,
por los movimientos y a partir de la politización de sus diferencias sociales y
culturales, o sea, de sus modos de vida. Una acción política de los excluidos y
postergados que se relaciona con la crisis de representación, o, dicho de otra
forma, con la presencia activa de los representados. Donde la representación creada
por el capitalismo e integrada a la forma Estado, atraviesa una crisis
profunda. Estamos en presencia de formas de acción política originadas desde
abajo y a la izquierda, desde el sótano cuya consistencia es su no estatalidad:
no solamente rechazan al estado sino que
su dinámica adquiere forma no estatales. Estos movimientos recorren su camino
constituyendo por sí mismos un proyecto de sociedad.
Se requiere
avanzar en la institución del común, en línea con la gestión y gobierno
participativo, cooperativo, capaz de incorporar, mediante nuevos instrumentos,
originales comunidades de usuarios y trabajadores en esa perspectiva. Esto
exige romper con aquel análisis rígido y reduccionista (propiedad privada vs
propiedad pública) y con aquella práctica social vinculada a la concentración
del poder propia de la estructura de la propiedad privada (mercado) y de la
propiedad estatal (soberanía estatal). Mientras
las estructuras privadas concentran el poder de decisión y/o de exclusión en el
sujeto propietario titular o en algún consejo administrador, las estructuras
públicas agrupan el poder de exclusión o inclusión en el vértice de una
jerarquía soberana asociada a la soberanía territorial y a su administración
política. Los bienes comunes, el común, así abordados, expresan, por el
contrario, un tipo de propiedad antagónica al par público-privado,
estado-mercado.
Si partimos de la necesidad de preservar en cuanto se pueda y en las
mejores condiciones los bienes comunes, en sustitución del proceso de
acumulación motorizado por los beneficios, entonces, el dogma desarrollista que
los acompaña explosionará rápidamente. Debemos ser capaces de modificar nuestra
comprensión anclada en conceptos binarios (público vs privado) y de una
representatividad trascendente, regidos por los tiempos lineales de la
producción capitalista que ya no condicen con los nuevos tiempos capitalistas. En
última instancia, a partir de la propia práctica política de los movimientos
ser capaces de pensar y actuar sin Estado. Ahí está
nuestro desafío y nuestra alternativa a construir.
César Altamira
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