MISCELANEAS DE ABRIL

 

 

0.0  El régimen de acumulación impulsado por el kirchnerismo promovió el desarrollo de megaproyectos asentados en el control, extracción, explotación y posterior exportación de diversos bienes naturales, sin mayor valor agregado, fenómeno motorizado y acicateado por el boom de los precios internacionales de las materias primas y de los bienes de consumo ante su creciente demanda por las poblaciones de los países centrales y de las potencias emergentes. La combinación de la renta diferencial de la tierra y el boom de los precios internacionales no sólo convirtió a la teoría del deterioro de los términos de intercambio comercial, tan cara a la teoría cepalina, en mero residuo, sino que simultáneamente facilitó un considerable aumento de las reservas monetarias nacionales, proporcionando suficientes ingresos económicos al estado, que le permitieron volcarlos en ayudas sociales que descomprimieron las tensiones, mientras producía simultáneamente nuevas desigualdades y asimetrías sociales. Cierto es que esta modalidad de acumulación no ha sido privativa del kirchnerismo.

En los últimos años se fue consolidando  en América Latina igualmente una modalidad de desarrollo, designado por algunos como extractivista o neoextractivista, asentado en las notables ventajas comparativas que brinda la renta diferencial agrícola, minera y petrolera-gasífera. Paralelamente de manera reactiva se derivaron nuevos conflictos sociales, económicos, ambientales y político-culturales. El panorama de luchas y resistencias ofrecidas en estos años a nivel del continente indica que enfrentamos un nuevo ciclo de luchas, afianzado en la defensa del territorio y del ambiente, así como en la discusión sobre modelos de desarrollo alternativos; incluso sobre las fronteras mismas de la democracia.  

 

0.1 Similares resistencias se manifiestan en nuestras geografías. No han sido pocas las alternativas de lucha desplegadas contra estas lógicas de acumulación que, a pesar de sus localismos, se han extendido a nivel nacional: Famaillá, Esquel, La Alumbrera, Chubut, Córdoba son reveladores de los territorios en conflicto.

 Aunque silenciosas y tranquilas estas potencias de resistencia desplegadas, no son menos fundamentales y necesarias. Participan de una transformación serena y profunda de un mundo en ebullición y con profundas mutaciones. El panorama es muy cambiante y complejo. Enfrentadas a situaciones de verdaderas angustias asociadas a las consecuencias de un sistema basado en la competencia resulta siempre pertinente relevar cómo estos grupos de personas se auto organizan para tomar en sus manos los aspectos fundamentales del buen vivir. Pero no se trata únicamente de censar las iniciativas por las que una resistencia colectiva se manifiesta de manera innovadora, sino, más bien, de evaluar las pertinencias de estas experiencias concretas, comprender sus modos de funcionamiento y de difusión en el conjunto de la sociedad. Tomarse el tiempo para describir las estrategias, destacarlas, mediatizarlas es ante todo un acto político. Dar visibilidad a estas mutaciones multidimensionales internacionales, nacionales y locales, sin preguntarse sobre sus propósitos y planes, es aceptar que los movimientos que se operan crean un espacio particular fundamentalmente indeterminado y de enorme contingencia. Y esto tiene un nombre, transición.

En realidad, desde la pueblada de Famatina, en enero de 2012, se produjo un nuevo realineamiento entre poder económico, político y mediático en favor de la megaminería, particularmente luego que el  gobierno nacional se expresara abiertamente a su favor. Dando la espalda a las poblaciones afectadas,  los gobernadores mineros conformaron la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros) potenciando las localías provinciales, mientras el ejecutivo nacional retrasa deliberadamente el censo de glaciares. El objetivo es uno: cerrar el debate a nivel nacional y encapsular las luchas a escala local y regional. Basta recordar que hay siete leyes provinciales que prohíben la megaminería, con algún tipo de sustancia química. A fines de 2011, en Río Negro se derogó la “ley anticianuro”, como la llamaban y se avanzó en la explotación minera en las zonas provinciales. Chubut también buscó derogar la ley 5001, que fue la primera en prohibir la megaminería, sin embargo la resistencia de la población lo ha impedido hasta ahora.

“Con el modelo extractivo de megaminería y agronegocios no se puede profundizar la democracia”, asegura Diego Montón, miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (Argentina) y nuevo coordinador continental de la CLOC-Vía Campesina ( Página 12, 17 de abril de 2013).

Dice Zibecchi: “El extractivismo es mucho más que un modelo productivo y de acumulación de capital. En rigor, forma parte del complejo especulativo-financiero que hoy domina el mundo. En nuestros países tiene efectos depredadores: está creando un nuevo bloque de poder, corruptor políticamente, polarizador y excluyente socialmente y depredador del medio ambiente”. (La Jornada, 17-04-2013)

 

0.2 Un paréntesis para un abordaje diferente de los bienes comunes y su explotación. Los llamados bienes comunes han ido modificando su composición y estructura con el desarrollo del capitalismo. A los bienes ligados a la sobrevivencia y al consumo primario -aire, agua, bosques vestimenta, sociabilidad, vivienda-, vinculados directamente al accionar humano, se han agregado nuevos bienes comunes que hoy se encuentran en las raíces, no tanto de la subsistencia y del consumo  de base, sino más bien del propio proceso de producción y acumulación. Pertenecen a estos en primer lugar el territorio metropolitano, geográfico y virtual, y, consecuentemente, su ambiente ligado al lenguaje y al conocimiento. La modernidad nació asociada a la violenta mercantilización de los bienes comunes, en especial de la tierra, con la ejecución de los cercamientos (enclosures) ingleses y la conquista de los territorios. A partir de ese momento la cultura política de la Ilustración eliminará los bienes comunes como categoría jurídica- política confinando su reconocimiento a la época premoderna y medioeval. En ese contexto, el común se despegará de toda vinculación con lo público y lo privado. Tanto el concepto de púbico como de privado surgieron a partir  del concepto del trabajo desarrollado por el individuo. La definición de privado se derivó de la apropiación individual a partir del trabajo realizado por el individuo, donde la propiedad privada resultó ser su forma jurídica consolidada. Por su parte, el concepto de público se constituye alienando lo propio, siguiendo, paradójicamente, un curso similar. La propiedad pública surgirá como necesidad de concebir un sistema político capaz de contrarrestar las desigualdades generadas por la propiedad privada. La propiedad pública nace así como aquella propiedad que no pertenece a nadie y que, por lo tanto, pertenece a todos. Dicho de otra manera, pertenece al estado. Si la propiedad privada puede ser vista como la apropiación del común por un individuo, la propiedad pública debe ser vista como la propiedad común en manos del estado, como el control del estado sobre el común; verdadera confiscación y creación, por lo tanto, de una nueva alienación. Lo público, como forma de propiedad, no deja de identificarse con lo privado como propiedad y, por tanto, con las formas más profundas y tradicionales de la ideología liberal. El concepto de común que sostenemos se contrapone precisamente al concepto de privado, así como a esa paradójica subsunción de lo privado en la llamada propiedad pública. El concepto de común se basa en un dispositivo de gestión democrática radical de todo aquello que constituye el tejido de la actividad social. Es decir, gestión de actos  recíprocos  entre los individuos, de la cooperación de las singularidades y de la libertad de los productores. El común, en ese sentido, debe ser entendido como la negación de lo propio, en la medida que solo la cooperación de las singularidades constituye lo social y que solo la gestión del común garantiza su renovación continua. En este abordaje, el tradicional reformismo, que supone la reapropiación progresiva de la riqueza por los individuos aislados y/o los grupos a través de una continua mediación en las relaciones del capital, no tiene razón de ser. Así definidos los bienes comunes no pueden ser asociados a la idea moderna de mercancía, en la medida que existen sólo en cuanto representan e intervienen en acciones cualitativas. Así considerados, son incompatibles con toda idea de concentración del poder, ya que su existencia se asocia a una comunidad de grupos sociales o individuos ligados en red, que privilegian modalidades de colaboración y participación vinculadas al interés del conjunto, excluyendo toda jerarquización asociada al poder particular existente en los integrantes del ecosistema. De esta manera, la gestión de los recursos naturales, (correspondería mejor calificarla como recursos de sobrevivencia) entendida como gestión del común, no puede formar parte de compromisos o negociación alguna, ni ser emprendida como una obligación ineluctable. Plantear, como lo hacen las Asambleas Ciudadanas, que el agua es un bien común significa entender su uso en términos opuestos a todo proceso de privatización y de explotación minera. Sin embargo, oponerse a la privatización no supone retornar a la gestión pública burocrática, autoritaria y corrupta. Reconocer un recurso como bien común implica igualmente rechazar que sean los aparatos estatales quienes los administren, ya que tanto la lógica privatista propia del individualismo posesivo, como la gestión estatal se encuentran ambas alineadas con un criterio tecnocrático y cuantitativo de la acumulación en abierta oposición a los criterios de las poblaciones que privilegian el buen desarrollo y el buen vivir.

Resulta importante destacar la iniciativa que desde la CTA opositora se lanzara días atrás para la concreción de una Consulta Popular en Defensa de los Bienes Comunes a organizaciones sociales, medioambientales, estudiantiles, sindicales, políticas, territoriales, de pueblos originarios y culturales tras el cuestionamiento al modelo productivo extractivista y que visibilice el uso de los bienes comunes.    

 

0.3 El proceso de reorganización política y económica nacional se ha estructurado en torno a la figura del Estado. El kirchnerismo entiende su  “retorno” como un triunfo político particular, al compás de la liturgia peronista, a través de la construcción discursiva de una nueva alianza nacional-popular que defiende esas bases estructurales, como forma de recuperar la soberanía perdida en el período neoliberal. Pero el estatismo es algo más para el kirchnerismo: es el eje ordenador de la vida política y social nacional. Se trata igualmente de una centralidad del estado que ha alimentado el perfil autoritario de las decisiones políticas del gobierno. Más aún cuando el kirchnerismo no visualiza otra alternativa gubernamental a la sucesión de CFK. Este particular subsuelo político restringe los márgenes de maniobras consensuadas del gobierno, afecta la modalidad de las decisiones políticas volviéndolas más verticales y autoritarias y aleja toda governance posible, para aproximarlo a las clásicas modalidades de gobierno modernas. Pero esta situación es generadora de tensiones y conflictos, no sólo con la oposición, sino también al interior del propio peronismo. Las abiertas disputas con el sciolismo bonaerense y el delasotismo cordobés, en tanto posibles competidores de CFK en las elecciones del 2015, reflejadas en las magras transferencias del gobierno nacional hacia las provincias en disputa, transparentan estas tensiones y repercuten sobre las conflictividades provinciales (huelga de los maestros en la Provincia de Buenos Aires; postergación de los aumentos a los jubilados en la Provincia de Córdoba). En esa disputa son los de abajo, asalariados o jubilados, quienes sufren de manera directa estos desencuentros. Magros salarios para unos, retardo en el tiempo de los aumentos, para los otros. Simultáneamente el kirchnerismo propagandiza constantemente las virtudes del denominado “modelo con inclusión social” en ejecución desde el 2003. Si bien se crearon nuevos puestos de trabajo, desde el año 2009, la generación de nuevos empleos se asentó en contrataciones realizadas por las diferentes instancias estatales (nacionales, provinciales y municipales), por lo demás, de baja calidad. La generación de empleos de calidad aceptable se agotó en el 2007. Desde entonces los nuevos empleos son muchos de ellos informales, precarios, transitorios y de baja remuneración. Luego de 10 años de crecimiento casi ininterrumpido la “inclusión social” deja afuera a millones de trabajadores aún desocupados, incluso asalariados que por sus bajas remuneraciones no alcanzan a cubrir con su salario la canasta alimenticia, mientras continúan activos los Planes sociales que, como remedo del workfare, siguen una lógica neoliberal. Últimos estudios realizados por el Observatorio de la Deuda Social hablan de 11 millones de pobres, cerca del 27 % de la población, quintuplicando las cifras que entrega la retórica oficial a través del INDEC.  Mientras la canasta básica de alimentos alcanza a los 7500 $, ocho de cada diez asalariados ganan menos de  3000 $ y el salario promedio llega a los 3500 $. Tres de cada diez hogares en nuestro país son pobres. El kirchnerismo, en particular sus think tank integrantes de Carta Abierta, atados a una problemática industrial fordista, se muestran incapaces de reconocer los cambios operados en la naturaleza del trabajo en las sociedades capitalistas del nuevo siglo, relegando de su horizonte político cualquier idea de remuneración de la vida, como el ingreso básico de vida o de ciudadanía, sólo posible de implementar si se reconoce los cambios producidos a nivel del trabajo productivo, asentado ahora en un trabajo de tipo cooperativo y en red. En su reemplazo, no escatiman ocasiones para bendecir el proceso de reindustrialización y de sustitución de importaciones.

 

0.4 Debemos reconocer que todo modelo de desarrollo impacta de una u otra forma sobre el hábitat de la población, sus costumbres, reproducción de vida. En suma, sobre la vida. Este modelo nacional de acumulación por desposesión generó una mayor concentración de la propiedad de la tierra (el territorio) y significó el desprecio por la naturaleza y por los bienes comunes de sobrevivencia. En este contexto, Argentina es hoy un país más subordinado a las corporaciones como lo testimonia la “entrega” de la Cordillera a transnacionales megamineras, como la Barrick Gold, Xstrata o Yamana Gold. El modelo sojero, con el constante corrimiento de la frontera agrícola en desmedro de las explotaciones ganaderas o agrícolas de otro tipo, ha provocado no solo desforestaciones reduciendo la biodiversisdad, sino que, con la utilización de los agrotóxicos que degradan los suelos, ha provocado el desplazamiento de poblaciones campesinas hacia los centros poblados. Por otra parte, las explotaciones mineras a cielo abierto, responsables directas de la contaminación de los acuíferos y del propio suelo, afectan de manera significativa a las poblaciones vecinas. Impactos similares mostrarán sin duda las futuras explotaciones de los yacimientos hidrocarburíferos no convencionales ligados al shale gas, a través de la técnica del fracking o fractura hidráulica ante sus consecuencias ya conocidas mundialmente (uso intensivos de las aguas, contaminación de éstas y potenciales movimientos sísmicos).

Análisis particular merece la catástrofe de las inundaciones producidas en la ciudad de La Plata durante el mes de abril, así como el anterior “accidente” ferroviario de la estación Once (febrero 2012) , ambos con sus secuelas de vidas perdidas y damnificados.

La política de vías férreas concesionadas a empresarios privados, iniciada por el menemismo, que provocara innumerables despidos de trabajadores, la desaparición de decenas de  pueblos y el saqueo de numerosos bienes comunes han permanecido sin grandes variaciones, hasta hoy. En efecto, mientras las corporaciones favorecidas por las concesiones de los trenes de carga continúan enjugando cuantiosas  ganancias, los subsidios estatales, cuyo destino era el mantenimiento y funcionamiento eficiente y seguro de los trenes de pasajeros, abultaron los  bolsillos de grupos “amigos” del poder, como los hermanos Cirigliano de TBA, a pesar del “capitalismo en serio” que proclama el kirchnerismo. Se gestó, como fiel reproducción del menemismo, un entramado de negocios espurios y de corrupción entre un estado que dejaba hacer sin controlar, una dirigencia sindical que participaba de las ganancias suculentas (tras la concesión del trenes de carga) y un capitalismo que se construía a la sombra del poder sin riesgo alguno. Este estado de cosas transformó el diario peregrinar de los trabajadores hacia su trabajo en un potencial peligro de sus vidas, donde éstas se reducían a simples mercancías, a cuerpos sacrificables o desechables. Por ello Once no puede ser considerado ni una fatalidad ni un accidente, sino un crimen social largamente anunciado. Once terminó por desnudar las continuidades con el modelo neoliberal. No se trató de una contingencia más. La precarización, en este caso, se relaciona con los millonarios subsidios estatales que pagados a empresas privadas destinados a inversiones se desviaron engrosando las ganancias empresariales y aumentaron los riesgos de los usuarios del transporte.

Sin embargo la continuidad neoliberal trasciende los FFCC. Asistimos, a partir del 2004, al crecimiento de una construcción descontrolada en las ciudades apoyada en la expansión de los megamprendimientos residenciales, tipo countries, comerciales y turísticos, impulsados por grandes grupos inmobiliarios. Grupos poco interesados en cumplir con regulaciones urbanísticas y ambientales que, por otra parte, el propio Estado no les exige. Esta indiscriminada construcción obedece a esa lógica especulativa instalada en las grandes urbes, reflejo de la valorización productiva de los territorios metropolitanos en la post modernidad. Como las fábricas en el fordismo, las metrópolis se han convertido en el territorio productivo del nuevo capitalismo. Lógica especulativa cuya contracara es la dificultad de acceso a la vivienda por parte de los sectores populares y clases medias, así como del hacinamiento en villas, barrios, hoteles e inquilinatos de los carenciados. Este fenómeno ha generado el aumento exponencial de la población en villas, convertidas hoy en el blanco de las “políticas de seguridad” del ejecutivo nacional y municipal. El conflicto que se desencadenara por la ocupación del predio del Parque Indoamericano, a fines de 2010, y que culminara con tres asesinatos, es demostrativo de estas carencias no cubiertas por el modelo. Pero, debemos agregar, este desmesurado crecimiento especulativo de la industria urbana sin chimenea ha provocado no sólo el colapso de los servicios sanitarios, de agua y gas sino que ha modificado sustancialmente el escurrimiento de las aguas urbanas potenciando las inundaciones. El desastre de La Plata y su secuela de vidas debe buscarse aquí y no en alguna variante de la naturaleza. Con su desastrosa contabilidad de muertos, la tragedia natural de las inundaciones marca la existencia de un país frágilmente desguarnecido. La tragedia contable de los inundados agiganta la inconsistencia del modelo de inclusión social que también se hundió.

La ausencia de previsión y la falta de control de los funcionarios complementa esta lectura como reflejo de un modelo que muestra su peor cara también a nivel urbano. De manera simultánea el nuevo espacio metropolitano y sus dinámicas colaborativas y cooperativas propician las condiciones para la construcción de un común que conduzca a la reapropiación de la ciudad y de la vida, sólo posible a través de las nuevas formas de lucha, organización y resistencia. Sin embargo la teoría y práctica kirchnerista, frente a esta posible construcción, se encarga de contrarrestarla anulándola: el estado aparece como el Leviatan que ordena y repara socialmente lo que la salvaje naturaleza ha producido a su paso, proyectando en las víctimas una mayor dependencia y sometimiento con relación al biopoder, ahora con cara de estado, y donde el miedo y el endeudamiento por venir trabajan para desarmar cualquier potencia de resistencia e indignación que pudiera surgir en la carne de cada uno de los damnificados. La obediencia exigida a cambio de la ayuda y del crédito se convertirá en la pasión triste que acompaña a la desesperación de los inundados. El estado, como dispositivo de comando del capital, se convalida, mientras las culpas y responsabilidades se diluyen, cuando no se socializan. El Leviatan ha consumado su obra.  

 

 0.5 En estos días presenciamos igualmente la vuelta a escena de aquellas variables limitantes del crecimiento, a las que la retórica oficial consideraba ya superadas. Nos referimos a factores como la Deuda externa, hoy nuevamente en acción, provocada por los fallos de la justicia estadounidense (el juez Griesa y la Cámara de Nueva York) que obligan al gobierno a pagar a aquellos acreedores ("fondos buitres") que no aceptaron en el año 2005 la quita ofrecida en el canje de deuda y que permanecieron en esa posición, incluso para la primera apertura del canje en el año 2010. El pronunciamiento a favor de los fondos buitres de la justicia estadounidense obligará a una segunda reapertura del “cerrojo”  impuesto a todo nuevo canje de la deuda, a pesar de las declaraciones de CFK hace unos meses pregonando “que no les pagaría un peso a los fondos buitres”. A contrario sensu del discurso oficial no estamos en presencia de una política de desendeudamiento, sino en todo caso de un cambio en los acreedores. Si anteriormente el FMI y la banca extranjera eran los principales acreedores, hoy los nuevos actores son el Banco Central, Banco Nación y el ANSES. El gobierno financia su déficit fiscal con dinero prestado del Banco Central, Banco Nación y ANSES. La deuda pública total, interna y externa, ronda hoy los 197.000 mil millones de dólares contando los bonistas que no entraron en el canje del 2005 y 2010. Del total de esa deuda, cerca del 55%, es deuda interna contraída con los organismos nacionales mencionados. En el año 2012 la deuda aumentó en cerca de 3800 millones de dólares. El eventual incumplimiento del pago de la deuda se trasladaría ahora peligrosamente hacia el ANSES (jubilados) y/ o el Banco Central (que contaría con menos divisas para respaldar cualquier corrida bancaria). La política de desendeudamiento forma parte de un relato oficial que no se sostiene.

Similar fenómeno opera con el desempleo. Durante los primeros nueve años de gobierno kirchenrista se generaron 2,7 millones de puestos de trabajo, según datos del Ministerio de Trabajo (el gobierno y los medios oficiales suelen decir que fueron “más de 5 millones”) con lo que la cantidad de gente ocupada aumentó un 21%. Más allá del discurso oficial sobre la reindustrialización, con relación al empleo, debemos anotar que el aumento del empleo en la industria fue similar al del conjunto de las actividades (25%) entre 2003 y 2010. Casi todo ese aumento (19 puntos) corresponde al primer período presidencial (hasta el 2007), mientras que tan sólo 5 puntos corresponden al gobierno de CFK.  Algo similar aconteció con la construcción: su empleo creció notablemente hasta 2007 y luego se estancó. Es posible observar el cambio de régimen de empleo operado en 2007 con recordar que durante el gobierno de Néstor Kirchner se crearon, por año, 700 mil puestos asalariados, pero desde entonces se sumaron en tres años menos que lo que antes se agregaba por año: 600.000 nuevos puestos En el último año se ha producido destrucción del empleo mientras que el nuevo generado es precario y devaluado.

Por su parte la tasa de trabajo informal se mantiene a niveles de comienzos del 2000  habiendo aumentado en el año 2012. Sobre un total d 9.200.000 asalariados privados el 43 % de ellos se encuentra en condiciones precarias, informales  o en negro, según el Ministerio de Trabajo. Quienes   trabajan en negro no tienen descuentos jubilatorios, no cuentan con seguro de accidentes de trabajo y no reciben beneficios laborales como vacaciones, asignaciones familiares o atención médica a través de una obra social. Un corte al interior de los precarizados nos dice que: a) más de la mitad son jóvenes menores de 34 años; b) un 40% de ellos son jefes de hogares; c) contra la creencia de que el tema afecta sólo a la gente con menor preparación o capacidad laboral, el  44 % de ese universo tiene estudios secundarios completos.

El panorama se complementa con una inflación que no cede manteniendo toda su vitalidad, reconocida recién ahora por el gobierno cuando lanzó en marzo pasado un congelamiento de precios, inicialmente para los alimentos habiéndose extendido en los últimos días a las naftas. La inflación corroe los magros ingresos de los desocupados con planes sociales así como los de quienes se encuentran en los niveles salariales más bajos aumentando la pobreza e indigencia. Desde fines de 2007 el gobierno dinamitó los índices oficiales cuando la inflación comenzaba a hacerse sentir con el objeto de ocultar la pobreza e indigencia que comenzaban a crecer. La inflación de 25% anual desde hace 4 años –toda la última gestión kirchnerista- impide el aumento en el poder de compra de los salarios y el aumento en la participación de los ingresos de los/as trabajadores/as. El fifty-fifty en el reparto se aleja cada vez más.

El PBI industrial no lograr superar el 20% del valor agregado total. En paralelo, a pesar de los subsidios, el dólar alto y la superexplotación de la fuerza laboral generada en estos años, las ramas manufactureras del capital son cada vez más deficitarias en su comercio exterior. En efecto, la industria argentina registró a lo largo de una década un déficit comercial de US$ 195.000 millones según un cálculo de la Unión Industrial Argentina. El monto equivale a un tercio del producto bruto interno. Qué significa que la industria haya acumulado semejante rojo comercial en una década? Bernardo Kosacoff piensa que el rojo significa que “la estructura económica argentina sigue siendo la de la década del noventa”. Nada nuevo bajo el sol estructuralmente. Mientras tanto el  “cepo  cambiario” a  la  compra  de  divisas  y  las  restricciones que traban las importaciones significan el reconocimiento de dos problemas: a) la  incapacidad  de  la política  de  la  post‐convertibilidad  para cambiar  la  estructura  económica  heredada del pasado; b) el retorno de  la  restricción  externa”  que  algunos  habían considerado  ingenuamente  como  un problema superado. Ambas  medidas buscan

promover  la "sustitución”de  importaciones  industriales  y  la  reindustrialización del país gracias a una estrategia simple y ya ensayada en el pasado: impulso del consumo por vía monetaria y fiscal junto con el freno a productos importados que atiendan esta demanda inflada. Sin embargo la sustitución de importaciones en tiempos de  globalización se convierte en una verdadera quimera. Sus resultados son magros. El cuello de botella es la producción de bienes de capital particularmente intensivos en contenido tecnológico que permitan niveles de competencia internacional. Argentina está muy lejos de esa meta. Un mercado interno estrecho sin economía de escala, la ausencia de políticas de innovación y cambio tecnológico que acerquen la industria a niveles internacionales ante los veloces cambios mundiales y una desigual distribución del ingreso conspira contra toda sustitución de importaciones que se convierte en una ilusión. Por el contrario, todo indica que se consolida una primarización de la economía. Y el relato oficialista se aparta otra vez de la realidad.    

 

0.6  Desde el 2012, coincidente con el segundo mandato de CFK, se observa un aumento de la represión y criminalización de la protesta conjuntamente con la sanción de leyes como la antiterrorista, así como la existencia del Proyecto X  (el plan de inteligencia y espionaje montado contra militantes y organizaciones sociales); sanción de la Ley de las ART, situación que, de conjunto, hablaban ya del endurecimiento del gobierno ante la presunción de una mayor conflictividad. Los tiempos posteriores han confirmado ese pronóstico al observarse un escenario de aumento de la conflictividad social. El país vive una disputa distributiva no resuelta que debilita las reglas de juego, más aún cuando se transita de una fase de crecimiento acelerado a una etapa de estancamiento o crecimiento lento de acuerdo a cómo evolucionen las variables económicas. Las políticas sociales y previsionales mantienen un carácter puramente compensatorio, arbitrario, fragmentario con el objetivo de contener –sin resolver plenamente- las demandas de los de abajo. El derecho universal a la seguridad social integral y los servicios sociales básicos (salud, educación, hábitat) está fuera del horizonte del neodesarrollismo kirchnerista. El gobierno se ha mostrado incapaz de reducir la pobreza, controlar la inflación, asegurar la calidad de la educación, incluir a los jóvenes en la sociedad o incluso brindar electricidad suficiente. Indiferente ante el choque de los trenes y los barrios inundados. En ese contexto la política fiscal sigue sin gravar importantes fuentes de renta (minera y financiera), grava muy levemente otras rentas (agraria e inmobiliaria) al igual que los ingresos suntuarios. El kirchnerismo posterga todo reforma impositiva mientras el superávit fiscal se mantiene como un objetivo primordial a los fines de sostener el pago de la deuda pública. La expansión de la renta agraria y minera alimenta la especulación inmobiliaria y los alimentos, aumentando artificialmente  el precio de la tierra, desplazando a los pequeños productores y postergando a los trabajadores agrícolas al acceso a la vivienda digna. Simultáneamente, la soberanía alimentaria es puesta en riesgo.

 

1.0 Atravesamos momentos de “profundización del modelo”. Así como, luego de su derrota electoral en 2009 y posterior al fracaso de la 125, el gobierno respondió con la Ley de Medios, hoy, ante las diferentes demandas y protestas sociales, luego de las inundaciones urbanas, frente a las crecientes dificultades económicas, -crecimiento del desempleo, reaparición de la deuda externa, virtual reconocimiento de la inflación tras la medida de congelamientos de los precios-, el gobierno redobló su apuesta con la llamada "democratización de la justicia". Oferta que lo acerca a una más transparente gubermentalidad inscripta en una democracia sustentada en un presidencialismo absoluto. El gobierno proyecta, una vez más, una huida hacia adelante articulada sobre cuestiones significativas y sentidas por la sociedad. Al abordarlas de manera equivocada y tergiversada termina pervirtiendo el propio proyecto y condenando a la sociedad a tener que optar entre un gobierno que pervierte y destruye hasta las buenas causas y opositores carentes de propuestas, mediado y tergiversado por los intereses corporativos de los medios concentrados.

Las manifestaciones del 18A expresaron, una vez más, la crisis de representatividad, crisis de un sistema político anémico y fragmentado que, paradójicamente, alberga también a un aparato estatal fortalecido a partir del 2001. No decimos nada nuevo al respecto. Aunque debemos resaltar que el gobierno se muestra pertinaz en responder a esta crisis política apelando al Uno permanentemente, distanciándose, mediante este juego, de toda governance posible con los movimientos. Incluso, de sus aliados más directos. Me refiero a la CGT oficialista. Todas las acciones de gobierno han buscado reafirmar la democracia representativa y su basamento central, la soberanía popular. Ese fue el argumento central utilizado por el kirchnerismo en la discusión sobre la “democratización de la justicia”: la soberanía popular extensiva a los tres poderes de la Constitución. Esto es, la delegación. Las elecciones, el sufragio electoral delegativo como única forma de convalidación política. Así lo manifestó también Carta Abierta, el grupo think tank kirchnerista. En estos aspectos reside todo el anacronismo kirchnerista complementado con su obstinada apuesta a la sustitución de importaciones, a una reindustrialización asentada en el mercado interno para culminar con aquella supina idea de que el capitalismo es consumo, tantas veces repetida por CFK como émula, en el siglo XXI, de Tugan Baranowski. Todo un dislate político que encubre el necesario corazón del comando capitalista: la explotación. Pero, en esa perspectiva ¿no es el kirchnerismo un continuador de las políticas e ideologías menemistas  neoliberales al colocar al consumo como el centro de los deseos de la sociedad? Resulta cuando menos ingenuo y falaz aventurar opiniones sobre que el consumo genera inversión, producción, y por lo tanto trabajo, en boca de quienes dicen conjugar una retórica diferente y emancipadora. Mientras se oculta la explotación como el sustrato del capitalismo, la verba del análisis vulgar y de una lectura de la sociedad capitalista en clave de consultora económica, goza de buena salud.

En tiempos de capitalismo biopolítico la subjetividad parece ser el resultado, mejor dicho, el objeto de una nueva captura, de una nueva disposición, de un nuevo poder que tiene que ver con la generalización del consumo como dispositivo conductor de subjetivación, desorientando y deslumbrando al deseo humano, atrofiándolo tras un movimiento ciego y mecánico, casi sin esperanzas. Forma de control que se asienta sobre la solicitación y exasperación del propio goce autístico, que se difunde en el sistema a través del acceso, siempre más fácil e inmediato, a los objetos de consumo que el capitalismo pone incesantemente en acto para sostener su ciclo de reproducción. Se construye así un vínculo asocial que tiene su eje estructural no en una relación intersubjetiva, sino más bien en la efímera relación construida entre individuo y producto, resultando de este escenario el fortalecimiento de una fragmentación e inestabilidad creciente de los vínculos sociales arrojando a los individuos, siempre más expuestos, a la precariedad y a la soledad. Estamos frente a un cambio profundo de la estructura del poder. No sólo se echa mano a la hobbesiana disciplina de los cuerpos (Ley Antiterrorista, Normativa X) , sino que también se fomenta, en lenguaje sicoanalítico, el imperativo del goce. En este caso el biopoder se transforma en un poder bioeconómico. Se trata de un biopoder inédito que organiza la esfera general de la vida; un poder que se ejerce sin metáfora, y que se extiende hasta volver irrisorio su distancia con la vida misma. Por detrás de la “vuelta de la política” aparece la centralidad de la economía que importa de hecho una regulación de la vida más radical que aquella derivada de la forma clásica del poder como expresión soberana de la fuerza del derecho. Más allá de las declamaciones kirchneristas de su épica ideologizada de los 70’s , el poder del mercado, coincidente con el poder de los grandes capitales y grupos financieros, muestra una capacidad de incidencia y de determinación de la vida sin precedentes. Los kirchneristas no lo saben pero lo hacen.

La nueva forma de alienación extiende el fetichismo de la mercancía a las relaciones sociales y la libertad se transforma en mercancía fetichizada. Estamos, antes bien, frente a una metamorfosis antropológica que tiende a extender la dimensión subjetiva de la satisfacción del deseo a la ilusión de considerarse ahora propietarios. ¿Qué otro objetivo persigue el kirchnerismo en estos días, tras la reforma al mercado de capitales para fomentar la incorporación de nuevos espacios de ahorro a los ciudadanos, articulados ahora por la bolsa y sus acciones, sino  el de ofrecer la ilusión de propietario, como réplica cruel del TINA thatcherista? ¿Que otra lectura puede hacerse cuando la reestatizada YPF busca fondear sus inversiones en el bolsillo de los asalariados a través de los bonos y Obligaciones Negociables, verdaderos íconos de la financiarización, y cuando esta operación es profusamente propagandizada por el kirchnerismo? En estos  casos la lógica nacional y popular se viste con traje neoliberal.

Tronaron otra vez las cacerolas como expresión de una sociedad civil que a menudo parece ensimismada, entretenida en el consumo o en los vericuetos de la vida privada. Pero que de repente se adueña de las calles y de las plazas, expresa su insatisfacción y sus deseos, disputando quiere ser protagonista de un destino diferente, aunque todavía no sepa muy bien ni cómo ni con quién. Sin duda que no ofrecen alternativa política a la gubermentalidad kirchnerista. En todo caso estamos frente a una perspectiva de salida semiliberal y ramplona políticamente. Sin embargo debemos reconocer que son también el resultado de un liderazgo presidencial abrumador y abrasivo, que margina e ignora a las fuerzas de oposición y asfixia al republicanismo donde ser referencian las cacerolas, espacio político constituyente compartido también por el propio kirchnerismo. En realidad, tras la idea que el “pueblo” perdería su rumbo y su capacidad de acción soberana, si no se habilitase una tercera reelección para la Presidenta en ejercicio,  se proyecta la ya clásica incapacidad atribuida a la ciudadanía para tomar las riendas de la política en sus propias manos; mientras se alimenta igualmente la tradicional desconfianza elitista frente al “pueblo” como responsable de su propio destino. Conforme con esta visión, los destinos del “pueblo” dependen por completo de la presencia de una figura-líder única e irreemplazable.

En estos días hemos sido testigo de cómo el kirchnerismo, una vez más, bastardea procesos y proyectos políticos legítimos adaptándolos a sus necesidades y prioridades. El proyecto de “democratización de la justicia”, y su sanción legislativa posterior, se suma a esta larga lista (estatización de las AFJP, estatización de YPF, reforma al Banco Central etc.). No se trata de poner en duda su necesidad; mucho menos su figura. Tras los conocidos traspiés del gobierno con el grupo mediático Clarín, debido a las injustificadas demoras de la justicia para expedirse con relación a la Ley de Medios, se instala, tras este proyecto, la idea de una nueva refundación de la Argentina, ahora con cara judicial. Se trata de un proyecto se encuentra plagado de defectos y errores, en contraposición a los intereses de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Empecemos por lo que la reforma propone respecto de las medidas cautelares. La reglamentación de las cautelares, transformándolas en simples figuras vacías, pone en línea al kirchnerismo con los gobiernos autoritarios y de facto que siempre fueron hostiles a su implementación. Las cautelares nacieron para defender a los ciudadanos más débiles frente al poder estatal. Por esa razón las dictaduras fueron refractarias a ellas. Los reclamos sociales, cuando estén dirigidos contra el estado u órgano descentralizado, no podrán incorporar, como defensa, las medidas cautelares. Su nueva reglamentación se alinea con el objetivo del poder de colonizar la subjetividades volviéndolas más dóciles, mientras debilita su resistencia. El capitalismo biopolítico instaura dispositivos de gobierno de los individuos menos disicplinarios y más capilares. El sentido común exige que una reforma significativa de las reglas que ordenan la vida pública sea debatida por el conjunto de los organismos y movimientos sociales que pudieran verse afectados por estas medidas (los jubilados p.e., ya que la introducción de nuevas Cámaras de Casación extenderá al menos a seis años los reclamos por reajustes previsionales, que hoy alcanzan tres años) y no por una elite o un sector político, con desconocimiento o desprecio de lo que piense el resto. Similar espíritu se advierte en las modificaciones en el Consejo de la Magistratura, órgano de elección y remoción de los jueces. A contrario sensu de lo que argumenta el gobierno la elección de sus miembros está atada a una representatividad política en decadencia y lo convierte en un apéndice del partido gobernante.

El proyecto aprobado obliga a tener que optar entre un gobierno que pervierte y destruye hasta las buenas causas, y opositores carentes de propuestas, todo ello intermediado y tergiversado por los intereses corporativos de medios concentrados. Siguiendo el camino de la construcción de los mitos, que recogen necesidades y formas de elaboración colectiva de la historia y de los orígenes, se instala la idea de una refundación de la Argentina desde el punto de vista económico y social, que exigiría cambios constitucionales que den cuenta de este proceso, mientras se niega la responsabilidad del Estado – y más concretamente del gobierno – allí donde el Estado manifiesta su ausencia o su complicidad.

El kirchnerismo reproduce, una vez más, su práctica histórica: infinito repertorio de frases hechas y lugares comunes, bajo nombres que resultan pomposos porque han perdido su sentido - soberanía, poderes fácticos, modelo, matriz productiva diversificada, democratización de la palabra, derechos de las minorías, democratización de la Justicia, proyecto nacional-. Se trata, como alguien bien ha calificado, de un gran simulacro con el que el Gobierno intenta sustituir lo real para permitirle disfrutar de los beneficios inmediatos del presente sin por ello sentir traicionados los principios. En ese contexto el discurso de realizaciones autocentradas remite a  prácticas de representatividad donde los avances políticos no serían el producto de las luchas y la resistencia social, sino de la bendición de un poder trascendente cuyo cuerpo central y único es el propio gobierno. Esta modalidad de construcción pretende desarmar y desarticular toda resistencia dese abajo al apostar a un mecanismo de delegación que fortalece la anomia social y proyecta en su imaginario la existencia de un gobierno que resuelve las cosas por si mismo, todopoderoso, al mismo tiempo que promueve una sensación de impotencia, de debilidad interna en las fuerzas sociales.

Sólo la resistencia social, el desapego con relación a los valores del poder, la necesidad de construir común, de construir multitud puede hacer frente a este atropello de la subjetividad permanente. Las políticas oficiales son portadoras de mayor sometimiento, sea al poder político, sea al poder económico. No contribuyen a construir un camino de emancipación y de libertad políticamente productivo para la sociedad. En estos días, las luchas antagónicas contra lo poderes que nos somete no pueden quedar circunscriptas a la simple reivindicación de la emancipación. Si no van acompañadas de una práctica de libertad incondicional estarán destinadas a permanecer presas del horizonte constituyente presente. El alcance de la emancipación, la liberación del sometimiento debe ir custodiada de la producción de subjetividad, de una subjetivación y de una práctica constituyente. La destitución acompañada de la potencia constituyente; la insurrección asistida por la invención; en definitiva, la potencia ontológica frente al poder constituido.  

 

César Altamira                                                                                  19-05-2013