América Latina: un incierto horizonte luego de la ola rosada.  

Una aclaración previa. No cabe duda que América Latina no puede asumirse como un todo homogéneo. Si bien esta es una verdad compartida, son numerosos los análisis, a izquierda y derecha, que razonan como si realmente lo fuera. América Latina es una y diversa al mismo tiempo. Historias pasadas entrelazadas y mismos orígenes, por un lado. Sociedades diferentes, sistemas políticos históricos disímiles, construcción histórica de ciudadanía diversa, por otro.  En fin, estructuras de clases distintas que construyen relaciones diferentes con el estado. De ahí que, más allá de un acercamiento en bloque, subyace siempre una profunda heterogeneidad y diversidad, que otorgan especificidad a cada país. 

Sin embargo, en América Latina, el agotamiento político y económico de los "gobiernos progresistas" se ha manifestado como la restauración de las viejas fuerzas conservadoras, pero sobre todo, como una fuente de parálisis para los nuevos movimientos y luchas constituyentes.

Por lo demás el comportamiento de los diversos gobiernos latinoamericanos permite diferenciar entre las expectativas socio-políticas que generaron al comienzo de su ciclo de gestión, desde los primeros años del nuevo siglo y durante casi un lustro, a la decepción que se extendía en las distintas sociedades nacionales en los últimos tiempos del período. Desencanto social  manifiesto ante la persistencia de las desigualdades sociales y de la matriz productiva inicial; la carencia de figuras políticas de recambio, capaces de oxigenar el proceso, fenómeno que exigía la renovación institucional permanente de los mandatos presidenciales; el hartazgo social ante la consolidación y centralización de un poder político que obturaba sistemáticamente toda renovación en el liderazgo, mientras se fomentaba la obsecuencia y el disciplinamiento de los movimientos sociales ahogando toda autonomía; los hechos de corrupción que contradicen aquel objetivo primario de transparencia en el manejo de la res pública, para alcanzar la justicia social, erradicar la pobreza y las desigualdades. A estos factores se debe incorporar la resistencia que generó, en los países andinos especialmente, las políticas extractivistas como pivote del desarrollo nacional. Este fastidio social generalizado en los diversos países, bien le abrió la puerta a nuevos gobiernos de derecha, centro derecha y/o neofascistas, bien ha sumido a los países en una crisis profunda, como es el caso de Venezuela.  

El triunfo del PT fue fundante del ciclo del “progresismo” latinoamericano. A poco de asumir,

lanzando el programa de combate al hambre “Fome Zero” (“hambre cero”), Lula se volvió el líder de izquierda más famoso de su década, inaugurando lo que se llamó luego el “giro a la izquierda” en América Latina. Sin embargo hoy, una nueva agenda regional está asomando cargada de interrogantes, a la sombra del factor disruptivo de  la crisis venezolana, que va mucho más allá del colapso del chavismo. El multilateralismo regional ha dejado de existir. La muerte del UNASUR constituye un hecho no metafórico cuando el gobierno ecuatoriano decidió ponerle llave al edificio que la cobijaba. Lo mismo puede decirse de muchos otros espacios multilaterales regionales, sobre todo, los que están vinculados a la integración económica. Ahora se alude a la creación del Prosur, pero todo hace pensar que ese emprendimiento puede llegar a durar lo que duren los gobiernos fundadores.

La irrelevancia latinoamericana es un hecho. Decididamente el peso de la región en el mundo se ha devaluado. Lejos ha quedado el tiempo en que las figuras políticas latinoamericanas cobraban relevancia mundial mientras las experiencias políticas del continente se proyectaban sobre las geografías europeas como espejo deseado donde proyectarse. Asistimos a la reemergencia de un peligroso autoritarismo que  está aprovechando circunstancias muy concretas: el fracaso de los gobiernos progresistas, la incertidumbre económica, cuando no, una crisis económica ligada a su dependencia de los ciclos económicos; la inestabilidad de algunos regímenes políticos; la presencia del trumpismo y, sobre todo, el dramático colapso del chavismo en su versión Maduro. 

La verdad es que la izquierda latinoamericana, ante la crisis del socialismo real, la caída del Muro en 1989 y la derrota de los 70’s se abrazó, como tabla de salvación, a la tradición nacional-popular que brotaba en América Latina a comienzos del nuevo siglo.  

El calificativo de progresista de los gobiernos latinoamericanos, si bien recuerda la noción de progreso aunado a políticas socialdemócratas, incorpora en su patrimonio una perspectiva más amplia: desde el marcado cuestionamiento al neoliberalismo, pasando por el clásico desarrollismo latinoamericano, hasta variantes de políticas radicales nacional-popular, con una fuerte presencia del estado, perfil industrialista, mercado internista y una acentuada vocación regionalista con adhesión a políticas heterodoxas.  

Mientras tanto, se hace cada vez más evidente que las inversiones americanas han perdido terreno frente a las chinas, abriendo las puertas a nuevas disputas y tensiones.  

La dinámica global ya no derrama sobre nuestros países, entre otras razones porque la economía, en general, no ha sido muy exitosa y porque no se destacan liderazgos que conciban sus estrategias en base a las grandes transformaciones tecnológicas globales. Este último punto es decisivo y conecta con el surgimiento de una derecha latinoamericana montada sobre los particulares tiempos de incertidumbre y crisis económica en nuestros países. 

Es posible verificar en estos días una serie de procesos concatenados. El divorcio británico del Brexit es el producto del ultranacionalismo local, reacción a los programas de austeridad impuestos al Continente por Bruselas. Apretón económico, que se agudizó desde la crisis de 2008, potenció la frustración de los electorados y la multiplicación de movimientos europeos de ultraderecha, xenófobos e insulares que se montaban sobre esa frustración. Abrazados a la pesadilla, el principal estandarte de esos ejércitos medievalistas es, precisamente, el Brexit británico. 

El freno que registra la economía global se origina también en las políticas de estos nuevos liderazgos soberanistas con la versión norteamericana a la cabeza. Los expertos señalan el esquema abierto entre la imprevisibilidad del futuro del Reino Unido y la tosca guerra comercial que Trump le declaró a China. El proteccionismo que define estas visiones insulares y el repudio a la globalización son los eslabones que cierran la cadena alrededor del cuello de sus promotores y secuestra al resto del planeta. Los efectos superan ya la imaginación. Recientemente la autocracia turca del presidente Erdogan sufrió la mayor catástrofe electoral de su historia, con la pérdida de la capital Ankara y posiblemente Estambul, que controla desde 1994. El motivo: la agudización de la crisis económica global que erosiona con devaluaciones a las monedas de los países emergentes, la Lira turca, en particular pero también el real brasileño y el peso argentino. Hace unos días la directora del FMI, Lagarde, reveló que la economía mundial ha perdido ímpetu en el primer trimestre del año por lo que las perspectivas caen del 3,5% estimado para 2019. “El crecimiento será el más bajo que hemos visto en los últimos tiempos”, sintetizó. No es sólo el Brexit y la guerra comercial lo que está en el futuro próximo. Trump también ha profundizado otras trampas en ese sendero. La economía de EE.UU, estimulada con la baja de impuestos de 2017, ha incrementado el déficit fiscal en los cuatro primeros meses del año proyectándose un rojo fiscal en 2019 como el mayor de la historia de los EEUU, fuera de tiempos de guerra o recesión.

Ante este panorama América Latina se enfrenta a un nuevo escenario que ya no puede simplemente nominarse como el fin del ciclo progresista y su eventual reemplazo por fuerzas de derecha o centroderecha en el marco de la democracia, sino por un corrimiento de las fronteras políticas hacia otro terreno, allende sus fronteras, para extenderse a nivel global. Bolsonaro, un ex-capitan del ejército, elegido por 57,8 millones de personas —una cifra que se aproxima al total de la población de Italia— alcanzó su victoria mediante su creciente apoyo al conservadurismo, al protagonismo de valores religiosos y morales, a la represión y al encarcelamiento como mecanismos para combatir la violencia en un país que ya no brillaba por sus índices de tolerancia. Si, por un lado, el triunfo de Bolsonaro en Brasil estuvo mediado por una campaña bajo las consignas de biblia, bala y buey, mientras se reivindicaba abiertamente la dictadura instalada en 1964, haciendo alardes de violencia, al tiempo que manifestaba un explícito desprecio por los valores fundamentales de la democracia liberal, en EEUU, Trump había llegado al gobierno dos años antes, apoyado por votantes estadounidenses sin título universitario, sin educación, ya cristianos ya evangélicos, convocados por el descontento, la rabia y las heridas de rencor “blanco”, especialmente el “blanco masculino”, provocado por la pérdida del orgullo social, económico, cultural y político, tras cuatro décadas de neoliberalismo y globalización. Finalmente el neoliberalismo, incapaz de poder satisfacer las demandas de la sociedad, entró en crisis.  

¿Cuál era el clima estadounidense para esa fecha? Si en 1970, más de dos tercios de los trabajadores urbanos negros eran blue collar, en 1987 ese porcentaje había bajado al 28 por ciento, acompañado por el aumento del desempleo y el subempleo que golpeaba a los barrios negros pobres, mientras que la des financiación neoliberal de las escuelas públicas, los servicios y las prestaciones sociales afectaba a los asalariados. Este paisaje, de conjunto, dio lugar a una explosión de la economía de las drogas y las pandillas, una tasa catastrófica de encarcelamiento de negros y un abismo creciente entre una pequeña clase media negra y el resto de la América africana.[1] En ese marco socio económico no resulta extraño el triunfo de la ambulancia del trumpismo, recogiendo los heridos que dejara el neoliberalismo a su paso, frente al liberalismo político de Hillary. 

Donald Trump forjó su campaña electoral acometiendo contra el consenso del neoliberalismo multicultural, prometiendo terminar con los tratados de libre comercio y obligar a las industrias manufactureras regresar a los EEUU. Atacó a las grandes corporaciones estadounidenses como Ford, Apple, Nabisco y Carrier por producir fuera del país. Su crítica nacionalista a la globalización fue acompañada por el discurso racista contra los mexicanos (construcción del muro fronterizo) y todo tipo de inmigrantes. Catalogó de terroristas a los musulmanes al tiempo que prometió regular la entrada de quienes busquen ingresar al país. Su retórica buscó dar fin a  los discursos del reconocimiento cultural a las diferentes poblaciones oprimidas, a quienes les prometía la ley y el orden, como los afroamericanos, los hispanos y la comunidad LGTBQ, mientras manifestaba una particular misoginia. Politizó el resentimiento de los electores blancos procurando el fin de aquella esfera pública diversa e incluyente construida sobre las demandas de los nuevos movimientos sociales desde los años sesenta.

En Brasil, el patrón “neodesarrollista” que se manifestara en todo el período petista haciendo eje en el consumo y el ascenso social, se mostró incapaz de modificar de manera permanente una estructura de clase largamente enraizada. Así como las movilizaciones de masas de los años 70 y 80 fueron expresión de los deseos y reclamos sociales que culminaron en una redefinición de la democracia y de los derechos, las movilizaciones brasileñas producidas desde 2013 en adelante, deben asociarse a la defensa y mantenimiento de los derechos alcanzados derivados de las políticas sociales de los gobiernos del PT, incluida la lucha contra la pobreza[2]. Aunque debemos reconocer igualmente en dichas revueltas la presencia de importantes sectores antipetistas que ganaban las calles alentados por los hechos de corrupción –lavajato- que comenzaban a ventilarse. Las políticas petistas afectaron de diferentes formas a las clases sociales, generando frustraciones que, pese a su convergencia en algunos casos, no dejaban de ser ideológicamente opuestas. Los ricos se hicieron más ricos, mientras que una fracción de la población salió de la pobreza y pasó a tener acceso a determinados servicios, nichos de mercado, espacios y derechos, que anteriormente eran ejercidos tan solo por una clase media-alta, que vio amenazados sus “privilegios” y su estilo de vida. Los clivajes de clase, pero también los de raza, género y origen, si bien transversales en estas movilizaciones de junio de 2013, no fueron capaces de permear con mayor densidad el campo popular, a pesar del nuevo activismo emergente, fenómeno que habría de ser aprovechado más adelante, sin duda por el bolsonarismo para acentuar la ruptura y la división interna y alzarse con un triunfo ante la perplejidad de la izquierda brasileña, latinoamericana y mundial.  

En este proceso de construcción de nuevos tiempos para América Latina, no fueron pocos los casos donde una lectura de los partidos políticos tradicionales que los asociaba a una partidocracia corrupta y funcional a los intereses de los organismos financieros internacionales, alimentó su reemplazo y desplazamiento por outsiders, que una vez que llegaron al poder contribuyeron a terminar con ellos. Así, Chávez fue electo con la idea de construir una democracia participativa y protagónica que resolvería los déficits participativos y representativos de la democracia liberal. Correa, desde Alianza País, prometió remplazar la democracia formal con una democracia real entendida como políticas públicas que redistribuyeran la riqueza. Y Morales propuso combinar la democracia indígena-comunitaria con la democracia liberal para descolonizar Bolivia y construir una noción de pueblo plural y multiétnico.

Si bien la Constitución de 2009 declaró a Bolivia como un Estado plurinacional y comunitario,

Morales ha pretendido ser muchas veces la voz única del pueblo. Así, cuando los indígenas de la Amazonía se opusieron a la política extractivista del gobierno, Garcia Linera los acusó de ser manipulados por las ONG extranjeras y de no ser auténticamente indígenas[3]. A pesar que el gobierno de Morales intentó imponer una visión hegemónica de indianidad tras la lealtad a su gobierno, no ha podido imponer una visión del «pueblo como uno», frente a la capacidad de movilización de los movimientos sociales.  

Con estos líderes, regresaron las utopías de la revolución y del socialismo, mientras basaban su acceso al poder, ya no de manera violenta asentada en el uso de las armas, sino en el uso de los votos como estrategia revolucionaria. Gobernaron a través de campañas y de elecciones permanentes renovando liderazgos carismáticos y confrontando con sus enemigos.

Así, el llamado “socialismo del siglo XXI” no se basaba en la estatización de los medios de producción, sino en un proyecto que otorgaba al estado un rol protagónico en la planificación de la economía, combinando formas de producción comunitaria, estatal y privada. 

Es posible resaltar un común denominador latinoamericano: los diversos dirigentes populistas fundadores no se vieron como líderes políticos ordinarios  quienes, elegidos por uno o dos periodos se retirarían luego de la política se construyeron y se vieron a sí mismos liderando la refundación de sus repúblicas, como los herederos de misiones inconclusas de los “padres de la patria”. Sólo la enfermedad le impidió a Chávez ser presidente cuantas veces se le antojara. Correa modificó la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente dominada por Alianza País, su partido, para permitir su reelección permanente, con una cláusula que no le permitía participar en 2017, abriendo la posibilidad de su regreso, si le apeteciera, en 2021. Morales, a pesar de haber perdido el referéndum que le autorizaba a presentarse por cuarta vez en las elecciones en octubre de 2019, consiguió que el Tribunal Supremo Electoral autorizara su candidatura para este año. Cristina Kirchner, por su lado, promovió una reforma constitucional para su reelección indefinida pero fue derrotada en octubre del 2013. 

Quizás la mayor innovación de estos líderes haya sido basar su estrategia en la noción de poder constituyente, buscando la transformación de la forma estado. Desdeñaron el poder constituido y prometieron la refundación de sus patrias para alcanzar la segunda y verdadera independencia. El poder constituyente fue entendido como la capacidad popular para crear instituciones y normativas, autoridad capaz de refundar la política, la economía, la moral y la cultura, aunque sin mucha claridad, salvo vagas nociones, sobre el contenido de estas transformaciones. Mención aparte merece el caso boliviano al privilegiar el carácter de estado plurinacional en su nueva constitución, teniendo como bandera central la descolonización y la transformación estructural de la forma Estado hegemónica en la modernidad. En todos los casos se prometía convocar a elecciones para constituir asambleas constituyentes y participativas que generarían nuevas constituciones entendidas como pactos y proyectos de sociedad. Las nuevas constituciones, si bien ampliaron derechos, concentraron el poder en el Ejecutivo. Se impulsaba un poder constituyente desde arriba y desde afuera, no como campo de implementación del trabajo vivo que rechaza su despojo; como proceso abierto y animado de discusión de las relaciones de poder, culminación de la constitución de una práctica colectiva que no finalice asido a la racionalidad de un proyecto que culmine en un estado o una institución. 

Pero los resultados fueron otros muy diferentes.

Venezuela se debate hoy ante el estallido de una crisis sobre otra crisis alimentando una creciente descomposición social que convierte en caricatura la revolución bolivariana. El socialismo del siglo XXI chavista entró en crisis con anterioridad a la muerte de Chavez (marzo de 2013), ante la caída de los precios internacionales del petróleo, principal fuente de divisas de la economía venezolana (96% del valor de las exportaciones nacionales). Al igual que los otros gobiernos progresistas de la primera década del nuevo siglo, el chavismo, si bien construyó organización social y política en los territorios más empobrecidos, se concentró en distribuir los dividendos del superávit comercial externo, mientras fuera posible, entre los sectores más pobres y las barriadas de Caracas, sin modificar la estructura productiva del país. Cuando la principal fuente de divisas comenzó a disminuir, el gobierno chavista comenzó a debilitarse. La revolución bolivariana construyó, más bien, un socialismo discursivo y corporativo desde el gobierno, lentamente absorbido por las cúpulas privilegiadas de las fuerzas armadas, antes que los cimientos de una sociedad diferente que afectara los intereses del capitalismo. Prueba de ello fue el intento de modificar la constitución promoviendo la participación directa de los de abajo a través de lo que se llamó el Estado comunal. El proyecto, impulsado en el segundo mandato de Chavez -2007-, sustituía el poder popular asentado en la soberanía popular por un poder popular basado en el estado comunal, donde el poder se situaba en las comunas, cuyas decisiones se alcanzaban en los consejos comunales por el mecanismo de la democracia directa. Consejos comunales cuya función era la de construir una economía de propiedad social como tránsito al socialismo y garantizar la existencia de mecanismos de participación directa de la población en la formulación, la ejecución y el control de planes y proyectos vinculados a los aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa. Más allá de que el proyecto fuera rechazado en el referéndum de diciembre de ese año, Chavez buscó la forma de concretarlo, aunque fracasó en el intento. Las comunas se limitaron en los hechos a reunir a un reducido grupo de voceros del barrio, más que a la comunidad, quienes, aprovechando sus posiciones en el gobierno, gestionaban pocos recursos para los emprendimientos. Se registraron algunas experiencias exitosas a pequeña escala, al tiempo que los consejos terminaron controlados por el oficialismo, que los puso a trabajar para él, sobre todo, en tiempos electorales. Aquel proceso, que había nacido sustentado en una poderosa movilización de masas, comenzó lentamente a reemplazar esa ebullición social por una lenta burocratización asentada en un fuerte estatalismo. Política transformadora que gozaba, antes y ahora, de las simpatías del progresismo latinoamericano. Con Maduro la crisis se agudiza a tal punto que hoy, las exportaciones son el tercio de lo que eran 6 años antes, mientras el PIB se ha reducido al 50 por ciento de su valor para la misma época. La sociedad venezolana sufre una profunda crisis de salud, carencia de alimentos y medicamentos, mientras el gobierno se sostiene tras el ejercicio de una represión generalizada ante las movilizaciones de la oposición. El nivel de descontento y desesperación en la población es tan alto y las amenazas a su bienestar tan graves, que cualquier salida a la crisis es posible: desde el apoyo a la invasión que alienta Trump, hasta una variante neo fascista. El estado venezolano está económicamente colapsado, con un gobierno debilitado en su apoyo popular y asentado solamente en las fuerzas armadas. Cierra el cuadro una oposición que impulsa un mayor torniquete económico desde las oficinas de la Casa Blanca. En estos días, como rémora tiempos de la guerra fría, EEUU y Rusia conversan sobre el futuro venezolano a la sombra del gasoducto Nord-Stream que unirá Rusia con Alemania.  

A la sombra de la catástrofe venezolana dos países han caído en los últimos años bajo la influencia de una derecha autoritaria cuyos compromisos democráticos se ven cuestionados. En Colombia, país que sufre una masiva inmigración venezolana, su presidente Iván Duque ha puesto en tela de juicio la ley que reglamentara la justicia de paz, pivote de los acuerdos de Paz entre el estado colombiano y las FARC abriendo la puerta a un posible desconocimiento de los mismos.  

El autoritarismo venezolano se despliega alcanzando a Nicaragua, donde el gobierno del ex integrante del gobierno del FSLN, Ortega Saavedra, ha consolidado su poder interno tras manipular las instituciones y volverlas funcionales a la consolidación del poder orteguista. En ese contexto toda voz opositora y las masivas movilizaciones estudiantiles del 2018 han sido violentamente reprimidas con cárceles y persecuciones, proceso que provocó fortísimas criticas de numerosos ex compañeros sandinistas de Saavedra. 

Una nueva derecha radical y antidemocrática, a nivel global, se presenta hoy como un movimiento antiglobalización utilizando las contradicciones y límites de la globalización -pérdida de estatuto de las clases medias y de los trabajadores industriales- echando mano a una sistemática polarización y creación de falsos conflictos. Así, prometiendo protección a las sociedades a través de la construcción de nuevos muros, convoca a organizarse tras la estigmatización de poblaciones enteras sean estas los inmigrantes o quienes promuevan las diferencias de género o reivindiquen el mismo feminismo. Estamos frente a una nueva versión de la derecha autoritaria que no tiene la forma clásica que los regímenes fascistas de los años 30’s. No hay marchas sobre Roma ni incendios del Reichstag o cosa semejante. Tampoco hay grandes amenazas revolucionarias mundiales a la vista. Existen sí tensiones entre Rusia, China y EEUU por la hegemonía mundial, aunque estamos lejos de cualquier nuevo reparto interimperialista: luego de la caída del socialismo real asistimos a la plena “mundialización” del Capital. Al desaparecer el comunismo y al haberse alineado la socialdemocracia con las normas de la gobernabilidad neoliberal, las derechas radicales han adquirido una suerte de monopolio de la crítica del “sistema”, sin tener siquiera la necesidad de mostrarse subversivas cediendo ese papel a los outsiders. Aunque debemos reconocer una potencial “fascistización” social  alentada por la impotencia manifiesta para encontrar una salida visible a la crisis y la ausencia de una alternativa radical que altere la lógica dominante en el mundo. Pero esa gravedad no debe confundirnos y dejar de percibir las diferencias con los fascismos “clásicos”. Los modernos neofascismos se apoyan, antes bien, en la fragmentación social competitiva provocada por el neoliberalismo, que en la unidad nacional estatal apoyada en los movimientos de masa. 

Debemos reconocer que en nuestra Latinoamérica la polarización no necesitó ser inventada por la nueva derecha, sino que fue construida y alimentada por la lógica política populista, inspirada en Laclau, en algunos casos, y sustentada en la figura schimittiana amigo-enemigo. Contribuyó también a esta situación de enfrentamiento, el agotamiento de esta propuesta, ante claros límites socio económicos, así como la sistemática negación, por los partidarios de estos gobiernos, que la corrupción los hubiera inficionado, trátese de Brasil, Argentina, Venezuela y/o Ecuador. El análisis del crecimiento de la derecha, o nueva derecha, en nuestros países, no puede obviar la existencia de este horizonte político y eludir incorporarlo, como si fuera una simple entidad abstracta producto de algún profundo conservadurismo existente en nuestros países o de alguna manipulación mediática masiva, maquiavélicamente puesta en escena por empresarios malintencionados.  

Por ello es que nuestro marco de análisis debe extenderse más allá de la conocida pink tide latinoamericana. El paisaje político debe dar cuenta del giro antidemocrático, autoritario y neofascista que se ha instalado en nuestra América.   

Frente a la crisis de la soberanía estatal agudizada con la globalización,  la teoría política moderna incorporó el concepto de governance como tentativa de inscribir los conflictos sociales y los procesos administrativos tras mediaciones particulares, puntuales y singulares del poder soberano. Lejos de reducir la governance a una versión posmoderna de la razón de estado, la teoría intenta mostrar cómo el concepto de praxis de la governance explica la desaparición de la tradicional definición de gobierno. Se trata de la construcción de nuevos caminos ante la crisis de la representación. La governance en ese contexto no se referencia en esquemas trascendentales ni estructuras fijas y predeterminadas, sino en formas aleatorias de gobierno que dominan por sobre la contingencia; lo que algunos han llamado el "constitucionalismo sin estado"[4]. La governance intenta entender al orden social sin representación, sin restaurar el régimen de representación, propio de los regímenes republicanos. En última instancia, no salda la crisis de representación sino que la gestiona. Es posible afirmar que la governance es un espacio abierto de lucha y conflicto entre el poder de la soberanía y el contrapoder de lo social[5].

La crisis de la governance, como crisis del neoliberalismo, ha conducido a que las mismísimas  políticas democráticas, la democracia tout court, se encuentren amenazadas y sitiadas en estos días. En Estados Unidos, gran parte de Europa y en muchas naciones del mundo, presenciamos el surgimiento de una nueva era de política antidemocrática, muchas de ellas con características cada vez más autoritarias. En un país tras otro, los movimientos sociales y los líderes políticos han logrado activar el populismo más reaccionario tras un nacionalismo, racismo y xenofobia exacerbados. Retórica y políticas de exclusión y marginación de determinados grupos, sean estos inmigrantes o nacionales, han adquirido una virulencia y amenaza intolerables e impensables en no hace muchos años, violando los tabúes implícitos que las democracias de posguerra en Europa Occidental y en la propia América Latina, habían incorporado como partes importantes de sus culturas políticas nacionales. El odio y el resentimiento dirigidos a los inmigrantes son expresados abierta y violentamente, tanto por los líderes políticos oportunistas, como por los mismos ciudadanos. Los movimientos políticos de derecha se esfuerzan en exigir políticas que permitan, o incluso alienten, el socavamiento del constitucionalismo y el estado de derecho. La creciente presencia y legitimidad de estos movimientos aumenta el riesgo de un liderazgo político antidemocrático y la erosión de los elementos centrales de las sociedades democráticas liberales (igualitarismo, pluralismo y prensa libre) que durante mucho tiempo parecieron más estables y duraderos de lo que parecen hoy en día.   

Pocas dudas caben sobre la importancia que adquirieron los gobiernos progresistas latinoamericanos en su ascendencia y proyección a nivel mundial, durante el nuevo siglo, como opción al neoliberalismo. Sustentada en estas experiencias gubernamentales Latinoamérica se convirtió en un verdadero laboratorio político de alternativa e impugnación a la nueva racionalidad y gubermentalidad capitalista. El rechazo al ALCA, la creación de la CELAC y de la UNASUR, como organismos tendientes a potenciar los intercambios comerciales intra-región y aumentar su fortaleza de negociación en su integración comercial y financiera a nivel global, testimonian estas políticas. Al tiempo que la figura de Chávez, Evo Morales y el mismo Lula trascendían las fronteras latinoamericanas y se instalaban como arquetipos de resistencia a la nueva manifestación del capital en las geografías del norte y sur europeas. 

El común origen de la marea rosada latinoamericana: en el principio era el verbo

Siguiendo la vieja tesis obrerista italiana formulada por Tronti, para quien la resistencia obrera es primera en relación al poder y, específicamente, son las revueltas de la clase trabajadora las que preceden y prefiguran los desarrollos subsecuentes del capital, los llamados gobiernos progresistas latinoamericanos estuvieron precedidos por ciclos de luchas que, desenvueltos en los diferentes países, provocaron el surgimiento de la llamada oleada rosa latinoamericana. La utilización de los ciclos, como un recurso analítico que destaca ciertas tendencias de desarrollo en un determinado momento histórico, no es algo nuevo. Quizás la más conocida utilización de dicho recurso sea la puesta en práctica por G. Arrighi[6], en el campo de la economía política, al señalar la existencia de ciclos sistémicos de acumulación como parte del desarrollo del modo de producción capitalista. Dicho esto, vamos a utilizar la idea de ciclos políticos y ciclos de lucha asociados como herramienta para ayudarnos  en nuestro análisis.

El Caracazo de febrero 1989 fue una insurrección popular contra el incremento del precio de la gasolina. Los sectores populares de Caracas y otras ciudades venezolanas saquearon comercios y fueron brutalmente reprimidos enterrando la legitimidad de la democracia del punto fijo[7]. En Ecuador tres presidentes entre 1997 y el 2005 no pudieron terminar sus mandatos porque insurrecciones populares indígenas contra el neoliberalismo y la corrupción contribuyeron a dar fin con sus gobiernos.  

En el caso brasileño el ciclo petista estuvo precedido por la larga marcha de los obreros del ABC paulista, que se iniciara allá hacia fines de los 70’s, y la fundación del PT; las luchas de los campesinos nucleados en el MST; los sucesivos intentos frustrados de Lula por acceder a la presidencia; el gobierno y administración municipal de ciudades como San Pablo y Porto Alegre; las luchas urbanas de los Sin Techo. En fin, el largo camino recorrido hasta el triunfo eleccionario del año 2003. 

En el caso argentino los gobiernos kirchneristas estuvieron precedidos de manera inmediata por las masivas movilizaciones que, desde fines de 2001, provocaron una formidable inestabilidad política e institucional en el país, impensada hasta ese momento, responsables de suscitar cinco cambios presidenciales en el término de 11 días. Verdadera debacle política y económica que, tras los estallidos sociales del 19 y 20 de diciembre, ensangrentó las calles del país con represión y cuyas huellas sociales y políticas provocaron la mayor fractura social en su historia. Eran tiempos en que la extendida clase media caía en la pobreza, mientras la crisis empujaba a la marginación a vastos sectores sociales y prorrumpían en las grandes ciudades los "cartoneros", familias empobrecidas que buscaban en la recolección del cartón, una forma de supervivencia ante el drama de perderlo todo. Aunque debemos reconocer que este proceso de resistencia a las políticas neoliberales tuvo sus antecedentes en las luchas nacionales que los piqueteros y desocupados desarrollaron desde los 90’s, y que dieron lugar a los diversos movimientos de desocupados, inicialmente conocidos como piqueteros.

En particular, el desembarco chavista de diciembre de 1998 estuvo precedido por el Caracazo de febrero de 1989, levantamiento social masivo que sacudió a Caracas y las principales ciudades venezolanas entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 1989, respuesta al programa de ajuste macroeconómico anunciado por el entonces recién instalado gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993). El Caracazo fue una protesta popular que se destacó por su duración, alcance geográfico, intensidad y violencia.  Socavó la legitimidad política a tal punto que proyectó la crisis política de 1992 y la destitución del Presidente de 1993. Se trató de una revuelta que dejó un saldo de casi cuatrocientos muertos. A pesar de ello la negativa del gobierno a hacer concesiones provocó que diversos sectores de la sociedad venezolana salieran cada vez en mayor número a la calle durante casi diez años a exigir sus derechos y reclamar por sus aspiraciones. A lo largo de estos 10 años se produce una creciente visibilidad de movilizaciones de naturaleza confrontativas y violentas, contrastando con las de naturaleza convencional que se habían desarrollado en los años anteriores.  

Por su parte, la asunción de Correa en enero del 2007 (hasta mayo de 2017) en Ecuador, estuvo precedida por la abrupta finalización de tres gobiernos previos: el de Abdalá Bucaram en 1997, el de Jamil Mahuad en enero del 2000 y finalmente el de Lucio Gutierrez en abril del 2005. Todos ellos meneados por las movilizaciones populares y esencialmente indígenas, -estos últimos nucleados en la CONAIE (Confederación Nacional de Indígenas de Ecuador)-, que se desataron en esas épocas, resistiendo a las políticas económicas neoliberales de los diferentes gobiernos. Si bien el eje de lucha del movimiento indígena, se articuló  en un comienzo bajo clave étnica, habría de desplazarse luego hacia un  discurso anti-neoliberal. Habría de ser esta particular conjunción del discurso histórico y étnico cultural con los contenidos anti-neoliberales lo que le otorgó especificidad al movimiento indígena ecuatoriano y que lo configurara como el más importante actor contestatario frente al Estado. Más allá de que tanto Mahuad como Gutierrez calificaran los acontecimientos como golpes de estado, lideres de los movimientos sociales, políticos, académicos y partícipes los vieron como la escenificación de la verdadera democracia.

Así, en el caso de la caída de Mahuad, la Conaie y la Coordinadora de Movimientos Sociales propusieron que se establecieran los Parlamentos de los pueblos, entendidos como formas de democracia directa y como un poder dual ante un gobierno y un estado calificados como poco democráticos y representativos. En ese contexto se demandó que los Parlamentos de los pueblos reemplazaran a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Además de paralizar las carreteras, grupos de indígenas tomaron los edificios de los tres poderes. El 20 de enero los manifestantes cercaron el Congreso y la Corte Suprema de Justicia y el 21 los militares que resguardaban el edificio del Congreso permitieron la entrada de los casi 7 mil manifestantes, en su mayoría indígenas. 

En Bolivia entre el 2000 –guerra del agua[8]- y el 2003 –guerra del gas[9]- se crearon situaciones revolucionarias cuando coaliciones de indígenas y de otros movimientos sociales paralizaron el país demandando el fin del neoliberalismo, de la partidocracia y de la entrega de los recursos naturales a multinacionales.

Lo cierto es que ninguno de los gobiernos progresistas se imaginó un horizonte de derrota electoral. El autoconvencimiento de asumirse como expresión indiscutida de la sustancia popular les imposibilitó pensar en la alternancia, situación admitida como contrarrevolucionaria. Por ello es que toda medida que asegurara la continuidad en el gobierno resultaba nimia y justificada frente a la defensa de las necesidades populares y la revolución en marcha.  

Crisis y debacle de los gobiernos progresistas.

Nos encontramos en tiempos de cambios donde el final de ciclo a nivel regional no ha resultado homogéneo en los diferentes países. Si bien Brasil y Argentina han tenido una salida conservadora mediante elecciones, es indudable que la figura de Bolsonaro, con su impronta neofascista, no es la misma que la de Macri, con políticas marcadamente neoliberales, quien se encuentra al final de su mandato. Otro es el caso de Venezuela bajo una crisis terminal de lo que se dio en  llamar revolución bolivariana, socialismo del siglo XXI, sin encontrar una salida a las dificultades presentes. Aquí, el final está abierto. El caso de Ecuador es atípico: si bien Lenin Moreno fue el candidato de  Correa, como continuidad de la Revolución Ciudadana, el nuevo gobierno estableció rápidamente diferencias con el autoritarismo propio de Correa, abriendo el diálogo con los movimientos, mientras denunciaba la corrupción correista y se aliaba con sectores de la derecha tradicional. 

En los casos de Brasil y Argentina es posible marcar algunos elementos comunes en la decadencia y final de los gobiernos kirchneristas y del PT.

En primer lugar el hartazgo social, luego de 15 años ininterrumpidos de gobierno petista y de 12 años kirchneristas, asociados a un fuerte y centralizado liderazgo del proceso, en las figuras de Lula y Néstor y Cristina Kirchner. Un segundo aspecto destaca que ambos gobiernos basaron sus programas sociales redistributivos (bolsa de familia y Asignación Universal por Hijo como diversos planes de ayuda sociales) en los dividendos que proporcionaba la exportación de  recursos naturales (el petróleo, soja y mineral de hierro en el caso de Brasil y los productos del agro en el caso de Argentina). Por ello, cuando los precios de las commodities comenzaron a declinar, las ayudas sociales empezaron a debilitarse. Un tercer elemento común que sobresale son los bolsones de corrupción que atravesaron ambos gobiernos, responsable,  en el caso de Brasil, del impeachment y posterior destitución de Dilma Rousseff en 2017 y la inhabilitación de la candidatura de Lula en las elecciones de 2018, que derivara en el triunfo de Bolsonaro. En el caso de Brasil la corrupción se remonta al mensalao (compra de votos de parlamentarios de pequeños partidos para que el PT pudiera construir mayoría parlamentaria) que estallara en el año 2005, primer gobierno de Lula, para aterrizar en el lavajato en 2013 y el affaire de Odebretch extendido a Latinoamerica. El mega escándalo de corrupción que terminó por golpear a las principales figuras de los tradicionales partidos políticos brasileños fomentó el discurso bolsonarista del odio. De esa forma mientras la política volvía a ser aquella cosa mala, los ciudadanos comenzaban a asociar la idea del orden y el respeto por los valores morales con los sectores militares. 

En el caso argentino, a diferencia del brasileño, la corrupción tomará estado público luego que el kirchnerismo dejara el gobierno afectada primordialmente por los sobreprecios de la obra pública y los negociados de la ex familia presidencial (hoteles Hotesur y Los Sauces en el sur del país). Mecanismo de corrupción que alcanzaría toda su dimensión en 2018 a través de lo que se conoce como la “causa de los cuadernos”. Es posible detectar un cuarto factor basado en las masivas manifestaciones opositoras, aunque de contenidos y composición social diferentes, que ganaron las calles desde junio de 2013 en Brasil y durante 2012 y 2013 en Argentina (cacerolazos).

Debemos reconocer que en el caso brasileño, comparativamente, la transición del gobierno del PT al de Bolsonaro estuvo mediada por fortísimos tensiones políticas desplegadas durante casi dos años: impeachment a Rouseff, gobierno provisorio de Temer, proscripción de la candidatura de Lula, elecciones presidenciales con ballotage y, finalmente, el ascenso de Bolsonaro. En efecto, luego de haber desestimado, llegando al menosprecio, a las movilizaciones de 2013, el PT y Dilma Rousseff se enfrentaron en 2015 con masivas e inmensas movilizaciones -las que al compás del programa neoliberal que impulsara Rousseff exigían su salida-, sin tener capacidad política suficiente para poder contrarrestar desde las calles su destitución[10]. La ruptura de las alianzas de gobierno debilitó aún más al gobierno petista que, sometido a fuertes presiones callejeras, terminó aislado por aquellos amigos con quienes había cogobernado durante tres períodos. 

En el caso argentino, la gran novedad se la llevó la derrota del kirchnerismo en diciembre de 2015 a manos de una coalición de centro-derecha, Cambiemos (Radicalismo-PRO), cuya figura principal, M. Macri,  provenía de un partido político nuevo circunscripto, hasta ese momento, a la Ciudad de Buenos Aires (Propuesta Republicana, PRO). El triunfo de la alianza Cambiemos resultó tan inesperado, que hasta aún hoy resulta difícil de absorber por el kirchnerismo, al punto que Cristina Kirchner eludió la entrega de los atributos del mando presidencial al nuevo presidente –tradicional traspaso- convirtiendo esta transferencia en un verdadero sainete-papelón político. Con esta acción política el kirchnerismo buscó negar toda legitimidad al nuevo gobierno, fenómeno que habría de extenderse hasta nuestros días.

Entre el neodesarrollismo y el extractivismo

Es posible detectar en los distintos países de la pink tide la continua persistencia de un régimen de acumulación capitalista asentado fundamentalmente en un patrón de carácter neo-desarrollista, con hincapié fundamental en la expansión del consumo, y un proceso de explotación de los recursos primarios como fuente de generación de las divisas externas. neo-extractivista. En efecto, en el marco de la globalización capitalista los diversos gobiernos latinoamericanos se integraron al comercio mundial como proveedores de materias primas –granos e industrias extractivas- mientras enjugaban cuantiosos dividendos, sin alterar las estructuras productivas nacionales. Proceso que llevó a los gobiernos progresistas a persistir de manera acrítica en el patrón neodesarrollista/neo-extractivista, sin percibir sus límites intrínsecos estructurales.  

Hoy el capital funciona extrayendo valor no solo de la tierra, uno de los tipos de extractivismo, sino también de las dinámicas cooperativas de la producción y reproducción de la vida social. Aunque conjuntamente, con ello, el capital, en la era neoliberal, organiza igualmente el disfrute y el consumo a través de redes de micropoderes, capaces de incorporar deseos y necesidades sociales, volviéndolos funcionales a la reproducción del capital. En este devenir el dinero, las finanzas y la deuda se alzan como mediación entre la producción y el consumo, entre la necesidad social y la reproducción capitalista. Debemos resaltar, sin embargo, que la creciente centralidad del tipo de extracción de nuestros días, no es un remanente del pasado, ni la muestra de un retorno histórico cíclico. Comprender la extracción contemporánea exige seguir las formas del común, del que depende, ya que es lo común aquello que se extrae y se transforma en propiedad privada. Una primera aproximación sobre lo/el común nos conduce a plantear la existencia de dos grandes categorías: la riqueza de la tierra, es decir los recursos naturales o materias primas, por un lado, y la riqueza social, resultante de los circuitos de cooperación, que incorporan los productos culturales, los conocimientos tradicionales, así como los territorios urbanos y conocimientos científicos, por el otro. Lo novedoso está en la dramática expansión de las fronteras del extractivismo. Desde la explotación de aquellos metales necesarios para las industrias tecnológicas como el litio, la incorporación de los avances tecnológicos para la explotación del petróleo -el fracking-, la explotación de la soja y maíz en gran escala destacadas ahora para la producción de etanol, conforman todas ellas las distintas formas de extractivismo moderno que van más allá del simple despojo de valor de la tierra e incorporan el valor capturado en aquellos espacios que hacen a la producción y reproducción de la vida social.

Es posible incorporar en este historial extractivista moderno el data mining utilizado en los algorimos, así como la extracción de lo común propio de los territorios urbanos, sea bajo la dinámica de actividades culturales, patrones de relaciones sociales o la misma renta urbana obtenida luego del fenómeno de la gentrificación. Las muchas formas de producción social cooperativa, incluso aquellas asentadas en la informalidad y la precariedad, constituyen otra cara de la extracción, una cara que ayuda a componer muchas otras.

De esta forma el extractivismo jugó un papel importante en el nuevo modelo de acumulación: no sólo es posible observar una adhesión manifiesta de los gobiernos, sino que éstos pretendieron profundizarlo y transformarlo en motor que asegurara el crecimiento económico y el sostenimiento financiero del Estado. En ese contexto la sobreexplotación  de los recursos naturales no renovables y la expansión de la frontera hacia territorios considerados anteriormente improductivos, una constante en estas geografías, habría de generar fuertes conflictos sociales. 

Efectivamente la megaminería a cielo abierto (open pit), -al utilizar técnicas de lixiviación o flotación con sustancias químicas contaminantes-, requiere enormes cantidades de agua y energía, se presentó como un factor desestructurante  que reorientaba la vida de las poblaciones, al desplazar las economías regionales preexistentes y “liberar” territorios que, de ahí en más, permanecerían presos de la lógica económica del gran capital. Asistimos a profundas transformaciones de la ciudadanía, a la territorialización de los conflictos y a la violación de derechos ambientales y colectivos, amparados por una normativa nacional e internacional que incluían e incluyen también los derechos de los pueblos originarios. Para este extractivismo moderno los altos precios son una oportunidad que no se puede desaprovechar. Y, como este nuevo extractivismo contribuyó a financiar los programas sociales, clave  para el calificativo de gobiernos progresistas, a pesar de enlazar consumo y violencia, obtuvo una legitimidad política insospechada. El “relato” oficial, que procura presentar al extractivismo como soporte de un modelo de crecimiento y generación de empleo, conforma una pieza clave en la búsqueda de apoyo y consenso social favorable que garantizara su aplicación. Mención particular, en el caso boliviano, exige el proyecto de construcción del camino trans-amazónico a través TIPNIS (Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure) que impulsara el gobierno de Morales y que motivara importantes movilizaciones indígenas en oposición al mismo. Si bien el proyecto se cerró, aunque no de manera definitiva en octubre del 2012, es revelador de las profundas contradicciones entre la propuesta de refundación del Estado centrada en el campo popular-plurinacional, con una reorganización de la relación entre sociedad y naturaleza, y la pervivencia de prácticas desarrollistas y extractivistas.

Chávez, Correa y Morales prometieron poner fin al neoliberalismo y reemplazar el modelo extractivista por alternativas de desarrollo así como respetar aquella relación entre la naturaleza y la sociedad asentada en antiquísimas nociones andinas como las del suma qamaña y sumak kawsay (vivir bien o buen vivir). Lejos de promover un nuevo modelo de desarrollo que diera vida al socialismo del siglo XXI, Chávez y Morales continuaron el modelo rentista.  Mientras rechazaban al neoliberalismo, las rentas extraordinarias les permitieron  incrementar los gastos estatales, financiar programas sociales para combatir la pobreza y alentar el surgimiento de organizaciones supranacionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) para disputar las políticas de integración neoliberales de Estados Unidos. Así, mientras las exportaciones petroleras venezolanas pasaban  de 68,7% del total exportado en 1998 a 96% en 2015, en Bolivia, las exportaciones de minerales e hidrocarburos crecían 41,8% a 58% entre 2001 y 2013, y en Ecuador, las exportaciones petroleras crecían del 41% al 58% entre 2002 y 2011. Según CEPAL la pobreza se redujo en Venezuela de 48,6% en 2002 a 29,5% en 2011; en Bolivia, disminuyó de 62,4% en 2002 a 42,4% en 2010; en Ecuador bajó de 49% en 2002 a 32,4% en 2011.[11]

Rafael Correa por su parte proclamó en su asunción que iba a  gobernar para los vulnerables y desposeídos, a través de su partido  Alianza País, poniendo en marcha el programa de lo que dio en llamar la "Revolución ciudadana", mientras buscaba el apoyo del movimiento indígena para ello a través de los cambios que promovió sobre los derechos indígenas en la Constitución de 2008. No fueron estos los casos de Brasil y Argentina, donde, por el contrario, sus gobiernos fomentaron particularmente la explotación de los recursos primarios agrarios y petrolero. 

De esta manera los diferentes gobiernos latinoamericanos, acicateados por el aumento de los precios de las commodities, intensificaron la explotación de loa recursos naturales tras la quimera del desarrollo de las fuerzas productivas, a la par que esta concepción vigente de desarrollo acabó generando un enorme déficit social y ambiental. Sin embargo, debemos reconocer que estos gobiernos fomentaron un proceso de inclusión social significativo, a pesar de que muchas promesas permanecieron incumplidas y muchas contradicciones continuaron irresueltas. 

Lo cierto es que frente a la derrota de la marea rosada, los diversos líderes progresistas  latinoamericanos eligieron el camino de la victimización, mientras campeaba entre sus partidarios una lectura reduccionista de las investigaciones judiciales que atribuía los escándalos de corrupción (en Argentina, Venezuela, Brasil o Bolivia) a meras operaciones de persecución política, que tenían por objeto bien la proscripción de sus líderes, bien el desprestigio de sus políticas y su posterior aislamiento. 

Brasil: de Lula a Temer y más allá … Bolsonaro.

Entre 2003 y 2013, Brasil vivió una década de tranquilidad social al compás de una  economía que crecía generando empleos, aumentaba los salarios y el consumo, se reducía la desigualdad social gracias a una fuerte promoción de políticas sociales que alentaron el optimismo de la población. En efecto, hasta este momento el proyecto petista exhibía fortaleza sustentada en una alianza social y política estable. El lulismo, -caracterizado de diversas formas: como un “reformismo gradual y conservador”[12], un “pacto nacional-desarrollista”[13] o como una “alianza con las grandes empresas nacionales”-[14] había logrado construir una hegemonía en importantes actores de la sociedad y conseguido  el voto mayoritario en las elecciones de 2002, 2006 y 2010 frente al PSDB.

La crisis política desatada por el mensalao^[15] en el 2005 pudo ser conjurada gracias al fenómeno del lulismo. Las políticas sociales del PT y, en especial, la figura de Lula promovieron la ampliación de la base electoral a partir de 2006, que se engrosó al incorporar ahora a las “nuevas clases medias” (beneficiarias del mayor consumo e ingresos), los asalariados organizados de las ciudades de la zona sur de Brasil y las masas de pobres y marginales de las zonas menos desarrolladas del nordeste brasileño. Este plus político permitió a Lula sobrepasar sin contratiempos el impacto del mensalao e imponer a su sucesora. La fortaleza política lulista debemos auscultarla en  el verdadero progresismo del gobierno de Lula, esto es, la apuesta a una radicalización de la democracia; democracia desde abajo articulada precisamente por la movilización productiva alcanzada con la integración social de los pobres, responsable de generar nuevos sujetos sociales y nuevas capacidades políticas movilizatorias. 

Sin embargo, en junio de 2013, comenzó un gigantesco ciclo de protestas que sacudió la aparente tranquilidad de la vida política y social brasileña. En realidad, previamente el país vecino asistió a una serie de luchas de menor calibre, como la de los habitantes de las favelas que se resistían a ser desalojados ante las mega construcciones previstas para el mundial de futbol de 2014 y las olimpíadas de 2016; la lucha de los indígenas del amazonas contra la construcción de las grandes represas hidroeléctricas y su impacto ambiental, así como las huelgas de los obreros que las construían.  

La serie de protestas del 2013, que se extendió por todo el territorio nacional, empezó en un movimiento contra el aumento de las tarifas de los transportes urbanos y terminó como una apertura social de las movilizaciones sin precedentes, en la historia reciente de Brasil. 

Su singularidad está relacionada con la indignación difusa que alimentó las protestas, la ambivalencia de los discursos, la heterogeneidad de las demandas y la ausencia de mediación de terceros y de actores tradicionales, comportamientos similares con otras movilizaciones contemporáneas como el Occupy Wall Street, en Nueva York, y el 15-M, en Madrid.

El movimiento de junio nucleó una diversidad de demandas situadas a la izquierda del espectro político, al tiempo que expresó la llegada a escena de nuevos actores y el surgimiento de grupos de izquierda y de derecha. Las manifestaciones surgidas con el formato del Movimiento Pase Libre en San Pablo fueron homologadas por otras agrupaciones de izquierda surgidas de esa dinámica horizontal y participativa como Mídia Ninja. Mientras que Revoltados Online y Movimiento Brasil Livre anunciaban los próximos pasos de una derecha que salía a la calle a anunciar su nombre sin temor, apropiándose también de este repertorio de convocatorias, aunque con un fuerte contenido antipetista.

¿Cómo interpretar estas movilizaciones, en una lectura que vaya más allá del simple rechazo economicista al aumento del precio de un transporte público? 

Cuando la metrópoli se convierte en el espacio de la producción social, entonces, en ese momento, las luchas que anteriormente giraban alrededor de las condiciones de trabajo en los diversos espacios fabriles de la ciudad en la sociedad fordista, adquieren una connotación y blanco diferente: se trata en este caso, ahora, de la disputa y defensa de las condiciones de las modalidades y calidad del traslado en la metrópoli. Puede afirmarse que el amplio apoyo y extensión geográfica alcanzado por el conflicto, reclamando la reducción del precio y mejoras en el transporte, representó la constitución de un terreno de lucha común que incorporó aquella fabrica difusa de la producción en el espacio metropolitano y sus servicios asociados[16].  

Sin embargo, la nomenklatura del PT, así como Lula y Rousseff, se mostraron incapaces de comprender aquellas transformaciones latentes a nivel de la producción de subjetividad que ellos mismos habían provocado, cuando calificaron las movilizaciones de junio impulsadas por una clase media de derecha que perseguía desestabilizar el gobierno. 

¿Cómo los movimientos actuales, organizados bajo la forma de la multitud, van a tornarse duraderos y efectivos contra los poderes dominantes? Quizás se demasiado pronto para poder dar una respuesta convincente al respecto. Sin embargo es posible recurrir a aquellas dos proposiciones que Mario Tronti planteara allá por 1960, cuando los movimientos de trabajadores industriales en Italia estaban, de manera similar, en una etapa emergente de la lucha.

Recordando la tesis trontiana ya mencionada, donde la resistencia obrera es primera en relación al poder y, específicamente, son las revueltas de la clase trabajadora las que preceden y prefiguran los desarrollos subsecuentes del capital, entonces será posible afirmar que las revueltas producidas por la multitud constituyen una fuerza creativa que, a pesar de no haber sido triunfante, marcan  premonitoriamente los modos y ejes del desarrollo social en los próximos años. Esta proposición nos debería conducir a concentrar nuestro análisis en los poderes, la inteligencia y la creatividad de la multitud en lucha. A pesar de formar parte de los precarios en el mundo del trabajo, sus integrantes son productivos y creativos, mientras generan nuevas formas de vida social, conocidas bajo el nombre de producción biopolítica. En todo caso, es el gap generado entre la creatividad y capacidad productiva de sus integrantes y el reconocimiento social asociado  a las miserables oportunidades que registra la sociedad, el que ha sido motivo, en los últimos años, de protestas sociales. Rechazos que deben ser asumidos como verdaderas revueltas de un trabajo de nuevo tipo, antes que luchas de resistencia contra la pobreza y en reclamo de trabajo genuino. De esta forma, tanto la capacidad productiva de la multitud, como la voluntad de volver común el espacio metropolitano, dan cuenta del poder, consistencia y durabilidad con que se puede definir el desdoblamiento de las luchas presentes. 

Por otra parte la política moderna, incluida la tradición de izquierda sitúa la organización política bajo el juego dialéctico de la centralidad de las masas y la dirección de los líderes. Bajo esta lectura, las demandas de los movimientos expresan intereses parcial expresados a nivel de la táctica, mientras que a los líderes les está asignada la definición de la  estrategia. Y acá entra la segunda propuesta de Tronti  quien propone igualmente que debemos invertir aquella relación donde ahora la estrategia está asignada a los movimientos y a su dirección la táctica. En otras palabras, los movimientos hoy son capaces ellos mismos de formular y dictar la estrategia política, mientras que las estructuras de liderazgo (junto con el propio partido) deben ser usadas como materia para la táctica. Esto no significa decir o interpretar según una visión de movimientos "sin liderazgo" - y mucho menos una afirmación de la espontaneidad - pero, en vez de ello: por un lado, la reivindicación de las capacidades estratégicas coherentes de los movimientos para abordar efectivamente asuntos generales políticos y sociales y, por otro lado, la propuesta de usar (y descartar) las estructuras de liderazgo según las necesidades presentes y cambiantes de la lucha.

Así, las manifestaciones de junio de 2013 barrieron el pacto social lulista de conciliación de clases y desarrollo del mercado interno,  mientras demostraban que el PT había perdido su capacidad de movilización en las calles, dando lugar a un proceso de creciente “desencanto ciudadano”. Este movimiento, que organizó una diversidad de demandas a la izquierda del espectro político, expresó la irrupción en escena de nuevos actores de izquierda y de derecha. Por izquierda, las manifestaciones surgidas con el formato del Movimiento Pase Libre en San Pablo fueron homologadas con otras agrupaciones surgidas de esa dinámica horizontal y participativa como Mídia Ninja. Por derecha, los Revoltados Online, Movimiento Brasil Livre fueron anunciando los próximos pasos de una derecha que salió a la calle a ventilar su nombre sin temor, buscando disputar también este repertorio de reclamos y convocatorias. En efecto, desde el estallido de las manifestaciones, estas incorporaron igualmente a fuerzas de derecha, mientras la prensa dominante reiniciaba la campaña moralista contra el PT, dirigida en 2005 con el mensalão, al darse cuenta de que podía utilizar la onda anticorrupción para afectar y debilitar de manera directa al gobierno. Los sectores más conservadores pasaron a apropiarse de estéticas, prácticas y repertorios tradicionalmente de izquierda, con el fin de fortalecer un campo político otrora dividido y debilitado.

Es posible afirmar que las jornadas de junio marcaron el inicio de una reconfiguración de las subjetividades políticas que reposicionaron los campos políticos a partir de la emergencia de nuevos sujetos, prácticas y discursos. Lo que trajeron a la superficie fue parte de las contradicciones que desde siempre estructuran Brasil. Aquellas que ni siquiera la síntesis progresista del lulismo logró superar: el racismo, la desigualdad, la escisión entre la

representación política y el tejido social y la quiebra de un proyecto de desarrollo que, si bien por un lado, logró mejorar la vida de parte de las personas, por otro lado, se mostró incapaz de generar al menos reformas duraderas del propio modelo capitalista de organización de la producción social. 

Nadie puede negar los logros de los gobiernos del PT ampliamente difundidos. Durante las dos administraciones de Lula (2003-2010), sumando el tercer período de Dilma Rousseff (2011-2014; 2015-2016),  se logró reducir la pobreza y el desempleo, aumentar los salarios mínimos fuertemente en términos reales llevando a decenas de millones de brasileños a superar la pobreza e integrarse a las “clases medias”. Y lo que parecía más difícil aún: Brasil logró reducir la desigualdad notablemente. A su vez, en 2011, el país superó al Reino Unido y se volvió la sexta economía más grande del mundo.

¿Cómo dar cuenta de junio del 2013 ante estos antecedentes? Era posible achacar la voz de las calles a una derecha nacional? ¿O se trataba de nuevos movimientos incontrolables por el oficialismo? La nueva fuerza productiva asentada en la vida de los pobres –la biopolítica del trabajo- se movilizaba ahora por fuera de la relación salarial, asociada a una desconocida y desconcertante combinación de la precariedad existente y las modernas formas de flexibilidad terciaria. El oficialismo brasileño se encontraba ante un acontecimiento que lo desorganizaba y desconcertaba: ¿cómo era posible que aquellos que se habían beneficiado de sus políticas fueran quienes encabezaran ahora las rebeliones? La dinámica de las movilizaciones transparentaba cómo las conquistas alcanzadas ya no bastaban y se convertían en palancas para la exigencia de nuevas y renovadas expansiones de derechos, mientras los pobres y marginales se movilizaban por su cuenta, al margen de los asalariados y la nueva clase media. Sabido es que el poder constituyente se rebela bajo saltos cualitativos generando más demandas, mientras infiltra nuevas formas de organización y movilización política en la inmanencia de una vida mejor. El paisaje conflictivo mostraba la existencia de la nueva composición social como terreno de lucha entre dos cabezas: por un lado un registro ajustado a valores y parámetros ya perimidos del capitalismo global; por otro la presencia casi salvaje de la nueva composición del trabajo metropolitano.[17]  

El carácter gradual y conservador del lulismo sólo podía funcionar en períodos de expansión económica, cuando la distribución estatal de recursos hacia los pobres lograba contener el conflicto social y las pujas distributivas. La estrategia lulista nunca imaginó que podía existir una segunda instancia necesaria en la defensa de un proyecto popular, posterior a esta etapa caracterizada por la conciliación y el gradualismo. 

Cuando el bienestar económico se evaporó, la disputa por conservar los niveles de consumo pasó al centro de la escena y el lulismo siguió insistiendo con la misma política. Así intentó, a través de un plan de ajuste económico en el nuevo contexto de 2015, recrear las condiciones de 2002. Sólo que ni el contexto internacional, ni las expectativas de los actores sociales y económicos eran ya lo mismo.

Las protestas de las “Jornadas de junio” se desvanecieron lentamente, pero el sedimento impulsado por el movimiento permaneció: no extrañó así el aumento del ya preexistente rechazo popular a la política tradicional, es decir, a los partidos y la casta política, un sentimiento parecido al argentino “que se vayan todos”. En este sentido mientras las “Jornadas de junio” reposicionaban los campos políticos a través de una radical polarización entre las fuerzas de derecha y las de izquierda, simultáneamente asistíamos a la progresiva decadencia del poderoso centro político que se expresara en los distintos gobiernos del ciclo democrático, ya del PT sea del PSDB. La derrota de junio abrió el camino para que el malestar fuese a buscar otras formas de representación ya que la crisis de representación no significa dejar de lado y abandonar  cualquier representación. Basta con buscar otras nuevas, cambiar.

Igualmente la sociedad brasileña fue testigo del surgimiento de movimientos sociales de derecha, algo inusual en Brasil. El rápido ascenso de movimientos como el Movimiento Brasil Libre (MBL) y el Ven a la Calle (Vem pra Rua) crecieron y se potenciaron gracias a una habilidosa utilización de las redes sociales como plataforma de comunicación; la adaptación de repertorios de acción y movilización tradicionalmente de las agrupaciones izquierda; la rapidez con que respondieron la ventana de oportunidades abierta en la política brasileña, en 2013; y el financiamiento que recibieron de think tanks liberales nacionales y extranjeros.[18]  Se comenzaba a delinear el camino a Bolsonaro. 

Las elecciones presidenciales de 2014 cristalizaron una inédita polarización en la sociedad, una escasa diferencia del 3% en el ballotage, mientras crecía la impugnación opositora a la legitimidad del resultado, contribuyendo a este clima. Se produjo así una situación donde era posible identificar dos polos radicalmente antagónicos: el de un PT desprestigiado social y políticamente, incapacitado de oir la voz de la calle desde 2013 y, por otro lado, un campo reaccionario, marcado por el autoritarismo, ciertos trazos neofascistas y antidemocráticos en  defensa de los privilegios de clase y de la propiedad privada, y con lectura siempre evasiva de la libertad[19].

La respuesta de Rousseff al resultado de las urnas, nombrando a Joaquim Levy como Ministro de Economía y dando un mayor lugar a los movimientos conservadores religiosos dentro del gobierno, terminó con la ambigüedad constitutiva de los gobiernos petistas -entre la transformación y el statu quo- para dar lugar a una propuesta entendida, por distintas organizaciones del campo progresista, como contradictoria con sus fundamentos.

El 15 de marzo de 2015, tres meses después que Rousseff asumiera su segundo mandato, comenzaron las protestas exigiendo la destitución de la presidenta electa. Convocadas principalmente por el Movimiento Brasil Libre y por el Ven a la calle, con el apoyo de la FIESP, se trataba, según sus organizadores, de acciones colectivas no partidistas. En realidad en 2018, una significativa parte de los líderes de las protestas de 2015 fueron elegidos para cargos de representación a través de partidos tradicionales de la derecha brasileña.

¿Dónde bucear la extensión de esta protestas sociales? En primer lugar, la crisis económica que desde 2008 impactaba en Brasil provocó que Rousseff adoptara, al asumir su segundo mandato, políticas neoliberales con fuertes ajustes fiscales, que generaron un extendido descontento social. Las bases electorales del PT leyeron este viraje de Rousseff como una traición, contribuyendo al desprestigio del gobierno. Por otra parte el anti petismo gestado en 2013 se tradujo en que para no pocos los problemas de Brasil se explicaban por la presencia del PT en el gobierno. El fuerte rechazo al PT se transformó en un aglomerado de signos capaces de dar sentido a las experiencias políticas y sociales de miles de brasileños, no sólo de las clases dominantes.

Frente a las movilizaciones que denunciaban la corrupción luego que tomara estado público el petrolao, el PT osciló entre la defensa del estado de derecho o la denuncia de un golpe de estado, es decir la defensa del sistema, sin acertar en dar una respuesta acorde a las reales denuncias e indignación que campeaba en las movilizaciones. Antes que una respuesta política, la respuesta del PT adquirió un tono moral: o estas conmigo el bien, o estas con el mal, la derecha golpista y fascista. Fue la carencia de política, la causa mayor que impidió contrarrestar la fuerza real de la indignación popular.

Dilma cayó rápidamente en el aislamiento político sin apoyo popular y con dificultad para componer una mayoría en el parlamento, oportunidad que vio la derecha para derrotar al PT. El desarrollo de los acontecimientos impulsó a que los más variados actores se alinearan en una articulación antidemocrática y anti-popular: industriales, terratenientes, casta política, mercado financiero y grandes medios de comunicación se unieron, con la permisividad del poder judicial, para destituir a una presidenta electa a partir de una acusación de desacato a la ley presupuestaria. Lo que en un régimen parlamentario sería algo natural, en un régimen presidencialista fue un rompimiento con el orden liberal democrático que existía desde 1988.

El vicepresidente, Michel Temer, elegido poco tiempo atrás como compañero de fórmula por el mismo PT, miembro del más importante partido de centro y uno de los principales artífices de la destitución de Dilma, asumió el gobierno. Su agenda política, denominada “puente para el futuro”, en realidad no era otra cosa más que el viejo recetario neoliberal, aunque no se apartaba demasiado de las últimas medidas de Dilma.

La comprensible indignación social de 2013 comenzó a ser estimulada en gran medida por los medios de comunicación de masas, donde el PT, sin duda, fue el partido más afectado, aunque la onda expansiva alcanzó a toda la casta política. Se preparaba un escenario propicio para un outsider. La asociación entre el PT y la corrupción generalizada en el Estado brasileño, fue uno de los discursos más extendidos en la estrategia de política anti PT durante la campaña electoral. 

La anulación de los derechos políticos de Lula, cuando lideraba todas las encuestas con gran ventaja sobre sus adversarios, ya con las elecciones próximas, y sin posibilidad de traslado de sus votos a Haddad, allanó el camino de Bolsonaro. 

Lo que se observa, a la par de Bolsonaro, es el crecimiento de un populismo de derecha en el mundo, conexo con el debilitamiento de las democracias liberales. Basta recordar a Trump, en los EEUU, Orbán, en Hungría, Duterte, en las Filipinas y Salvini, en Italia. Si bien cada uno de ellos responde a especificidades nacionales pueden ser catalogados como de populismos de derecha. El populismo de derecha se diferencia de la derecha tradicional que conocimos en la segunda mitad del siglo XX, por asumir una postura anti-sistémica y, al menos retóricamente, anti-liberal, oponiendo el nacionalismo al globalismo. Más allá de su discurso xenófobo y contra toda manifestación de la diversidad sexual y la figura de la mujer. 

Bolsonaro se alzó con el triunfo porque aprovechó una  cantidad de oportunidades, mientras construía un populismo de derecha, a la brasileña, que se alineaba con la tendencia internacional anti-sistémica de derecha que crecía. En este contexto Bolsonaro fue capaz de producir un discurso que conquistó una significativa porción de la población brasileña movilizando signos preexistentes. Entre ellos, Bolsonaro explotó particularmente el sentimiento general de inseguridad extensivo en la sociedad brasileña, alimentado por el crecimiento del narcotráfico, su posición dominante en las favelas y la extensión de la violencia urbana. Aunado a esta acción, el ex-capitán, basándose en la tendencia social a recostarse sobre la familia y la religión frente a la vivencia de la desprotección social, construyó un discurso conservador basado en la defensa de la familia tradicional y la fe cristiana. 

Así fue posible registrar un crecimiento importante del voto a Bolsonaro entre los mismos pobres, residentes en territorios violentos y sometidos siempre a algún tipo de chantaje por espacios de poder local, sean los narcotraficantes o los parapoliciales armados que transitan aquella zona gris entre el crimen y la policía. Es en estos territorios, muchos del nordeste, -donde al compás del crecimiento de la tasa de criminalización, siguiendo el incremento de la pobreza, el desempleo y el endeudamiento-, donde han penetrado las iglesias pentecostales que se presentan ante los habitantes del barrio, brindando protección ante el enfrentamiento entre el crimen del poder y el poder del crimen. Para estos grupos de pobres, la restauración de los vínculos familiares les brinda protección bajo el paraguas de las relaciones de solidaridad y de pertenencia, frente a la disolución de los vínculos sociales, el acoso de la deuda y el miedo constante.

Más allá de caracterizar al personaje Bolsonaro como fascista o neo fascista, resulta, cuanto menos, dudoso calificar al bolsonarismo como un movimiento fascista. Veamos. Es posible detectar un núcleo duro, de hecho fascista, en el contenido del voto bolsonarista, que a pesar de estar organizado resulta ser minoritario. Un segundo plano está ocupado por hombres, mujeres y  jóvenes que apoyan a Bolsonaro por su perfil neoconservador que se manifiestan contra los movimientos identitarios post moderno, -LGBT, feminismo, movimiento negro anti racista- donde confluyen los variados movimientos religiosos: evangélicos, cristianos. Finalmente encontramos los adherentes más frágiles, aunque más numerosos, aglutinados tras el anti petismo y sustentados en la frustración de expectativas históricas con el Partido de los Trabajadores, la crisis económica y social legada por el gobierno de Dilma y el desgaste producido a partir de los hechos de corrupción develados en la operación lava-jato. Este anti petismo se vistió de un profundo deseo de renovación anti-sistémica por haber estado el PT y el lulismo al frente del gobierno en los últimos quince años[20]. muestra

Argentina y la pérdida de una ilusión.

¿Cómo calificar al proyecto político kirchnerista? 

Básicamente el kirchnerismo se propuso recrear el movimiento peronista, aggiornándolo y modernizándolo de acuerdo a los nuevos tiempos. Adaptando las viejas banderas peronistas al siglo XXI: a) la soberanía política de los 50’s y 70`s, que diseñaba un enfrentamiento aislado del estado nación con el imperialismo estadounidense, fue sustituido por un regionalismo latinoamericano, apoyado ahora en la construcción de la UNASUR y en el fortalecimiento del MERCOSUR: el slogan político, “el nuevo siglo nos encontrará unidos o dominados” tomó cuerpo en la regionalización latinoamericana;  b) el “movimiento obrero organizado”, columna vertebral del movimiento peronista, fue desplazado por una base ampliada ahora por los movimientos sociales más afines: Movimiento Evita, Frente Transversal, Kolina, y sus destacamentos provinciales, la Jaurectche etc. y, como dato relevante, por los Movimientos de DDHH subordinados-cooptados: MPM, Abuelas e HIJOS; c) la valoración de la justicia social tomó cuerpo en la continuidad de los planes sociales para paliar y superar la desigualdad social generada por el neoliberalismo; d) la política industrialista, base de la independencia económica, se articuló tras la retórica de la lucha contra la "valorización financiera" (sic) símbolo del neoliberalismo, como forma de alcanzar el pleno empleo, la integración al mercado mundial y la superación de la pobreza; e) la utilización de la renta diferencial de la tierra, de la renta petrolera y de la renta minera, como mecanismo de transferencia y de subsidio a la industria nacional (vía créditos de bajo interés, desarrollo de obras de infraestructura, etc.) y f) finalmente el crecimiento, al derramarse en la sociedad, incorporaría nuevos empleos. Este conjunto de fundamentos es  lo que el discurso kirchnerista llamó modelo de acumulación con inclusión social.

Pero este aggiornamiento no podía alcanzarse, según el kirchnerismo, sino a partir de la recreación de una burguesía nacional industrial para los tiempos nuevos. Sin embargo, esa ingenua apuesta a la construcción de una burguesía nacional, como base de un “capitalismo en serio” alternativo al neoliberalismo, habría de convertirse en jirones con el transcurso del tiempo y transformarse en la pérdida de una ilusión. La idea de una vuelta al pasado, alentada por una lectura de lo sucedido en el 2001 (neoliberalismo como sinónimo de desindustrialización [sic], financiarización de la economía, pobreza y desigualdades en alza) fue el sostén fundamental para promover la recuperación del paraíso perdido del fifty-fifty a manos del neoliberalismo. Lo cierto es que el edén perdido no autorizaba el pensamiento anacrónico de vuelta al pasado. Nuestra sociedades habían mutado, al compás de la transición hacia otra que se reflejaba ya, más en una sociedad de control, que en otra disciplinaria. Sin embargo aquella vieja Argentina, que con razón la damos como cosa del pasado, incitaba a una tentación reciente: “volvamos atrás y recuperemos el paraíso perdido”. No busques en el espacio lo que se perdió en el tiempo[21], habría de retumbar con fuerza hacia fines del 2015 en los oídos kirchneristas. Pero este proyecto habría de desatar otro demonio mucho peor. El mito de la burguesía nacional le abrió las puertas sin desenfado a la corrupción que habría de atravesar todos los estamentos kirchneristas. El kirchnerismo transformó los subsidios estatales en transferencias directas fiscales hacia el sector financiero que soportaba el déficit fiscal, alimentaba la fuga de capitales, mientras presenciábamos el colapso del transporte ferroviario, del sector eléctrico e hidrocarburos, que exigían una creciente importación de combustibles que agravaba el déficit comercial. Así se espiralizaba la crisis que no tardaría en llegar, ahora bajo la forma de la clásica restricción externa. Ésta expresa la dependencia del nivel de actividad y de crecimiento económico a la disponibilidad de divisas. Históricamente esa necesaria disponibilidad de divisas que demandaba el sector industrial fue provisto bien por la exportaciones agrarias, bien por el movimiento de capitales. Durante el periodo 2003-2008 las divisas se sustentaron en el boom de las commodities y proyectaron un dinamismo casi impensable a la economía argentina con tasas del 8,4 % de crecimiento. Desde 2008 hasta 2015 el crecimiento se reduce a tasas del 1,5 %, con déficit fiscal, comercial e inflación en aumento. Era el comienzo de la declinación que terminaría en la clásica restricción externa. El crecimiento de las importaciones industriales (automotriz y electrónicas) sumado a las de energía –asentadas éstas en una desastrosa política energética del kirchnerismo- agudizaron el déficit comercial (crecientemente negativo desde 2011), para culminar en las restricción de importaciones y el conocido cepo cambiario, mientras se producía una importante fuga de divisas. La devaluación del peso de diciembre de 2014 no mejoró las exportaciones, mientras disminuyó el salario real y provocó una caída pronunciada del PIB.(-2,5%) Ante la falta de divisas, todo indicaba la necesidad de tomar deuda externa. Para ello el gobierno comenzó a regularizar deudas pendientes que le impedían avanzar en el mercado de capitales internacional: saldó la deuda que mantenía con el Club de París (deuda privada de la que se hizo cargo el estado, 10000 millones de dólares) y pagó al CIADI la deuda a Repsol que había protestado por la expropiación de YPF. Pero el fallo de la corte de EEUU avalando al juez Griesa que exigía el pago a fondos de inversión estadounidense de bonos pendientes del canje de deuda del 2008, y la negativa del gobierno a cumplir con dicho fallo, lo arrojó a un acuerdo de swaps con China como forma de disponer de divisas para el flujo comercial externo. Así llegó a diciembre de 2015 raspando el fondo de la olla de las reservas del Banco Central. Asistíamos al fracaso de una experiencia. 

Fiel a sus raíces populistas, el kirchnerismo fue incapaz de promover una política de inclusión social que fuera más allá a la simple expansión del consumo. Por lo demás, el llamado círculo virtuoso entre gobierno y movimientos se agotó rápidamente cuando N. Kirchner, en 2006, se aleja de la llamada transversalidad y se abraza a la burocracia del Partido Justicialista. La persistencia del puente entre gobierno y movimiento de DDHH se asentó, de aquí en adelante, más en una política de subordinación, antes que en la construcción de una dinámica que potenciara la independencia y crecimiento de estos últimos. Mientras tanto, el gobierno generó, casi de manera permanente, escenarios de confrontación política sea con el FMI, sea el “campo” así como con la derecha y el “capital concentrado de la economía” acompañados por sucesivos llamados a la movilización política de su militancia.

A pesar de las importantes tasas de crecimiento el kirchnerismo tropezó con los límites históricos de un capitalismo dependiente, expresado en la crisis devaluatoria de 2014, la industrialización limitada y finalmente, una distribución regresiva. Más allá de la globalización manifiesta, de la dilución de las fronteras entre centro y periferia impuesta por la globalización capitalista, -favelización de Manhattan y hallazgos de nuevos Palm Beach en Buenos Aires o Santiago de Chile, de la inexistencia de un afuera y un adentro-, los tiempos transcurridos desde el 2011en nuestro país son un reflejo dramático de las limitaciones de un capitalismo dependiente en superar barreras y alcanzar un crecimiento que incorpore a los sectores postergados, supere la precarización laboral y avance hacia el buen vivir. Crisis de un capitalismo dependiente que no remite solamente a sus connotaciones económicas, sino que exige incorporar espacios de resistencia construidos frente al biopoder del capital. Con el transcurso del tiempo se hizo visible que la modalidad de inclusión social propuesto por el kirchnerismo dificultaba la posibilidad de radicalización de la democracia. La integración a través del consumo y el empoderamiento de los sectores medios no posibilitó hacer frente de manera productiva y desactivar la violencia desplegada por el neodesarrollismo y el extractivismo.

Encandilado por las renta extraordinaria proveniente del sector agrario que parecían eternizar el crecimiento, el kirchnerismo acentuó la inserción mundial dependiente, exacerbando el perfil extractivista-exportador bajo control transnacional (ratificado en el Plan estratégico agroalimentario y agroindustrial  PEAA 2020) Todo indica que no se trató solamente del agotamiento del período kirchnerista. Es más que ello. Nos encontramos con el final de ciclo de acumulación capitalista que durante un largo período se expresó en el imaginario social de las clases dominantes y en los de abajo como la ilusión de crecimiento indefinido y mejoramiento social, a condición de mantener en caja algunas variables económico-sociales y potenciar el consumo. El desarrollismo del Siglo XXI se muestra, como lo fuera anteriormente durante los 60-70’s, incapaz de superar la dependencia y asegurar el bienestar al conjunto de la sociedad.

Una rápida síntesis histórica sobre el devenir del desarrollismo conduce a certificar que el estructuralismo latinoamericano de la CEPAL fue inicialmente el marco conceptual del desarrollismo. En efecto para la concepción cepalina, superar el lugar que la periferia ocupaba en la división internacional del trabajo como productora de alimentos y materias primas, exigía promover un proceso de industrialización que permitiera superar  las limitaciones al desarrollo, manifestadas en  la crisis recurrente de la balanza de pagos, las presiones inflacionarias, la inestabilidad en la tasa de crecimiento y la conflictividad social. El desarrollo industrial suponía (1) favorecer la sustitución de importaciones, (2) apropiar y redistribuir una porción significativa de la renta agraria, (3) la incorporación del capital extranjero como fuente de ahorro y divisas, y (4) la conformación de una matriz distributiva que garantizara un reparto “adecuado” de las ganancias de productividad para favorecer la acumulación. En

este esquema, el Estado era visto primordialmente como el actor que, por encima de la sociedad y las contradicciones de clase, debía poder coordinar los intereses de las clases y fracciones de clase  a los fines de articular un proceso de desarrollo. En los años setenta, la crisis latinoamericana abierta significó el “agotamiento” del proceso de sustitución de importaciones y con  ello, su fuente teórica, el estructuralismo cepalino. Así, en Latinoamérica – el estructuralismo debió enfrentar el rechazo creciente por parte de los sectores dominantes.^[22] En el entretiempo asistimos a sustanciales modificaciones en la composición del capital, con el surgimiento de una nueva fracción dominante, ahora con tendencia transnacional, sobre todo extranjera, aunque también, nacional. Como el estructuralismo depositaba en la burguesía nacional el principal agente promotor del desarrollo, la dominación del capital transnacional volvía al estructuralismo clásico inconsistente y su programa de desarrollo resultaba incompatible con la reproducción ampliada del capital en su fase transnacional. La clase trabajadora en edificación, ahora presentaba necesidades y demandas en oposición a las condiciones de valorización del capital mundializado. La articulación “virtuosa”, aunque contradictoria entre capital y clase obrera nacionales, ya no era posible. Debieron pasar 25 años para que el estructuralismo volviera a adquirir respetabilidad previa revisión de sus fundamentos, y América Latina atravesar el neoliberalismo para que el neoestructuralismo fuera asumido como programa apto para ordenar el proceso de desarrollo capitalista. En ese proceso la industrialización se reemplazó por la estabilidad macroeconómica y la superación del subdesarrollo y condición periférica por la transformación con equidad.

Invocando la histórica primaria apuesta a un desarrollismo industrialista -más allá de promover la ampliación de las fronteras agrícolas y mineras-, el proyecto de desarrollo kirchnerista significó  en los hechos, por un lado, la inclusión formal y explotación de una parte de aquella fuerza de trabajo viva que había sido arrojada a condiciones de desempleo y precariedad por las políticas neoliberales. Pero, simultáneamente, por otra parte, abandonó a situación de pobreza una proporción importante de pobladores del conurbano de las grandes ciudades, quienes se volcaron al desarrollo de la producción informal, crecimiento de la economía popular en las barriadas del conurbano bonaerense y de las grandes urbes nacionales para convertirse, aún hoy, en una figura central motivo de conflicto creciente de esa inflexión neo-desarrollista. Ilusoriamente los gobiernos progresistas vieron en esos sectores ya el objeto materia prima potencial de una futura “proletarización”, ya el sector social que, beneficiado por sus políticas sociales y asociado a un ascenso social vertical, estaba llamado a convertirse en una nueva “clase media”. Ni una cosa ni la otra. Mientras el kirchnerismo incorporaba los pobres del conurbano como apoyatura y sostén del oficialismo, reconociendo en este acto su productividad política, paralelamente, a pesar de conformar una fuerza de trabajo viva que desarrolla tareas propias de cualquier trabajo, el oficialismo -al igual que el neoliberalismo-, apegado a una anacrónica concepción de sujeto asalariado, nunca los reconoció como empleados, obturándoles toda posibilidad de remuneración salarial. 

Debemos recordar que en la era del capitalismo post fordista o cognitivo, en la era de la subsunción real del trabajo por el capital, la cooperación social, entendida como conjunto de relaciones humanas más o menos jerarquizadas, deviene la base de la acumulación capitalista. Estamos en presencia de la coexistencia de formas no salariales, de formas de trabajo no pago^[23], de modalidades de trabajo semi esclavo, de formas de implicación emotivo cerebrales, de formas de trabajo autónomo de tercera generación, de la existencia de trabajos auto-referenciados y auto-emprendedores. En fin una miríada de trabajos que nos aleja de aquel paradigma laboral productivo propio del fordismo. En la medida que hoy la característica fundamental del trabajo es el trabajo en red, asociado a la cooperación social, la explotación del capital toma una nueva forma y el comando del capital explota esa cooperación social, como común producido, engrosando la plusvalía. De hecho en este proceso, la subjetividad, o sea la vida del individuo, pasa a constituir la base potencial y real del proceso de valorización, por lo que resulta posible hablar de biocapitalismo. Mientras la explotación se vuelve, ahora, expropiación del valor producido por el trabajo cooperativo. Cooperación y subjetividad constituyen la base de la producción del común y del nuevo sujeto productivo.

Lejos de todo reconocimiento de la capacidad creativa y su trabajo cooperativo, los pobres son sólo reconocidos en este proyecto como portadores de un consumo apalancado en los planes sociales y funcional a aquella política populista que ve en el consumo la palanca fundamental del crecimiento.  

La hibridación entre el neo desarrollismo y la continuidad de un neoliberalismo en las “sombras” habría de profundizar y acelerar el fenómeno de la precarización laboral. Alejado de  aquel pensamiento desarrollista, -compartido por el progresismo latinoamericano-, que asocia el impulso de los grandes proyectos de ingeniería al crecimiento de asalariados con derechos, asistimos, en el marco de las grandes obras de generación térmicas e hidroeléctricas, de interconexión de la red eléctrica nacional, de gasoductos, de obras viales provinciales y nacionales, de obras civiles (soterramientos de los FFCC) fluviales etc. a  un persistente aumento de la precarización e informalidad laboral, incluido el trabajo esclavo. En efecto, la multiplicidad de talleres textiles clandestinos, dispersos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, en su mayoría engrosados con la fuerza de trabajo viva inmigrante de los países vecinos, explotados no solamente por las grandes ferias del conurbano, sino también por la principales firmas multinacionales arraigadas en el país, acreditan estas prácticas. Debemos indicar que se trata de la expresión visible de las mutaciones producidas en el mismo capitalismo y en sus técnicas actuales de administración y explotación de una fuerza de trabajo, que ahora se expropia directamente sin estar mediada por las normas tradicionales fordistas laborales. Una vez más estamos en presencia de métodos de explotación que nos retrotrae a las formas más arcaicas de la acumulación primitiva del capital. 

Y, bajo el paraguas de la construcción de estas grandes Obras públicas, buscando incentivar el crecimiento y desarrollo de empresas y firmas de capital nacional, habría de crecer y desarrollarse, a niveles impensables, la corrupción estatal, como en las viejas tiempos de la acumulación originaria. Es poco lo que ha inventado el kirchnerismo en este sentido; en todo caso se ha mostrado funcional al nuevo capitalismo. La discordancia escandalosa de nuestros tiempos reside en que el kirchnerismo rodeó su gobierno de un marco setentista, que, en nombre de la “inclusión social”, venía a cumplimentar la revolución nacional y popular que había truncado la dictadura. Así funcionaba y opera en el imaginario político de sus partidarios. Desvergonzado e indecente discurso para quienes pusieron efectivamente el cuerpo durante los 70’s y en el Terrorismo de Estado, mientras la familia presidencial incrementaba su fortuna a partir de la recaudación ilegal de dineros del estado.       

En efecto, la construcción de un “capitalismo en serio” y la generación de una nueva burguesía nacional, no debe extrañarnos que fuera acompañado de una importante cuota de corrupción generalizada a nivel del gobierno kirchnerista. En su momento, Rosa Luxemburgo retrató con enorme crudeza en La acumulación del capital, cómo, en sus inicios, éste se debió abrir a sangre y fuego en las colonias para pavimentar el camino de su afianzamiento y crecimiento. Proceso que no estuvo exento de las prebendas, compras de conciencia y corrupción de la época. Si aceptamos la idea que la acumulación primitiva de capital, no debe ser entendida como punto de partida de un proceso progresivo y lineal evolucionando hacia mayores y crecientes estadios de desarrollo, sino, más bien, como circunstancia que posibilita la producción de las condiciones materiales de explotación de la fuerza de trabajo y desarrollo del capital, entonces no resultará extraño y fuera de tiempo que la construcción re-construcción de una burguesía nacional y de un “capitalismo en serio” se acompañara de la ampliación y extensión de la corrupción. Sabido es que el capitalismo es intrínsecamente corrupto, al basarse en el robo al productor de su trabajo no remunerado: argamasa de la plusvalía. Sin embargo ello no habilita a quienes se proclamaron continuadores de las políticas de los 70’s, a la construcción de una verdadera matriz de corrupción y, peor aún, para enriquecimiento personal.  

 “Actualidad del origen” dice Etienne Balibar, ante la persistente desposesión y explotación producida por el capital en tiempos de globalización. Actualidad del origen que reproduce la explotación del trabajo, propio de la historia temprana del capital. El capitalismo construyó el proceso de acumulación originaria expropiando la propiedad común de las tierras comunales, los llamados enclosures,  lanzando al mercado laboral a todos aquellos que, de una forma u otra, se encontraban ligados a la tierra, gestando de esa manera los primeros proletarios. Los enclosures del pasado remiten al común de nuestros días, es decir a la expropiación de la cooperación social, a la privatización del conocimiento a través de las patentes, a la privatización de los recursos naturales, a la mercantilización de la producción y reproducción de la vida, a través de la privatización de la salud, de la educación, de la vivienda etc. En fin, el duro proceso de separación del trabajador de sus medios de producción y su expropiación. La cooperación establecida a nivel social se confunde con la tierra de los enclosures, y los derechos de propiedad deben ser concebidos en ese contexto como movimientos de los enclosures. En tiempos biopolíticos, propios de los nuevos procesos de valorización, ya no es la vida la que hace posible la producción, sino que ella es la materia prima de la producción; es ella la que debe ser explotada, sometida, captada porque es ella la que vale. Ya no será posible distinguir entre vida individual y vida social, entre producción y formas de vida. La vida, como instrumento de trabajo, se confunde igualmente con las tierras comunales y su producción y reproducción debe ser mercantilizada. Procesos todos que exigen la segmentación y jerarquización de la fuerza de trabajo a través de las diferencias de raza y de género como una de las condiciones de existencia. En estos aspectos sustantivos está anclada la llamada “acumulación por desposesión”. Donde la política y la vida marchan de conjunto.

Pero al mismo tiempo la matriz de corrupción no hubiera podido alcanzar los niveles de densidad y extensión sino se hubiera contado simultáneamente con la existencia de un capitalismo mafioso asociado al desarrollo del capital financiero.

En un muy acertado artículo publicado en el portal italiano Uninomade 2.0 hace unos años, D. Lebert y C. Vercellone[24]proyectan la estrecha relación que en la era de la globalización financiera y productiva establecen el capitalismo cognitivo y el capitalismo mafioso, mencionando el caso de Rusia, donde, a través de prácticas ilegales y violentas de redistribución de derechos de propiedad, se formó la nueva burguesía postsocialista, siguiendo una dinámica que recuerda la de los barones ladrones (robber barons) del último tercio del siglo XIX en los Estados Unidos. Los países latinoamericanos de los primeros 15 años del nuevo siglo no escapan a esta dinámica. 

Un capitalismo cognitivo, asociado a la nueva etapa histórica del capitalismo y un capitalismo mafioso que expresa el carácter estructural de los métodos de "la acumulación primitiva de capital", mediante mecanismos "extraeconómicos" y violentos, con instrumentos "no estándar" (amenaza, violencia y corrupción). La interpenetración de lo formal y lo informal, lo legal y lo ilícito, lo legal y lo ilegal, caracteriza al capitalismo mafioso. Lebert y Vercellone concluyen  afirmando : “La privatización de los servicios públicos y la gestión de los bienes comunes, (petróleo, gas, agua ) junto con el mercado de obras públicas, representa uno de los lugares privilegiados para el florecimiento del capitalismo mafioso y su interacción con el capitalismo cognitivo y el poder político [...] El capital cognitivo y el capital mafioso finalmente encuentran una unidad real donde toda distinción desaparece en la opacidad intrínseca a los mercados financieros. Es en este contexto que el capital de la mafia ha tenido la oportunidad de proporcionar, en ciertos casos, una parte considerable del capital inicial necesario para la constitución de grandes empresas intangibles y audiovisuales. Siempre es a través de los mercados financieros que, incesantemente de ida y vuelta, el capitalismo cognitivo y el capitalismo mafioso eventualmente se fusionan en una lógica de acumulación común gestionada por actores e instituciones comunes.”

Pero el fracaso del ciclo desarrollista kirchnerista significó igualmente el derrumbe de aquella ilusión donde el estado y la soberanía nacional conformarían el baluarte principal para salir de la globalización neoliberal de los 90’s. Las llamadas políticas progresistas en América Latina en general, el kirchnerismo en particular, abonaron la propuesta de responder al neoliberalismo a través de la "presencia del estado". Las consecuencias de ello, como hemos visto, fue hibridar el neodesarrollismo y el neoliberalismo, mientras asistíamos materialmente a un cambio profundo en la composición social del trabajo contemporáneo. La discusión que se abre entonces es otra. ¿Qué capitalismo es posible construir en estas geografías en la época de la fase rentista del capital? O, en otros términos, ¿cuál es la alternativa al capitalismo? La pregunta y la consiguiente respuesta adquiere otra densidad. Los cambios en el capitalismo que hemos mencionado no pueden abordarse como discusiones a debatir en el marco de planes y/o programas económicos diferentes, sino como  transformaciones definitivas producidas en las formas de gobierno de la sociedad, -gubermentalidad neoliberal o arte de gobernar según Foucault[25]-, esto es, las formas de producir y controlar las relaciones sociales y los sujetos mismos. La transformación material de una nueva distribución del ingreso, su relación con el desarrollo y la extensión de los derechos no podrá alcanzarse mediante la restitución de algún estado social, como ocurrió durante los treinta gloriosos años, es decir desde arriba y desde afuera. Sino a partir del reconocimiento de las nuevas formas de producción y de construcción del común. Vale una aclaración con respecto a los diversas orientaciones progresistas latinoamericanas. No parece adecuado catalogar a los diversos progresismos como renegados o traidores sino, en todo, caso reconocer –ante su persistente adhesión a las diversas formas de gestión populista de la crisis- su incapacidad para promover una apertura hacia estos nuevos experimentos e implementar políticas creativas capaces de orientar la sociedad hacia mecanismos que operen como base de un nuevo welfare, fundado en las nuevas formas de producción y generación del común, el commonfare, esto es nuevos derechos que funcionen como verdaderos puntos de inflexión frente a la reestructuración productiva neoliberal. 

Consideraciones finales, aunque provisorias.

Quizás la duda deba extenderse a otras geografías latinoamericanas, Brasil y Venezuela fundamentalmente. Independientemente que no pueda descartarse un eventual “regreso” electoral de alguna expresión del progresismo,[26] -como sería el caso de Argentina, asentado más en el zafarrancho del gobierno sucesor, que en los méritos propios del kirchnerismo-, todo indica que el ciclo de los gobiernos progresistas en la región está agotado y que ha fracasado, si de lo que se trata es de alguna reforma capitalista. En efecto, debemos reconocer el doble fracaso en el que terminaron, al menos, los gobiernos de Venezuela, Brasil y/o Argentina. 

Por un lado el intento neodesarrollista, que culminara en frustración económica y fiasco social. Por otro, los gobiernos cerraron el paso a todo intento de radicalidad democrática, al apostar a una modalidad de gobernabilidad estatalista-autoritaria, que convirtió el control del estado en su objetivo fundamental, frustrando, en ese momento, toda posibilidad de accionar de los movimientos dentro y contra el estado. 

En efecto, la pretensión de ‘escapar’ de los condicionantes estructurales de un capitalismo latinoamericano, aún esencialmente dependiente, a partir de la profundización y aceleración de la matriz primario-exportadora, aunada a una gestión keynesiana de la renta extractivista  aparece como un dislate y desatino total. La quimera de un desarrollo autónomo basado en un proceso de industrialización mutó hacia una dinámica de re-primarización, concentración y mayor injerencia del capital extranjero en nuestras economías. Las políticas sociales y de consumo parecían adoptar la forma de un plan "anticíclico", dirigido a la revitalización forzosa del sector productivo ligado a los bienes de consumo masivo, a través de subsidios a las tarifas de los servicios públicos y exenciones, especialmente en los sectores automotriz y de bienes duraderos. Mientras se alentaba un proyecto pretendidamente transformador, basado en la expansión del consumo, confundiendo democratización social con la ampliación del mercado de consumidores, se ignoraba los efectos que el crecimiento capitalista en la era neoliberal tiene sobre la subjetividad y la conciencia colectiva, mucho más cuando está basado en la simple ampliación del consumo, al profundizar las condiciones de sujeción y subordinación de la reproducción social a los imperativos del capital. La funcionalidad de este proyecto con el proyecto neoliberal resulta por demás asombroso. No hay ninguna posibilidad de proyecto de cambio o de transformación social que impulse un “capitalismo con rostro humano”, un “capitalismo nacional en serio”, un capitalismo con “inclusión social”, basado en una progresiva redistribución igualitaria del ingreso. 

Así como el reformismo inconducente no puede ser confundido con alguna política emancipatoria, las políticas de inclusión social no necesariamente conducen a radicales transiciones políticas.  

Necesitamos de una nueva gramática política que, situada en el capitalismo de nuestros días, nos permita volver a pensar en términos de revolución y transformación. Proceso que debe dejar de lado los caminos de la toma del poder del estado, que la vieja izquierda proponía y al que el progresismo de una forma u otra sigue apegado. Mucho más aún ante los tiempos nuevos que vivimos. Volvamos pues a los comienzos de nuestro trabajo para tentar alguna conclusión en nuestra lectura global de América Latina.

La historia latinoamericana de las últimas décadas nos muestra su falta de sincronización política con relación a las tendencias políticas globales. Así, mientras en Europa y en los EEUU campeaba el neoliberalismo, en Latinoamérica se iniciaba una temporada donde la resistencia al neoliberalismo se mostraba fuertemente activa. Incluso en los EEUU no era posible observar manifestación política con alguna pátina de izquierda. Hoy, por el contrario, en el fin de ciclo de los gobiernos progresistaslatinoamericanos, –el triste final del chavismo en Venezuela, con un gobierno represivo e igualmente putrefacto por la corrupción, no pronostica un próximo gobierno de izquierda- asistimos a una tendencia a la sincronización global entre la expansión de los gobiernos de derecha y/o neofascistas latinoamericanos, con el expansionismo populista de derecha en los EEUU y el crecimiento de la derecha radical en toda Europa y en la Unión Europea. Todo indica que estamos frente a una tendencia general.  

Lo que ha sucumbido es el proyecto de resistencia al neoliberalismo. Resistencia decimos, ya que, debemos reconocer, que la pink tide no se propuso la construcción de un proyecto alternativo al sistema capitalista, sino en todo caso, uno de disputa con el neoliberalismo, apoyado fundamentalmente en la redistribución de la riqueza y la inclusión de aquellos sectores que, sumidos en la pobreza, había excluido el capitalismo con cara neoliberal. 

Adelantamos ya que en los países desarrollados es posible analizar al populismo de derecha como expresión de la crisis del neoliberalismo. Y en las páginas anteriores hemos buscado dar una explicación del porqué de los neofascismos y gobiernos de la nueva derecha en América Latina. Pero, simultáneamente creemos necesario ahondar sobre algunas hipótesis de trabajo que eche luz sobre el futuro y permita proyectar esperanzas de recomposición.  

En este sentido nos interesa problematizar los efectos políticos que, sobre los diversos movimientos sociales, adquirieron las políticas sociales desarrolladas por los gobiernos latinoamericanos. Esto es, rescatar y/o poner en el horizonte las diversas prácticas neoliberales que los propios gobiernos continuaron ejerciendo a pesar suyo y de su retórica. Nos referimos, en este caso, a las prácticas de endeudamiento y/o de penetración en los movimientos sociales de los diversos procesos y mecanismos de financiarización, asentados fundamentalmente en la exacerbación, desde arriba, del consumo. Esta financiarización de la vida no sólo promovió y facilitó que los procesos de subjetivación se convirtieran en excelentes mecanismos de integración a la nueva subjetividad neoliberal en construcción, sino que simultáneamente, cual hipótesis de trabajo, debe haber pavimentado sin duda el camino para el ascenso de los nuevos gobiernos. Paradójicamente, el progresismo, en estos casos, se convertía en su propio sepulturero. Hipótesis que simultáneamente resulta útil para, al menos, cuestionar aquella idea, políticamente ingenua, sobre la supuesta cooptación de los movimientos  por los gobiernos a través de sus políticas sociales. 

La dinámica interna de los movimientos resulta mucho más compleja y controvertida, atravesada con tales pulsiones políticas contradictorias y heterogéneas que nos conducen a desestimar este camino simplificador, lineal y determinista sobre su  comportamiento. Se trata de la producción, al interior de los movimientos, de múltiples y valiosas prácticas cotidianas que se desenvuelven en la producción y reproducción de la vida de sus integrantes que contribuyen a generar espacios propios donde se construyen y consolidan áreas de independencia con diferentes grados de autonomía que, sin duda cuestionan, esta simplista lectura de la cooptación. Nos referimos a las experiencias comunitarias, las diversa maneras de gestión del territorio, la organización de la producción comunitaria, las luchas por la tierra, por el común y la soberanía alimentaria. Se trata de un entramado comunitario como heterogénea multiplicidad de mundos de vida  con pautas diversas de respeto, colaboración, dignidad y reciprocidad no exentas de tensión, y acosadas, sistemáticamente, por el capital.[27] Conjunto todo de experiencias de vida que atraviesan la vida de las comunidades barriales y campesinas y nutren la dinámica de las luchas urbanas y rurales. Procesos todos que reverberan tras un contagio permanente enriqueciendo la luchas y sus horizontes. Luchas y dinámicas de vida que materializan las nuevas subjetividades en formación y que enriquecen definitivamente todo alcance que se pretenda sobre el concepto de los movimientos sociales. Que han transformado definitivamente el paisaje urbano y rural, así como la interrelación entre ellos. No debemos olvidar, como lo marcamos más arriba, que fue la insurgencia de los movimientos la que legitimó los gobiernos progresistas; resistencia al neoliberalismo que supone el ejercicio de una dinámica y puesta en práctica de un poder, el poder destituyente, que fue capaz de imponer nuevas agendas políticas, no solamente calendarios de demandas sociales. Se trata de un conjunto de prácticas sociales que ponen en tensión ese horizonte comunitario con las prácticas neodesarrollistas y el soberanismo del estado, mientras conjugan nuevas espacios de cooperación, capaces de combinar temporalidades y territorios bien diversos tras redes productivas y comerciales. Aunque suene sugestivamente esperanzador y optimista es esta dinámica de vida interna la que permite proyectar espacios y márgenes de resistencia futura. 

Finalmente algunas observaciones sobre la irrupción de las derechas radicales y el neofascismo en América. Se trata de movimientos que resultan difíciles de explicar más allá de los análisis previos. Existe una creciente conciencia de que ya no encajan dentro de las categorías de análisis político heredadas, mientras desafían los supuestos convencionales de los marcos clásicos de estudio hasta ahora conocidos. Nos enfrentamos a la dificultad para denominar realidades nuevas, inesperadas y sobre todo inquietantes. Post fascismo en palabras de E. Traverso[28], democracias fascistas según A. Badiou[29],  fascismo para T. Negri[30] en el caso de Bolsonaro. Este novedoso ascenso tiene lugar en un contexto profundamente diferente de aquel otro que vio nacer al fascismo en las décadas de 1920 y 1930. No parece estar presente el impulso y ambición por movilizar a las masas tras alguna utopía. En efecto, las nuevas derechas radicales,  particularmente en Europa, han perdido aquella dimensión "utópica" de sus antepasados ​​fascistas: su enemigo histórico el comunismo ya no existe al tiempo que no pretenden ser una alternativa tanto para el liberalismo como para el comunismo. En Latinoamérica, el chavismo y/o el keynesianismo populista reemplazan al comunismo de otras época. Comparado con los viejos fascismos presentan otra anomalía:  desarrollan su política bajo las prácticas parlamentarias propias de la "democracia" capitalista moderna. Han abandonado su vieja ambición de crear un "Hombre Nuevo". Desean volver a las soberanías nacionales, las políticas proteccionistas y la defensa de las "identidades nacionales" amenazadas por la globalización y la inmigración musulmana en algunos casos, inmigrantes latinos en otros. Desde este punto de vista, son mucho más reaccionarios que fascistas. ¿Cómo definir estos nuevos espacios políticos? No queda claro qué terminología utilizar para analizarlos y definirlos. ¿Autoritarios? ¿Fascistas? ¿Populistas? ¿O las versiones “neo” de estas?

Después de todo, los Le Pens, Trump, Bolsonaro, Erdogan, Orban operan al interior del aparato democrático, con sus elecciones, oposiciones y escándalos. Sin embargo, debemos reconocer que estamos frente a una partitura diferente, otra música. En el caso de Trump, por ejemplo estamos ante un racista, un hombre machista, violento, al igual que Bolsonaro, de una vulgaridad deliberada y con una relación patológica con las mujeres. Todos son portadores de   tendencias fascistas, mientras muestran un desprecio a toda lógica y racionalidad, un odio sordo hacia los intelectuales. En el caso de Trump, generador de un discurso despreocupado por su coherencia, basado en tweets nocturnos con lenguaje dislocado, diciendo todo, y al mismo tiempo su opuesto. No intenta explicar o defender un punto de vista de manera articulado, sino producir afectos con la pretensión de crear alguna fugaz unidad poderosa para ser explotada en el momento.[31]

Un presidente fascista como Bolsonaro resulta toda una anomalía que no puede volverse duradera en un sistema democrático liberal: o la democracia rechaza esta amenaza fascista, o la democracia misma será cuestionada. Ya que el bolsonarismo resulta incapaz de “desarrollar otro proyecto político que no sea una razzia contra los pobres, los negros y, de manera general, un programa antisocial (como lo muestra su propuesta ultraliberal)”.^[32]

Asistimos a una extensión en el espacio euroatlántico de la reacción de los blancos contra el neoliberalismo y su política económica ante el deterioro socioeconómico generado. Aquella “globalización salvaje” de Marine Le Pen se extiende por las geografías más diversas, provocando la reacción de los trabajadores blancos y fracciones de la clase media, contra los negros imaginados usurpadores y las elites urbanas a quienes responsabilizan de abrir las puertas de sus naciones y arrojarlas al vacío. 

En el caso latinomericano otro dato contribuye a volver mas vidrioso el posicionamiento político. En efecto, las nuevas derechas no se declaran abiertamente partidarias de propuestas privatizadoras, más allá de su adhesión al mercado. Más aún, no pocas veces compiten con los gobiernos progresistas con relación a sus políticas de inclusión, ampliando las coberturas de ayuda social e incorporando otras nuevas, dinámica que de conjunto, da cuenta de los escenarios y dificultades que presenta el clima de época.

Aunque también es cierto que existe frustración popular y porqué no, miedo al futuro, sensación de estar atrapados en un callejón sin salida, tanto en fracciones de la clase media como entre los pobres y trabajadores desempleados de muchas regiones del mundo, que se vieron reducidos a la invisibilidad, sin dinero y sin nada, por la brutalidad del capitalismo contemporáneo. La sensación de que su mundo ha sido destruido "sin ser reemplazado por otro en el que puedan volver a la vida". Una suerte de destrucción sin sentido. Como si se reflotara nuevamente el latigillo thatcheriano there is no alternative (TINA). Aunque todos sabemos que derrotar al miedo deviene un elemento central para la construcción de cualquier resistencia. 

Carecemos de un camino estratégico, debemos construirlo. Y disponemos de la convicción, fuera de toda creencia resignada, que no hay futuro para la humanidad en su conjunto en el camino del capitalismo.  

¿Disponemos de las herramientas y métodos necesarios para analizar la crisis de la democracia en el mundo euroatlántico?. Si estos desplazamientos políticos plantean un reto a la comprensión teórica, la dificultad es debido en parte a su aspecto histórico novedoso, pero también en parte a su aparente falta de coherencia ideológica. No son todos iguales. Muchos apelan a un imaginario de homogeneidad étnico nacional sustentado por un estado fuerte y aislacionista, animado de un feroz propósito moral; sin embargo, insertan estas imágenes de estatismo y nacionalismo en dogmas de libertad neoliberal que tratan al estado como el mayor enemigo de la libertad. Su objetivo es recuperar una soberanía nacional, cada vez más debilitada por los poderes globales y la interconexión, reclamando un proteccionismo económico para el trabajo "nacional", sin embargo al mismo tiempo condenan los mercados regulados y las políticas públicas -educación y salud- garantes de la protección más modesta contra las desigualdades extremas y amenazas del capitalismo a la propia existencia. Además, estos nuevos movimientos políticos son antipolíticos: tienden a denunciar todo lo que se conoce con el nombre de política convencional: sus procesos, compromisos, instituciones y espacios deliberativos. La ira, el resentimiento y el sentimiento de frustración por la pérdida de derechos tienden a cerrar el espacio para una comprensión genuina, dejando la esfera política lista para la explotación y la penetración de los líderes carismáticos.

Sí estamos seguros que cualquier reconstrucción de izquierda radicalmente democrática, -por tanto, antifascista- exigirá la recomposición política de los pobres, precarios, trabajadores metropolitanos y asalariados en general capaz de confluir con la potencialidad expresada en los movimientos feministas. Confluencia, a nuestro entender, condición imprescindible para devenir mayoría política, circunstancia que disuelve todo temor. 

Debemos ser capaces de comprender e impulsar los cambios por fuera de todo proyecto de crecimiento progresivo que haga hincapié en las instituciones, apostando a que la acción de la movilización social traspase y rompa la camisa de fuerza de la política institucional, dejando atrás aquella idea que propone encolumnarse  tras demandas “realistas”, es decir, menos principistas. De tener la suficiente sensibilidad estético-política que permita conectar los lazos y sentimientos profundos que ligan movimientos de tipos diferentes, organizados a partir de intereses y problemas diversos. Articular las diferentes luchas, conectar los puntos de resistencia de clase y feminismos, antirracismos y LGBT. Hibridarlas en plataformas colaborativas, acciones en las redes y calles promoviendo sus influencias mutuas abiertos a nuevas subjetividades políticas, caminando con ellas, aunque sea en dirección a un lugar que nadie sabe todavía cuál es. Necesitamos puentes de conexión y un nuevo vocabulario político. Las luchas de resistencia de los últimos años bien pueden oficiar de laboratorios de experimentación política que amplíen nuestro pensamiento hacia nuevas formas políticas y nuevos derechos de ciudadanía, un nuevo welfare, a través de la relación entre ese poder constituyente basado en el reconocimiento de la excedencia del trabajo vivo y la producción de lo común experimentado en estos procesos. El ciclo de luchas de los últimos años en Latinoamérica es demostrativo de cómo es posible construir y producir una agenda de derechos relacionados con el acceso y organización democrática de los servicios directamente relacionados con la vida: energía, agua, tecnología, etc.; con la obtención de un ingreso básico y universal garantizado; con la garantía para la movilidad urbana, -acceso gratuito al transporte público- y la conservación de áreas comunes de la ciudad parques, áreas de uso común, etc. y, fundamentalmente, con aquellos derechos clásicos, re-calificados ahora, como el derecho a producir nuestros espacios de vida e interacción con otros, como aspecto que va más allá de la idea cívico-republicana o de participación deliberativa.

Tenemos frente a nosotros un verdadero desafío que no podrá resolverse de manera aislada, en forma individual, sino a partir de la interacción de discusiones y prácticas políticas que pongan en valor trabajo y  pensamiento crítico, capaz de superar y evitar todo retorno y/o permanencia en las variadas concepciones y teorías de la izquierda demodés y anacrónicas.  

              

                César Altamira                                                    Buenos Aires, abril 2019 

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[1] W. Brown, Neoliberalism’s Frankeinstein: authoritarian freedom in twenty first century democracies, en W. Brown, P. Gordon, M. Pensky, Authoritarianism three inquiries in critical theory, Chicago, Chicago U.P. 2018. 

[2] B. Cava, G. Cocco, Queremos todo: las jornadas de junio y la constitución salvaje de la multitud, en B. Cava, La multitud se fue al desierto, Quadrata, Bs. As. 2015. Ver también, A. Mendes, C. Naback , Vertigens de junho, Uninômade 03-2016.

[3] A. Garcia Linera, El oenegismo enfermedad infantil del derechismo, Vicepresidencia de Bolivia, La Paz, 2011.

[4] T. Negri, Sovranita oggi, vecchie frammentazioni, nuove eccdenze, en T. Negri, Dentro contro il didritto sovrano. Dallo stato dei partiti ai movimenti della governance, Verona, Ombre Corte, 2009. En dicho texto Negri atribuye dicho concepto a la teoría sistémica, G. Teubner.

[5] M. Hardt. T. Negri, Commonwealth, Harvard U.P. Cambridge, USA, pág 225.

[6] G. Arrighi, El largo siglo XX, Akal, Madrid, 2014 [1996].

[7] El pacto del Punto Fijo, fuertemente criticado por Chavez como la dictadura del punto fijo, fue un acuerdo sellado entre los principales partidos políticos de Venezuela, AD, COPEI y URD en agosto de 1958 para dar gobernabilidad al sistema luego del derrocamiento del dictador M. Perez Jimenez previo a las elecciones de ese año.

[8] C. Crespo Flores, La guerra del agua en Cochabamba: movimientos sociales y crisis de dispositivos de poder, en Debates Ambientales, Agua 2000, Dialnet. Ver también T. Kruse La guerra del agua en Cochabamba, Bolivia terrenos complejos, convergencias nuevas, Bs. As. Clacso, 2005.

[9] R. Ornelas, La guerra del gas, cuarenta y cinco días de resistencia y triunfo popular, Bs. As. OSAL Nº 12, CLACSO, 2004.

[10] G. Cocco, Le mouvement d’indignation au Bresil face a l’austerité de Lula et Dilma. Multitudes Nº 59, eté 2015, Paris.

[11] CEPAL, Panorama social de América Latina 2012, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2013.

[12] P. Singer, Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador, San Pablo, 2012.

[13] L. Bresser Pereira, “Empresários, o governo do PT e o desenvolvimentismo”, Revista de sociología y Política, Vol. 21 Nº 47. 2013.

[14] Armando Jr Boito, “Os atores eo enredo da crise política” web. 2016.

[15] En mayo de 2005, la Revista Veja publicó la transcripción de un video donde se acusaba al diputado Roberto Jefferson del Partido Laborista Brasileño (PTB) de estar detrás del desvío de dinero en la empresa pública de Correos. El escándalo del “mensalao” tuvo costos importantísimos para el PT; fue letal para dos ex Presidentes del PT José Dirceu y José Genoíno,  el Presidente de la Cámara de Representantes, Joao Paulo Cunha y para Paolocci, ministro a la época. 

[16] G. Cocco, La premiere revolte de la multitude du travail metropolitan, Revue Multitude Nº 53-54, Paris, Automme 2013.

[17] B. Cava, G. Cocco. Queremos todo… op. Cit.

[18] B. Bringel “2013-2016, polarización y protestas en Brasil” y “Crisis política y polarización en Brasil de las protestas del 2013 al golpe del 2016”.

[19] B. Bringel op. Cit. 2016.

[20] Una pauta del rechazo que la sociedad brasileña mostraba hacia el PT, lo muestra el hecho que Dilma no alcanzó su elección como senadora por el estado de Minas Gerais en esas elecciones, llegando al tercer puesto.

[21] Entrevista a P. Gerchunoff, Clarín, 7-04-2019.

[22] “La crisis del desarrollismo significó la pérdida de la posición privilegiada que la CEPAL alcanzara en su primera década de funcionamiento, cuando llegara a ser la agencia ideológica por excelencia en América Latina” (Marini, 1999, p.153). La crisis del desarrollismo, en: Marini, R. M. y Millan, M. (Coord.). La teoría social latinoamericana. Tomo II: Subdesarrollo y dependencia. México: Ediciones El Caballito, 1999.

[23] Cuando hablamos de salario no pago no significa reconocer que no haya remuneración, sino, más bien, la existencia de una nueva forma de remuneración que no viene definida por la forma salario. Son trabajos más del tipo simbólico, relacional e inmaterial.

[24] Uninomade 2.0 Capitalisme cognitive et capitalisme mafieux, D. Lebert, C. Vercellone. http://www.uninomade.org/quels-rapports-etablissez-vous-entre-capitalisme-cognitif-et-capitalisme-mafieux/

[25] M. Foucault, Nacimiento de la biopolítica, Bs. As. FCE, 2007.

[26] Eventual regreso enmarcado en las condiciones de resistencia política y rechazo social a los gobiernos de derecha y ultra-derecha existentes. Aunque poco probable que se constituyan en verdaderas alternativas de cambio.

[27] R. Gutierrez Aguilar, Horizontes comunitarios populares, Madrid, Traficantes de sueños, 2017.

[28] E. Traverso, Spectres du fascisme. Penser les droites radicales au XXI^e siècle” Espectros del fascismo: pensar las derechas radicales en el siglo XXI, en Pasajes, Revista de Pensamiento contemporáneo, Nº 50, 2016, 

[29] A. Badiou, Trump, Cambridge, UK, Polity, 2019.

[30] T. Negri, Prime osservazioni sul disastro brasiliano, Euronomade, 21 noviembre 2018, http://www.euronomade.info/?p=11277. 

[31] A. Badiou, op. Cit.

[32] T. Negri, op. Cit.