jueves, 5 de diciembre de 2013


Córdoba: entre la precarización laboral y la precarización existencial.

1-Es fin de año y, con una inflación que ronda el 28%, todos quieren algo más. En el caso de la policía provincial, a los reclamos por magros salarios se sumaron otras cuestiones menos visibles, como la necesidad de “hacer adicionales para alcanzar salarios más dignos” a costa de disminuir los horarios de descanso, un equipamiento edilicio deteriorado, el evidente desgaste del parque automotor y obsoleto equipamiento que dispone. El malestar policial no era desconocido por el poder provincial. Hacía ya tiempo que la red social Anonymus reflejaba la efervescencia del problema. Las redes sociales, una vez más impulsoras de movilizaciones como medio de organización y de lucha.

"Hola a Córdoba. Somos Anonymous. Por este medio estamos declarando la operación 'Juanes en Marcha'. Esta busca crear un cambio para toda la Policía de Córdoba y ser su voz en esta batalla. Para lograr que se limpie la corrupción de una vez por todas y que se denuncien las irregularidades conocidas hoy en día por todos los habitantes de la provincia”, anunciaba por las redes el 14 de noviembre la operación en marcha. El 18 de noviembre, la misma red denunciaba: "Nuestros jefes desayunan facturas de manteca, criollos de hojaldre y almuerzan lomo a la pimienta, las mejores pastas y lo que pidan. La plata para comprar esos productos sale del dinero que nos descuentan del adicional, tienen combustible gratis, choferes para ellos y su familia, un policía cuidando su casa las 24 horas. Hay compañeros que no tienen para comer, hijos que no tienen qué vestir”. Pocos días después, las esposas de los uniformados (una especie de delegadas gremiales ad hoc, dado la prohibición de sindicalización de la Policía) ocuparon la planta baja de la jefatura, con pancartas y demás ingredientes simbólicos propios de una protesta tout court. Sus demandas las alejaban de toda sospecha conspirativa: mejores sueldos, aumento en los pagos de los adicionales y cambios de las condiciones laborales. Ni mas ni menos que cualquier petición y reclamo que observamos en estos días por parte de los diferentes sindicatos. 

Sin embargo, y pese a este tipo de certezas, desde el gobierno no se hizo nada para poner en agenda tamaño conflicto. ¿Se desoyeron las advertencias?, ¿de la fuerza que pudieran tener?  ¿impericia política de la nueva ministra de seguridad? Quizás un combo de todo esto. Lo cierto es que el resultado tuvo un desenlace previsible: autoacuartelamiento y retiro de las calles. Hacía  tres meses que la institución Policía estaba en el tapete, cuando denuncias periodísticas desencadenaron una investigación judicial que condujo a la detención de buena parte de la cúpula de Drogas Peligrosas, la salida del entonces jefe de Policía y del ex ministro de Seguridad de la Provincia. Corrupción y entrelazamiento cómplice con el narcotráfico que tomó fuerza a partir de sucesos poco claros (como la muerte del agente Juan Alós al ser conocido el caso en los medios) que alimentaron el descreimiento social de la institución. Este episodio nos conduce a analizar aspectos más estructurales, sin desconocer las legítimas demandas de la coyuntura.

Si bien el entrelazamiento con el narcotráfico mostró el agotamiento de una política que  empoderó a la cúpula policial de los diez últimos años (basta recordar que el  comisario mayor  Paredes ejercía el Ministerio de Seguridad y dirigía de hecho la fuerza policial), la descomposición policial debemos rastrearla también en la complicidad que la Policía de Córdoba tuviera con el Terrorismo de Estado y sus anteriores antecedentes en el navarrazo de 1974. Al igual que otras fuerzas de seguridad policial, como la Bonaerense del gatillo fácil, la santafesina vinculada últimamente con el narcotráfico provincial y seguramente muchas otras más, la Policía de Córdoba acredita suficientes pergaminos como para generar desconfianza en los objetivos que Anonymus dice perseguir. La lucha contra la precarización laboral de sus integrantes no nos aparta de su tenebroso pasado político. Nuestras sospechas, lo confieso, están abiertas. Resulta demasiado temprano para sacar conclusiones definitivas.

 

2-El autoacuartelamiento de las bases policiales y su desaparición de las calles de la ciudad provocaron una revuelta proveniente de los territorios más carenciados que generó una ola de saqueos en los almacenes, supermercados barriales, ferreterías, centros de distribución, comercios de ropa e indumentaria deportiva, bazares, provocando una extendida sensación de inseguridad en la capital.
 Ola de asaltos que provocó una  inmediata reacción defensiva de sectores medios, comerciantes barriales  que se veían agredidos ante el avance de  las villas. Reacción defensiva que encontró rápidamente la solidaridad de los vecinos y clientes conocidos que manifestaron su apoyo y ayuda a quienes se veían virtualmente amenazados ante el robo. De manera espontánea expresaban su solidaridad con sus iguales, ayudando incluso con el aporte de armas, aunque en el fondo no fuera más que una disputa de pobres contra pobres.

Mientras tanto, el presidenciable peronista De la Sota -al igual que  los medios gráficos y audiovisuales- no ahorró  esfuerzos para criminalizar a todo aquel que hubiera participado en los asaltos y robos, mientras silenciaba la larga complicidad de su gobierno con la policía y con una política económica que gestiona la provincia desde hace ya casi quince años. No son pocos quienes han querido ver en los hechos del 3D una postal con reminiscencia 2001, sólo que esta vez contra un gobierno peronista. O, en otros casos, el despertar del estado de naturaleza hobbesiano.

Resulta cuanto menos un desatino intentar comparar la acción destituyente del 2001 con los sucesos del 3D. No solo porque los sujetos actores en uno y otro momento son diferentes, sino también porque las causas y los objetivos perseguidos son diametralmente disímiles. Si el primero reafirmó la autonomía de lo político, el segundo se debate como acto de resistencia que muestra toda la impotencia política a la que lo condena su propio accionar, al revelarse huérfano de todo apoyo. Si el primero conformó un acto constituyente que disputaba poder, el segundo se muestra como actitud desesperada, casi sin salida, a la que lo arroja el nuevo capitalismo que se consolida en nuestro país. Si el primero transparentó la crisis de la representatividad política, este último expresa la potencia de aquellos sectores sociales que no están dispuestos a convalidar su exclusión de por vida. Si el primero marcó un antes y un después en la historia política del país, éste se nos presenta como un acto desesperado producido por vidas precarizadas  características del nuevo capitalismo.

Desechamos los análisis mediáticos y oficialistas, tanto provinciales como nacionales, que solo estigmatizan con discursos remanidos. Simultáneamente nos negamos a acotar la discusión al estrecho marco de una exclusión superable a partir de generar trabajo genuino. Menos aún a ubicar en la penetración y ramificación del comercio de la droga, más allá de que ello exista, la causa fundamental de la revuelta.  Como si el devenir del capitalismo fuera capaz de sacar a los sectores sociales que se manifestaron de las condiciones sociales a las que los ha arrojado. Nuestra experiencia nos previene de sacar conclusiones sobre el fracaso e impotencia de la  revuelta. Más allá de las declamaciones oficialistas de modelo con inclusión social lo cierto es que quienes se levantaron desde los territorios carenciados son portadores de un grito de rabia y de bronca ante el hacinamiento y las carencias sociales a las que son arrojados, ahora tras la máscara de un keynesianismo de los pobres. Nunca estos sectores estuvieron tan aplastados económica y políticamente como en estas épocas. Y si bien no lo dicen explícitamente, se lee en su accionar: “no nos representan”. Nunca  la desigualdad social, entre la opulencia de unos y la carencia de los otros fue tan marcada.

Nos encontramos frente a una reinstitucionalización del trabajo que organiza la dinámica de la transformación capitalista contemporánea, alterando la composición técnica y política de la fuerza de trabajo. Íntimamente conectada con estos cambios se produce una generalización de la precariedad social. La explosión del 3D no deja de ser una manifestación espontánea, a partir de la acción y presencia en las calles del salvaje rechazo a la forma política que apuntala  y administra el capital. Y al mismo tiempo es el grito desesperado de quienes se sienten excluidos, no solo de la mesa del consumo a las que los convoca el kirchnerismo, por más que sea el consumo de los pobres, sino frente a una exclusión de vida. Por lo demás estos sectores en la periferia de la sociedad no buscan construir formas económicas de autonomía en las orillas del capitalismo sino que muestran la necesidad de inventar formas de resistencia, que si bien hoy los arroja a la soledad, persiguen la invención primaria de una modalidad política alejada de toda lógica del capital y distanciada del estado. Discurso oculto de los dominados parafraseando a James Scott. Infrapolítica que expresa la lucha sorda que los dominados y subordinados libran cotidianamente y que se encuentra más allá del espectro político visible. Resistencia material y resistencia simbólica, construida esta última en los pliegues de una cultura suburbana con códigos y procederes propios, partes de un mismo conjunto de prácticas coherentes entre sí. Lo brutal de los hechos es que una vez más se trató de una lucha de pobres contra pobres: eran ahora los propios vecinos y comerciantes de los distintos barrios quienes levantaban barricadas en las calles para frenar el avance de los “saqueadores” fenómeno que le daba a la calle un paisaje particular. Y al mismo tiempo la irrupción de los marginales, muchos de ellos ni-ni, no ha hecho otra cosa más que reafirmar su identidad de excluidos, de precarizados existenciales. 63000 jóvenes marginados en la provincia, de los que el 40% son ni-ni. Su exclusión es tan brutal que más allá de la realidad que representan, el discurso hegemónico no autoriza a asignarles un nombre, una identidad como colectivo. Ausencia semántica para aquellos a quienes se quiere hacer desparecer efectivamente. Lo que espanta a la sociedad es sentirse enfrentada a  quienes no alcanza a nominar,  salvo por su negatividad: saqueadores, ladrones, no se llevaban comida sino plasmas etc. etc. Y lo que espanta al gobierno nacional y al resto de los gobiernos provinciales es la viralización de los saqueos cordobeses, su potencial  repetición en el conurbano bonaerense o rosarino; o santafesino y mendocino. Quizás la masividad y extensión de la protesta pueda ayudar a construir una lectura diferente a la de ladrones y saqueadores e intentar reconocer su existencia, condición e identidad social.

 

César Altamira                                                            5 diciembre 2013

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