La farsa de la emergencia económica: parte II

ANDREA FUMAGALLI

1. Leyendo los comentarios en la prensa, como los de Alesina y Giavazzi en el Corriere della Sera del 16 de julio, todo parecería indicar que el debate político y económico se centrara exclusivamente sobre si la maniobra financiera lanzada en estos días resultará creíble para los mercados y, por tanto, suficiente. Sólo en un segundo momento, alguien intervendrá acerca de la entidad y la sustancia de los sacrificios necesarios; pero siempre bajo la óptica de la inevitable necesidad de alcanzarla para evitar lo peor. Dos son los protagonistas indiscutibles que animan el debate: los mercados financieros y el riesgo del default.

Los primeros son considerados como agentes económicos neutros, objetiva y casi metafísicamente definidos, jueces crueles e inflexibles, pero imparciales, sobre la credibilidad, la eficiencia y la reputación de un Estado, siempre menos soberano. Las empresas calificadoras representan las preferencias, que también son imparciales y objetivas. En el fondo los mercados financieros coinciden con el sentido común, con la opinión pública generalizada, no afectada por las decisiones individuales.

El segundo protagonista es el default (la bancarrota), presentado como el peor de todos los males, causa de toda posible desgracia en el futuro. Por el contrario, la reducción de los déficits públicos y por tanto la eliminación de todo riesgo de default es visto como un condición indispensable para el crecimiento económico y producción de riqueza, capaz de promover un magnífico destino progresivo que nos hará finalmente felices y contentos.

Estas construcciones ideológicas se encuentran bien sedimentadas a nivel social y de la intelectualidad y constituyen una de las bases, tanto a izquierda como a derecha, sobre la que se funda el mecanismo biopolítico de la explotación contemporánea de la cooperación social. Lo que distingue la izquierda de la derecha son los límites en el método para permitir dicha explotación, a partir, sin embargo, de la común negación de su existencia y de todo conflicto de clase que pudiera derivarse.

2. Los mercados financieros son hoy el corazón mismo del comando capitalista, representan lo que en la época fordista era la gran empresa de producción manufacturera: en otras palabras, son la contraparte económica y social, que administra y dirige los mecanismos de explotación del trabajo y de la vida. Si son los representantes ideológicos en términos de opinión pública, expresión "democrática" y "eficiente" de la libre elección individual, es evidente que se convierten automáticamente en el espejo de una sociedad unida, libre y en paz, donde en su interior ningún conflicto y discriminación puede tener lugar.

En realidad las cosas no son tan así. En los últimos treinta años, coincidiendo con el proceso de extensión continúa en los mercados financieros (financiarización), los mercados financieros son quienes más se han concentrado en pocas manos. Para entender este punto es necesario distinguir entre aquellos que operan invirtiendo en los mercados financieros, voluntaria o involuntariamente, partes de sus ingresos del trabajo (cualquiera que sean éstos), a menudo sin siquiera saberlo (los clientes) y aquellos que manejan estas inversiones para beneficiarse con las ganancias o mejorar mecanismos de valorización, llamados con un término aparentemente neutral, "inversores institucionales". Además mientras más aumenta el número de clientes (al igual que en el fordismo aumentaba el número de compradores de coches, por ejemplo), más se reducen y se concentran los inversores institucionales (así como en el fordismo se asistió al crecimiento de mercados cada vez más oligopólicos como en el caso del automóvil).

La grave crisis financiera de 2008-09 ha acentuado aún más este proceso. En la actualidad se ha ampliado el portfolio de los títulos financieros, gracias al aumento de los títulos de la deuda soberana, conclusión inevitable derivada del crecimiento de los propios déficits nacionales -en Europa como en Estados Unidos y Japón- destinados a cubrirlos agujeros del presupuesto del sistema financiero-crediticio. Hoy, no hay más de diez sociedades de intermediación inmobiliarias (cuyo acrónimo utilizado, Sim, nos reenvía, sin duda de manera absolutamente accidental, a aquel del estado imperialista de la multinacional, utilizado por las Brigadas Rojas en los años 70’s) controlan entre el 60% y el 70% de la totalidad de los flujos financieros en circulación con valores que son unas 12 veces el PIB mundial. El 30-40% restante se encuentra, en su mayor parte, en manos de los bancos y compañías de seguros (hoy más interrelacionados con las mismas Sim) y por los estados soberanos (como China, India, países europeos etc.). La proporción de activos financieros mundiales en manos de ahorristas individuales es risible e irrelevante. En este contexto, el curso de las bolsas está fuertemente influenciado por las decisiones estratégicas de las Sim y por los grandes inversores institucionales. Lejos de ser el resultado de las libres fuerzas del mercado, el andamiaje de los mercados bursátiles y la actividad especulativa dominante en ellos es más bien el éxito de la estructura jerárquica de tales mercados.

El poder de los mercados financieros es un poder violento, impuesto con la fuerza del terrorismo de los medios de comunicación, amplificado por multitud de funcionarios, al punto de asumir connotaciones metafísicas. La sociedad del rating representa el brazo armado. La maniobra financiera votada en estos días en Italia, no diferente a las promulgadas en Islandia, Irlanda, Grecia, Portugal y España, es simplemente la ofrenda votiva: garantiza, de hecho, que las deudas contraídas por el Estado italiano para hacer frente a los efectos perversos de la crisis económica causada por los mismos mercados financieros serán honradas.

3. En estos días, la deuda pública italiana ha llegado al máximo histórico tocando los 1.900 millones de euros. Inmediatamente la prensa se ha apresurado a decir que todo residente en Italia tiene una deuda figurativa de 33.000 euros. Es una afirmación normalmente utilizada hoy para crear pánico y alarma, típica de esta economía de shock. Pero esta deuda también puede ser considerada como un contrato de crédito de los ciudadanos para con el Estado italiano (principalmente para el caso de las regiones más ricas del país y fuente de rentas financieras a tasas privilegiadas) En su lugar, se utiliza una interpretación diferente, para afirmar que un posible default del Estado y el congelamiento de la deuda en sí misma tendría repercusiones sobre el ingreso de los habitantes. Por lo tanto, dependiendo de la conveniencia política, la deuda pública se define de diferentes maneras para justificar la necesidad vital de controlarla y reducirla.

Esta conclusión sin embargo carece de cualquier validez teórica y empírica. Desde un punto de vista teórico, no hay ninguna teoría económica, incluso entre las más "liberales", capaz de demostrar el vínculo entre crecimiento económico y reducción de la deuda. De hecho, la evidencia empírica va en dirección opuesta. ¿Aquello qué la teoría económica pone en cuestión hasta el límite son dos aspectos: el grado de sostenimiento de la relación deuda pública/PIB y la forma de su financiación.

En cuanto a lo primero, es necesario analizar el diferencial entre las tasas de interés sobre la deuda y la tasa de crecimiento del PIB. Sólo si tal diferencial es positiva y durante un número de años, puede cuestionarse el sostenimiento de la deuda. Esta es una situación que puede ser sorteada si se adoptan opciones de política económicas precisas diseñadas para mantener bajas las tasas de interés (es el caso de los Estados Unidos). En la actualidad, no se comprueba dicha situación para el caso italiano, ante el aumento de la tasa de interés en respuesta a la presión especulativa, pero ha sido siempre en los últimos treinta años. Se vuelve por ello importante la modalidad de financiación de la deuda pública. La práctica neoliberal promovida hasta ahora ha sido permitir que el mercado financiero (es decir los inversores institucionales) sea quien decida con los resultados que hemos tenido hasta el momento en términos de presión especulativa, desde el caso griego. Partiendo precisamente de la experiencia de Grecia hace un año, el BCE fue obligado, cambiando algunas de las competencias establecidas por el Tratado de Maastricht, a intervenir sobre las modalidades de financiamiento, comprando directamente los bonos de los Gobiernos de los países europeos que estaban más en riesgo. De este modo, la demanda de los bonos excedió la oferta y esto llevó a la reducción de las tasas de interés. Esta práctica debería ser la norma y no la excepción para crear un baluarte posible ante las tensiones especulativas en el lugar a menudo alimentadas por el comportamiento de renuncia del BCE. Pero se puede hacer más, como por ejemplo, permitir al BCE la emisión de eurobonos, capaces de financiar la deuda pública de los países más necesitados. Una iniciativa de este tipo, a la que se opone firmemente Alemania, sería el posible preludio para la definición de una política fiscal única, socavando así la autonomía fiscal de los Estados nación europeos aislados. El problema de la sostenibilidad de la deuda, por tanto, es más político que económico.

Con relación al segundo punto (financiación de la deuda), puede ser útil analizar quién posee los títulos de la deuda pública italiana. En ese sentido, debemos señalar que hasta los primeros años de los 90’s la deuda pública italiana era casi totalmente una deuda interna. En los últimos veinte años la situación se ha modificado profundamente: la parte de los tenedores extranjeros de bonos pasó de 5,59% en 1991 a 52,4% en 2010 (datos del Banco de Italia). Si un Estado está en deuda con sus ciudadanos, esto significa que entre el primero y el segundo se establece una relación de reciprocidad si no propiamente de coincidencia, ya que estos último no pueden tener ningún interés en el colapso del primero y por lo tanto pueden estar dispuestos a aceptar sacrificios y medidas draconianas para evitar el default del presupuesto público y la cancelación de la deuda pública. Diferente es el caso cuando los acreedores son principalmente los grandes inversores financieros, que pueden tener todo el interés para especular vendiendo y comprando bonos, o simplemente cediendo los títulos en cartera para ir a buscar en otra parte beneficios más suculentos. En otras palabras tanto más importante sea la deuda externa de un país, menor será su soberanía efectiva. Como afirma una investigación de la Adusbef (http://www.adusbef.it/download.asp?ID = 3123 & r =1) sobre los titulares de los bonos del estado italiano (elaboración de datos de Bankitalia): "el 86,34 % de la enorme deuda pública italiana está en las carteras de los bancos, compañías de seguros y otras instituciones financieras extranjeras, contra el 13.66% en las manos de las familias". Es por tanto evidente que los acreedores del Estado italiano son sólo mínimamente las familias y en gran parte son sólo los inversores institucionales los que han estado en el origen de la crisis económica y financiera y en el aumento de la deuda pública. Querer evitar a toda costa el default significa entonces defender los intereses de los especuladores.

3. Estamos, por tanto, en un contexto mediático que supone para el interés público lo que es en realidad puro interés privado en su lugar. La “imprescindible necesidad” de reducir la deuda pública no resulta así en beneficio de la economía italiana y de las familias residentes sino que sólo serviría para garantizar la liquidez y las rentas del sistema financiero, a fin de favorecer el proceso de valorización a través de las ganancias de capital resultantes de las actividades especulativas. Con lo que se refuerza el poder financiero en detrimento de las condiciones de vida de la mayoría de los hombres y mujeres que viven en este país. Por lo tanto no puede asombrar que el movimiento correctivo adoptado sea simplemente una estratagema de "clase". Sin entrar a examinar los méritos de las medidas es suficiente para analizar los posibles resultados consiguientes en términos de la distribución del ingreso. Un estudio realizado por Massimo Baldini, publicado en el sitio de Voce.info el pasado 15 de julio de 2011 (http://www.lavoce.info/articoli/pagina 1002433.html), analiza los efectos sobre la distribución del ingreso en los hogares italianos con una reducción del 5 por ciento y otra del 20 por ciento cuando se aplican plenamente al régimen, algunas de las principales ventajas fiscales (sólo una de las muchas medidas adoptadas). De acuerdo con cálculos realizados mediante un modelo de micro-impuestos desarrollado en el centro de análisis de políticas públicas de la Universidad de Módena y Reggio Emilia, los resultados son inequívocos: como las deducciones más significativas s (para el trabajo y la familia) disminuyen cuando crecen los ingresos de los contribuyentes, los recortes son especialmente elevados para las familias con ingresos bajos y medianos. Se puede observar que con un recorte del 20%, las familias del primer decil más pobre tendrían una pérdida de ingresos entre el 5 y 6%, mientras que los del decil más rico tendrían una pérdida insignificante (< 1%).

Con esta dinámica (a la que se debe agregar el efecto regresivo sobre los ingresos por la introducción de los tickets de salud, por el aumento de las tarifas y por el aumento de los impuestos locales para hacer frente a los recortes en los mismos entes locales), la distribución del ingreso se concentrará posteriormente más efectos negativos (a través de la reducción del multiplicador de ingresos) en la demanda interna y la dinámica de los ingresos fiscales y del PIB, volviendo poco probable alcanzar un presupuesto equilibrado en 2014.

El objetivo de la maniobra financiera es, por tanto, asegurar el pago de la deuda a los inversores institucionales y mantener inalterado el proceso de valorización biopolítica contemporáneo a través de la perpetuación de la expropiación de los bienes comunes, de la cooperación social. En una palabra el comando sobre el trabajo.

Con el pretexto de proteger a la economía italiana del riesgo del default, la farsa de la emergencia puede convertirse en tragedia social.

4. ¿Qué hacer entonces? El año pasado se caracterizó por la ampliación de los conflictos sociales, no sólo en Italia sino en toda Europa y el Mediterráneo. Desde Gran Bretaña, generalmente menos propensa a los conflictos de plazas, hasta el Magreb y el Mashreq, pasando por la Grecia de las grandes huelgas generales y la España de los "indignados", grupos autónomos de estudiantes, de mujeres, de inmigrantes, de precarios (ahora todos los trabajadores) y nuevas formas de sindicalismo se están equipando. En Italia, las luchas en la Fiat contra el plan Marchionne, la de los estudiantes contra plan de Gelmini, las luchas de los inmigrantes contra la estafa de salud, el renacimiento de un potencial nuevo movimiento feminista, el devenir de los Estados Generales de la Precariedad hacia la primera huelga de otoño precaria, son todas las señales que confirman que la paz social está lejos de estar garantizada no sólo a nivel social sino también en el plano más estrictamente político. Los resultados del referéndum sobre los bienes comunes y de las elecciones municipales en muchas realidades Metropolitanas nos lo confirman. El acuerdo bipartidario sobre los tiempos de la operación en nombre de la emergencia económica (incluso con todas las advertencias sobre los contenidos de la maniobra, aunque en perfecta comunión a izquierda y derecha sobre la necesidad de los sacrificios) representa hoy la piedra angular de la estrategia política para evitar que un nuevo protagonismo social pueda afianzarse.

Por esto es importante, a pesar de la diversidad de estrategias y alianzas (algunas lamentablemente "desde arriba hacia abajo"), que la realidad del movimiento, al interior del nuevo conflicto de clase que continúa en este país, lance la consigna de la ley del derecho a la bancarrota y al default (es decir, más prosaicamente no pagar), además de las relativas a un nuevo welfare y a nuevos derechos del trabajo.

Sobre la base de los análisis efectuados, de hecho, la negativa hoy a pagar las deudas (o pagar sólo una parte) a los bancos e inversores institucionales no es otra cosa más que el ejercicio de un contrapoder al poder financiero que estrangula. No serán seguramente los residentes italianos quienes se quejen sino más bien la oligarquía financiera: y esto es lo que se debe saber. Se podría argumentar que ante una perspectiva similar, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de activar tal contrapoder?

Para responder estas preguntas, primero hay que recordar que Italia es un país demasiado grande para poder fracasar (demasiado grande para un error) El euro, desde este punto de vista, es un escudo que obligaría (como en España) a los países de la Unión monetaria a tener que intervenir, aunque a regañadientes con políticas de paracaídas. Ante la amenaza de no pagar en los términos acordados las cuotas correspondientes al interés, la amenaza de sanciones se vuelve ridícula y en este punto obligaría a Europa a seguir una política fiscal común para evitar que la crisis del euro pueda contaminar todas las economías. Se trata en realidad de una suerte de chantaje potencial con las siguientes características: el Gobierno italiano pide a los inversores institucionales el congelamiento de las deudas y su transformación en eurobonos a tasa de interés fijas respecto a la tasa de descuento oficial fijada por el BCE, so pena de insolvencia unilateral. Paralelamente, los eurobonos emitidos pueden ser dotados con una caducidad deslizante para prolongar su duración. Para el sistema financiero, esto significaría una pérdida neta en término de ingresos (debiéndose contentar ya con intereses más bajos ya con ganancias menores) y por lo tanto un redimensionamiento de la actividad especulativa. De hecho es como si se viniera estableciendo límites a la libre circulación de los bonos soberanos.

Más complejo es definir cómo tales acciones se pudieran implementar en el plano de la política interna europea. Para que un contrapoder de esas características contra los mercados financieros pudiera implementarse es necesario que los actuales gobiernos se enfrentan a un ultimatum: o ser arrollados por la insurgencia de la multitud o aceptar el mal menor sobre la renegociación de la deuda en clave común. Y es en este nivel que los movimientos sociales pueden desempeñar un papel clave tanto en el plano de la comunicación como de la acción. Tal vez empezando a reafirmar con fuerza las razones reales y los intereses económicos que están detrás de la aprobación de maniobras financieras como ésta. El rey está desnudo.

Trad: César Altamira

Del sitio italiano Uninomade 2.0 http://uninomade.org/la-farsa-dellemergenza-economica-parte-

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