jueves, 14 de julio de 2011

El poder de decidir


Montserrat Galceran
                                                                  No somos mercancía en manos de banqueros y políticos.

                                                                                           Slogan del Movimiento español 15M.

Escribo estas líneas en pleno movimiento 15M, un movimiento que se viene desarrollando en múltiples ciudades españolas desde la gran manifestación que tuvo lugar aquel día. A partir de ella empezaron a instalarse acampadas en las plazas céntricas de muchas ciudades, en la Puerta del Sol en Madrid, la Plaza de Catalunya en Barcelona, la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, la plaza de las setas en Sevilla. Y así tantas otras. Al cobijo de las acampadas se han mantenido asambleas casi diarias a las que acuden varios miles de personas y en las que se discuten los diversos temas, desde las cuestiones económicas más candentes como la crisis de la banca, a temas legales, feminismo(s), cuestiones de política a medio y largo plazo, educación y Universidad, etc. El movimiento va avanzando afincándose en barrios y pueblos al tiempo que se debate incesantemente cómo continuarlo aunque se levanten los campamentos.

No es cosa aquí de describir un movimiento tan complejo. Baste decir que uno de sus integrantes más notorios – Democracia real ya – se presenta como una plataforma “apartidista” pero no “apolítica”. Eso significa que se rechaza que la política deba pasar sólo y únicamente por el canal partidista, dado que la experiencia acumulada de varios decenios de democracia de partido en un país como España nos enseña que la partitocracia se convierte en elemento de dominio de una élite político-económica sobre la ciudadanía y no en una forma de gobierno a partir de la población, por más que mantenga un discurso de libertad y soberanía. Es esa una experiencia constatada en un país que en los años 70 logró poner fin a una dictadura de medio siglo y que se ha encontrado con una democracia de Partidos que, aunque cuente con la legitimidad que dan las urnas, carece de mecanismos de participación ciudadana directa. En una situación de crisis global como la actual, ello garantiza la homogeneidad entre las capas dominantes en lo económico y en lo político y, con la ayuda inestimable de los medios de comunicación, reduce al límite las posibilidades de intervención de la población – ya sea más o menos organizada – en el debate y la gestión de los asuntos comunes.

En un momento en que la inutilidad de la política de partidos para protegernos de los efectos de la crisis se convierte en algo así como “sentido común” compartido de amplios sectores, la gestión de un gobierno que la hace recaer sobre las capas más débiles se está confrontando con la movilización ciudadana. Las asambleas, celebradas en el espacio público, en las calles y plazas de nuestras ciudades, ponen a punto, bregando con todo tipo de dificultades, un sistema de democracia directa que afila su capacidad para la toma de decisiones. Más adelante hablaré de algunos problemas con los que choca esa iniciativa. Por el momento centrémonos en una presentación más detallada de los tipos de democracia y de la novedad que introducen los nuevos acontecimientos.

1.- El discurso de la democracia en el marco de las relaciones capitalistas de poder.

En unas declaraciones que no tienen desperdicio la Presidenta de la Comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, líder del PP (Partido popular) y exponente de la línea neo-liberal más belicosa dentro de este partido de derechas, afirmaba que la que ella defiende es una “democracia sin adjetivos”. Amalgamando las posiciones franquistas con las stalinistas, -operación típica de ese tipo de pensamiento – se distanciaba al mismo tiempo de la “democracia orgánica” franquista y de la “democracia popular” de los antiguos países del Este de Europa. La suya, decía, era una “democracia a secas”, obviando los múltiples términos con que podemos adjetivarla. Sin ir más lejos el sociólogo Angel Calle propone designarla como “democracia elitista”, “democracia de exclusión”, “democracia autoritaria”, “democracia tecnocrática”, “democracia neo-liberal”… Todos estos adjetivos ponen el acento en que “esa democracia”, la democracia de partidos, es al mismo tiempo una democracia de élite – en una población de más de 40 millones, sólo unas 100.000 personas participan directamente de la política y viven de ella, por lo general con altos emolumentos, el resto únicamente vota por un partido u otro cada cuatro años. A pesar de su retórica de inclusión – el sufragio universal garantiza que los representantes son votados por la población – genera exclusión, pues aparte de que hay personas que no tienen derecho al voto – entre otros y especialmente los migrantes no comunitarios – aquellos que lo tienen no pueden incidir realmente en los asuntos públicos. Por tanto, y eso no deja de sonar paradójico, en vez de fomentar la responsabilidad política produce impotencia.

En el marco interno de los propios partidos la democracia también está restringida, pues son los aparatos partidarios los que toman las decisiones y eligen a los candidatos. Esa arquitectura hace que los partidos políticos democráticos sean muy poco democráticos y operen especialmente como captadores de votos por diversos mecanismos, entre otros los clientelares, al tiempo que favorecen a los políticos con menos escrúpulos y más ávidos de poder y dinero.

Por eso puede llamársela propiamente “democracia autoritaria”, añadiendo a éste el adjetivo de “tecnocrática”, ya que sus recetas derivan de la implementación de un discurso “tecnocrático” que pretende regir a la comunidad según criterios de cientifización social objetivista. Sus gestores gastan cantidades apabullantes de dinero en múltiples informes y sondeos tratando de adivinar las inclinaciones de voto de la población, pero desoyen a los grupos que plantean iniciativas o que muestran sus exigencias. Ignoran repetidamente las protestas por una sanidad mejor, por una Universidad pública y de calidad, por una educación al alcance de tod@s, contra la polución en los barrios, a favor de la creación de centros culturales, contra las medidas de empleo o la rebaja de pensiones y salarios, contra la precarización de la existencia,…Cuando se producen dichas iniciativas las tildan de minoritarias, poco representativas o marginales, y blanden contra ellas la legitimidad de los votos. Se niegan a reconocer los movimientos sociales y su necesaria parcialidad en tanto que están insertos en problemáticas particulares. Ellos pretenden hablar de la generalidad de la población pero de hecho están haciendo valer como generalidad los intereses escuetos de una élite político-económica.

Se trata pues de ahondar en el análisis de la democracia. De acuerdo a otros estudiosos contemporáneos podemos calificarla como una forma de organización del Estado que incluye un conjunto de discursos y prácticas que a su vez comportan códigos, imaginarios, instituciones, enseñanzas y burocracias. Atendiendo a la forma que adoptan en ella los procesos de toma de decisiones, podemos distinguir entre democracia representativa, participativa y radical. La democracia representativa, hegemónica en los países europeos, se reduce por lo general a una democracia de partidos, cada uno de los cuales ofrece su receta, razón por la cual el pluralismo de los partidos políticos parece encarnar la diversidad de opciones políticas de la población; ciertamente habría otras formas de asegurar la representación, ya fuera con listas abiertas, con circunscripciones más igualadas, con un sistema que proteja las minorías y no premie las mayorías, o con otro tipo de medidas pero en cualquier caso suele primar el principio de representación en su forma más restringida.

La historia de los últimos años ha mostrado que en su praxis política la democracia representativa es extremadamente paradójica puesto que al tiempo que reposa sobre un discurso de igualdad y de inclusión – el sufragio universal garantiza a todos los ciudadanos el derecho de voto – produce una conducta apolítica que acaba convirtiendo al ciudadano en un agente “pasivo”. Lo denomino “pasivo” porque su efecto es evitar la interferencia de los ciudadanos en la gestión de los asuntos políticos que quedan reservados a un sector muy minoritario de la población.

En efecto, la piedra angular de las democracias contemporáneas es el “ciudadano libre e igual”. En todas ellas los individuos mayores de edad, sin distinción de sexo, raza o religión y con el solo requisito de contar con la nacionalidad tienen la cualidad de ciudadanos y en consecuencia tienen derecho al voto libre, igual, directo y secreto. Sin duda el hecho de que no se establezcan impedimentos al ejercicio del voto es un rasgo de igualitarismo y de democratización de los sistemas políticos. Y congruente con ello, la democracia representativa heredera del liberalismo clásico no admite restricciones a los derechos ciudadanos, lo que no implica que todos y cada uno de los habitantes de un territorio tengan reconocida esa cualidad. La ciudadanía implica condiciones que no todos cumplen y que pueden convertirse en un elemento de exclusión.

Pero lo más importante y la causa de que genere pasividad entre la población es que restringe la intervención política de la gran mayoría a refrendar las decisiones tomadas por una pequeña capa que se reserva para sí el ejercicio activo de la política. En este sentido el ciudadano está mucho más cerca del antiguo súbdito de lo que la ideología del ciudadanismo permite adivinar.

Como consecuencia difícilmente se puede afirmar que la composición de las cámaras responde “a la voluntad de los ciudadanos”, puesto que éstos carecen de tal, como se demuestra por el hecho de que no pueden imponer ni nombres ni programas y sólo pueden refrendar con sus votos la voluntad de las elites y sus organizaciones. El poder político estructurado de este modo es un poder en el que la inanidad de los programas va a la par con la concentración de poder político por los partidos y la despotenciación de las capacidades políticas de los/as ciudadanos/as que, sin embargo, son presentados y alabados como la piedra angular del sistema. Cuando lo cierto es que ese ciudadano pasivo y espectador es configurado, de facto, en analogía con el consumidor de bienes, cuya puesta a punto está reservada a las elites dirigentes1.

Podemos concluir de ahí que el espejismo de esta forma política de pluralismo representativo se construye sobre dos operaciones. En primer lugar, el hecho de que la intervención política esté reducida al voto individual hace que los ciudadanos sean reducidos a átomos sociales provistos de una opción (SI/NO). Eso reduce enormemente el ámbito de posibilidades y hace inútil debatir con ellos, basta explicarles claramente que su opción – sea cual fuere – es la más interesante para ellos, al tiempo que se les quita la posibilidad de negarse al juego, puesto que la opción negativa sólo puede hacerse apoyando otra opción. Los ciudadanos son reducidos a elementos individuales que sólo tienen la opción de decir SI a algo, pero no tienen la posibilidad de negarse activamente; incluso la opción de no votar lo único que hace es restringir el número de votantes tomados como base para las proporciones entre los partidos elegidos, con lo que tampoco tiene una incidencia real. El sistema representativo está estructurado de tal modo que haga lo que haga el ciudadano individual no podrá nunca ponerlo en cuestión pero dado que el voto individual es su base y su única forma de intervención, cualquier acción colectiva contra la falacia del individualismo político no tiene más opción que romper el espejismo.

Ahora bien, dado que “lo político” afecta al conjunto de relaciones interpersonales y colectivas que crean la convivencia “común”, reducir todo el espectro de relaciones en ella implicadas al ciudadano-que-deposita-su-voto-cada-cuatro-años, implica reducir sus competencias y abrir un campo infinito a la corrupción y la manipulación. E incluso más, tratarlo como un mercado significa que el votante en el momento de depositar su voto a favor de una opción es como si comprara un servicio pero, excepto en el caso en que compre realmente un servicio como los votantes que reciben trato preferencial de los partidos en la medida en que sus negocios están vinculados a una opción política ( proveedores de un determinado partido, asesores, etc.), en todos los demás el comprador-votante no obtiene ningún servicio de su voto. En este caso la sobre-ideologización de las posturas es un mecanismo que suplementa su inanidad.

La reducción del ciudadano al votante – y cotizante – y el pluralismo de las opciones en liza oculta así la disimetría entre dominantes y dominados que estructura toda relación de poder pues pareciera que todos aquellos que se identifican con la opción electoral ganadora fueran “dominantes” aunque realmente no “toquen poder” y ocupen el lugar estructural de los dominados, o sea aquellos cuya opción ha sido derrotada y que tampoco tienen ningún acceso a él. En suma tanto gobierno como oposición forman parte de una estructura política que constituye un entramado de poder sobre la gran mayoría de los ciudadanos, transformados en sus soportes pasivos.

Cabe entonces preguntar ¿a quién o qué representa la democracia representativa? La respuesta más ingenua sería decir que representa a los/as ciudadanos/as, pero visto lo dicho hay que pensar que los partidos políticos se representan a sí mismos, encarnan (o sea re-presentan) intereses u opciones que ofrecen a los electores y que éstos confirman o rechazan imaginando que las opciones políticas aprobadas corresponden a sus intereses sociales y no a los de la propia “casta” de políticos profesionales, aunque éstos arrastren a un pequeño grupo de personas dependientes y a su servicio. O mejor dicho, los partidos despegan de las bases sociales mayoritarias y se convierten en aparatos políticos del Estado. Realmente los partidos no son representantes de los ciudadanos en los organismos estatales, sino organizadores y clasificadores estatales de la ciudadanía, a la que disciplinan.

A diferencia de la representativa la democracia participativa se caracteriza por primar la participación de los/as ciudadanos/as en el debate y en la toma de decisiones poniendo en marcha mecanismos asamblearios que acompañan a los representantes políticos o los sustituyen según los casos. En ocasiones puede combinarse con la representativa siendo las autoridades electas las que impulsan desde las instituciones la creación de espacios de participación. En otros casos, colectivos fuertes obligan a los gobiernos a tomarlos en cuenta en sus deliberaciones pero, en mi opinión, el punto clave de la democracia participativa está en la delimitación de los órganos de toma de decisiones, es decir en su capacidad para devolver la decisión a las instituciones participadas y obligar a los ejecutivos a cumplir tales decisiones. La democracia participativa que en los últimos años se ha reforzado en Brasil y en otros países latinoamericanos se está introduciendo en España aunque con otros matices y limitaciones pues en ningún momento ha puesto en cuestión la democracia representativa imperante2. Incluso es posible que en algún momento sea necesario encontrar alguna combinación entre representación y participación tal como sugiere Enrique Dussel, aunque tal vez la democracia participativa y directa, especialmente con la ayuda de los medios electrónicos, avance tanto que haga de la representación tal como se está practicando actualmente una mera antigüalla3.

Experiencias como la venezolana de los Consejos Comunales, establecidos por una ley de abril de 2006, ponen de relieve algunas de estas características. Heredan formas más antiguas de participación ciudadana, como eran las Mesas técnicas de Agua y las Organizaciones Comunitarias Autogestionarias, pero al tiempo las institucionalizan y las hacen más dependientes del poder central. No es aquí el momento de tratar en profundidad esa experiencia. Baste decir que esas organizaciones habían surgido apoyadas en las comunidades de los barrios populares con el objetivo de resolver problemas acuciantes de los vecinos, tales como la traída del agua, la depuración de aguas residuales, problemas con la electricidad, etc. Son organismos análogos a las Asociaciones de Vecinos que tan activas fueron al final del franquismo en España y responden a la necesidad que los vecinos tienen de resolver colectivamente sus problemas. En Venezuela llegaron a constituir organismos autónomos que obtenían directamente financiación estatal pero gestionaban autónomamente los fondos y respondían de las gestiones. Mientras que no está claro, al menos por el momento, que los Consejos comunales puedan seguir desempeñando estas tareas y no se conviertan en organizaciones barriales demasiado dependientes del gobierno. El problema es de nuevo el de la autogestión y la autonomía de estas organizaciones en sus relaciones con las instituciones centrales del Estado y su dependencia financiera.

Por último la democracia radical, tal como la define A. Calle, tiende a primar “el ejercicio de formas de cooperación en su dimensión humana, en el trato dispensado a los bienes comunes y en el cuidado de los ámbitos de decisión”4. Más adelante volveremos sobre esa cuestión.

2.- ¿Dónde está el poder?

Hemos definido la democracia como una forma de organización del Estado tal vez dando por descontado que es éste el que condensa el poder de/sobre la sociedad, lo que nos exige profundizar en este punto. Tradicionalmente el Estado se definía como un “conjunto de instituciones de dominio” que concentraba el poder físico legítimo en un territorio (Max Weber). Sin embargo autores contemporáneos ponen de relieve el carácter relacional del Estado y su imbricación con los mecanismos de regulación social. El politólogo inglés Robert Jessop lo analiza como una “relación social” y lo define como “un conjunto relativamente unificado de instituciones, organizaciones, fuerzas sociales y actividades socialmente incrustadas, socialmente reguladas y selectivas estratégicamente, que se organiza en torno a la toma de decisiones (o que al menos se involucra en ellas) y que son vinculantes colectivamente para una comunidad política imaginada”5. Caracteriza al Estado la capacidad para tomar decisiones vinculantes para la comunidad, pero esa capacidad no debe entenderse como la plasmación de una voluntad colectiva preexistente, sino como algo compartido y siempre en juego en unas relaciones sociales amplias y complejas.

Aunque Jessop no le cite, en mi opinión esta concepción puede ponerse en relación con el concepto relacional del poder que encontramos en Michel Foucault. En efecto, tanto en sus textos ya clásicos de los años 70, en especial en Vigilar y castigar como en las lecciones de los años inmediatamente posteriores, publicadas recientemente, este autor nos enseñó a pensar el poder como una red de relaciones que lejos de coagularse en un punto que bastara “tomar”, se difunden por toda la sociedad incorporando en su tejido las acciones de una multiplicidad de sujetos. El poder, nos dice, actúa como una serie de dispositivos acompañados de discursos que los codifican y legitiman, constituyendo un entramado difuso que organiza los cuerpos de las personas, las normaliza y las disciplina. Por supuesto que incluye mecanismos coercitivos, pero nos equivocaríamos si los entendiéramos como “lo constitutivo” del poder. Éste actúa de un modo muchísimo más capilar y microfísico, aunque se ejerza también en grandes agregaciones molares – ahí se centra el análisis del bio-poder – y a nivel del sistema-mundo – geo-política6.

Nos encontramos pues, en ambos autores, con un análisis del poder y de las instituciones políticas que cambia el concepto de toma de decisión. Pues la tesis foucaultiana sobre el carácter reticular del poder y su incidencia en los cuerpos por medio de un sin fin de disciplinas, así como su intervención sobre grandes agrupaciones poblacionales por medio de dispositivos específicos, no implica que ese tejido sea unidimensional, sino que en mi opinión se “concentra” en diversos “nodos” que tienen capacidad de decisión, mientras que otros lugares de la red carecen de esa capacidad decisiva. La red del poder no ofrece una superficie lisa en la que diversos actores-agentes introducen sus inputs, sino que el tejido mismo es disimétrico, produce bolsas y nudos más fuertes que otros, con capacidad para subsumir estos últimos o dominarlos, en el límite para callarlos e incluso borrarlos del mapa. El conflicto interno en las redes del poder que abarca en un continuum posiciones de preeminencia y zonas de debilidad e impotencia sustituye en el imaginario post-foucaultiano la concepción clásica de la confrontación entre los poderosos y los débiles. Como vemos la cosa es muchísimo más complicada pero no implica que todos los agentes disfruten del mismo grado de intervención sino que de nuevo hay polos más fuertes que otros.

Así, el modelo de relación de fuerzas que Foucault utiliza, aunque no siempre permite reducir los contendientes a dos líneas contrapuestas, se diferencia de un modelo más plano como el utilizado por algunos autores postmodernos, Lyotard y Vattimo entre ellos7. En ningún momento anula la disimetría ni la resistencia, si bien intenta pensarla de forma localizada, parcial y situada.

Por otra parte siento disentir de aquellas posiciones que privilegian a los actores económicos frente a los políticos y defienden una tesis según la cual los poderes públicos en las actuales democracias “carecen de poder”. Según ellos el sistema político estaría “vacío” puesto que su capacidad de decisión ha sido sustraída por los grandes poderes empresariales. La capacidad de decisión estaría “en otra parte”, en las oligarquías económicas y en la dinámica de un capitalismo financiero también él muy complejo. Al calificar de “neoliberal” la democracia del capitalismo de alta gama, justamente lo que se estaría indicando es que está ligada a un capitalismo de mercado que transfiere a éste, y específicamente al mercado de capitales, el poder sobre la sociedad. Los mercados financieros subsumirían bajo sus exigencias a los poderes políticos que en cierta forma se convertirían en cáscaras vacías que no resisten al chantaje. La acumulación de poder económico en las manos de las oligarquías financieras y el fuerte endeudamiento de las administraciones públicas socavaría su poder de decisión y las harían incapaces de resistir a las presiones del mercado8. Esa tesis es muy sugerente y en algunos puntos acertada, pero creo que se equivoca al sugerir una separación entre las elites económicas y las políticas. A mi modo de ver la convergencia entre esos dos sectores es mucho mayor de lo que podríamos suponer: la alta burocracia de los Estados y de las Administraciones públicas, cuando menos en los Estados europeos, está estrechamente entrelazada con las capas altas del ámbito de los negocios, especialmente las grandes transnacionales privadas. No sólo hay un trasiego incesante entre unos y otros, sino que comparten información y, lo que es más importante, comparten una misma concepción sobre lo que “es bueno para la sociedad”, concretado en medidas de austeridad, medidas de control del trabajo asalariado, de reconversión privada de las Instituciones públicas, de salvaguarda de las grandes fortunas, de beneficios para el capital, etc. En el mejor de los casos esas capas dirigentes sostienen lo que el estadista Alvaro García Linera denomina críticamente la “concepción del goteo” es decir, la idea de que si la economía fluye con altas tasas de beneficio, algunas gotas de esa prosperidad alcanzarán a las capas populares, pero jamás se plantean hacer una política que desafíe los poderes económicos y que redistribuya la riqueza. Su sola mención la consideran absolutamente “anti-económica”.

Políticos y empresarios o altos ejecutivos comparten la idea de que los códigos capitalistas que postulan mayor inversión, mayor consumo, reproducción ampliada, … son los únicos posibles y por tanto son incapaces de imaginar una sociedad que se rija por otros principios y que dé valor a otras conductas. Ciertamente gran parte de la población aceptó ese código antes de la crisis, pero ésta ha puesto sobre el tapete las dificultades de relanzamiento del sistema económico e incluso abre la posibilidad de que empiecen a considerarse otras variables.

También en este sentido las aportaciones de R. Jessop me resultan especialmente valiosas cuando señala que “la relación de capital no puede ser totalmente reproducida a través del intercambio en el mercado y que, por tanto, tiende a lo que con frecuencia se expresa, en términos ideológicos como `fallo de mercado´”9. Para su reproducción el capitalismo precisa de mecanismos extraeconómicos, fundamentalmente políticos, e incluso, “si la mercantilización se lleva más allá de ciertos límites, los `fallos de mercado´ amenazarán a la totalidad de la acumulación capitalista”10. En consecuencia el autor presenta el Estado de Bienestar keynesiano de postguerra como una forma de regulación del Estado capitalista de base territorial que resultó relativamente exitoso durante la época fordista. Su crisis va acompañada de dos procesos que el autor estudia con cierto detenimiento: por un lado se pone en marcha un intento de “reescalar”11 el ámbito territorial del poder político tal como se da en el proceso de globalización y en la formación de entidades políticas regionales, como la Unión europea; por otra, se diseña un modelo de Estado, que él denomina “régimen posnacional de trabajo schumpeteriano” centrado en la gestión capitalista de la fuerza de trabajo. Es decir, el objetivo del Estado (capitalista) será ahora garantizar una sociedad trabajista (Workfare) capaz de asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo necesaria para las empresas y favorecer la competitividad de éstas en el mercado global, aunque para ello sea necesario recortar los derechos de los trabajadores y sus prestaciones sociales. En otras palabras, se trata de que el Estado garantice “las condiciones para la continuación – improbable- de los negocios privados rentables desde el punto de vista de los capitales particulares y del capital en general”…subordinando “su política social a las demandas de la política económica”, lo que tiene su corolario “en la presión a la baja sobre el gasto público…especialmente sobre aquellas capas que no son miembros (potencialmente) activos de la fuerza de trabajo o la han abandonado” (pensionistas, estudiantes, mujeres con trabajos de cuidado, personas dependientes, etc)”12. Esa tesis que goza de gran predicamento en todas las sociedades capitalistas del primer mundo, significa que las instituciones estatales operan bajo la constricción de favorecer las condiciones para la acumulación capitalista a pesar de que, aún en el caso de que ésta se produjera, una reactivación del ciclo económico es muy posible que no revirtiera sobre sus territorios ni mejorara la condición de la población, dada la diferencia de escalas antes comentada y el aumento de la dualización social. En el marco de la crisis las instituciones estatales se convierten en palancas decisivas para trasladar sus costes a los sectores sociales más débiles y, en ningún caso, para poner coto a los desmanes de los más fuertes13.

Una parte del interés de esta posición es que contribuye a entender mejor la aparente retirada del Estado, como si el gobierno dejara de gobernar inaugurando lo que se suele denominar gobernanza (del inglés gouvernance). Se entiende por tal el hecho de que el gobierno más que como un centro de poder coactivo, se presente como un lugar de coordinación de relaciones sociales interdependientes no marcadas, al menos aparentemente, por la dominación, puesto que aparecen como relaciones compartidas si bien no siempre simétricas. Las redes y relaciones sociales muestran a su vez un alto grado de autoorganización, por lo que la tarea de gobierno se concentra en asegurar la reproducción social en su conjunto, lo cual, en un Estado capitalista, se concreta en asegurar las condiciones para la recuperación del ciclo económico. Pero para ello adopta estrategias de diálogo y negociación que justamente dan la apariencia de ausencia de gobierno.

3.- La soberanía y la cuestión de la ley y el derecho.

Como señala acertadamente Angel Calle citando a Lewellen, “la práctica de decidir colectivamente y de garantizar una inclusión social se halla presente tanto en culturas arraigadas en Europa como en cualquier otro continente”14. Pero en Europa esa práctica ha adoptado desde el final de la edad Media la forma del dominio universalista y de la formulación de la ley, amparada en una concepción religiosa secularizada de la soberanía.

Los textos académicos suelen remontarse a la figura de Jean Bodin al explicar los orígenes de la noción de soberanía. Este autor francés de finales del s. XVI (1529 o 30/1596) se habría planteado el problema de la estructura de la república15 a la que define como “recto gobierno de varios hogares y de lo que les es común, con potestad soberana”; “el príncipe soberano – sigue diciendo el autor – tiene el poder de dar leyes a todos en general y a cada uno en particular (…) sin consentimiento de superior, igual o inferior”16. Ello implica que el soberano sólo puede ser uno y es superior a todos, puesto que, como afirma el autor, si necesitara el consentimiento de otros para formular sus mandatos, ya no sería la autoridad suprema. Al mismo tiempo en la historia moderna europea la forma de ley se presenta como expresión de la voluntad del soberano, el cual lo es por la gracia de Dios, estando su poder efectivamente limitado por la observancia de la ley natural/divina. Su palabra es ley en un sentido muy cercano al mandato divino y sólo más tarde, a partir de la secularización de la política que acompaña la Ilustración, la ley va a pasar a entenderse como expresión de la voluntad del pueblo o la nación. Pero eso implica que ésta debe concebirse como un sujeto colectivo representado por el soberano. El modelo teocrático de partida introduce algunas paradojas como la de que la soberanía deba pensarse como la voluntad de un Uno cuando el pueblo es un conjunto de muchos17. Y la de que estando el poder del soberano limitado solamente por el derecho natural/divino, el único al que el soberano debe plegarse, la puesta en cuestión del orden religioso en el discurso secularizado lo deja ilimitado. Al desligar la soberanía de cualquier forma de poder popular constrictivo, queda flotando en el vacío sin que los mecanismos constitucionales sean suficientes y aboca a la concepción de C. Schmitt para quien, en buena lógica, la soberanía la detentará aquel que sea capaz de desafiar el imperio de la ley suspendiendo la constitución misma. Esa lectura, proclive a la legitimación del golpe de Estado en una situación previamente definida como caótica, es resultado de una lectura nihilista de la soberanía de base teocrática18.

Ahora bien, en la temprana formulación dada por Bodin, al príncipe o soberano le compete organizar un espacio jurídico-político que siendo absoluto – en el sentido de que no depende de otros poderes que sin embargo existen en la época tales como el poder de las Iglesias o de los señores feudales -, no puede ser arbitrario sino que está regido por normas jurídicas supra-personales. “El soberano ya no es un individuo que más o menos esforzadamente ha conseguido alzarse con el poder de un territorio. El soberano es un poder subyacente que puede ser ocupado por cualquiera con tal de que cumpla con los requisitos que “ese lugar” impone”19. Se trata en cierta manera de una estructura “inmanente” que en la tradición ilustrada y especialmente en la obra del maestro Imanuel Kant se hará girar hasta hacerla converger con un poder trascendente, de tal modo que el soberano, manteniendo intacto su poder, lo ejerza ahora en nombre del pueblo/la nación y ya no en nombre de Dios20.

A partir de ahí en la historia intra-europea la práctica legisladora, que va buscando dar eficacia y legitimidad al poder político del Estado, se asentará en la formulación de un lenguaje universal, contrapuesto por la intelectualidad laica, al dominio de la Iglesia que empieza a ser considerada un poder parcial regido por un lenguaje confesional y que chocó, especialmente a partir de la Reforma, con la diversidad aportada por otras confesiones religiosas y los conflictos entre ellas21. La puesta en cuestión del dominio material y espiritual de la Iglesia católica adoptó en Europa la forma de la lucha por el dominio de la razón frente a la fe, a partir del postulado de que la razón, o “sentido común” en la formulación cartesiana, era una capacidad propia de los seres humanos contrapuesta a las convicciones religiosas.

Una teorización compleja fundamenta en esa racionalidad humana general la forma universal de la ley, estableciendo protocolos de producción legislativa que, en tanto que deducidos unos de otros casi como un sistema axiomático, garantizan el carácter universal de la legislación. En cierto modo ese aparato prescinde de la toma de decisiones, puesto que pareciera como si bastara que los poderes públicos se atuvieran a las normas legales para que su legitimidad quedara al resguardo. Y, al menos en parte, esa concepción participa del “sentido común” de las sociedades capitalistas modernas.

Y sin embargo los conflictos de pluralidad de poderes y de luchas internas que dieron pie a la formulación del “poder soberano” como un poder neutral y superpuesto – absoluto según hemos dicho – no desaparecen bajo el régimen de la ley. El aparato legislativo no funciona por su propia inercia sino que precisa de una labor constante de “interpretación” y de “adecuación”. No elimina la decisión, sino que la concentra en los aparatos judiciales, especialmente en sus órganos supremos: el Tribunal supremo, el Tribunal constitucional o, en nuestro caso, el Tribunal europeo de Estrasburgo. Un análisis de estas prácticas nos muestra las divergencias en la interpretación de las leyes y los múltiples resquicios que hay en ellas para actuaciones de orden político, es decir, cómo no eliminan los espacios de decisión sino que de nuevo los concentran: las elites de los aparatos judiciales tienden a amalgamarse con las elites políticas y las económicas.

Por otra parte el ámbito del poder y del Estado en tanto que ámbito de relaciones incluye una fuerte dimensión lingüística performativa. Las leyes son enunciados de este tipo: por una parte proceden de “actos lingüísticos” proferidos por agentes autorizados, los legisladores, tanto los que son elegidos como los miembros de los ejecutivos o de los poderes judiciales; por otra, esas fórmulas lingüísticas performan aquello que prescriben. Las leyes están establecidas como normas de “obligado cumplimiento” pero producen la realidad que norman, y si son obedecidas, lo son o bien porque se les confiere una autoridad racionalizada – encarnan la primacía del orden racional sobre el caos de los deseos y los afectos caóticos de la muchedumbre – o porque se percibe en ellas la voz de la autoridad que gobierna, apuntalada en la fuerza física sancionadora militar y policial.

El problema que queda en la sombra no es el de la validez de la ley sino el de los mecanismos de su producción. La producción de leyes y normas es un campo destacado del ejercicio de la autoridad, el cual incluye la legitimidad de la misma. Es ése un problema que en muchos ordenamientos jurídicos se remite a los procesos de elección de los legisladores, con lo que se observa que la democracia representativa incluye una dimensión legisladora que en los textos clásicos ilustrados se remitía a las capacidades racionales del género humano pero que en las discusiones contemporáneas se refiere, prioritariamente, a la observancia de los mecanismos procedimentales y formales. Y que obliga a tener en cuenta la propia historicidad de las Constituciones en tanto que marco legal básico de una sociedad.

4.- La “gubernamentalidad” y el miedo al caos.

En los textos de sus últimos años la teorización foucaultiana del “arte de gobernar” contribuye a desplazar el análisis del poder de la cuestión de la soberanía al tema de la “gubernamentalidad”22, a la que define como el conjunto de instituciones y de prácticas a través de las cuales se guía a los seres humanos, e incluye desde la administración de cosas y servicios hasta la formación de los seres humanos mismos; se trata de acciones que operan sobre otras acciones, generando acciones-respuesta por parte de los sujetos afectados; al tiempo los constituye como hipotéticos sujetos agentes aunque delimita los ámbitos de dicha agencia. En suma configura un espacio de interacciones en el que el gobierno se caracteriza por su capacidad de dirigir, orientar o encauzar la acción social: “gobernar en este sentido es estructurar el posible campo de acción de los otros”23. No es antitético con la iniciativa particular sino que más bien la promueve, encauzándola y dirigiéndola. Y tiene un cierto carácter anónimo: indudablemente la acción de gobierno en tanto que “estructura un campo de acción posible” se diluye en el entramado social al particularizarse en una serie de normativas, prescripciones, reglamentos, etc. que son puestos en acción por una miríada de agentes interpuestos, desde los múltiples funcionarios de las escalas básicas de la administración hasta las capas altas de los gobiernos. Su responsabilidad es desigual pero compartida y permite incluir en la propia acción de gobierno a muchos de los afectados negativamente por ella.

Sus dispositivos, los dispositivos de gobierno, incluyen las instituciones, los procedimientos, los análisis y las reflexiones, los cálculos y las tácticas expresadas en primer lugar por el discurso de la economía. Introducir la importancia de la economía en el discurso de la gubernamentalidad muestra, a mi modo de ver, que esa noción tiene el objetivo de explicar la especificidad de la acción de gobernar en las sociedades capitalistas modernas en las que la economía se independiza como un espacio aparte y se naturaliza, pero al tiempo se mantiene como uno de los espacios de referencia de la propia acción de gobernar. “El arte de gobernar, dice Foucault, tal como aparece en toda esta literatura – se refiere especialmente a la bibliografía sobre el tema a partir del s.XVI – debe responder esencialmente a la demanda de cómo introducir la economía, es decir el modo de dirigir como es debido a los individuos, los bienes, las riquezas tal como puede hacerse en el interior de la familia, como puede hacerlo un buen padre de familia capaz de dirigir a la mujer, a los hijos, a la servidumbre, etc, que sepa hacer prosperar la fortuna de la familia, que sabe concertar en su beneficio las alianzas más convenientes. ¿Cómo introducir pues esta atención meticulosa, este tipo de relación del padre de familia con los suyos en el interior de la gestión de un Estado?”24. Como veíamos en la cita de Bodin, éste presentaba la soberanía como “gobierno (recto) de varios hogares” por lo que la estructura familiar como célula socio-económica es básica para el gobierno superpuesto a ella, al tiempo que garantiza el mantenimiento de lo “común” a varios hogares o bienes públicos: el patrimonio público, el tesoro público, los mercados, plazas, etc. Esa distinción asegura la diferencia público/privado que es una de las coordenadas de la sociedad moderna.





A la pregunta de Foucault podríamos añadirle una serie de interrogantes, a saber: ¿qué características tiene el gobierno de grandes poblaciones en las sociedades capitalistas modernas en ausencia de medidas coercitivas o cuando éstas se reducen al mínimo?, ¿de qué técnicas o tecnologías usa tal gobierno?, ¿cuándo empieza a constituirse?, ¿por qué la economía se independiza como un ámbito aparte, se limita al espacio “familiar” y se naturaliza, cuando es por derecho propio uno de los espacios preferentes de la acción común?25. Son preguntas en gran medida relativas al gobierno de multitudes basado en el hipotético consenso de éstas, lo que implica lo que en otros textos Foucault llama la construcción de subjetividad sometida. Por una parte se trata de gobernar de forma que el gobierno promueva el vivir de las poblaciones (biopolítica) frente al énfasis puesto en la capacidad del poder para reprimir y para castigar. Por otra, ese poder actúa en contextos sociales en los cuales los seres humanos son construidos como “sujetos privados” dotados de libertad, lo que implica que al menos en teoría podrían tomar decisiones que pusieran en crisis el sistema social dominante y sin embargo, observamos que prevalecen comportamientos respetuosos de las normas y códigos sociales. El gobierno actúa a través del control y la norma y actúa estratégicamente, y no solo o básicamente a través de la censura y la represión.

Ahora bien, si los gobiernos gobiernan con el consentimiento de los sometidos, cabe hacerse una doble pregunta, no sólo ¿qué características tiene la acción de gobierno – la “gubernamentalidad”?,- sino al mismo tiempo ¿qué tipo de subjetividad construyen los gobernados? Ambas preguntas estructuran el análisis foucaultiano.

En cuanto a lo primero la acción de gobierno incluye múltiples facetas: “incita, induce, seduce, desvía, facilita o dificulta, amplía o reduce, hace más o menos probable, en fin reprime o impide absolutamente”26 las acciones de los gobernados; es decir configura un conjunto de acciones sobre otras acciones en un sistema en cascada. En su dinámica la acción de gobierno cruza “las técnicas de dominio ejercidas sobre los demás (la biopolítica) y las técnicas de sí (la egopolítica)”27, puesto que exige que los individuos singulares construyan su subjetividad de acuerdo a las normas y disciplinas sociales, al tiempo que éstas prefiguran y refuerzan el marco en el que aquellos actúan. Pero por lo mismo ese tipo de gobierno precisa de sujetos libres. Su soporte es justamente ese tipo de sujeto cuya libertad es presupuesto y requisito, pues es quien debe reconocer e interiorizar las incitaciones, prohibiciones, desvíos,…y ponerlos en acto construyéndose una subjetividad adecuada; al tiempo que el poder de gobernar modula los cauces colectivos a través de los cuales discurran esas acciones de modo que las interacciones entre los sujetos se amolden a los diseños globales. El poder por tanto se ejerce en “el vivir de las poblaciones” consideradas tanto en su globalidad como en la particularidad de cada uno y cada una.





Es en este punto que Foucault hace intervenir su concepción del biopoder y la “biopolítica”. Aunque a veces use los términos con una cierta ambigüedad, podemos definirlos como aquella forma de poder y de política que, especialmente a partir del s. XVIII, toma a su cargo el vivir de las poblaciones, planteándose hacerlo crecer, proliferar, aumentar. Lo liga al auge del capitalismo como formación social, y al liberalismo entendido como práctica de gobierno adecuada a él puesto que permite gobernar poblaciones devenidas libres y, al tiempo, disciplinadas. La libertad es la otra cara de la disciplina.

Es por ello que la analogía entre el gobierno del Estado y el de la familia/hogar no me parece en absoluto casual puesto que ilumina la vinculación con un paradigma capitalista y patriarcal basado en unidades productivas relativamente autónomas y autocentradas; ellas son justamente el soporte económico del “sujeto libre”. Por el contrario lo característico del capitalismo contemporáneo es el haber fragmentado dichas unidades, convirtiendo en realidad “el individuo singular” y al tiempo “cosmopolita”, que no está limitado en la búsqueda de sus medios de vida ni en sus modelos de vivir por la unidad social que le vio nacer: ni la familia, ni la clase ni el país de origen se convierten actualmente en límites fijos de la movilidad social y personal, pero al tiempo el “individuo desnudo” carece de fuentes económicas de independencia y es extremadamente dependiente del entorno social y económico. En consecuencia el discurso de la gubernamentalidad o el arte de gobernar ya no se aplica sobre unidades privadas e independientes que compiten entre sí, o al menos no sólo, sino sobre una multiplicidad de individuos/as singulares, extremadamente dependientes unos de otros y abocados a la cooperación. Es esa cooperación, limitada a formas anónimas y competitivas la que está siendo rentabilizada por la empresarialidad capitalista contemporánea y potenciada por una “práctica gubernativa” de inclusión diferenciada. Esta acude a técnicas no sólo de exclusión sino de inclusión diferencial, poniendo límites o fronteras artificiosas a la movilidad social28 y segmentando a la población, al tiempo que utiliza un discurso universalizador y pretendidamente homogeneizador.

En este marco queda absolutamente en suspenso el pretendido fin del bien común al que, al menos en teoría, se ajustaba la teoría de la soberanía, el “gobierno recto” que decía Bodin. En el momento en el que la cooperación social necesaria se convierte en la base del ejercicio de un poder que sustrae a la comunidad su propia riqueza para trasvasarla a sectores oligopólicos o para apuntalar negocios financieros o inmobiliarios fraudulentos, la soberanía política deja de garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad para fragilizarlos todavía más.

Por ello la profunda crisis económica y sistémica que se está viviendo a partir de 2008, ha introducido profundas quiebras en el discurso habitual de la democracia representativa. En un primer momento se jugó con el miedo al caos y se generó una sensación de miedo ante la catástrofe que se avecinaba. Se empezó a hablar de “miedoambiente”, dado el estado de ánimo que los discursos oficiales contribuían a aumentar y difundir. Pero el miedo, a diferencia del postulado hobbesiano, no reforzó la autoridad por miedo al otro – o al menos no lo ha hecho en grado suficiente – sino que ha erosionado la confianza en la política de partidos y ha puesto de relieve que actúa como “fuerza coaligada del capital” frente a los ciudadanos en vez de ser una muralla para defender a éstos.





En nuestro país podemos situar ese cambio de estado de ánimo a partir de 2011. Parece como si al menos una parte de la población hubiera perdido el miedo a lo que pueda pasar, tal vez porque en muchos casos ya no es mucho lo que hay que perder. Los hipotecados que pierden sus pisos y se quedan todavía con una deuda millonaria con los bancos no pueden perder mucho más. El consumo baja pero las personas redimensionan sus gastos y sobreviven como pueden. Por supuesto que puede aumentar la “guerra entre pobres” y el discurso xenófobo pero muchos apuestan, al contrario, por el entendimiento y la cooperación social. Eso nos exige encontrar nuevas formas de hacer política que pongan a punto las nuevas instituciones que son precisas para que emerja una socialidad nueva, cooperativa y anti-capitalista.



5.- La democracia directa y las prácticas de toma de decisión.

Decíamos que la democracia radical tiende a primar las formas de cooperación, de cuidado de los bienes comunes y de potenciación de las formas colectivas de decisión. En relación al último punto quería introducir ahora una pequeña reflexión sobre la toma de decisiones en la práctica asamblearia.

Tomo como punto de partida un párrafo de la Guía rápida para la dinamización de asambleas populares propuesta en la Asamblea de Sol en Madrid. Dice el texto: “Una Asamblea popular es un órgano de toma de decisiones participativo que busca el consenso. Se buscan los mejores argumentos para tomar la decisión más acorde con las diferentes opiniones, no posicionamientos enfrentados…; la asamblea busca generar inteligencia colectiva, unas líneas comunes de pensamiento y acción”29. Téngase en cuenta que se trata de asambleas que reúnen a varios cientos de personas, en ocasiones más de mil y que deben llegar a consensos válidos para determinar las acciones o los programas. Para ello se establece un procedimiento en varias etapas y pasos:

la organización de comisiones y grupos de trabajo que preparan los temas.

la presentación de las conclusiones obtenidas en esos grupos y/o comisiones a la asamblea general.

la dinamización de la misma a cargo del grupo dinamizador.

En cada asamblea el grupo dinamizador se estructura en cometidos específicos:

logística: controlan los pasillos para que se pueda entrar y salir, se ocupan de la megafonía.

turno de palabra: toman los turnos de palabra e informan a quien desee hablar del momento de la discusión. Se comunican con un “moderador de los turnos” que los va ordenando.

facilitadores: ayudan al/la moderador/a facilitando su concentración y asegurando la fluidez de la asamblea.

moderadores: dan la bienvenida, plantean los temas a debatir, informan de las posiciones, recapitulan brevemente, repiten los consensos tal como se toman en el Acta.

intérpretes: traducen al lenguaje de signos.

actas: dos personas de las que una toma las actas por escrito y la otra con ordenador para contrastarlas posteriormente.

La práctica de los debates en las asambleas ha mostrado que estas medidas son eficaces pues permiten llegar a acuerdos si bien exigen una actitud de escucha y respeto por parte de los participantes. En cierto modo abren discusiones lentas y exigen paciencia pero permiten aflorar puntos de vista que se van afirmando. Un punto realmente complicado ha sido la existencia de bloqueos: al inicio de las movilizaciones la comisión de dinamización fijó una serie de gestos corporales para expresar conformidad o disentimiento30; esa medida permitía visualizar si había o no consenso en todo momento, pero a la vez facilitaba hacer el signo de disconformidad con cierta ligereza. En algún momento la práctica del bloqueo aumentó en frecuencia exigiendo plantearse una reformulación de las normas asamblearias de modo que la Asamblea no pudiera avanzar y tuviera que reconsiderar las propuestas si eran muchas las personas en contra pero aceptando que el proceso no se detuviera si era sólo una persona o poco más. El acuerdo final fijó el bloqueo en torno a un 20% de los/las asistentes.

A mi modo de ver esta experiencia resultó muy importante puesto que puso de relieve una cierta ingenuidad inicial. A pesar del buen desarrollo de las asambleas, de la simplificación que genera el uso de gestos, de la buena preparación del orden del día y de la labor de facilitación y moderación, pueden darse siempre opiniones discordantes, algunas de mucho peso y otras menos fundadas. En estos casos, aún sin privilegiar las votaciones que tienden a forzar mayorías y a excluir las minorías, no podemos evitar el refrendar las cuestiones aún si hay alguna opinión en contra que, después de ser escuchada y debatida, sin embargo se mantiene. De no hacerlo así la formulación de los acuerdos se dilata interminablemente.

Otra enseñanza de la práctica asamblearia ha sido la redimensión del tiempo. Los debates se alargan pero al menos de momento, eso no parece importar mucho, como si hubiera la percepción de que se necesitan plazos largos para tomar acuerdos en cuestiones complejas que no se pueden resolver en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo de la política se está presentando como un tiempo largo contrapuesto al ritmo frenético impuesto por la sociedad actual. La nueva vivencia del tiempo ligada a los espacios de convivencia que crean las asambleas y las acampadas está generando un fuerte empoderamiento para los implicados. El movimiento se refuerza y puede convertirse de una expresión de indignación en una base para una política de otro tipo.

Junto a las asambleas las redes sociales constituyen el otro sostén del movimiento y de la democracia directa del futuro. Rápidamente las acampadas pusieron en marcha páginas web en las que se recogen las informaciones y los acuerdos tomados. Si los medios técnicos lo permiten las asambleas se pueden seguir por streaming y participar en el chat. Los facilitadores recogen en tiempo real las noticias más relevantes que entran en el chat y las transmiten a la asamblea con lo que la comunicación es constante. Así nos llegaron las noticias de la ocupación de la plaza de la Bastilla en Paris y de la manifestación en Atenas. Ese trasiego constante entre el espacio físico de las asambleas y de las acampadas en las plazas y el espacio virtual está siendo, en mi opinión, uno de los puntos fuertes del movimiento. En la red se cuelgan rápidamente las actas de las asambleas, tanto las centrales como las de los barrios y pueblos de modo que la información circula incesantemente y ambos espacios se retroalimentan. Al tiempo constituyen un denso espacio de contra-información que discute la información aportada por los medios oficiales, la critica o la rebate.

En este aspecto el movimiento 15M hereda la experiencia de movimientos anteriores, como la protesta contra la denominada ley Sinde, la ley que regula las descargas en la red, recientemente aprobada. En el marco de aquella campaña se hizo un uso masivo del espacio virtual inaugurando una forma de agregación política a través de twitter, facebook, blogs, chats, etc. Todo ese saber hacer y esos vínculos se han volcado ahora en el movimiento 15M impregnando la nueva política de originales formas de hacer imperantes en el espacio virtual en el que se están dando experiencias inéditas de creación de bienes comunes, en este caso software o herramientas informáticas; en estos espacios prima una participación amplia, aunque desigual, de sujetos diversos, que cooperan en un espacio abierto a todos los que quieran o puedan intervenir



6.-La construcción de lo común.

La experiencia del movimiento 15M está siendo una escuela de construcción del común. Ciertamente ese movimiento no surge de la nada. Ha habido en los últimos años diversos movimientos sociales y colectivos de distinto tipo así como iniciativas de autogestión y participación horizontal que lo han preparado. Entre ellos cabe citar las redes sociales, las Oficinas de derechos sociales, los centros sociales autogestionados, los colectivos feministas, los proyectos editoriales y de autoformación, el movimiento estudiantil, los conflictos en torno al uso de los espacios públicos y el gobierno de la ciudad, los colectivos de hackers e informáticos,…En ellos ha crecido un movimiento que se resiste a la mercantilización de la vida que impulsa el capitalismo contemporáneo en su supeditación de las instituciones públicas al relanzamiento de un nuevo ciclo de acumulación.

En estas luchas se ha empezado a poner de relieve el carácter cooperativo de la producción contemporánea, al menos en algunos sectores clave como es la producción de conocimiento y cultura, el trabajo en el sector informático o todo el trabajo de cuidado. En estos sectores no sólo es muy difícil distinguir lo que aporta cada quien, ya que la comunicación es un factor fundamental de la producción de la riqueza cooperativa, sino que se generan hábitos de cooperar y de observar la potenciación mutua y recíproca de las distintas actividades. El territorio metropolitano, la ciudad, se configura como un espacio de encuentro y potenciación de iniciativas diversas que revierten en riqueza común.

En la línea de la lectura operaísta de los textos de Marx, denominamos a esa cooperación intelectual en red general intellect (intelecto general), teniendo en cuenta que no se trata sólo de la cooperación en las redes informáticas sino de un conjunto de “formas de vida, relaciones sociales, lenguajes, información, afectos, cuidado, atención, códigos, tendencias culturales, saberes, circuitos formativos más o menos formales, servicios, prestaciones, etc. Se trata de formas de cooperación que generan unas enormes externalidades positivas aportando un valor incalculable al conjunto del circuito económico y sobre las cuales operan los dispositivos de expropiación, privatización, proletarización y explotación del capitalismo contemporáneo”31. En ellas se genera esa riqueza de más que el capital se apropia pero a diferencia del capitalismo clásico prácticamente no necesita producirla, le basta estar al acecho y mercantilizar al máximo. Eso explica que por una parte los negocios ligados a esos nuevos ámbitos productivos, como las compañías de telecomunicación o el propio Google, se cuenten entre los más lucrativos y que, por otra, las personas que trabajan en ellos estén totalmente precarizadas, excepto un pequeño sector de creativos cuyos protocolos de colaboración son inmejorables32.

Al ser lo característico de esos nuevos espacios su carácter común y cooperativo, pensamos que sólo puede gestionarse adecuadamente en común, con formas de democracia que garanticen la gestión colectiva, la plena igualdad en el acceso, la distribución equitativa, la cooperación, la descentralización. En sociedades como las actuales en las cuales la comunidad no existe o ha sido extremadamente devaluada, esta política de los bienes comunes debe pasar necesariamente por la construcción de la comunidad misma.

Es por esto que frente a las políticas de endeudamiento y de precarización el movimiento actual fomenta las prácticas del debate, del consenso y de la construcción de fuerza colectiva que sea capaz, tal vez, de desbaratar los proyectos privatizadores e iniciar un nuevo ciclo de luchas anticapitalistas abriendo un proceso de transformación social.

___________________

1 “El pluralismo entiende la política – el proceso político – por la vía de la asimilación con el mecanismo del mercado…Por política aquí se entiende básicamente la lucha entre distintos grupos – ya sean grupos de intereses o partidos políticos – por recursos sociales escasos. La política es mercado político”, De Francisco, A., Ciudadanía y democracia. Un enfoque republicano, Madrid, Libros de la Catarata, 2007, p. 79.

2 Sobre esas experiencias v. Ahedo Gurrutxaga, I. e Ibarra Güell, P. (ed), Democracia participativa y desarrollo humano, Madrid, Dikynson, 2007.

3 Ver su artículo sobre el 15M en http://www.jornada.unam.mx/2011/05/25/index.php?section=opinion&article=021a1pol

4 “Aproximaciones a la democracia radical”, en Democracia radical, Barcelona, Icaria, 2011, p. 28.

5 El futuro del Estado capitalista, Madrid, Los libros de la Catarata, 2008, P. 46.

6 V. Castro, S., “Michel Foucault: colonialismo y geopolítica” en Estudios transatlánticos postcoloniales, coord. por Rodríguez, I y Martinez, J., vol. 1, 2010, pp. 271-292.

7 V. Lyotard, J.F., La condición post-moderna, Madrid, Cátedra, 1987 y Vattimo, G., La sociedad transparente, Barcelona, Paidós, 1990.

8 Taibo, C., “Democracia en tiempos revueltos”, en Calle, A., Democracia radical, op. cit., pp. 53-76.

9 Op.cit., P. 21. Se considera “fallos de mercado” aquellos trastornos en la eficacia del mercado tales como la oscilación incesante de las transacciones por exceso o por defecto ya sea por falta de información o por cálculos inadecuados, la falta de autoregulación, la competencia imperfecta, las externalidades negativas, la incapacidad para producir bienes públicos, etc.

10 Idem, p. 37.

11 El autor denomina “reescalar” a cambiar la escala territorial en la que actúa el poder político; el Estado del bienestar actuaba preferentemente a escala de un territorio nacional mientras que el capitalismo global contemporáneo combina la escala global con la nacional y la local sin que por el momento ninguna de ellas haya conseguido una primacía similar.

12 Op.cit., pp. 307 y ss.

13 V. sobre el tema Observatorio metropolitano, La crisis que viene, Madrid, Traficantes de sueños, 2011.

14 Op.cit., p. 25 (Lewellen, Ted, Introducción a la antropología política, Barcelona, Bellaterra, 2009).

15 Uso el término en el sentido habitual de la época como “cosa pública” y no como régimen político específico.

16 El texto francés dice: “République est un droit gouvernement de plusieurs ménages, et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine”, Bodin, Jean, Les six livres de la République, reimpresión de la ed. de 1583, Aalen, scientia V., 1977 [ traducción cast. por Pedro Bravo Gala, Tecnos. Madrid, 1992,2ª], Libro I, 1 y 10, pág. 1 y 221.

17 Esta cuestión ha sido objeto de debate recientemente señalando algunos como el “pueblo” es siempre una multiplicad unificada desde el Estado y no presupuesto de éste. A. Negri propone abandonar el término y sustituirlo por el de “multitud” ya que éste último incluye la heterogeneidad y la pluralidad de sus integrantes y no los unifica artificialmente. V. Imperio, Madrid, Paidós, 2002, pag. 103 y ss.

18 Para un análisis del tema, a mi juicio demasiado benevolente con C.Schmitt ver Brown, J., La dominación liberal. Ensayo sobre el liberalismo como dispositivo de poder, Madrid, Tierradenadie, ed., 2009.

19 Fernandez Alarcón, P., De lo político a la política, Tesis doctoral, Madrid, UCM, 2003, p. 43.

20 La cuestión de la inmanencia o trascendencia del poder político con relación a la comunidad es un punto central en el debate de los últimos años en torno a la filosofía política moderna y en especial a la relación entre Hobbes y Spinoza. V. Negri, A., La anomalía salvaje, Barcelona, Anthropos, 1993 y Descartes político, Madrid, Akal, 2008, Galceran, M. y Espinoza Pino, M., Spinoza Contemporáneo: Ética, política y presente, Madrid, Tierradenadie ed., 2009 y Galceran, M., Deseo[y]libertad, Madrid, Traficantes de sueños, 2009, Souza de Chauí, Marilena, Política en Spinoza, Buenos Aires, Gorla, 2004.

21 Parece que el propio Jean Bodin se vio envuelto en los conflictos religiosos de su época, que fueron especialmente virulentos en Francia. V. Los seis libros de la república, traducidos de la lengua francesa y enmendados católicamente por Gaspar de Añastro Isunza, estudio preliminar de José Luis Bermejo Cabrero, Madrid, Centro de estudios constitucionales, 1992.

22 El término “gubernamentalidad”, que traduce el francés “gouvernementalité” y que es tan feo como ése, no está reconocido por la Real Academia de la Lengua. Se suele usar como un neologismo impuesto en las traducciones de la obra de Foucault.

23 “El sujeto y el poder”, Dits et ecrits, vol. 4, Paris, Gallimard, 1994 [versión castellana en Dreyfus, H. y Rabinow, P., M.Foucault, más allá del estructuralismo y la hermenéutica, México, UNAM, 1988, p. 238]. Véase sobre el tema, Michaud, Y., “Des modes de subjectivation aux techniques de soi: Foucault et les identités de notre temps”, en Cités, 2000, pp. 11-39.

24 “La gubernamentalidad, lección de 1 de febrero de 1978, en Seguridad, territorio, población, Madrid, Akal, 2008, p. 102.

25 Eso no significa que las medidas coercitivas desaparezcan ni que Foucault no las tenga en cuenta. Eso sería cuando menos contradictorio en un autor que ha dedicado tanta atención a las instituciones represivas y de encierro como las cárceles o los psiquiátricos. El punto no es que tales medidas desaparezcan sino cómo mutan en sociedades en las que están presentes de modo relativamente secundario.

26 “El sujeto y el poder”, op.cit., p. 238

27 “Las técnicas de sí”, Dits et ecrits, vol. 3, p. 785.

28 Malo, M. y Avila, D., “Diferencias gobernadas, nuevos racismos” disponible en su versión on line en: http://www. transfronterizo.net/slip.php?article124.

29 Disponible en http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/31/guia-rapida-para-la-dinamizacion-de-asambleas-populares.

30 Los gestos son “levantar las manos y moverlas en el aire” como señal de asentimiento, “cruzarlas sobre el pecho” en señal de disconformidad, “hacer un gesto que se asemeja a un rodillo” para indicar que la persona que habla se está extendiendo demasiado y un gesto que simula un corte con una mano levantada y la otra perpendicular a la primera, si se desea que el hablante termine.

31 Sguiglia, N., “Libertad, autonomía procomún. Movimientos urbanos en la era de la precariedad”, en Democracia radical, op. cit, p. 187.

32 V. entre otros Colectivo Ippolita, El lado oscuro de Google. Historia y futuro de la industria de los metadatos, Barcelona, Virus, 2010.

Del sitio español Universidad Nómada

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